Una Resolución para el riego con veneno
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Por Vivian Palmbaum / Foto por Red Universitaria de Ambiente y Salud
A partir del primer día de enero el gobierno de la Provincia de Buenos Aires habilitó la aplicación de agrotóxicos sin límites.
Desde el primer día de este año los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales comprenderán la zona de amortiguamiento, tal como se afirma en la Resolución del Ministerio de Agroindustria.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires inició el 2019 habilitando la aplicación de la Resolución N° 246, firmada por el ministro Leonardo Sarquis, que habilita extender el área de las fumigaciones con agrotóxicos. Una medida contraria a lo que en cada municipio a través de ordenanzas han conseguido limitar a partir del trabajo de organizaciones de la sociedad civil.
Una norma que hace oídos sordos a la lucha que vienen dando los habitantes en cada pueblo para enfrentar el horror de las enfermedades y la muerte que produce el rociado de agrotóxicos en áreas urbanas y periurbanas, incluidas las escuelas rurales que son rociadas con las y los alumnos adentro.
El neoliberalismo se expande y riega las políticas agrícolas que llegan de la mano de gobiernos aliados a las corporaciones. El extractivismo se hace posible de la mano de las corporaciones y los pooles de siembra. Una situación que no es nueva en nuestro país y hoy se haya potenciada por políticas que parecen descartar al ser humano. Políticas que se iniciaron con la firma de Felipe Solá, cuando en un trámite express permitió que la empresa Monsanto introdujera la soja transgénica en 1996, en un expediente que hasta se encontraba escrito en inglés.
Redes por la vida
Allí donde el Estado parece ausentarse o hacer oídos sordos, las y los habitantes se organizan para armar redes. Así sucede en muchos pueblos y ciudades en Argentina cuando la vida parece estar amenazada. Médicos y medicas que denuncian el aumento exponencial de casos de cáncer desde la década del 90, científicos y científicas, abogadas y abogados ambientalistas, docentes, trabajadoras y trabajadores y una población movilizada y organizada para resistir el puro negocio a costa de sus vidas. Aún recordamos al Dr. Andres Carrasco, pionero en poner en evidencia las consecuencias del glifosato sobre la población y las consecuencias de tuvo que pagar por haber denunciado a las corporaciones. Una situación que tuvo que ser reconocida como peligrosa por la Organización Mundial de la Salud en el año 2015, cuando las evidencias no dejan lugar a dudas.
La Resolución del veneno
Una larga lista de organizaciones suscribieron el comunicado “La Resolución del Veneno”, que rápidamente respondió a la implementación de una política agropecuaria que no es compatible con la vida. Allí afirman que “Esto implica la legalización de la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre las áreas de aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población, tal como afirman varias organizaciones sociales y ambientales”. Asimismo destacan que “También autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse. El único límite a la aplicación de agrotóxicos de acuerdo a la resolución 246-MAGP-18 es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”.
La resolución ministerial del veneno, reconoce como fundamento legal la propia Constitución Nacional, Provincial y otras leyes ambientales. Sin embargo “Su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente. Los agrotóxicos contaminan la tierra, el aire y el suelo progresivamente”, expresan en la Resolución.
Entre Rios se suma
En la provincia de Entre Ríos, pionera en la limitación de uso de venenos, no tardó en replicarse la iniciativa que puso en alerta a todas las organizaciones de la sociedad civil. Allí el ejecutivo provincial decretó reducir las distancias de aplicación de agrotóxicos alrededor de las escuelas rurales. Una medida que carece de legalidad al enfrentarse abiertamente a lo que el Supremo Tribunal de Justicia establecía en materia de distancias, con una protección de 1000 y 3000 metros.
Argentina consumidora de agrotóxicos
Argentina es uno de los países con mayor consumo de glifosato del mundo. Se puede descubrir restos de glifosato en análisis de personas que viven en las ciudades. Algodones, gasas y artículos de higiene personal junto a cientos de productos de consumo masivo contienen restos de glifosato.
“Esta es una agricultura droga dependiente, porque un remedio yo lo tomo, me curo y me sano debería dejarlo de tomar, pero si de dos litros de herbicida que usamos pasamos a cuatro a seis a ocho a diez…Chaco está en cuarenta litros, entonces eso no es un remedio es una droga y lo que estamos teniendo es una adicción”, decía el Ingeniero Agrónomo Eduardo Cerdá de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología – Argentina. Agregó que “La Agroecología, basada en un modelo de salud integrador aparece como propuesta frente a otro modelo basado en la maleza, plaga, enfermedad y el negocio que representa”.
Buenas prácticas
“Que la definición de dimensiones particulares para establecer distancias y superficies no es esencial, sino que depende de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)” dice la Resolución, en uno de sus considerandos.
En julio de 2018 se realizaba una Consulta Pública sobre el Informe de Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios . Allí se definieron las cuestiones centrales que luego integran la Resolución del Veneno como son las “Buenas Prácticas de aplicación de fitosanitarios” y la “zona de amortiguamiento”, con las que se responsabiliza de las malas prácticas a los propios afectados por el rociado del veneno.
“Buenas prácticas y fitosanitarios” se han constituido en dos eufemismos que esconden las palabras contaminación y glifosato, que han sido sacadas del diccionario de la buena forma que se intenta instalar a costa de las vidas de miles de personas. Hasta el INTA prohibió el uso de la palabra glifosato y en su lugar impuso el término fitosanitario, tal como expresó en una circular interna para el personal.
El Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, es ex gerente de la división Semillas de Monsanto, cargo que ejerció durante casi 3 años. Una constante en las designaciones de funcionarios públicos de la gestión Cambiemos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”.
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