El Primer diario de agrotóxicos inconscientemente arrojados en la República Argentina, América Latina, and so on ...
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La Oficina Anticorrupción (OA) presentó ante la justicia una denuncia penal por irregularidades en la gestión del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos desde 2010. Entre ese año y 2016 las autoridades del Fondo (dependiente del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sustentable) transfirieron a las provincias $1.506.335.984, pero sólo se rindieron el $349.676.660; lo que equivale a un 23% del total.
Los posibles delitos señalados son malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. La acusación abarca a ex ministros o secretarios de Medio Ambiente de la Nación K y también de las provincias.
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En el año 2009 se sancionó una ley destinada a proteger los bosques nativos a través de la implementación de políticas de conservación y manejo sostenible. El Fondo, previsto en la ley, debía girar fondos a las distintas provincias.Estas debían aplicar el 70% de lo recibido en compensaciones a los titulares de tierras en cuyas superficies se conserven bosques nativos. El otro 30% tenía como fin desarrollar e implementar programas de fortalecimiento. Para ello se establecieron requisitos específicos de control y rendición de cuentas que no cumplieron.
La OA -que dirige Laura Alonso- detectó irregularidadesen la gestión de este fondo desde su inicio hasta la actualidad y en todas las provincias que cuentan con bosques nativos. La falta de rendición de cuentas no hizo que las autoridades del Ministerio de Ambiente suspendieran los pagos. Por el contrario, se otorgaron prórrogas sucesivas. Un informe de auditoría señaló que “las áreas técnicas provinciales no pudieron informar ni evidenciar la efectiva aplicación de los fondos y el destino que sus jurisdicciones provinciales daban al 30%, previsto para fortalecer estas mismas áreas de bosques”. Además, “la falta de capacidad logística y de recursos humanos con perfil técnico para realizar visitas e informes de relevamiento afecta sustancialmente a los objetivos de la Ley y produce demoras en los desembolsos que perjudican a los beneficiarios”, agrega la denuncia.
A su vez, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que analizó la rendición de cuentas de todas las provincias encontró facturas repetidas, discrepancias en fechas de emisión y facturación, facturas de ejercicios anteriores al período rendido, facturas con fechas anteriores a la transferencia de fondos y otras inconsistencias.
Para la OA “quedó en evidencia una grave falta de control en la aplicación de los recursos, una falta de rendición del destino de los fondos, y en donde incluso existieron rendiciones rechazadas por no existir un debido respaldo documental de las operaciones efectuadas”.
Y concluye que “más allá de que las rendiciones de esos fondos fueron sucesivamente prorrogadas por distintas administraciones con el sólo fin de poder seguir girando fondos cuando la propia normativa así lo prohibía, lo que está poniendo en evidencia dicha circunstancia es un total desmanejo de los fondos públicos". El informe agrega que "se desconoce si fueron ellos destinados a los fines originariamente previstos o aplicados a otros distintos aunque también públicos –lo que podría configura la hipótesis de malversación caudales- o incluso si fueron ellos sustraídos del ámbito público para el propio beneficio de los funcionarios públicos responsables de su manejo o de un tercero –hipótesis defraudatoria-, lo que no puede descartarse frente a las constataciones realizadas por la auditoría”.
También se detectó irregularidades en la delimitación de los territorios considerados como “bosques nativos” a los fines de la asignación de recursos, en donde se declararon superficies que no se correspondían con la existencia de bosques nativos o por el contrario se omitieron declarar bosques nativos donde sí los había. Incluso se incluyó territorios correspondientes a Parques Nacionales, algo que no estaba previsto por la Ley.
La Oficina reclamó que la justicia “investigue, por un lado, la conducta de las funcionarios responsables de las distintas jurisdicciones provinciales que eran los encargados de ejecutar los fondos y aplicarlos al fin previsto por la ley, y por el otro, la responsabilidad de las autoridades nacionales, quienes no controlaron la actividad de las jurisdicciones locales y pese a no haberse aprobado las pertinentes rendiciones siguieron girando fondos, en una suerte de flujo constante sin control, concediendo prórrogas y habilitando transferencias cuando no se cumplían los requisitos mínimos para ello”.
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