Siete días de caminata, 300 kilómetros y decenas de comunidades originarias que reclamaron al gobierno de Jujuy que respete los derechos indígenas y rechazaron la megaminería en sus territorios. Organizada por comunidades nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, cuestionaron la avanzada de actividades extractivas y denunciaron la represión sobre quienes defienden las tierras indígenas. La extensa marcha finalizó el jueves en la capital provincial. En el marco de la jornada del 24 de marzo, unieron la bandera de “memoria, verdad y justicia” con la consigna indígena de hace décadas: “Basta de saqueo a nuestra Pachamama”.
Las banderas al frente de la marcha resumieron los motivos: “Por el agua y el territorio”, “no a la minería”, “por la vida en nuestros territorios”, “no a la ley 5915”. Partieron el 16 de marzo de la localidad de Casira, pasaron por La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca y Tilcara. El 21 fue el turno de una ceremonia del agua en Purmamarca y el encuentro con comunidades kollas y atacama de Susques y la Cuenca de Guayatayoc (que resisten a la minería de litio). El miércoles 22 fue el turno de las localidades de Volcán y Bárcena. Y el 23 finalizó en San Salvador de Jujuy.
“Repudiamos la continuidad y profundización de políticas netamente mercantilistas, neoliberales, de saqueo, represión y exterminio de nuestros pueblos indígenas”, afirma el comunicado de la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, espacio de articulación nacido en 2016 y que, ya desde el nombre, marca distancia de comunidades y ONG que participan del gobierno de Gerardo Morales.
Los referentes indígenas caminaron largas horas por la ruta. Eran niños, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos. Al llegar a otras comunidades se realizaron asambleas para informar los alcances de la ley cuestionada, la avanzada de empresas mineras y también se analizaron situaciones puntuales de cada comunidad. Se descansaba por las noches y a primera hora se volvía a marchar, con nuevos delegados (de las comunidades visitadas) que se sumaban a la marcha. Estuvieron presentes el Pueblo Kolla, Atacama, Omaguaca y Ocloya, entre otros.
El gobierno de Gerardo Morales aprobó en mayo de 2016 la Ley 5915, conocido como “de servidumbre” para el paso de electroductos y proyectos de generación de energía. Autoriza a empresas a ingresar y hacer uso del territorio indígena, sin respetar las leyes (tanto nacionales como internacionales) que establecen la consulta y el consentimiento de los pueblos originarios.
Las comunidades indígenas no tienen dudas de que se trata de una avanzada sobre los derechos y territorios indígenas. Lo entienden como un paso más para facilitar el avance minero y, precisan, es violatorio de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Al asumir la gobernación, Morales nombró al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas a Natalia Sarapura, conocida activista kolla, del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), que recibió apoyos de algunas comunidades pero también críticas por formar parte de un gobierno que impulsa el extractivismo en territorios indígenas.
Ante las denuncias por la Ley 5915, Sarapura reconoció que fue sancionada sin respetar la participación indígena y convocó a una audiencia en diciembre pasado. “Ha sido una normativa que trajo controversia y preocupación. Por esa razón se decidió convocar a una asamblea de presidentes de comunidades y autoridades legislativas. Estamos dispuestos a escuchar las preocupaciones de las comunidades”, explicó la funcionaria en diciembre.
En la audiencia fue mayoritario el repudio a la ley, pero el Gobierno igual la sostuvo. La Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres remarcó que exige la derogación de la norma y no una “supuesta participación” sobre lo ya sancionado. “Es una norma que atenta contra los derechos de pueblos originarios por inconsulta, inconstitucional y de despojo. Es un vía libre encubierto para el avance de empresas extractivas”, resumió Enrique González, uno de los voceros de la marcha indígena.
Una estrategia de los gobiernos provinciales y nacional es modificar las leyes indígenas y ambientales que puedan ser frenos al avance del modelo extractivo. La Secretaría de Minería de Nación ya reconoció los intentos de modificación de la ley de glaciares, en Córdoba se pretende una nueva norma que permita más desmontes y en Río Negro se intenta avanzar en un nuevo “código de tierras fiscales” (que avanza sobre territorios mapuches).
Las comunidades indígenas de Jujuy resaltaron su preocupación por la gran sequía que afecta a la zona de la Puna y la Quebrada, y denunciaron el intento de la explotación minera “Chinchillas” (de explotación de plata y plomo, de la empresa Golden Arrow) y la minería de litio (con enormes uso de agua y contaminación). También precisaron desalojos y criminalización de la comunidades Cueva del Inca y Pucará en Tilcara (en beneficio de empresarios turísticos), exigieron la entrega de títulos comunitarios y reiteraron, una vez más, la contaminación y violación de derechos de la empresa Minera Aguilar (de la multinacional Glencore-Xstrata).
El gobierno de Morales suele utilizar dos slogans: “Pachamama yo te cuido” y “Jujuy es Pachamama”. El kolla Enrique González, desde la marcha indígena, lo cuestionó: “Las palabras del gobierno suenan a hipocresía y a folklorismo superficial y vacío, ya que las políticas aplicadas promueven la desaparición de nuestras formas de vida tradicionales”.
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