Para la sustitución de los plaguicidas prohibidos el Ministerio de Agricultura será el encargado de buscar alternativas, y en conjunto con el Ministerio de Salud integrarán un comité técnico para la revisión, registro, autorizaciones y prohibiciones de plaguicidas y fertilizantes, en concordancia con las características regionales, de país, y con las normas internacionales, según informa la nota de la Asamblea Legislativa de El Salvador.
El Decreto aprobado, consultado por RAPAM. reforma la Ley sobre control de pesticidas, fertilizantes y productos para uso agropecuario y prohíbe el uso de ingredientes activos de plaguicidas en su grado técnico o producto formulado de una lista de 53 compuestos, entre los que encontramos al endosulfán, paraquat, glifosato, clorpirifos, paratión metílico y metamidofos de amplio uso agrícola, entre otros, que forman parte de la lista de plaguicidas altamente peligrosos elaborada por la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International).
También incluye la prohibición de otros plaguicidas que ya no se usan en el Salvador y que están incluidos en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, tales como DDT, endrina, dieldrina, aldrina, heptacloro, clordano, hexaclorobenceno y toxafeno. El decreto incluye a las dioxinas y furanos que no son plaguicidas sino contaminantes generados de manera no intencional incluidos también en el Convenio de Estocolmo.
Un diputado del Grupo Parlamentario de Conciliación Nacional (CN), intentó que se excluyera al endosulfán, glifosato y paraquat del decreto de prohibición, pero su propuesta fue rechazada por la mayoría legislativa.
El endosulfán ha sido enlistado para su eliminación mundial por el Convenio de Estocolmo; y el paraquat es un herbicida que fue identificado por el Dr Carlos Orantes Director del Programa NEFROLEMPA del Ministerio de Salud como el principal agrotóxico que está causando intoxicaciones agudas en El Salvador, durante el informe del Ministerio de Salud a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático el 27 de agosto del 2013. Durante el período de 2007 a 2011 se reportaron un total de 8,159 personas intoxicadas por plaguicidas reportadas en el sistema de salud, que ocurren desde los 10 años de edad, en ambos sexos y con afectación principal en hombres de las zonas rurales. Además del paraquat se han identificado plaguicidas organofosforados, fosfaminas, carbamatos, piretrodes y triazinas, según el Dictamen realizado por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, del 27 de agosto del 2013, consultado por RAPAM.
El decreto de prohibición se da después de una gran presencia mediática y protesta social por el alto número de muertes y casos de insuficiencia renal crónica que constituye la quinta causa de muerte a nivel nacional en personas mayores de 19 años y la segunda causa de muerte en el sexo masculino, afectando sensiblemente a los trabajadores agrícolas, según el Ministerio de Salud citado por el dictamen elaborado por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
En la mayoría de los pacientes con esta enfermedad no está asociada a las causas tradicionales presentes en la mayoría de los países como diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad primaria del riñón, sino que en la mayoría de los pacientes diagnosticados está asociada a factores tóxicos ambientales y ocupacionales agrícolas, entre los que se mencionan: el uso inadecuado de agroquímicos sin adecuada protección ni higiene laboral, la fumigación aérea en áreas de residencia, la presencia de agroquímicos y metales pesados (cadmio y arsénico) en aguas superficiales y subterráneas, pozos y sedimentos y los horarios prolongados de trabajo en condiciones de temperatura elevada con intensa actividad física e hidratación insuficiente, según indicó el Ministerio de Salud de El Salvador y que destaca el dictamen citado favorable a la prohibición de los plaguicidas.
Limitaciones a las fumigaciones aéreas.
El decreto incorpora un artículo a la citada ley para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería supervise que la aplicación aérea de los agroquímicos "no se practique a menos de cien metros de las viviendas, ni sobre cultivos de productos de la canasta básica". Esto en respuesta a las denuncias de las fumigaciones aéreas indiscriminadas de plaguicidas, a las que se añaden las de madurantes y desecantes en la caña de azúcar en las comunidades rurales afectadas por la insuficiencia renal crónica. El decreto deja fuera el tema de la prohibición de las quemas de los cañaverales que también había sido una de las demandas de las comunidades rurales afectadas.
Este es un triunfo de las luchas y propuestas de organizaciones campesinas como la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña y de la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena, de organizaciones ambientalistas y de la movilización encabezada por el Alcalde del Municipio de San Luis Talpa y comunidades rurales afectadas por la insuficiencia renal crónica, que estuvieron cabildeando a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Asamblea Legislativa; quien encabezó las consultas con los sectores mencionados, y con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Centro de Investigación, Experimentación y Transferencia de Tecnología Agroecológica (CIETTA), el Ministerio de Salud y la Asociación Nacional de Proveedores Agrícolas (APA).
Resultado de dichas consultas y de la presión social y mediática la Comisión elaboró un dictamen favorable a la Asamblea Legislativa para el decreto de prohibición. El decreto fue aprobado gracias a la mayoría parlamentaria del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y el apoyo de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) en la Asamblea Legislativa.
La reacción de la derecha y de los grupos empresariales no se ha hecho esperar y en comunicación telefónica con el Alcalde Salvador A Menéndez del Municipio de San Luis Talpa. El partido ARENA y otros grupos anunciaron que harían manifestaciones para pedir la derogación de este decreto. El decreto entra en vigor ocho días después de ser publicado en el Diario Oficial y antes pasa por el ejecutivo. Esperemos que sea publicado pronto y no haya marcha atrás.
Fuente: El Salvador
