Sala IV acogió amparo contra uso de herbicida
Glifosato podría tener los días contados
La Sala IV no solo estudia un amparo que pide su prohibición, sino que autoridades de Gobierno ya presentaron una propuesta de reglamento con ese propósito.
La enfermedad renal crónica no tradicional se da con mayor preponderancia en los trabajadores del cultivo de caña, que están muy expuestos al glifosato utilizado como madurante. (Foto: Archivo)
La posibilidad de que el muy peligroso herbicida glifosato desaparezca de Costa Rica está cerca, ya que la Sala Constitucional acogió para su estudio un amparo en que ciudadanos y ciudadanas de Bagaces piden su prohibición, por la estrecha relación entre el uso del veneno y la alta incidencia de casos de la enfermedad renal crónica no tradicional (ERCNT).
Además, en el expediente de ese amparo consta la respuesta del Ministerio de Salud, la cual incluye un informe multidisciplinario sobre las características y riesgos del veneno, y menciona una propuesta de reglamento para prohibir su importación, distribución y uso. Aunque ese documento no fue incluido en el expediente.
El glifosato se encuentra en productos de venta comercial como el RoundUp y es catalogado por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno” en humanos.
Un comunicado del Bloque Verde destaca que se trata del herbicida más utilizado en el mundo y también en el país. Al respecto, cita datos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA), según los cuales en Costa Rica se usan unas 1.500 toneladas de ese ingrediente activo al año.
Productos a base de glifosato se utilizan en cultivos de aguacate, algodón, arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, carambola, cherimoya, cítricos, coco, cultivos forestales, frijol, guanábana, macadamia, maíz, mango, melón, palma africana, palma aceitera, papaya, pastos, piña, plátano, sorgo, soja, tamarindo, uva y zapote.
Minor Picado, quien forma parte del grupo de vecinos de Bagaces que presentó el amparo, describió el problema en esa comunidad como “una tragedia increíble”, pues “ha fallecido mucha gente por esta enfermedad, mucha más ya diagnosticada y no sabemos cuántas personas no saben que la padecen. Ni siquiera la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) tiene un registro de esto”.
Picado, quien forma parte de la Asociación Voz del Pueblo, recordó que el Ministerio de Salud ha manejado diferentes hipótesis sobre las causas del problema, como el llamado “shock térmico” -consecuencias sobre los trabajadores agrícolas del fuerte sol y altas temperaturas-, o la contaminación con arsénico de fuentes de agua. Pero “hemos encontrado mucha información internacional relevante que pone en la mira al glifosato como responsable de enfermedades, específicamente la enfermedad renal”.
Molestia ciudadana
Desde el 2013 UNIVERSIDAD ha denunciado la alta incidencia de la enfermedad renal crónica no tradicional en Guanacaste. En mayo del año pasado, el Semanario divulgó datos de la propia CCSS, en el sentido de que la cantidad de pacientes con ERC que recibieron diálisis pasó de 269 en el 2011 a 855 en ese momento.
Poco después, en octubre, el viceministro de Salud Denis Angulo informó que ese Ministerio ya estudiaba la posibilidad de prohibir el glifosato e indicó que la CCSS destina $32 millones en la asistencia de pacientes que deben hacer frente a procesos de diálisis o hemodiálisis. A eso sumó “la calamidad social” de lo que significa “tener a una persona, que tiene daño renal, esperando la posibilidad de un trasplante, pero casi destinada a una muerte a mediano plazo”.
El amparo que actualmente se tramita bajo el número de expediente 19-001662-0007-CO fue presentado el pasado 1º de febrero y es planteado contra los ministerios de Salud y Agricultura y Ganadería (MAG), pues “se han mostrado incapaces, indiferentes, e incompetentes para garantizar una atención responsable de la grave situación de salud existente en la provincia de Guanacaste, debida a la epidemia de enfermedad renal crónica no tradicional”.
Se trata de una modalidad “no tradicional” porque la población que la padece no presenta lesiones debido a diabetes o presión alta, sino que son personas jóvenes, trabajadores agrícolas.
Los ciudadanos piden que “se cancele y se prohíba el uso del glifosato en Costa Rica, atendiendo el grado de conocimiento que existe sobre su toxicidad”. El amparo adjunta una lista de 850 referencias científicas que “ilustran el conocimiento actual sobre su toxicidad y peligrosidad para la salud humana y el ambiente (animales, insectos y plantas)”.
Glifosato “altamente peligroso”
Requerido por la Sala IV, el ministro Daniel Salas envió su posición el 11 de febrero y en su informe citó oficios internos del Ministerio en que se aborda el tema. El informe preparado para responder a la Sala IV (DVS-0078-2019, 7 de febrero) destaca la promulgación de varios decretos, entre ellos el No. 39709-S “Zonas endémicas para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad renal crónica”.
“Se está desarrollando un protocolo de vigilancia de la enfermedad renal crónica no tradicional, el cual incluye las definiciones de caso sospechoso y caso confirmado”, apunta la respuesta como una de las medidas que se han tomado.
La documentación presentada por el Ministerio de Salud también incluye un informe presentado en diciembre pasado por la Comisión interinstitucional para el estudio de los efectos sobre la salud y el ambiente de las formulaciones de glifosato, integrada por el Ministerio de Salud como coordinador, Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Consejo de Salud Ocupacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Defensoría de los Habitantes y el Comité Ambiente y Salud del Colegio de Médicos.
Ese informe recuerda la mencionada clasificación como “probablemente cancerígeno” o 2A de la IARC. Además, señala que estudios epidemiológicos han asociado al glifosato con un aumento de incidencia de linfoma no Hodgkin (LNH) -una forma agresiva de cáncer linfático- en humanos, que además tiene “capacidad de promover daño cromosómico y de ADN en células humanas”. Posteriormente, señala que ello, “aunado a los efectos eco toxicológicos en organismos no objetivo y sus características de destino ambiental, nos permite visualizarlo como un plaguicida altamente peligroso”.
Sobre la incidencia de la ERCNT en Costa Rica, especifica que afecta a trabajadores meloneros, piñeros o constructores, pero “predominantemente trabajadores de la caña de azúcar, iniciando a la edad de 25 años y existiendo una alta prevalencia en el Pacífico seco (Cañas, Bagaces, Santa Cruz, Carrillo), provincia de Guanacaste, donde la mortalidad en 2008 fue cinco veces más alta que en el resto del país”.
El equipo de especialistas de la Comisión apuntó que la hipótesis causal de la enfermedad es “multifactorial” y reconoce como relevante “el estrés crónico por calor y donde los plaguicidas se acentúan como contribuyentes, pero no han sido suficientemente estudiados. Existe arsénico en aguas del litoral Pacífico, según un análisis de aguas subterráneas del Instituto Costarricense de AyA con cantidades superiores a la norma de la OMS”.
En más de 20 conclusiones el informe apunta que se da una “alta exposición a los trabajadores agropecuarios” al veneno, y que su “diseminado uso en múltiples cultivos puede conferir resistencia genéticamente inducida a otras especies vegetales, así como una pérdida de biodiversidad”.
Tras insistir en que el glifosato “puede considerarse como plaguicida de alta peligrosidad” el informe subraya que su uso requiere de medidas de seguridad “que no pueden ser garantizadas a cabalidad en el país, tomando en cuenta el perfil de los aplicadores y las condiciones ambientales”, así como otras realidades como la aplicación aérea.
Finalmente, la Comisión sentenció que “se hace necesario y oportuno prohibir el uso del glifosato, sus sales y formulaciones que las contengan, en particular considerando que existen alternativas químicas y no químicas a dichas sustancias”.
La Comisión elaboró la propuesta de reglamento para cumplir con esa necesidad y la documentación enviada a la Sala IV informa que está en “despacho ministerial”.
UNIVERSIDAD consultó tanto al Ministerio de Salud como a Casa Presidencial sobre el avance de esa normativa, pero ninguna de las dos instancias se molestó en informar al respecto, a pesar de que se insistió por diferentes vías con la consulta.
Por su parte, Minor Picado recordó que tras cada caso de ERCNT hay una “tragedia familiar” y reclamó que “lo único que falta es una pendeja decisión política que ningún presidente o presidenta ha querido tomar; ha de ser probablemente por presión de algún grupo económico”.
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