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miércoles, 31 de julio de 2019

DW: Bayer se enfrenta a 18.400 casos de glifosato en Estados Unidos.

DW NOTICIAS

Bayer se enfrenta a 18.400 casos de glifosato en Estados Unidos

Bayer se enfrenta a 18.400 casos de glifosato en Estados Unidos. Cifras financieras publicadas el martes muestran una caída del 50 por ciento en las ganancias para el segundo trimestre de este año.

    
 
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Bayer ya suma 18.400 demandas por el glifosato. https://www.pagina12.com.ar

La cifra es de juicios en Estados Unidos
Bayer ya suma 18.400 demandas por el glifosato
Es el producto de Monsanto, la empresa que ahora pertenece a la química alemana.
https://www.pagina12.com.ar/209302-bayer-ya-suma-18-400-demandas-por-el-glifosato
Imagen: AFP
El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer vio subir a 18.400 el número de demandas en Estados Unidos contra el herbicida con glifosato de su filial Monsanto, sospechoso de provocar cáncer, un caso que compromete la integración del grupo estadounidense adquirido el año pasado.
Los 63.000 millones de dólares desembolsados en junio de 2018 convertían ya esta asociación en la mayor apuesta de la historia de Bayer. Pero no contaba con la avalancha de demandas que cayeron estos últimos meses, por una factura final difícil de estimar.

Esta nueva cifra actualizada al 11 de julio de 18.400 casos fue informada este martes. La anterior de fines de abril era de 13.400 demandas. Bayer sufrió hasta ahora tres condenas para indemnizar a un exjardinero, un jubilado y una pareja enfermos de cáncer. En los tres casos juzgados en California, los jurados estimaron que el uso reiterado del glifosato pudo provocar el linfoma no hodgkiniano (un tipo de cáncer que afecta a los linfocitos) de los querellantes, un punto rebatido sin cesar por Bayer.
Además sancionaron el "comportamiento reprensible" de Monsanto por "entorpecer, desalentar o distorsionar la investigación científica", cuando los primeros estudios realizados por el grupo habían "sugerido que el glifosato podía causar cáncer".
Los montos a pagar por Bayer fueron fuertemente reducidos por un juez en segundo examen, pasando de 289 a 78 millones de dólares, de 80 a 25 millones y de más de 2.000 millones a 86,7 millones.
Pero Bayer piensa apelar y cuestiona el principio mismo de su responsabilidad, insistiendo desde hace meses en que ningún regulador en el mundo confirmó la peligrosidad del glifosato desde su introducción en el mercado a mediados de los años 1970.
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIRC), un organismo de la OMS, consideró por su parte en 2015 que el glifosato era "probablemente cancerígeno". Se trata en cambio de una evaluación teórica del peligro del producto, y no del riesgo de exposición a las dosis actuales.
El inventor alemán de la aspirina prometió el martes "comprometerse activamente" en la mediación decidida a finales de mayo por un juez de San Francisco y confiada al abogado Kenneth Roy Feinberg. Tal proceso podría concluir con un acuerdo amistoso, que los analistas ya están tratando de evaluar.
En junio, cuando las acciones de Bayer habían perdido un 40% en bolsa en menos de un años, el banco Berenberg abogaba por un acuerdo cercano al millón de dólares por querellante, lo que llevaba la factura a una decena de miles de millones de euros.
El grupo alemán realizó el año pasado la apuesta más grande su historia al adquirir a Monsanto por 63.000 millones de dólares, esperando un creciente recurso a la química para alimentar un planeta cada vez más poblado y perturbado por el calentamiento global.
Pero el grupo tiene que enfrentar la controvertida reputación de la empresa estadounidense, objeto de diferentes demandas judiciales y debate político en muchos países. Hasta el punto que los accionistas de Bayer votaron a finales de abril en contra de la estrategia de la dirección.
Entre ellos figura ahora el fondo activista estadounidense Elliott, que controlaba a finales de junio alrededor de un 2% del grupo y es conocido por favorecer la ruptura de grandes conglomerados con salidas a bolsa parciales. Con todo, Bayer debe aún completar la reestructuración anunciada el otoño pasado, que implica la supresión de 12.000 puestos, es decir el 10% de su plantilla.
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lunes, 29 de julio de 2019

Denuncian el uso de glifosato para eliminar flora invasora en La Palma. https://diariodeavisos.elespanol.com

Denuncian el uso de glifosato para eliminar flora invasora en La Palma

La Policía Nacional ha comenzado a actuar, tras la investigación, abriendo diligencias judiciales por este procedimiento de riesgo


GLIFOSATO LA PALMA
Imagen de una de las zonas precintadas por riesgo sobre la salud. DA

La organización Parents For Future Canarias (PFF) ha denunciado el uso de glifosato en Canarias para eliminar flora invasora por parte de Gesplan, por encomienda de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, en la isla de La Palma.

Explica la portavoz de PFF en Canarias que, “en estas últimas fechas, se está desplegando una intensa labor para tratar de exterminar a un género de pitera que se introdujo hace relativamente poco tiempo, la llamada Furcraea foetida, a través de una encomienda de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno canario a la empresa pública Gesplan”.
La Plataforma de Personas Desempleadas de La Palma Alpende ha denunciado, para el tratamiento de las piteras el uso que se está haciendo del herbicida glifosato, una materia activa que, según la Organización Mundial de la Salud, entraña riesgo para la salud de las personas trabajadoras, de los animales domésticos, de la fauna y en especial de la abeja negra canaria, que en estos días se alimenta de la floración de las distintas especies denominadas piteras, y, en definitiva, del equilibrio ecológico.
Recuerda Pilar Sosa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” y para los animales. También se sospecha que actúa como disruptor endocrino, pudiendo afectar a la reproducción. Aunque la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) opina que no hay por qué prohibirlo. En la isla de La Palma, tanto el Cabildo Insular de La Palma como la Fundación Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma y numerosos ayuntamientos (Breña Baja, Mazo, Fuencaliente, El Paso, Tazacorte,…) han acordado no utilizarlo, por tanto, se pide al Gobierno de Canarias y a la empresa Gesplan que sigan este ejemplo, y que utilicen otros métodos alternativos (por ejemplo, medios mecánicos: guatacas, machetes, podonas, barretas…) para la eliminación de la flora exótica, como ya hace el Cabildo con el rabo de gato, y anima al resto de administraciones públicas de la Isla a contratar personal de apoyo si fuese necesario para esta encomienda.
Debido al riesgo para la salud pública, y tras la denuncia efectuada por dos mujeres, una de ellas agricultora ecológica y una cabrera de pastoreo, ha comenzado a actuar la Policía Nacional en la isla de La Palma y se han iniciado diligencias judiciales. Se trata de un tema de salud pública, pues el envenenamiento de piteras se ha estado realizando en zonas muy cercanas a la población y con un alto porcentaje de materia activa sin diluir.

Los dueños del pan: El lobby y los peligros del trigo transgénico. Por Darío Aranda, Revista MU.

Los dueños del pan: El lobby y los peligros del trigo transgénico

Un reducido sector, con aval del Gobierno, impulsa el pan transgénico (y con agrotóxicos). Quiénes y cómo buscan aprobarlo. El factor Brasil. La interna empresaria. Y la voz de quienes reclaman: “No se metan con el pan”.
Un puñado de funcionarios. Una encumbrada científica del Conicet. Y medio centenar de empresarios. Ellos son los responsables de que 44 millones de argentinos estén a un paso de comer pan en base a trigo transgénico (y con restos de agrotóxicos), con consecuencias impredecibles en la salud y el ambiente. El macrismo lleva aprobados veinte transgénicos, de manera irregular, en tres años. Un verdadero experimento masivo a cielo abierto.

La principal estrella transgénica de Argentina es la soja, aprobada en 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Lo que sobrevino es historia conocida: uso masivo de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales y concentración de tierras en pocas manos. Fue un cambio radical en la estructura agraria del país. El “modelo transgénico” (llamado “agronegocio” por sus propios impulsores) avanzó luego en Argentina con otros dos cultivos: maíz y algodón. Se sabe que en Argentina el modelo agropecuario es política de Estado, sin importar los gobiernos de turno. Pero el macrismo dio un paso más: avanzó en la aprobación del primer trigo transgénico del mundo, cultivo que en Argentina abarca 5,6 millones de hectáreas y es central para el pan, uno de los alimentos más populares del país.

El trigo transgénico no está impulsado por Monsanto-Bayer, ni Syngenta-ChemChina, ni Corteva (fusión de Dow y Dupont). Se trata de una empresa “nacional”, conformada por medio centenar de empresarios del agro, entre ellos los millonarios Hugo Sigman (presidente del Grupo Insud, con presencia en cuarenta países, desde laboratorios farmacéuticos hasta medios de comunicación), Gustavo Grobocopatel (el llamado “rey de la soja”) y Víctor Trucco (presidente honorario de Aapresid, cámara que reúne a empresarios referentes del agronegocio e impulsores de los transgénicos en Argentina).

Bioceres se presenta como “proveedor totalmente integrado de soluciones en productividad de cultivos” y publicita que cuenta con “alianzas estratégicas con líderes mundiales, tales como Syngenta, Valent Biosciences, Dow AgroSciences, Don Mario y TMG”. Sus ejes de negocios incluyen semillas de soja, maíz, alfalfa y trigo.
En noviembre de 2018, la empresa Bioceres había presentado su “trigo HB4”. La publicidad corporativa celebró su “tolerancia a la sequía”.

Ya pasó el visto bueno del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la polémica Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). En Argentina, los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Conabia, dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las compañías o tienen conflictos de intereses.

Para que los argentinos coman pan con trigo transgénico sólo resta un paso burocrático: la firma de la Secretaría de Mercados.

Ciencia de mercado

Raquel Chan es una investigadora conocida en el ámbito científico. Docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y el Conicet, tomó notoriedad pública cuando desarrolló una soja resistente a la sequía. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el entonces (y actual) ministro de Ciencia, Lino Barañao, la mencionaban como ejemplo de la ciencia productiva para el país. “Este desarrollo significaría mayor producción de alimentos, con una población mundial que crece cada vez más”, afirmó Chan en 2012, en sintonía con el argumento central del agronegocio y la falsa necesidad de más alimentos para la humanidad, mientras en el país los precios suben y la comida escasea. Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la felicitó: “Me siento muy orgullosa de formar parte de un gobierno y de un proyecto que ayude a que científicos argentinos puedan desarrollar estas aptitudes que le sirven a todo el mundo y que nos constituyen en un verdadero ejemplo”.

Lo que celebraban Chan, los funcionarios y empresarios era, para ellos, una buena noticia: más soja. Es decir, visto por las víctimas del agronegocio, más avance de la frontera agropecuaria, más desmontes, más agrotóxicos. Raquel Chan suele evadir la cuota de responsabilidad de los posibles impactos de su desarrollo.“Es algo que no va a depender de nosotros, va a depender de una decisión política. Estas cuestiones no dependen ni de nosotros ni de la empresa”, se excusó ante el diario El Litoral en 2012.

La científica trabajó con financiamiento estatal, junto a Bioceres en la soja y también en el trigo transgénico. El 18 de noviembre de 2018, la empresa emitió una gacetilla de prensa: “El trigo tolerante a sequía ya es una realidad”. Explicaba que fue presentado en campos de Alto Alegre (Córdoba) y Pergamino (Buenos Aires). Y destacó que el trigo “HB4” (como fue bautizado) es un “desarrollo conjunto” de Bioceres, la multinacional francesa Florimond Desprez y “la doctora Raquel Chan”.

La posibilidad de un alimento masivo como el pan proveniente de semillas transgénicas fue decidido entre un muy reducido grupo, sin debate social, y denunciado en pocos medios masivos (los no alineados con el agronegocio). En una inusual y sesgada columna en el diario Página 12, Chan defendió la (irregular) forma de aprobar transgénicos en Argentina, minimizó el uso de agroquímicos, omitió las consecuencias (sociales, ambientales y sanitarias) del modelo y resaltó el aspecto científico-empresario: “Su liberación (de transgénicos) comercial constituiría un hito en la historia de nuestro país ya que por primera vez se aprobarían tecnologías desarrolladas en Argentina y nacidas en laboratorios públicos. Las instituciones madres (Conicet y universidades nacionales) recibirán regalías por la comercialización de estos desarrollos que servirán para retroalimentar el sistema científico”. En línea con el discurso de Monsanto-Bayer, argumentó que los transgénicos son necesarios para “alimentar a la creciente población mundial”.

No se metan con el pan

Fernando Frank, integrante de la Asociación Campesina del Valle de Conlara e ingeniero agrónomo, estudia la situación del trigo desde hace una década pero mucho más desde 2016, cuando la agencia de noticias Reuters informó que un cargamento de trigo argentino había sido rechazao en Corea del Sur por estar contaminado con una variedad transgénica que, encima, no estaba autorizada en el país. Una hipótesis fue que estaba sembrada de forma ilegal.

Fernando Frank, que también integra el Colectivo AgroCulturas (grupo interdisciplinario que investiga el agro argentino), le respondió a Chan: “Realiza afirmaciones alejadas de la realidad, repite lugares comunes de la ciencia adicta a las transnacionales que concentran la venta de semillas y agrotóxicos, y oculta información que debería tener presente en su rol de investigadora del sistema público de ciencia”.

Le recuerda la forma irregular de aprobación de transgénicos (con la Conabia dominada por las empresas), la ausencia de debate público, y precisa que el modelo actual degrada los suelos y potencia la expansión de especies resistentes a herbicidas, que refuerza el círculo vicioso de más agrotóxicos. Le recuerda a Chan que, no inocentemente, ella omite mencionar que su trigo transgénico incorpora el uso del peligroso herbicida glufosinato de amonio.

“La ciencia adicta a las trasnacionales del agro repite una y otra vez falsas soluciones que omiten amplia documentación y experiencias en torno a las prácticas agroecológicas para salir de la grave calamidad ecológica, social y sanitaria que hoy atraviesa la agricultura, es decir la humanidad”, cuestiona Frank.

Una decena de organizaciones sociales lanzó en 2016 la campaña “No se metan con nuestro pan”, que alertó sobre los riesgos de comer pan con organismos genéticamente modificados: “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios. Pero esto es peor. No queremos trigo ni pan transgénico. Exigimos saber qué estamos comiendo”. El documento estuvo firmado por la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras.

Frank explica que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla antes de las elecciones), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos (por simple contaminación) y los productores podrían ser obligados a pagar a las empresas.

El Grupo de Filosofía de la Biología (de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet) cuestionó que sea el mercado quien digite la política agraria y se dejen de lado las consecuencias sociales y ambientales. También remarcó que no se trata de una discusión de especialistas ni de científicos, sino que debe participar toda la sociedad y, sobre todo, los afectados directos por el avance del agronegocio (campesinos, indígenas, pueblos fumigados): “Las investigaciones en torno a vegetales genéticamente modificados muchas veces se enmarcan en el modelo de cooperación público-privado, articulación entre organismos estatales de investigación y empresas; modelo orientado a maximizar las ganancias privadas, mientras que el bienestar de la población y de la naturaleza aparece en un segundo plano”.

Interna empresaria

El trigo transgénico abrió una discusión dentro del empresariado del agronegocio y también del gobierno nacional. Sólo resta la firma de la Secretaría de Mercados (segunda línea de Agroindustria) que aún no sucedió porque desde Brasil (principal comprador del trigo argentino) advirtieron de un posible rechazo al nuevo transgénico. Los productores locales temen no poder venderlo y esto provocó todo una debate en la llamada “cadena triguera”.

Bioceres y la científica Raquel Chan salieron de recorrida mediática defendiendo su producto (y negocio).

El secretario de Agroindustria y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, tomó partido por los productores y pidió frenar la aprobación. Lino Barañao, ex kirchnerista y actual macrista (Secretario de Ciencia) apoyó sin tapujos a la empresa Bioceres junto a Aapresid. El argumento de Barañao-Bioceres-Aapresid promete que los demás países aceptarán el trigo argentino y que, si no lo hacen, de alguna forma se impondrá igual. Recuerdan que la soja transgénica hizo punta en Argentina, y comenzó a cultivarse de forma masiva e incluso sin aprobación en Brasil, Paraguay y Uruguay.

A fines de 2018, el director de Bioceres, Federico Trucco, se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y le argumentó todas las supuestas ventajas que Argentina tendría con el trigo transgénico. A fines de enero pasado, el presidente Macri recibió a Trucco. Se repitieron los argumentos favorables. En febrero hubo una tercera reunión, donde también estuvo Gustavo Grobocopatel (accionista de Bioceres), funcionarios de Agroindustria, INTA, Ciencia, Producción y exportadores, entre otros. Los trascendidos (en los medios del agronegocio) coincidieron que el Presidente pidió una solución en 60 días. “Hay riesgos que hay que asumir”, desafió el empresario Grobocopatel en una entrevista al diario Perfil.

En marzo, el ministro de Producción, Dante Sica, designó al ex presidente de Aapresid Pedro Vigneau como subsecretario de Mercados Agroindustriales, el área que debe firmar la aprobación final de los transgénicos.

Hoy, mayo de 2019, aún no se resuelve si Argentina será el primer país en contar con trigo (y pan) transgénico.

Sí está confirmado que la decisión será tomada por un puñado de funcionarios, empresarios y científicos, de espaldas a la sociedad.

Gobierno Transgénico

En tres años, el gobierno aprobó 20 transgénicos (55 desde 1996).
La Secretaría de Agroindustria celebró el 14 de marzo pasado la aprobación de un nuevo maíz, de la multinacional Corteva, con uso de glifosato, 2-4D y glufosinato de amonio.

“Nuestra vocación es seguir promoviendo la biotecnología en nuestro país. Este es el camino que estamos haciendo para mejorar los rindes, la productividad y la competitividad de este sector”, señaló el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos (como sí sucede en la Unión Europea, Rusia, India, China y Australia, entre otros).

Y ningún país del mundo se animó a experimentar el pan transgénico con su población.

El presidente Macri tuvo un apoyo explícito al agronegocio en abril pasado en Entre Ríos. Ante un fallo judicial que protegió las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos, el Presidente cuestionó al Poder Judicial: “Es un fallo irresponsable. Pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos”.

La Coordinadora Basta es Basta (que reúne a asambleas socioambientales, organizaciones sociales y docentes) le contestó en un comunicado: “Señor presidente, nuestros gurises merecen el mismo ambiente que Antonia”.

Recordaron que el cinismo es inherente a la casta política: a poco de instalarse en la Quinta Presidencial de Olivos, Macri y la primera dama, Juliana Awada, inauguraron una huerta con producción orgánica, libre de transgénicos y agrotóxicos.
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* Por Darío Aranda. Artículo publicado en mayo de 2019 en revista MU.
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