Alma de Nogal : Los Chalchaleros

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lunes, 14 de enero de 2013

Darío Aranda, Pag 12: Piden investigar la muerte de un joven qom.

SOCIEDAD › LA POLICIA DICE QUE SUFRIO UN ACCIDENTE EN MOTO, PERO LA FAMILIA CREE QUE FUE POR UNA GOLPIZA

Piden investigar la muerte de un joven qom


Se trata del sobrino de Félix Díaz, líder de la comunidad La Primavera. Según el padre del chico, un médico le dijo que “fue por una golpiza”. El gobierno formoseño lo desmintió y sostuvo que cayó de la moto porque estaba alcoholizado.
Por Darío Aranda

La comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa amaneció ayer con otra muerte, la tercera en un mes. Juan Daniel Díaz Asijak, de 16 años y sobrino del líder Félix Díaz, falleció luego de cuatro días de internación. “La policía me dijo que mi hijo estaba ebrio y tuvo un accidente en la moto. No le creemos. Y los médicos nos dijeron que fue una golpiza”, denunció Pablo Asijak y alertó: “Nos matan por nuestra lucha por la tierra”. El gobierno provincial sostuvo que se trató de un “accidente vial, lo que se diga en contrario son falacias”.
El sábado a la mañana informaron a Pablo Asijak que su hijo había tenido un “accidente” en la ruta 86. “La policía comenzó a desparramar que mi hijo estaba borracho, siempre lo mismo”, cuestionó Asijak, cuñado de Félix Díaz y que también participa del reclamo territorial de la comunidad. “Llegué al lugar, mi hijo estaba inconsciente y pude ver la moto, no tenía nada, ni raspones. Hasta le sacamos fotos porque ya sospechábamos”, destacó.
El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Formosa. El miércoles falleció. Ayer a la mañana fue sepultado en el cementerio de la comunidad. “Los médicos me dijeron el mismo sábado, con radiografías en la mano, y me lo repitieron después, que no fue accidente, fue golpiza, pudo ser un fierro, tenía rotura de cráneo como con un palo”, precisó Asijak.

El director de Prensa del gobierno provincial, Richard Berenfeld, señaló a Página/12 que ayer brindaron una conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno, Jorge González, y la subsecretaria de Salud Pública, Margarita Batista. “Desmentimos que en algún momento se haya hablado de golpiza. Nos basamos en la versión policial, donde consta que fue un accidente”, remarcó el funcionario. Al solicitarle el informe policial, el funcionario rechazó difundirlo y señaló que “toda la versión oficial está en la gacetilla”.

“La muerte del joven aborigen en Formosa fue producto de un accidente vial, lo que se diga en contrario son falacias”, es el título del comunicado. Con abundantes citas de los funcionario González y Batista, vincula la muerte de Díaz Asijak al “alcohol” y señala que “la madre reconoció” el accidente (el padre lo desmintió a este diario). “Están documentadas todas las circunstancias de este accidente”, sostiene. “Personal policial tomó una serie de testimonios de donde surge que el joven había estado tomando bebida alcohólica”, agrega. “Todo esto consta en las actuaciones policiales”, concluye González en el comunicado.

En junio de 2010 la comunidad decidió un corte por tiempo indeterminado en la ruta 86 por reclamo de tierras ancestrales. El 23 de noviembre de 2010, la policía reprimió el corte. Asesinaron al abuelo qom Roberto López. Un día después fue atropellado Mario López, dirigente del pueblo pilagá. Murió arrollado por un oficial de policía cuando se dirigía a solidarizarse con la comunidad La Primavera.

El 28 de junio pasado, a la noche, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz. “Es la nueva modalidad que han puesto en práctica desde hace meses. Es terrible hasta dónde pueden llegar. Hacemos pública la denuncia, pero también decimos que no nos van a amedrentar con sus agresiones. Nosotros sólo reclamamos lo que es nuestro y pedimos justicia”, advirtió la comunidad en un comunicado el 30 de junio pasado.

El 9 de agosto fue el turno de Félix Díaz, en la ruta, cuando circulaba en ciclomotor y una camioneta se le fue encima. Siete puntos en la frente, fuertes golpes en el brazo, piernas y pecho. La camioneta no se detuvo.

Lila Coyipé, de 10 meses, y Celestina Jara, su abuela, de 49 años, murieron luego de ser atropelladas por un gendarme el 9 de diciembre pasado. Ricardo Coyipé, también atropellado, había denunciado que “no fue accidente, lo hizo a propósito”. La comunidad aseguró en su comunicado que el trasfondo es la disputa territorial. En esa ocasión, la versión policial y del gobierno fue la de “accidente”.

La semana pasada, en Laguna Blanca, una patota golpeó a Omar Avalos, de la comunidad La Primavera. Avalos denunció (junto a su esposa, que fue testigo de la golpiza) que los atacantes los acusaban de ser opositores al gobierno provincial. No hubo detenidos.

Lorena Cardín es antropóloga y docente de la UBA. Es investigadora del proyecto académico “Aboriginalidad, provincias y nación: reconfiguraciones contemporáneas de las estrategias y demandas indígenas por la implementación de sus derechos”. Desde hace doce años investiga la situación de los pueblos indígenas de Formosa y, en particular, de la comunidad La Primavera. “Los pueblos indígenas que habitan Formosa, en especial la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), padecen una violencia estructural y cotidiana. Los reiterados casos de atropellos a los indígenas son sólo una modalidad del etnocidio que ocurre en dicha provincia. Padecen una discriminación estructural, de eso nos tenemos que preocupar y ocupar quienes pretendemos que se empiecen a respetar los derechos humanos en general y los derechos indígenas en particular en Formosa.”

lunes, 31 de diciembre de 2012

Quilmes: Marcha de vecinos contra la privatización de la costa a manos de Techint.


Quilmes: marcha de vecinos contra la privatización de la costa a manos de Techint

Grupos de ambientalistas y Madres de Plaza de Mayo lograron abortar la sesión el 21, pero ahora podría aprobarse por el quórum del PRO.

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Hoy a las 10 horas se juega en el Concejo Deliberante de Quilmes la suerte de uno de los últimos pulmones verdes de la costa sur del Conurbano Bonaerense. En una sesión extraordinaria convocada de apuro por el oficialismo y la mayoría opositora, los legisladores comunales definirán si le otorgan o no a Techint el permiso para urbanizar la reserva natural costera que va desde Avellaneda hasta Quilmes y en la cual la empresa de Paolo Rocca pretende instalar un mega predio privado apodado Puerto Madero II. Con mayoría del kirchnerismo, el Concejo quilmeño se compone de 24 ediles, y con 13 hay mayoría para tratar el proyecto. El viernes pasado, por la presión de ONG de vecinos, ambientalistas, Madres de Plaza de Mayo y cuadros como el premio Nobel Pérez Esquivel, se cayó una sesión para tratar el tema. Se sentaron por entonces sólo diez diputados. Pero en la sesión de hoy se espera que se sume el PRO y se logre quórum. 
"No queremos que Techint se lleve la costa, y que empiece a haber un Quilmes rico y un Quilmes pobre", explicó a Tiempo Argentino Macarena Cifuentes, integrante del grupo de vecinos Asamblea No a la Entrega de la Costa. Los vecinos convocaron hoy a las 9:30 a una manifestación frente al Palacio legislativo, para intentar parar el proyecto Nueva Costa del Plata, que según sus estudios generará un importante daño ambiental y de infraestructura y servicio, además de privatizar buena parte de la costa. Para garantizar el trato a los manifestantes asistirán dos Madres de línea fundadora, como Nora Cortiñas y Elia Espen. En la última manifestación hubo represión policial a los vecinos. 
El Madero de Techint se instalaría sobre terrenos que la empresa compró en 1979 y que la propia intendencia de Quilmes, hoy con Francisco "Barba" Gutiérrez al frente, declaró en 2003 como reserva natural. La firma pretende invertir U$S 1700 millones para levantar un predio de 700 hectáreas que albergaría 25 mil habitantes una vez concluida. "El problema es que Techint va a desalojar a todos los barrios humildes sobre la costa y tampoco hace caso a un informe de la Universidad de La Plata que pide no edificar en ese corredor verde", dijo Carolina Vargas, de otro de los grupos vecinales. 
Los asambleístas confían en el trabajo de la UNLP, que hace unos meses se cruzó con sus pares de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) por el plan de Techint. Es que, según pudo saber este diario, Rocca tiene reservado un espacio en su Madero para un edificio de la UTN. La posición de la intendencia, en este caso, parece inclinarse hacia la aprobación del polémico proyecto: "el beneficio es amplio porque esas tierras son absolutamente privadas. Una vez que se concrete, el 70% estará abierto y será público. Soy impulsor del crecimiento mirando al río", explicó hace un tiempo el intendente Gutiérrez. Hoy se sabrá si la costa sigue siendo de los vecinos. «



apoyo de pérez esquivel
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, apoyó la lucha de los vecinos. En una carta a la Asamblea, Esquivel aseguró que "frente al inminente tratamiento del proyecto Nueva costa del Plata por parte del concejo Deliberante de Quilmes, queremos expresar nuestro más firme repudio al acuerdo que propone el Municipio con la transnacional Techint. Dicho acuerdo, representa una claudicación del poder político frente a los grupos económicos nacionales e internacionales”. Y agregó que "asistimos a una ofensiva del capital financiero y a una secuencia de obsecuentes que votan la entrega del patrimonio público".

martes, 11 de diciembre de 2012

Formosa: la democracia ausente dic 10th, 2012. Por Darío Aranda.

Formosa: la democracia ausente dic 10th, 2012

By odhpi Category: Novedades Ricardo Coyipé y Celestina Jara


 
Una beba qom y su abuela murieron luego ser atropelladas por un gendarme. Ambas son de la comunidad La Primavera. Denuncian que “no fue un accidente” y apuntan a la disputa por el territorio. Los derechos humanos nunca llegan a los pueblos indígenas.




Por Darío Aranda


Lila, de 10 meses, y Celestina, su abuela, de 49 años. Las nuevas víctimas que se suman a la lista de asesinatos indígenas. Ambas fueron atropelladas por un gendarme el domingo a la siesta, en la ruta 86, Formosa. Celestina murió en el momento, sobre el asfalto. Lila falleció el mediodía de ayer. Ambas qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), el epicentro de la represión desde hace dos años, cuando decidieron hacer respetar sus derechos y no alinearse al gobernador Gildo Insfrán. Ricardo Coyipé, también atropellado, denunció que “no fue accidente, lo hizo a propósito” y precisó que el gendarme –lejos de auxiliarlo– lo pateó en el piso y amenazó para que no realice la denuncia. Coyipé es un reconocido defensor de los derechos qom. “Me pegó, me puteó, me dijo que era un indio de mierda. Y mi nietita estaba ahí, agonizando”, denunció Coyipé. La comunidad aseguró que el trasfondo es la disputa territorial.

Ricardo Coyipé había ido con su familia a Misión Tacaglé, donde había una ceremonia religiosa (como muchos qom, son evangelistas). A las 16 comenzó el regreso. Manejaba sobre la ruta 86, cuando un auto lo golpeó por detrás. Su esposa Celestina y la beba Lila volaron por el aire y cayeron sobre el asfalto. Celestina no se movió más. La beba, entre llantos, sangraba. Ricardo quedó debajo del auto. El conductor, el gendarme Walter Cardozo, descendió del vehículo, insultó a Ricardo y comenzó a golpearlo, primero con el puño, luego patadas y una exigencia: que no realice la denuncia.

“Me decía que era gendarme, que no lo iban a detener. Me decía que era un indio de mierda. También bajó el papá del gendarme, y también me pegó. Ninguno ayudó a mi nietita”, explicó ayer a la tarde, desde la comunidad, luego de dar sepultura a su esposa en el cementerio de la comunidad.
La familia Cardozo es conocida en la zona. Tenían un almacén y carnicería donde los qom eras asiduos clientes. Y arrendaban tierras a la comunidad. La relación cambió cuando, en octubre pasado, la comunidad decidió no alquilarle más tierra.

“La policía dice que fue accidente. Es la misma policía que nos reprimió, que nos amenaza y que incendió nuestras casas. No fue accidente. Los Cardozo están enojados porque no los dejamos entrar a nuestra tierra. Y no lo vamos a dejar entrar, es nuestro derecho”, afirmó Laureano Sanagachi, “qaratagala” (segundo líder –luego de Félix Díaz–) de la comunidad.

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El cuerpo de Celestina Jara estaba, ayer a la mañana, en su cama, en el mismo rancho que compartía con Coyipé. A media mañana llegó un camión municipal con el cajón. El mismo vehículo llevó a Jara hasta el cementerio de la comunidad, al lado de la laguna. Fue seguido en motos y a pie por numerosos qom.

A las 12 le dieron sepultura. Con Ricardo Coyipé aún dolorido, sin atención médica, se despidió a la abuela qom de 49 años.

“Estamos muy tristes, impotentes, con bronca”, resumió Lorena Cardín, antropóloga que desde hace once años acompaña a la comunidad. Contó que la policía de Formosa intentó responsabilizar a Coyipé. “Comenzaron a decir en la misma ruta que Ricardo estaba ebrio. Lo querían inculpar. Y Ricardo, con la esposa muerta y la nieta grave les explicaba a todos que él no tomaba. Todos sabemos que él no toma, es evangelista, ni fuma”, remarcó Cardín.


-¿Cuál es el sentimiento de la comunidad?

La antropóloga responde de inmediato. “Acá nadie duda. ‘Es por la tierra’, te dicen todos”.

Y no es casual. Desde que la comunidad se reorganizó, con Félix Díaz como “qarashe” (“líder junto a su pueblo”), la comunidad comenzó un proceso de recuperar territorios que estaban arrendados o tomados por privados. El último hito, el 15 de octubre pasado, cuando venció un contrato de arrendamiento firmado por el anterior líder (Cristino Sanabria) y la comunidad desalambró 2000 hectáreas que utilizaba un empresario ganadero.
“Es la tierra, por eso nos matan”, reiteró Sanagachi.



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Media hora después de despedir a Celestina Jara, Yanina Coyipé (21 años) llamó a la comunidad con la peor noticia. Su beba, Lila, había fallecido.

Ponciano Acosta, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) la acompañaba en el hospital de Formosa Capital. “Yanina venía en otra moto, detrás de su papá y su beba, y vio todo. Algunos dicen accidentes, pero es muy llamativo, plena luz del día, sol, ruta ancha, no venía ningún auto de frente. Es más que sospechoso, siempre le toca a algún indígena que lucha”, señaló Acosta.

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María Cristina López tenía 22 años. Mario García, 48. Ambos del Pueblo Wichi de Formosa, murieron en abril de 2009 durante un prolongado corte de ruta. Pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos.

El 23 de noviembre de 2010, luego de cinco meses de corte de ruta, la policía provincial reprimió a la comunidad La Primavera. Asesinaron al abuelo qom Roberto López y también murió el policía Eber Falcón. El juez Santos Gabriel Garzón cargó contra la comunidad, procesó a una decena de qom. El mismo juez, Garzón, interviene ahora por muerte de Celestina y Lila. Y ya caratuló el hecho como “homicidio culposo” (entiende que fue involuntario, y es excarcelable).

El 24 de noviembre de 2010 fue atropellado Mario López, dirigente del Pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa). Murió arroyado por un oficial de policía cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente, sino un atentado.
El 28 de junio pasado, a la noche, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz. Los agresores tenían armas blancas. Amenazaron con degollar a Díaz, que terminó en el hospital local con lesiones varias. En el último año, luego de poner en la agenda nacional la vulneración de derechos en la provincia, la comunidad sufrió una decena de represiones.

“Sabemos que los ataques a la familia Díaz son organizados por el gobierno de Formosa, es la nueva modalidad que han puesto en práctica desde hace meses. Es terrible hasta dónde pueden llegar. Hacemos pública la denuncia pero también decimos que no nos van a amedrentar con sus agresiones. Nosotros sólo reclamamos lo que es nuestro y pedimos justicia. No nos vamos a correr de esta postura por miedo a las agresiones que recibimos”, advirtió la comunidad en un comunicado el 30 de junio pasado.

El 9 de agosto atropellaron a Félix Díaz. Fue al mediodía en la ruta a la altura Laguna Blanca, cuando iba en ciclomotor. Siete puntos en la frente, fuertes golpes en el brazo, piernas y pecho. La camioneta que lo chocó no se detuvo. “No fue accidente. Fue por nuestro reclamo territorial. En Formosa es habitual que maten a quienes exigen sus derechos. Los responsables son el gobernador (Insfrán) y el Gobierno Nacional”, denunció en agosto ante este redactor.

El domingo 9 de diciembre, cuando en Plaza de Mayo se celebraba “el día de la democracia”, en Formosa volvió a producirse un “accidente”. Otra vez, la muerte fue para los qom.

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Gildo Insfrán se mantiene en el poder de Formosa desde 1987. Fue ocho años vicegobernador y, desde 1995 es gobernador. Fue menemista, tuvo buena relación con la Alianza, fue duhaldista y kirchnerista de la primera hora.
Sólo 48 horas después de la represión de noviembre de 2010, Gildo Insfrán compartió videoconferencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue transmitida en directo por Canal 7. No hubo ni una mención a la represión al Pueblo Qom, abundaron las sonrisas y felicitaciones mutuas por la inauguración de una obra eléctrica.

En octubre de 2011, Gildo Insfrán inauguró una estatua de Néstor Kirchner. Viajó el ministro de de Planificación, Julio De Vido.

En enero de este año operaron a Insfrán de tiroides (intervención similar a la que tuvo la Presidenta). El 1 de febrero, en cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner lo saludó: “Quiero aprovechar para saludar al gobernador de Formosa, que de tan oficialista que es también le tuvieron que sacar la tiroides (…) Eso es para que digan que es muy oficialista, pero realmente ojalá que se mejore pronto y le mandamos un beso muy grande”.

Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) son sólo algunos de los organismos de derechos humanos que han denunciado al gobierno de Formosa.
Nunca un funcionario de primera línea repudió la represión de noviembre de 2010 ni los sucesivos hechos de violencia contra los pueblos indígenas de Formosa.

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El perfil productivo de la provincia es explícito. Está plasmado en un documento público de 250 páginas llamado “Formosa 2015”, donde se detalla la preponderancia del avance del modelo agropecuario con cultivos intensivos (soja y maíz) y ganadería. Planifica pasar de las 129 mil hectáreas de 2010 a 306 mil hectáreas (incremento del 237 por ciento). Se avanzará sobre territorios campesinos e indígenas.

La Red Agroforestal Chaco Argentina, colectivo integrado por ONG y técnicos de la región, explica: “El Plan Formosa 2015 aspira a elevar la superficie productiva agrícola en la provincial, aumentando 2,5 veces la superficie productiva actual. Con este horizonte es que sólo declaró el 1 por ciento de sus bosques como área protegida (según el Ordenamiento Territorial en el marco de la Ley Nacional de Bosques)”.

En diciembre de 2011, la máxima autoridad de Naciones Unidas (ONU) en materia indígena, James Anaya, visitó la Argentina. Recorrió una decena de provincias (entre ellas Formosa). En julio pasado hizo público su informe: “Relacionado con la inseguridad jurídica de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales puede mencionarse la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias dentro o cerca de estas tierras (…) El avance de la frontera agrícola ha generado la pérdida de grandes extensiones de tierras tradicionales de los pueblos indígenas”.

Recordó que los desmontes, consecuencia del avance agropecuario, provocaron que “se vea severamente limitados” el acceso de las comunidades y la disponibilidad de los animales de caza y pesca, las plantas, la miel de recolección e incluso los materiales para la construcción de viviendas. “Existen también efectos nocivos en la salud de las personas indígenas a raíz del uso de agrotóxicos para la fumigación de cultivos”, denunció.
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“Derechos humanos para los pueblos indígenas”, es el título de un documento presentado el 19 de noviembre por organizaciones indígenas en el Congreso Nacional y entregado en Casa de Gobierno. Con la firma de más de ochenta dirigentes indígenas, cuestiona el avance de la megaminería, el petróleo no convencional y del modelo agropecuario, y recuerda los ocho asesinatos indígenas en los últimos tres años: Javier Chocobar, Sandra Juárez, Esperanza Nieva, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreya y Miguel Galván. Responsabiliza al Estado y al modelo extractivo por los “asesinatos” y recuerda que “más de mil líderes indígenas y campesinos” son judicializados por “defender sus derechos ancestrales en contra de las industrias extractivas”.

“Nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión (…) Nuestra realidad es un tema de Derechos Humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los Pueblos Indígenas es solo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan solo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales”, resalta el documento, firmado entre otros por el Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación de organizaciones nacido luego de la histórica marcha indígena de mayo de 2010

Cuestiona el avance minero. Toma como referencia la alianza gubernamental con la empresa Barrick Gold (presente en San Juan) y denuncia el avance de la minería de litio en Jujuy (Salinas Grandes). Explica que la extracción de gas no convencional (conocido como “fracking”) perjudica a comunidades y contamina acuíferos, y alerta que el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA –presentado el año pasado por el Gobierno Nacional y las provincias) tendrá consecuencias sobre campesinos e indígenas. “Para las organizaciones originarias y campesinas es un anuncio angustiante pues por la manera de producir más puede dar como consecuencia más desalojos de los territorios con la consiguiente represión, desmonte, contaminación y desplazamiento de población.”
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El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y, en Argentina, se celebra el la asunción de un Presidente elegido democráticamente (el 10 de diciembre de 1983 asumió Raúl Alfonsín).

En ese marco, Félix Díaz recibió ayer un reconocimiento en la Universidad Nacional de San Luis. Y volvió de urgencia a Formosa. Recordó que existe una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que insta al Estado argentino a garantizar la integridad de los miembros de la comunidad. Díaz recordó que existen “muchas leyes, pero no se cumplen”, apuntó que los “jueces solo actúan para reprimirnos” y afirmó que el gobierno nacional “no cumplió ninguno de los puntos acordados” en 2011 en la Mesa de Diálogo (con los organismos de derechos humanos como garantes).
Díaz marcó que era un “muy triste” para el Pueblo Qom y esbozó que debiera ser “un día triste también para toda la sociedad argentina”. Repasó de memoria los últimos asesinatos de indígenas y campesinos, y lamentó: “A nosotros no nos llega aún los logros de la democracia. Nuestra sangre se derrama por defender el territorio, los culpables no van a la cárcel y nuestros derechos humanos no se cumplen”.

martes, 27 de noviembre de 2012

Darío Aranda: INFORME DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO SOBRE LOS BOSQUES EN SALTA. Desmonte en zonas prohibidas.

SOCIEDAD ›

INFORME DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO SOBRE LOS BOSQUES EN SALTA

Desmonte en zonas prohibidas

El organismo presentó un informe sobre la situación rural en el noroeste provincial. El texto advierte sobre posibles conflictos.


Por Darío Aranda

El corrimiento de la frontera agropecuaria implica la violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas. Lo afirmó la Defensoría del Pueblo de la Nación en su último informe sobre la situación rural en el nordeste de Salta, donde constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).



“Se ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.

La ruta nacional 81 recorre el nordeste de Salta, desde Embarcación hasta Formosa. En el kilómetro 1790 se ubica la localidad de Fortín Dragones (departamento San Martín). Criollos y comunidades wichí denunciaron en 2011 ante la Defensoría la presión para que dejaran sus tierras, tala indiscriminada, cierre de caminos, falta de presencia del INAI, inacción del Ministerio de Ambiente, necesidad de agua potable y de mejoras en las escuelas. La Defensoría del Pueblo realizó tres visitas, confirmó las denuncias y acaba de publicar el informe de situación “Vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares” y envió una carta al gobernador, Juan Manuel Urtubey.
“(La región visitada) se encuentra sometida a una alta presión desmontadora impulsada por los altos valores de la soja, que han ‘empujado’ a la ganadería fuera de las zonas centrales de la Argentina desplazándola hacia el gran Chaco argentino, y por lo tanto también a Salta. Estos cambios atentan directamente contra el sistema tradicional de producción ganadera del criollo chaqueño”, afirma la Defensoría, que recorrió doce comunidades.

Hace hincapié en tres leyes (dos nacionales y una provincial) que protegen a las comunidades pero que no se cumplen. La ley 26.160 (sancionada en 2006) suspende los desalojos y ordena realizar un relevamiento catastral de comunidades. “El fracaso del relevamiento es tal que implicó la anulación en 2011 del convenio entre INAI y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), por el que se financiaba al equipo de técnicos que efectuaría el relevamiento. Apenas una decena de carpetas había sido presentada”, detalla.

La Ley Provincial 7658 es similar a la 26.160, pero para criollos de Salta. Suspende los desalojos y prevé la realización de un censo de campesinos. “El relevamiento nunca se realizó, por lo que la situación no pasó de ser una expresión de deseos”, cuestiona la Defensoría.

La ley 26.331, conocida como “ley de bosques”, establecía un reordenamiento territorial que identificara las zonas de monte en tres colores: rojo (no se puede desmontar), amarillo (requiere autorizaciones para realizar actividades intensivas) y verde (se puede desmontar). Las comunidades visitadas están ubicadas en zonas rojas y amarillas.

El informe precisa que la provincia cuenta sólo con un equipo de campo para fiscalizar y controlar la problemática de bosques de toda la provincia. Advierte que en Salta se autoriza a desmontar “sin saber si las comunidades están reclamando esos espacios (..). Las multas no tienen ningún impacto sobre los desmontadores y, habiéndose retirado del predio (el equipo provincial), las topadoras siguen su marcha”, asegura la Defensoría.

Hace especial mención al “proceso de arrinconamiento” que padecen las comunidades mediante el cercado de fincas vecinas que limitan los espacios de ganadería de criollos e indígenas. “Sus capacidades productivas se ven fuertemente mermadas”, explica el informe. Los alambrados cierran los caminos vecinales y limitan el paso de los animales hacia las aguadas, y en consecuencia se restringe la actividad económica de subsistencia que desarrollan las comunidades.

De la visita y los testimonios, la Defensoría señala la “falta de presencia del INAI, circunstancia que favorecería las vulneraciones de los derechos de los pueblos originarios”. El director de Derechos Sociales de la Defensoría, Horacio Esber, apuntó a la situación nacional: “Los estados provinciales, por acción u omisión, están ausentes en lo que respecta a los derechos de campesinos y comunidades indígenas, y dejan amplias regiones libres al accionar de empresarios y particulares que violan toda la legislación que protege a los sectores más vulnerables del campo”.
La Defensoría remarca como hecho positivo la unión de 17 comunidades originarias y la conformación de la Federación Wichí. De similar manera, se organizaron 40 familias campesinas como Asociación de Criollos. “Estamos igual que cuando vino la Defensoría. Los empresarios nos encierran, voltean los quebrachales y los palo santo, y se nos vienen con las topadoras encima”, explicó Ramón Paz, de la Federación Wichí de la cuenca del río Bermejo. Afirmó que la provincia “siempre promete (mejoras) pero nunca cumple”, advirtió que ya no recurren al INAI “porque siempre nos quieren manejar” y pidió dejar clara la posición wichí y criolla: “Siempre trabajamos acá, no nos van a correr, tenemos derecho a vivir donde nacimos”.

martes, 20 de noviembre de 2012

Se presentó una acción de amparo ambiental en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut.“El objeto del amparo es que el poder ejecutivo y el poder legislativo hagan efectivas las normas que reconocen derechos colectivos e individuales al mundo indígena”, explicaba la letrada, abogada Silvia de los Santos, en conferencia de prensa.

¿Un freno a la megaminería?

Se presentó una acción de amparo ambiental en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut

Marcelo Pintihueque, integrante de la comunidad Comarca Chubut, representado por la abogada Silvia de los Santos ingresó en horas del mediodía una acción de amparo ambiental, mandamiento de ejecución y una declaración de inconstitucionalidad. La medida cautelar cuenta con una profunda fundamentación que se cimenta en el derecho internacional indígena como el artículo 169 de la OIT que establece la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. “El objeto del amparo es que el poder ejecutivo y el poder legislativo hagan efectivas las normas que reconocen derechos colectivos e individuales al mundo indígena”, explicaba la letrada en conferencia de prensa.

El recurso solicita que se suspendan 68 de los 135 proyectos megamineros “con miras a su cierre definitivo”. El propio ministerio de medio ambiente reconoce que su habilitación ambiental se encuentra vencida. Esos proyectos “son clandestinos” denunció Silvia de los Santos. En su exposición ante los medios de comunicación la abogada explicaba que “lo que estamos queriendo demostrar también es la falacia de que el estado controla, justamente si permiten que se hagan actividades de exploración o prospección sin tener habilitación vigente habla de una falta total y absoluta de controles”

En la provincia de Chubut no se realiza Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como exige la normativa. Por un decreto del anterior gobierno se establece un Informe de Impacto Ambiental (IIA) que posibilita la aplicación de los mismos por meras Declaraciones Ambientales (DA). Esto es directamente inconstitucional. El amparo no tiene por objeto prohibir ningún tipo de actividad económica, lo que busca es que se respeten las normas vigentes que son constitucionales y supra legales, y legales también, ya que el código ambiental de la provincia dice que deben hacerse EIA. Entro los muchos fallos citados con jurisprudencia en este aspecto, se menciona el conocido caso Esquel en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció que “toda actividad que pueda generar un impacto en el ambiente debe tener previamente aprobada una EIA” Y estas evaluaciones deben someterse a audiencias públicas, en el caso de la minería la única consulta que se hace es vía internet.

Las asambleas y organizaciones sociales se encuentran expectantes ante el resultado de esta presentación legal que podría dar por tierra con el vapuleado marco regulatorio de las actividades mineras e hidrocarburíferas presentado por el gobierno para su tratamiento ante la legislatura provincial. Si el tribunal superior da curso a la medida cautelar pondrá sin dudas un freno a las apetencias de las corporaciones transnacionales que en las sombras empujan para habilitar la megaminería.

Movimiento Antinuclear del Chubut
Unión de Asambleas Chubtenses
Pablo 0280 154630754

Lucas 0280 154685537

viernes, 12 de octubre de 2012

El modelo sumó otra víctima .Por Darío Aranda.

El modelo sumó otra víctima


Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.

Por Darío Aranda


Otra víctima campesina-indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y, otra vez, el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un “sicario” de un empresario sojero. El crimen sucedió ayer en el paraje Simbol, en el límite con Salta. “Todo el año denunciamos que esto se podía repetir y los jueces y el Gobernador miraron para otro lado”, denunció Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesino). Afirmó que el motivo de fondo es “el agronegocios” y exigió al gobierno nacional “acciones contundentes” para frenar la violencia en el campo. “La ley de freno a los desalojos campesinos está hace un año durmiendo en el Congreso. No puede ser que tenga que correr más sangre campesina para que los políticos se pongan de nuestro lado”, lamentó la dirigente del Mocase-VC.



Miguel Galván integra el Mocase-VC, es parte del Pueblo Lule-Vilela y trabaja junto a su hermano Rafael en el mismo territorio donde siempre vivió con su familia. A mediados de este año comenzaron a recibir amenazas de Paulino Riso, conocido en la zona por ser fuerza de choque de empresarios agropecuarios que pretenden hacerse de territorios de campesinos e indígenas.



En un comunicado, el Mocase-VC explicó ayer que las familias del Simbol “venían siendo hostigadas por sicarios de la Empresa Agropecuaria Lapaz SA de Rosario al Frontera (Salta), quien pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela”. Los Galván no permitieron que la empresa avance sobre sus parcelas y, el 15 de septiembre, comenzaron el relevamiento territorial estipulado en la Ley 26160 de Emergencia Territorial (sancionada en 2006, prevé realizar un catastro de todos los territorios indígenas y suspende los desalojos).



A fines de septiembre se intensificaron las agresiones y el empresario Facundo León Suárez Figueroa, a cargo de Lapaz SA, denunció por “usurpación” a los hermanos Galván. El motivo está explicitado en el expediente judicial: “Lote 4, departamento de Copo, 1622 hectáreas”, zona pretendida para soja y maíz transgénico.



Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, resume el desenlace: “Los compañeros defendían el territorio, se la hacían difícil al empresario y a sus matones, entonces Riso se llegó a la siesta, lo encontró solo al Miguel cuando daba agua a los animales, y lo acuchilló”.



Carrizo denunció que, hasta la 20 de ayer, el acusado aún no había sido detenido.

Muerte anunciada

“Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”. Fue el título del comunicado, del 16 de septiembre, del Mocase-VC. En nueve párrafos, el movimiento campesino recordó que, previo al asesinato de Cristian Ferreyra , de 23 años (16 de noviembre de 2011) había alertado sobre la violencia en el norte provincial. “Habíamos denunciado con anterioridad lo que terminó ocurriendo. Se podría haber evitado. Y denunciamos que hoy, septiembre del 2012, estamos viviendo en el mismo escenario de muerte y violencia”, advirtió la organización hace tres semanas.
“Brillaba por su ausencia el gobierno provincial, que no intervino y permitió que las fuerzas paramilitares de los sojeros se llevaran la vida campesina”, denunció el Movimiento. Y puntualizó “dos hechos que no terminaron con la muerte de nadie pero fueron dos ‘Cristian Ferreyra’”. Recuerda que en en diciembre de 2011 balearon en el pecho a Néstor Palacios, campesino que junto a su comunidad resistió el avance de una empresa agropecuaria de Tucumán.

El otro caso, el 1 de julio de 2012, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. “El empresario Saa llevó un grupo armado al mando de José Palavecino para intentar apoderarse del campo comunitario de diez familias campesino indígenas de los parajes de Choya, Vinalito, Vinal Macho y Dos naranjos (muy cerca del Simbol). Luego de una semana de amenazas con armas de fuego, le dispararon a la altura del pecho al campesino Sixto Ruiz, en otro caso que sólo por suerte no terminó con la muerte del poblador. A pesar de esto, la policía salteña continúa en el lugar sin permitir el ingreso de las familias al campo comunitario, prestando adicionales para el empresario”, precisaba el comunicado de septiembre pasado.

Como una tragedia anunciada, el Mocase remarcaba: “Hoy, entrando en la recta final del 2012, volvemos a denunciar lo que está ocurriendo, y vemos con mucho temor que se vuelva a repetir lo del año pasado (… ) En el Norte de Santiago del Estero y en el sur de Salta hay olor a pólvora, es nuevamente una zona liberada y caliente. Zona Roja. Y desde este medio, comprometemos nuevamente a las autoridades nacionales y provinciales, hagan todo lo que se tenga que hacer, para que cualquier conflicto vinculado a la tierra tenga resolución civil, constitucional, y que salvaguarde el derecho de los más olvidados, los más desprotegidos por las fuerzas de seguridad, pero protegidos por formar parte de una organización que nuclea mujeres y hombres, sujetos históricos, que no van a permitir que se avasallen los derechos de los campesinos y de los indígenas. Campesinos e indígenas que desde siempre y para siempre, amarán y cuidarán la tierra, su territorio”.



Proyecto cajanoeado



El 19 de abril de 2011, en Buenos Aires, una decena de organizaciones campesinas hicieron público un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Trabajado durante un año y producto del consenso, el proyecto solicitaba detener los desalojos durante cinco años e instaba a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La fundamentación del proyecto cuestionaba al modelo extractivo, denunciaba el avance minero y los agronegocios. Los sindicaba como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innovó al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Proponía una mirada integral de la problemática de tierra, instalaba una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.



Fue consensuada y presentada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), el Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Nacional Campesino (FNC) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares.



Había pasado casi todo 2011 y ningún legislador había ingresado el proyecto en el Congreso Nacional.



El 16 de noviembre asesinaron a Cristian Ferreyra.



El 18 de noviembre hubo una masiva marcha en Capital Federal. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI –donde el Mocase-VC es una de las organizaciones de base) enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional.



Una semana después, el 25 de noviembre, el MNCI se movilizó hasta el Congreso Nacional junto al Frente Transversal, la Cámpora, el Movimiento Evita, la CTA oficialista y Nuevo Encuentro, entre otras organizaciones kirchneristas. El proyecto de ley de freno a los desalojos fue ingresado con la firma de los legisladores kirchneristas Diana Conti, Carlos Heller, Edgardo Depetri, Martín Sabbatela e Inés Pilatti.

A casi un año de su ingreso al Congreso, y con el kirchnerismo con mayoría en ambas cámaras, aún no fue tratado el proyecto para frenar los desalojos campesinos.

“No pueden seguir esperando que se derrame más sangre. Sabemos que no es la solución de fondo, pero esa ley no se puede demorar más, es la ‘Ley Cristian Ferreyra” y ahora también ‘Ley Miguel Galván’. No la pueden demorar más”, reclamó Carrizo, del Mocase-VC, y anunció que hoy jueves al mediodía el MNCI se movilizará al Congreso para exigir la aprobación de la ley.

Avances

En marzo de 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem aprobó la soja transgénica con uso de glifosato, la oleaginosa ocupaba seis millones de hectáreas. Devaluación mediante, en 2003, ya abarcaba 11 millones de hectáreas. La última campaña, el Ministerio de Agricultura celebró que llegue a 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, planifica llegar en 2020 a las 160 millones toneladas de granos (un 60 por ciento más de la actual cosecha), con un 20 por ciento más de soja.



En sus 180 carillas, el PEA no menciona en ningún momento a campesinos e indígenas. Apenas tres carillas hablan de “agricultura familiar”. El sujeto agrario del modelo es el empresariado rural y las grandes empresas proveedoras de insumos.



El “corrimiento de la frontera agropecuaria”, eufemismo técnico para graficar la avanzada del agronegocios sobre regiones extrapampeanas, multiplico los conflictos en el norte de Santa Fe y Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Salta.



El 15 de junio pasado, en un almuerzo en la sede del Consejo de las Américas y frente a las mayores empresas estadounidenses, la Presidenta relató: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos”.



“Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico, que se llama Intacta (…) Yo le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia en la cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera y que uno lo puede observar en medio de la estepa patagónica los círculos que solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia (…). Esto nos da la idea de que el elemento vital, agua, nos va a permitir extender la frontera agropecuaria”.



El 27 de julio, el MNCI difundió un duro comunicado contra el Gobierno Nacional. “Democracias o corporaciones transnacionales: tiempos de elección”.



“La Bienvenida y entrega de nuestros bienes naturales a las transnacionales es una gran contradicción con otros principios enunciados desde el gobierno nacional (…) ¿Cómo explicamos que los ‘dueños’ de la tierra y las transnacionales estén embolsando fortunas y en nuestros barrios y comunidades aún nos rodea la pobreza? ¿Cómo debemos leer estas caricias discursivas a Monsanto, Vale, Barrick? La Mesa de Enlace ve satisfecha cómo se reconoce su discurso y su modelo. El ‘yuyo’ ya no es maldito, ahora es bendecido, y los ruralistas van por más”.


El Movimiento Campesino Indígena sabe que el avance del agronegocios implica un avance sobre sus territorios, con más desalojos, desmontes, agrotóxicos y represión: “Nuestra posibilidad de vivir, trabajar y producir se ve amenazada con cada paso que dan las transnacionales en nuestro territorio, y es por esto que vamos a combatirlas hasta nuestra última gota de aliento. Se trata de vidas, de millones de vidas que están en juego”.



Tres semanas después del comunicado del MNCI, el Gobierno aprobó la nueva soja de Monsanto.



Responsabilidades


El comunicado del Mocase-VC de ayer a la noche era claro: “El gobernador Gerardo Zamora una vez más es responsable de la muerte de un campesino indígena, como lo fue la de Cristian Ferreyra (…) Son conscientes de sus responsabilidades políticas los funcionarios santiagueños inoperantes y cómplices de estos asesinatos de los guardianes de la producción campesina indígena. Exigimos juicio y castigo para los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato de Miguel Galván”. En el último párrafo, exigen “aprobación urgente” de la ley que frena los desalojos de campesinos.



-¿Qué responsabilidad tiene el modelo agropecuario? (preguntó este periodista)



Deolinda Carrizo, experimentado cuadro del Mocase-VC y del MNCI, respondió de inmediato: “Estos asesinatos los provoca el programa estratégico de los agronegocios, las empresas transnacionales y locales que impulsan la soja, que se vienen con el último maíz transgénico, con los agrotóxicos, los agrocombustibles y toda la bosta que venden como un modelo exitoso. ¡Exitoso una mierda. Se lleva la vida de compañeros del campo!”



-En el comunicado está bien clara la responsabilidad que le asignan al gobernador Zamora. Hasta hace una hora, el Gobernador estuvo en un acto en Casa de Gobierno con la Presidenta. ¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno nacional?


“La Deo” –como se la conoce en el MNCI– se toma un segundo para contestar, pero no le escapa a la pregunta: “Los gobiernos son circunstanciales y nuestra lucha no empezó ni se terminará con este Gobierno. Nosotros luchamos por vivir y trabajar en el campo, para producir alimentos sanos para el pueblo, luchamos por la soberanía alimentaria. Y está bien clarito qué modelo apoya este Gobierno”.



Una lista que crece

Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán). Asesinado el 12 de octubre de 2009.

Sandra Ely Juárez murió frente a una topadora de un paro cardiaco el 13 de marzo de 2010, paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero). 33 años, dos hijos.

Roberto López, abuelo qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa). Asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010. La comunidad apuntó al gobernador Gildo Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, diecisiete años en el poder.
Mario López, dirigente del Pueblo Pilagá de colonia Alberdi (Formosa). Murió atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue un accidente, sino un atentado.

Martíres López, histórico y activo dirigente qom de la Unión Campesina de Chaco y de la Corriente Clasista y Combativa. Murió el 14 de junio de 2011, luego de un dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. La familia, y la organización en la que militaba, iniciaron una causa en la que denuncian “homicidio”.

Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.

Miguel Galván. 10 de octubre de 2012.



lunes, 1 de octubre de 2012

EIDICO alambró Punta Querandí y tiro Wiphala al Río

Viernes, 28 de Septiembre de 2012 06:38

EIDICO alambró Punta Querandí y tiro Wiphala al Río

"Ayer (por el martes) por la tarde fue alambrado el sitio público y sagrado de Punta Querandí por la empresa EIDICO. Esta acción prepotente se suma a los ataques de las semanas anteriores, cuando Nicolas Camaño (intendente del barrio San Benito) y sus empleados de mantenimiento quitaron los bancos, refugios de sol y árboles transplantados. En este último ataque también quitaron una Wiphala y la tiraron al río. Todo esto mientras las autoridades miran para otro lado..."

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2012.-


Pro-Tigre, una fundación ambientalista de amplia trayectoria en el distrito de Tigre, tomó las denuncias públicas realizadas por el Movimiento en Defensa de la Pacha respecto a las operaciones que la empresa EIDICO, estaba realizando en Punta Querandí (Punta Canal), y en mayo de 2011, pidió una medida cautelar contra la desarrolladora inmobiliaria EIDICO. En función de ello, el 7 de septiembre de 2011, la jueza Delma Cabrera decretó la suspensión de toda obra (rellenos, endicamientos, movimientos de suelo, apertura de canales, calles, lagunas, estaqueadas) "susceptible de degradar el ambiente, sus recursos y los sitios arqueológicos".

También en mayo de 2011, el Concejo Deliberante de Tigre, dispuso por unanimidad que el Departamento Ejecutivo, tome "posesión municipal preventiva" de Punta Querandí (Punta Canal), hasta tanto se tome una decisión resolutoria definitiva con el fin de establecer si corresponden restricciones, con relación a dicho espacio". La resolución votada con unanimidad, resolvió tomar en carácter preventivo posesión municipal de las tierras en conflicto, en el marco de la Ordenanza 462/64, que faculta al Gobierno a tomar terrenos abandonados, y la Ordenanza 2987/08, que habilita a declarar inmuebles de "Interés Municipal por su valor local tradicional".

Con fecha 6 de octubre de 2011, el Municipio de Tigre otorgó la Declaración de Impacto ambiental al "Consorcio Barrio San Gabriel", integrante del denominado Complejo Villanueva.

Un mes después de que la jueza Delma Cabrera ordenara la paralización del proyecto inmobiliario en cuestión, la Secretaria de Control Urbano y Ambiental de la Municipalidad de Tigre, Leticia Villalba, aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto inmobiliario "Consorcio Barrio San Rafael" que integra el Complejo Villanueva de EIDICO, a través de la resolución 2284 (del expediente 4112-24621/10).

Respecto a lo anterior, corresponde aclarar que la Municipalidad de Tigre, no resulta competente para evaluar este tipo de estudios de impactos ambientales y por ende generar declaraciones de impacto ambiental. Por tanto las Declaraciones generadas, resultan totalmente nulas.

En agosto de 2012, el Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP) denunció que la constructora EIDICO, violó la medida dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro. También denunciaron que el 4 de septiembre, el gerente de operaciones de EIDICO, Nicolás Camaño, ordenó a empleados de la desarrolladora inmobiliaria que derriben postes y bancos instalados en el predio sagrado para los pueblos originarios. Por último, también se denunció el corte y retiro de 100 metros de cable, que proveían de luz al salón comunitario Cacique Manuá. La energía eléctrica, que había sido dotada por el Municipio, permitió en estos años la realización de proyecciones audiovisuales y peñas folclóricas en el espacio público.

Aparte de todo lo dicho, correspondería investigar si EIDICO, ejerciendo el rol de administrador del emprendimiento, se ajustó debidamente a las normas de ordenamiento territorial y uso del suelo; si cumplió con los estudios hidrológicos de la llanura intermareal donde asienta el emprendimiento; si se tuvieron en cuenta las cotas de arranque de obra permanente basados en registros de las máximas crecientes históricas; si el proyecto tiene esa cota aprobada y registrada en el Plan Regulador Municipal; si el proyecto obtuvo el reconocimiento excepcional de "necesidad imprescindible" para modificar las restricciones al dominio que les caben en las riberas; si se cedieron los terrenos para caminos perimetrales y si se respetaron las medidas de parcela mínima que exige la ley 6254/60.

lunes, 17 de septiembre de 2012

DARIO ARANDA: Reclamos antimineros.

SOCIEDAD › PROTESTAS CONTRA PROYECTOS EN CHUBUT Y SAN LUIS



Reclamos antimineros

Por Darío Aranda




Chubut fue un punto de inflexión en la lucha contra la megaminería en Argentina. En 2002 y 2003 se realizaron masivas movilizaciones contra la actividad extractiva, con epicentro en Esquel, donde –plebiscito incluido– se rechazó la instalación de una minera que pretendía extraer oro y se logró aprobar una ley (la 5001) que prohíbe la actividad en la provincia. Una década después, una decena de ciudades de Chubut están movilizadas por el intento del gobierno provincial de aprobar una nueva ley que habilita el avance de las empresas mineras. “En 2003 no había licencia social de la población. Hoy el rechazo a la megaminería es aún mayor, es rotundo en toda la provincia”, afirmó Alejandro Corbeletto, de la asamblea de Esquel.

La ley 5001 prohíbe la actividad minera en Chubut. En diciembre pasado, el gobernador Martín Buzzi hizo pública su intención de modificar la ley y “zonificar” la provincia para permitir la actividad en “zonas de sacrificio”.

El 4 de enero hubo una masiva movilización por las calles de Esquel, en la que participaron también comunidades mapuche-tehuelches, asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo. En mayo, comunidades indígenas y pobladores de la meseta marcharon desde Gan Gan hasta Trelew. Rechazaron la avanzada de la empresa Pan American Silver del proyecto de plata y plomo llamado Navidad, que –denuncian– viola la legislación de protección indígena. Se repitieron las marchas en junio y julio.
El gobernador Buzzi se sumó en febrero a la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), donde participa el gobierno nacional y todas las provincias que impulsan la actividad. En mayo, el gobernador hizo público el proyecto de ley, donde de manera explícita se habilita la minería en la meseta y la costa y deja abierta la posibilidad de explotar la zona de la cordillera. En junio el proyecto fue presentado en la legislatura provincial y de inmediato girado a comisiones.

El 4 de agosto hubo marchas masivas en Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. El 4 de septiembre, en Esquel marcharon más de mil personas y también hubo movilizaciones en Lago Puelo, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia.
Mañana marcharán desde la cordillera, meseta y costa hasta la legislatura provincial en Rawson y acamparán durante tres días. “Grandes corporaciones transnacionales esperan sigilosas el resultado de la provocadora apuesta del gobierno de Buzzi. Decenas de megaproyectos están en la línea de largada. El yacimiento Navidad, de la canadiense Pan American Silver, es quizá el más emblemático”, denunció la Unión de Asambleas de Chubut y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace).

Romina Krebs, de la Asamblea de Vecinos de Rawson, explicó que los legisladores “están divididos” respecto del proyecto y, en cambio, “las comunidades están unidas y rechazan” la megaminería. “Los tres días de acampe son un paso más en un año de movilizaciones y actividades que les recuerdan al gobernador y a los legisladores que no queremos megaminería”, afirmó Krebs.

En San Luis está vigente, desde octubre de 2008, la Ley de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero, que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes en todas las etapas de la minería metalífera. Sin embargo, la Dirección de Minería de San Luis avanza con la exploración de oro en las Sierras Centrales con doce proyectos mineros. En ese cordón montañoso nacen las vertientes que proveen el 80 por ciento del agua que se utiliza en la provincia. Incluso el gobierno provincial sancionó en 2010 una ley que declara “zona protegida” a las sierras ahora exploradas por las empresas mineras. Ya explicitaron su rechazo la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas (Apata), la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de San Luis, la intendenta de La Carolina (Ingrid Blumencweig), entre otros.

En la Argentina existen seis provincias que prohíben o limitan diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba. La Rioja y Río Negro también habían prohibido la actividad.

Corbeletto, asambleísta de Esquel, apuntó a la política macro: “En la conformación de la Ofemi se explicitó que quieren derogar todas las leyes que frenan la megaminería, es una política de Estado, pero somos muchos los pueblos y ciudades que ya decidimos otro futuro. Las empresas extractivas tienen como aliados a los gobiernos, pero no a los pueblos”.

miércoles, 18 de julio de 2012

RIO NEGRO: Protesta de mapuches al pie del cerro Chapelco. Para hoy se espera el arribo del fiscal de Estado, Raúl Gaitán, y del subsecretario de Justicia, Juan Guaita, pero las comunidades Vera y Curruhuinca retomarán las medidas de fuerza con una modalidad similar, a la espera de definiciones. comunidades Vera y Curruhuinca

Protesta de mapuches al pie del cerro Chapelco
00:27 18/07/2012


Los piquetes complicaron la llegada de esquiadores al área de estacionamiento.
La fila de automóviles sobre la Ruta 19, de acceso al complejo, era de tres kilómetros.

Notas Asociadas
SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- Las comunidades mapuches asentadas al pie de cerro Chapelco realizaron sendos piquetes que restringieron el acceso al área de estacionamiento del complejo de deportes en la nieve. Demandan la mensura demorada por la provincia sobre sus territorios, que comprenden nada menos que el corazón de la montaña, desde la base hasta las pistas intermedias.

Para hoy se espera el arribo del fiscal de Estado, Raúl Gaitán, y del subsecretario de Justicia, Juan Guaita, pero las comunidades Vera y Curruhuinca retomarán las medidas de fuerza con una modalidad similar, a la espera de definiciones.

En principio, pretendían el arribo de la vicegobernadora Ana Pechen, pero se encuentra a cargo del Ejecutivo por el viaje del gobernador a Estados Unidos. De todos modos, trascendió que habría desistido de cualquier contacto directo si las familias nativas no deponen su actitud.

Millares de turistas se vieron afectados por las medidas. La cola de vehículos varados sobre la Provincial 19, de acceso al complejo, se prolongó por más de 3.000 metros. Con todo, los bloqueos sólo impidieron el paso de automóviles al estacionamiento, de manera que las instalaciones del cerro y el acceso a medios de elevación y pistas fue posible a lo largo de la jornada.

El trastorno, entonces, se focalizó en el aparcamiento. El día anterior hubo más de 1.500 vehículos en el estacionamiento y 5.000 personas en la montaña, disfrutando de la nieve y el sol, lo que da una idea de la dimensión del problema que provocaron ayer las protestas mapuches.
En más de una ocasión, los visitantes reaccionaron airados por los piquetes, uno sobre el estacionamiento y el otro sobre el acceso oeste por ruta 19. Sin embargo, otros se mostraban a la vez sorprendidos y solidarios con la demanda de las comunidades nativas.
El dato es que el complejo vivió una jornada espectacular, con excelente nieve para la práctica de los deportes sobre tablas, y la totalidad de los medios de elevación y pistas habilitados. La Policía también se hizo presente desde la mañana, con un cordón de seguridad.

Febriles negociaciones se sucedieron desde las 8:30, cuando comenzó la protesta, con la intermediación de las autoridades municipales en procura de destrabar el conflicto, cuyos protagonistas son las comunidades Vera y Curruhuinca -con planteos diferenciados- y el propio gobierno.

miércoles, 20 de junio de 2012

Tierra de alguien, Darío Aranda, Foto: Marcos Villa

Tierra de alguien*


Wichís, pilagás y criollos de Formosa resisten el avance del agronegocios y enfrentan los atropellos de un gobierno feudal. Crónica desde un territorio de pesares, pero también de luchas.

Por Darío Aranda

Foto: Marcos Villa

El hombre recita extractos del himno en voz alta, casi a los gritos. “Libertad, libertad, libertad…”. De inmediato intercala estrofas. “…A la noble igualdad…”. Y remata con énfasis: “Para nosotros no hay libertad, y muchos menos hay igualdad”. Es el cierre de la asamblea de la Interwichi, espacio de coordinación de ocho comunidades indígenas, en Las Lomitas, Formosa. Y el discurso brota de Francisco López, 80 años, dirigente wichi, pastor de la Iglesia Anglicana y encargado ocasional de desnudar los sarcasmos de la argentinidad.

Las Lomitas está ubicada en el centro de la provincia, sobre la ruta nacional 81, a cuatro horas de la capital provincial. Fundada en 1914, doce mil habitantes, es la bisagra entre el oeste del chaco salteño, referenciado en los productores ganaderos, y el este del Pueblo Guaraní por su vinculación a Paraguay, Misiones y Corrientes. De ambos lados, los pueblos originarios wichi, pilagá, nivaclé y qom.

Apretaditos y arrinconados

A menos de diez cuadras del centro de Lomitas, calles de tierra complicadas, la camioneta avanza a paso de hombre, se hamaca, caminos más hostiles que en el rally Dakar. Barrio periurbano, comunidad Lote 47, casas de barro, algunas nuevas de ladrillos y techos de chapa. Un jardín de infantes, una galería amplia y, lindero, un salón, el espacio de reunión.

Una decena de hombres reciben de pie. Saludos de rigor y una sillas que aparecen y se reparten para dar comienzo a la ronda de presentación. Avelino Rodríguez, camisa celeste a cuadros, pantalón azul, 45 años, gorro de visera. “Algunos dicen que estamos bien, que no nos falta nada. Mire a su alrededor y usted verá. Por eso salimos a reclamar”, aclara como bienvenida.
No es casual su primera intervención. El gobernador Gildo Insfrán (vicegobernador entre 1987 y 1994, gobernador desde 1995 hasta la actualidad, 25 años en el poder), suele resaltar que Formosa fue la primera provincia en sancionar una ley de reconocimiento a las comunidades indígenas y afirma que el 99 por ciento de las comunidad tiene título comunitario.
“La ley dice que los pueblos indígenas debemos tener tierras ‘aptas y suficientes’”, explica Rodríguez. Hace un silencio. Y remata: “Acá somos 60 familias en diez hectáreas. ¿Aptas y suficientes?”. Recuerda que incluso el cementerio de la comunidad quedó en parcelas que alambró un empresario.
Mariano López tiene 36 años, camisa roja, jean, 1,70 de alta, fornido, y le cuesta vencer la timidez. Es de los jóvenes dirigentes, le piden que hable, y anima. “Es que acá hay señores de mucha plata que se quedan con nuestra tierras. Hoy no vienen más con armas para matarnos, viene con plata grande por nuestros territorios. Nos corren, desmontan, estamos apretaditos, arrinconados. Nos van corriendo hacia el pueblo, para que ya no volvamos al monte”. Afirma que saben que las leyes están del lado del indígena, pero “no le importa a ellos”, y engloba a muchos en el “ellos”: políticos, jueces, policías, empresarios, medios de comunicación.

En la galería contigua, siete niños wichi, de prolijos guardapolvos a cuadrillé azul, formados frente a la bandera argentina. Recitan la misma oración que se repite día a día en miles de colegios. “Bandera de la Patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad (…) Sea para todos los hombres mensajera de libertad, signo de civilización y garantía de justicia”. Todos los lugares comunes que agradecen a la patria, la unidad nacional y la igualdad.

A cinco metros, los padres wichi describen la realidad y vuelven ficción cualquier entonación patriótica. Dos realidades, demasiado contaste.

Lo que sobra

La Interwichi está compuesta por ocho comunidades de la zona de Lomitas, 1400 familias. En 2009 cortaron la ruta 81 por reclamos nada extravagantes: tierras, comida, trabajo, salud, educación, viviendas. Hoy confiesan que les llevó mucho tiempo decidirse a cortar la ruta. Son un pueblo paciente, pero el vaso rebalsó. “Era mucha la necesidad. Y muchas las mentiras”, recuerda el joven dirigente wichi y recuerda que se inspiraron viendo la televisión, los piquetes en Buenos Aires.

El corte llevaba semanas, sin respuesta oficial. En mayo, cuando el frío ya golpeaba Formosa, murieron en el corte María Cristina López, 22 años, y Mario García, de 48. Las condiciones climáticas, la poca alimentación y la falta de atención primaria de salud fueron un cóctel trágico.

Las muertes motivaron la tardía respuesta oficial. Increíble. El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, no se solidarizó con los wichi ni se acercó a los familiares de los fallecidos. Todos lo contrario. Culpó a la Interwichi por las muertes y acusó a las oenegés de estar detrás del corte de ruta y ser responsables de las muertes. Todos los funcionarios provinciales siguieron esa argumentación.

Recuerdan que en esa época hubo mucha “persecución, cooptación y compra de dirigentes”. Avelino Rodríguez explica que le Interwichi no tiene cacique ni líder, que las decisiones se acuerda “entre todos”, y avisa que si un dirigente acepta “el negocio del Gobierno, pierde la confianza de la comunidad”. Mariano López complementa de inmediato: “Y pierde el derecho (a ser dirigente de la comunidad). Siempre hay personas que se compran y se venden”.

Casi dos horas de charla. El abuelo-pastor-dirigente, Francisco López, prolija camisa amarilla, habla firme y fuerte, cierra la charla con un agradecimiento a Dios.

Rodríguez vuelve a agradecer. Y pide una oración de cierre. El pastor toma la palabra. Treinta segundos, cuatro menciones “al Señor”, pide que los visitantes tengan buen regreso a sus hogares, salud para “ellos y sus familias” y, lejos de los curas católicos políticamente correctos, sorprende con la vinculación religiosa-política: “Que todos sepan que Dios es el jefe de los jefes. Y que no queremos ser esclavos de gobernadores”.

Modelo formoseño

La ruta provincial 28 podría ser la envidia de cualquier automovilista de la Capital Federal. Su estado es, sin dudas, mejor que cualquier autopista privatizada. El problema: fue pensada (y construida) con la doble función de ruta y de dique. Elevada entre 75 centímetros y cinco metros, hace de muro de contención y alteró radicalmente el funcionamiento del Bañado la Estrella, un humedal de 400 mil hectáreas y habitado por comunidades indígenas y criollos con histórica posesión.
“El Bañado tenía épocas de agua, y épocas que se retiraba. Entonces los animales se alimentaban y hasta podíamos sembrar. Ahora no es más un bañado, es un lago de 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho”, denuncia la Asociación de Productores de Bañado la Estrella (Aprobae), al costado mismo de la ruta y con vista panorámica a la zona inundada.
La camioneta avanza sobre la ruta, rumbo al norte, y a cada kilómetros se realzan los contrastes. A la derecha, típico paisaje del chaco semiárido: tierra, vegetación baja, quebrachos, algarrobos y palo santo. A la izquierda, territorio inundado, plantas acuáticas y árboles muertos, de pie, ahogados por la alteración del bañado. La ruta-dique cumple su función. A la vera, aún trabajan palas mecánicas, perfeccionan unas compuertas que dejen pasar el líquido vital hacia el este provincial, antes olvidado por la Provincia, y ahora de interés para empresarios foráneos.

Ramón Verón, 57 años, hombre alto y corpulento. Anteojos de mucho aumento, chomba marrón y sombrero de ala ancha atado al mentón. Típico criollo, productor ganadero, presidente de Aprobae, mil familias perjudicadas por la alteración del humedal. Explica que las consecuencias económicas son “angustiantes”, más de 40 mil vacunos perdidos, pero más lamenta que los jóvenes ya comenzar a irse a la ciudad, forma sutil de desalojar a campesinos: provocar las condiciones para que las nuevas generaciones dejen los campos.

“Acá usted ve claramente los excedentes de la soja. Los que llegan acá son lo que tienen plata de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, metieron soja en sus campos y traen la ganadería para acá, nos quieren correr a los siempre vivimos acá. Es injusto”, sentencia.

Pablo Chianetta milita en la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), con 25 años de acompañamiento a comunidades indígenas y familias criollas, acompaña en la recorrida. “Nadie está en contra de las obras, pero claramente lo que el Gobierno impulsa es un corrimiento de poblaciones indígenas y campesinas de sus territorios para entregarlos a otros, particularmente para la ganadería intensiva. Con esta ruta inundó a quienes siempre vivieron en el lugar, y volvió atractiva otras zonas (mirá para el este), donde se podrá contar con agua, con rutas y con ‘muchas facilidades’ para desmontar y traer ganado”, explica el plan global formoseño. Chianetta no duda que Insfrán impulsa el modelo de agronegocios (desmontes, ganadería y agricultura intensiva, expulsión de población ancestral).

El reparto

El suplemento Campo de diario La Nación, el 31 de marzo pasado, explicitó la estrategia: “Plan de colonización en Formosa”, tituló, y mostró la foto de Insfrán con el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi. La noticia remarcaba que sería para hijos de productores locales, pero no se quedó ahí. “Buzzi reconoció que existen fuertes coincidencias en que en la tierra que esté disponible en la provincia, o en algunos lotes, se pueda encarar una experiencia de colonización con hijos de agricultores formoseños y dándole también oportunidades a hijos de productores que no son formoseños para que puedan venir a Formosa trabajar en el campo”, señala el artículo y cita textual a Buzzi: “Hay una decisión de la provincia, de puertas abiertas, así que para nosotros fue una reunión positiva (…) Esta es una provincia que todavía tiene tierras”, resaltó.

Margarita Parada tiene 25 años. Forma parte de Aprobae, también perjudicada por la construcción de la ruta y la alteración del Bañado la Estrella. Vive en el paraje de Gualcazar, al noroeste provincial, a 200 kilómetros de la ruta 28, pero igual sufre la alteración del Bañado la Estrella. A ellos no le inundaron el campo, sino que les sacaron el agua. Y todo es un círculo: poca agua, menos pastos, animales con hambre, bolsillos flacos.

“Me indignó verlo a (Eduardo) Buzzi con Insfrán. Meta sonrisas, dijeron que van a traer a los hijos de chacareros de la Pampa Húmeda para acá. ¿Y nosotros? ¿Nos vamos a la Pampa Húmeda?”, reclama molesta.

El perfil productivo de la provincia es explícito. Está plasmado en un documento público de 250 páginas llamado “Formosa 2015”, donde se detallan las obras de infraestrucutra (como la ruta-dique) y la preponderancia del avance del modelo agropecuario. La Red Agroforestal Chaco Argentina, colectivo integrado por oenegés y técnicos de la región, explica en su “Carpeta Informativa 2012”: “El Plan Formosa 2015 aspira a elevar a 500 mil hectáreas la superficie productiva agrícola en la provincial, aumentando 2,5 veces la superficie productiva actual. Con este horizonte es que sólo declaró el 1 por ciento de sus bosques como área protegida (según el Ordenamiento Territorial en el marco de la Ley Nacional de Bosques)”.

Según el último relevamiento de conflictos de la Redaf, en Formosa hay al menos 40 conflictos por tenencia de la tierra y ambientales. Afectan a 565 mil personas y 3,4 millones de hectáreas.

63 años después

La Matanza de Rincón Bomba fue en 1947, primer gobierno de Juan Domingo Perón, historia silenciada entre las represiones argentinas. El 10 de de octubre la Gendarmería Nacional avanzó a fuerza de metralla y fusiles contra el Pueblo Pilagá. La historia oficial justificó que fue un “enfrentamiento” y motivado por un malón indígena. No hubo un solo gendarme herido, pero durante décadas se mantuvo la historia militar. Y Gendarmería se apropió del territorio pilagá.

En abril de 2010, familias pilagá de tres comunidades decidieron volver a su territorio, 547 hectáreas. La Federación Pilagá, conformada por veinte comunidades –unas 3000 personas– apoya políticamente la recuperación.

El tronco del quebracho tiene un metro de alto. A la vera de la ruta y a metro de un alambrado. En un lateral tiene una placa de bronce. “En este lugar fueron asesinados los hermanos Kolymaina, Nero’n, Tengon, Sanat, Añsolé, Karona, Pocasale, Tagesena y muchos más”. Es sobre la ruta 28, a 200 metros de la entrada a Las Lomitas.

A cinco metros del recordatorio a la matanza, Gendarmería contestó con su cartel de letras blancas. “Gendarmería Nacional. Propiedad privada. Prohibido pasar”.

Las comunidades pilagá ingresaron igual. Recuperaron. Se asentaron, rechazaron los intentos de desalojos y contestaron con otro cartel de dos metros de alto y uno de ancho, tallado en algarrobo y prolijas letras blancas: “Artículo 75, inciso 17, Constitución Nacional. Se reconoce la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos originarios”.

En el territorio recuperado, en el mismo lugar donde fue la masacre de 1974, bajo unos árboles añejos, reunión de la Federación Pilagá. Saturnino Miranda es presidente de la Federación. 49 años, comunidad kilómetro 14, jean, camisa roja a cuadros pequeños, gorra con visera. “Somos un pueblos de paciencia, no cortamos rutas, tenemos mucha paciencia, desde 1492 que tenemos paciencia, pero el Estado debe escuchar, no pedimos regalos, tienen que cumplir la ley. Acá vivieron nuestros antepasados, no es de empresarios ganaderos ni de Gendarmería, es del Pueblo Pilagá”.

La palabra circula entre los referentes de las distintas comunidades. Las metodologías de lucha pueden ser distintas entre pilagas y wichi, pero la situación y los reclamos los mismos: salud, educación, apoyo en proyectos productivos, fin a los punteros políticos, basta de aprietes policiales y, claro territorio.

Un anciano, espalda doblada, muy delgado, 1,6 metros de alto, barba desprolija, movimientos lentos. Se lo observa débil. Es sobreviviente de la masacre de 1947, Pedro Palaveccino, habla mitad en idioma pilagá, mitad en español. Todos hacen silencio, pero su voz apenas se escucha. Recuerda que “hermanos” caían a su lado, sangrando, por balas. Lo habrá contado muchas veces, pero igual se lo escucha triste. E, inesperadamente, salta en el tiempo hacia el presente: “No nos perdonan porque somos los primeros de la Argentina. Hay pobreza tremenda. La tierra la tenemos que recuperar”.

* Publicado en la Revista MU de mayo (http://www.lavaca.org/)