Brumadinho bajo el lodo. Se cumple un año de la tragedia en Brasil
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La avalancha de residuos de una mina en el estado de Minas Gerais, Brasil, dejó 270 muertos el 25 de enero de 2019. El desastre llega a su primer aniversario con una denuncia de homicidio contra los principales ejecutivos de la minera Vale, propietaria de las instalaciones.
En Brumadinho no sonaron las alarmas. Cuando se rompió la represa de la mina, nadie estaba preparado. Fueron 13 millones de metros cúbicos de lodo que arrasaron el pueblo brasileño y que arrastraron la vida de al menos 270 personas.
La represa contenía los residuos minerales de Córrego de Feijao, una mina del gigante empresarial brasileño Vale situada en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país. Las dimensiones de la tragedia humana que sucedieron ese 25 de enero de 2019 fueron inconmesurables: cien días después de la avalancha, aún se encontraban cuerpos de desaparecidos.
Una gran cantidad de víctimas fueron trabajadores de la misma empresa. Las instalaciones de la mina también quedaron destrozadas, igual que centenares de casas y propiedades rurales de Brumadinho. Las labores de búsqueda se demoraron durante semanas, y los soldados y bomberos que acudieron al lugar del desastre tuvieron que utilizar maquinaria pesada para excavar las capas de lodo que sepultaron toda la zona.
Con menos de un mes en el cargo, Brumadinho fue una de las primeras pruebas para el presidente Jair Bolsonaro. Su Gobierno emitió un decreto para prevenir desastres futuros y ordenó desmantelar en tres años las represas mineras construidas con la misma técnica que la de Córrego de Feijao. Sin embargo, la tragedia despertó varias protestas en la comunidad de Minas Gerais y también alrededor de todo el país, indignado porque el colapso del depósito podría haberse evitado.
La Fiscalía acusa de homicidio a los responsables de la empresa
Precisamente porque la muerte de decenas de personas podrían haberse evitado, la Fiscalía brasileña presentó el pasado 21 de enero una denuncia penal por delito de homicidio contra 16 ejecutivos de Vale, la compañía brasileña propietaria de Córrego de Feijao y que pertenece a la firma alemana TÜV SÜD. Entre los acusados está Fabio Schvartsman, presidente de Vale cuando ocurrió la avalancha.
Además del delito de homicidio, la Fiscalía también denunció a las dos compañías por delitos ambientales. El vertido de residuos no solo afectó la vida de las personas, sino que contaminó ríos y bosques de la región durante meses.
Las acusaciones son duras: la empresa minera habría ocultado “de forma sistemática” informaciones “al poder público y a la sociedad” sobre el riesgo que corría la represa que colapsó. De hecho, solo cuatro meses antes del desastre se realizó una inspección que no registró ningún incidente. Sin embargo, la coordinadora de los fiscales que investigaron las causas de la tragedia, Andressa Lanchotti, defiende que sí había indicios de fallas de seguridad que se silenciaron.El procurador general de Minas Gerais, Antonio Sergio Tonet, recordó que la acusación de homicidio es solo el primer paso: “es apenas la primera etapa de un proceso complejo que va a demorar aún muchos años”. Sin embargo, se mostró confiado en que las instituciones brasileñas lograrán “la reparación total de los daños ambientales, las compensaciones debidas y la indemnización a los familiares de las víctimas”.
La minería, un gigante brasileño
Es la primera vez que la poderosa empresa Vale recibe un ataque de este calibre. No es fácil meterse con la minería en Brasil: el sector aporta el 8% de las exportaciones en Brasil y es un importante generador de empleo, especialmente en Minas Gerais. Y es precisamente Vale quien domina el gremio, ya que es la mayor productora de mineral de hierro del mundo.
Quizás es por eso que la empresa quedó prácticamente impune después de un desastre demasiado parecido al de Burmadinho con otra mina de Vale en Mariana en 2015: la represa también cedió y un río de residuos destruyó dos ciudades y llegó hasta la costa atlántica, en uno de los mayores desastres ambientales de Brasil. Además, fallecieron 19 personas. Años después, ningún responsable ha recibido condena y no se han terminado de pagar las multas impuestas por los daños ecológicos.
Con estos antecedentes, no es descabellado pensar que un accidente similar podría volver a pasar en otras minas de Brasil. Sin embargo, para las comunidades no es fácil abandonar los lugares amenazados debido a los puestos de trabajo que ofrece esta industria. Solo Vale emplea a 55.000 personas en todo el país. Los mineros se encuentran ante una encrucijada: trabajo o riesgo.Con EFE, Reuters y medios locales
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