París y otras cuatro ciudades francesas declaran la guerra a los pesticidas
París, Lille, Nantes, Grenoble y Clermont-Ferrand decretaron la prohibición de agroquímicos en sus territorios. Una decisión que agita el debate sobre el uso de pesticidas en Francia.
Dicen que la unión hace la fuerza. París, Lille, Nantes, Grenoble y Clermont-Ferrand se han unido y declarado la guerra al uso de pesticidas en sus territorios, según anunciaron este 12 de septiembre de 2019.
"Para nosotros es un procedimiento concertado para cambiar la ley y contribuir a la salvaguarda del inestimable patrimonio de la biodiversidad de nuestros territorios y la salud de nuestros conciudadanos", reza el comunicado conjunto de las cinco grandes ciudades.
Desde hace años, el uso de estos productos está prohibido en los parques y jardines de todo el país. A esto se suma la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la prohibición a nivel nacional de la venta, uso y detención a los particulares de todo producto fitofarmacéutico, como el glifosato.
La prohibición de los pesticidas es competencia del Estado
Sin embargo, los alcaldes quieren que haya mayores avances en materia de ley y de paso buscan apoyar a las más de 60 comunas de todo el país que han decretado medidas similares. En el comunicado precisan que conocen los límites de estas medidas pues no es competencia de las alcaldías prohibir o no este tipo de productos, sino del Estado.
Por eso varios de estos decretos han sido revocados por los tribunales administrativos a petición de las prefecturas correspondientes.
Esto fue lo que le sucedió en mayo a Daniel Cueff, alcalde de Langouët (Bretaña), al oeste de Francia. Cueff fue el primero en lanzar un decreto contra el uso de pesticidas a menos de 150 metros de las zonas de residencia.
A pesar de las revocaciones administrativas, el movimiento sigue tomando fuerza. Ejemplo de esto es el departamento de Val-De-Marne, vecino a París. El martes 10 de septiembre, el presidente del consejo departamental, Christian Favier, firmó un decreto que prohíbe el uso de pesticidas que contengan glifosato.
El debate sobre la distancia mínima entre zonas residenciales y zonas de fumigación
Con el debate en plena agitación, el Gobierno quiere tomar prontas cartas en el asunto. Por eso adelantó la consulta ciudadana sobre la distancia mínima entre zonas residenciales y zonas de fumigación, límites que por ahora no están estipulados por la ley. La consulta, que durará tres semanas, estaba prevista para iniciar el 1 de octubre pero fue adelantada a este 7 de septiembre.
El Ejecutivo propone una distancia de 10 metros para las sustancias más peligrosas como herbicidas cancerígenos y para los sembradíos altos como viñedos y árboles frutales, y de tan solo 5 metros para sembradíos de cereales.
Informe desde París: cinco ciudades francesas anuncian la prohibición del uso de pesticidas
Para las ONG esta propuesta no es suficiente. Las asociaciones ecologistas piden que se cree una "zona tapón" de 150 metros entre las zonas residenciales y las parcelas asperjadas. Así lo comunicaron en un texto publicado en el diario 'Le Monde' el pasado 3 de septiembre, firmado, entre otros, por Nicolas Hulot presidente de "Agir pour l’environnement" y exministro de Ecología del presidente Macron.
Por su parte, el gremio de los agricultores ha hecho saber su posición. La FNSEA, principal sindicato agrícola de Francia, está en contra de establecer una distancia mínima entre parcelas y residencias y que esto esté dentro de un texto nacional con vigencia en todo el territorio.
Los agricultores afirman que tal medida los perjudicaría pues perderían superficie productiva y además aumentaría los costos de producción y no se tiene en cuenta que las técnicas de fumigación empleadas son bastante precisas.
No obstante, los agricultores son partidarios de la idea del Gobierno de reducir las distancias donde se pueda, de acuerdo a unos estatutos departamentales. Con estos estatutos "podemos, caso por caso, reducir la distancia a tres metros e incluso menos si podemos demostrar que la población aledaña está protegida", explicó Christiane Lambert, presidenta de a FNSEA al diario 'Le Monde'.
Ahora el Gobierno tendrá que tener en cuenta los argumentos de cada bando para presentar un proyecto de ley al respecto este otoño. El Ejecutivo quiere que las medidas entren
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