Iván Duque, el presidente de Colombia, en Washington, durante su visita a Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Brendan Smialowski/Agence France-Presse — Getty Images
[Si quieres recibir las mejores columnas de Opinión de The New York Times en Español en tu correo, suscríbete aquí a El Times]
— Colombia está ante uno de los debates de políticas antidrogas más delicados de su historia reciente: usar o no un herbicida llamado glifosato en fumigaciones aéreas a cultivos ilícitos.
En los últimos cinco años, los cultivos de coca han aumentado más del 60 por ciento y, en 2017, la superficie de sembradíos de coca alcanzó la cifra récord de 209.000 hectáreas en Colombia. Ante este panorama, el presidente Iván Duque anunció que su gobierno quería retomar el uso del glifosato. Así que el 7 de marzo, la Corte Constitucional decidió convocar una audiencia pública para analizar los “riesgos de utilizar glifosato en la salud de las personas” y debatir la eliminación de la restricción del herbicida. Por estos días, la corte sigue discutiendo la petición de Duque.
Sin embargo, la discusión dejó de ser un asunto local y ahora es parte de un complejo tablero geopolítico: cinco días después de la audiencia en la corte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió un mensaje claro al gobierno: pedirá al Congreso estadounidense que se incremente el 46 por ciento el presupuesto para combatir las drogas en Colombia si el gobierno de Duque decide reanudar el uso del herbicida.
Pero el glifosato no debe ser usado como un arma de presión internacional ni como una estrategia nacional para contrarrestar el innegable aumento de cultivos ilícitos. Levantar la prohibición de su uso es una equivocación porque iría en contra de la evidencia científica sobre sus daños a la salud y porque la fumigación con el herbicida se había vuelto costosa e inefectiva.
La historia del glifosato en la lucha contra la droga en Colombia es larga —podría remontarse hasta 1978— y nunca ha estado libre de controversias. En octubre de 2015, la fumigación se detuvo porque una corte pidió al gobierno que “diera aplicación al principio de precaución” en caso de que las fumigaciones pudieran afectar la salud de comunidades campesinas. Cuando parecía un debate superado en el país que no ha dejado de ser el mayor productor de coca del mundo, la discusión regresó en los meses finales de la presidencia de Juan Manuel Santos y ahora Duque parece decidido a restablecer esta práctica como parte de su política antidrogas.
En la audiencia convocada por la corte, los opositores del glifosato presentaron evidencia científica mientras los voceros del gobierno de Duque argumentaron que se deben usar todas las herramientas para combatir los cultivos ilícitos, y que eso incluye el uso del herbicida: a diferencia de la erradicación manual de los cultivos, que cubre dos o tres hectáreas diarias —según informes del gobierno de Duque—, la aspersión de glifosato afecta 150 hectáreas al día.
El problema con el argumento del gobierno es que este no es solo un debate técnico, sino ético. Un estudio de la Universidad de Columbia de 2019 encontró que, en Brasil, entre los años 2000 y 2010, usar glifosato en cultivos de soya aumentó la probabilidad de más de 557 muertes adicionales de niños. Los investigadores Adriana Camacho y Daniel Mejía, en un estudio de la Universidad de los Andes, en Colombia, concluyeron que: “La exposición al glifosato utilizado en las campañas de aspersión aérea de cultivos de coca aumenta la probabilidad de sufrir trastornos en la piel […] y abortos”.
Vale recordar que una jueza en California falló en agosto de 2018 a favor del jardinero Dewayne Johnson en su demanda contra Monsanto, productor de Roundup, un herbicida con glifosato, por un linfoma no Hodgkin. La justicia determinó que la empresa deberá pagarle 39 millones de dólares en compensación y 250 millones en daños.
El gobierno colombiano debería considerar que sus ciudadanos merecen el mismo cuidado que los ciudadanos de Estados Unidos. Cuando la ciencia ha demostrado que el glifosato causa problemas de salud, el gobierno colombiano tiene una responsabilidad ética: si existe alguna posibilidad de que la fumigación dañe la salud de las poblaciones campesinas que viven rodeadas de cultivos de coca, su uso debe prohibirse.
En junio de 2008, una avioneta fumiga con herbicida un cultivo de coca en El Tarra, al noreste de Colombia.
Luis Robayo/Associated Press
Si no fuera suficiente argumento, también está probada la ineficacia de las fumigaciones con glifosato. Otro estudio de la Universidad de los Andes encontró que, para erradicar una hectárea, era necesario fumigar 33 hectáreas, a costos más altos que otros programas de erradicación que son más efectivos.
Santiago Tobón, investigador de la Universidad de Chicago, me explicó que parte del problema en los territorios sembrados con coca es que “al no tener un título de propiedad sobre la tierra, quienes siembran la coca no tienen ninguna responsabilidad penal por la siembra”. Según Tobón, esto lleva a que una hectárea erradicada con glifosato, sea inmediatamente resembrada. Sería más efectivo formalizar la propiedad de la tierra —en Colombia, aproximadamente el 22 por ciento de la tierra privada no tiene título—, lo que podría disminuir los incentivos para cultivar coca: los dueños de las tierras tendrían que asumir una responsabilidad penal por los cultivos ilegales y accederían a créditos bancarios para cultivar productos legales.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la presión para disminuir los cultivos de coca en Colombia seguirá aumentando y el gobierno colombiano estará cada vez más arrinconado. El 29 de marzo, Trump regañó al presidente colombiano: “Duque es un buen tipo, pero están saliendo más drogas de Colombia ahora que antes. No ha hecho nada por nosotros”. Luego, el 10 de abril, volvió a acusarlo de ser un incompetente que poco hace para combatir el aumento del negocio de la droga.
El gobierno regañado de Duque debería explorar soluciones que pueden ser más eficientes, menos costosas y sin riesgos a la salud. Por una parte, se deben dedicar los recursos estatales a combatir los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, como la destrucción de laboratorios y la incautación de grandes envíos de cocaína. Detectar las cuentas bancarias de los mafiosos y los empresarios que lavan su dinero es más dañino para las organizaciones criminales que fumigar hectáreas que pueden ser resembradas poco después.
El economista Daniel Mejía, en un análisis del Plan Colombia (acuerdo binacional concebido en 1999 con Estados Unidos que buscaba crear una estrategia antinarcótica), documentó que entre 2006 y 2009 la aspersión con glifosato bajó un 40 por ciento, las incautaciones aumentaron 60 por ciento y la destrucción de laboratorios aumentó 26 por ciento. La consecuencia fue que, en esos años, la oferta de cocaína bajó 50 por ciento. Esto, concluye Mejía, indica que la interdicción es la estrategia antinarcóticos más efectiva.
Para completar una estrategia integral, no estaría mal que el gobierno colombiano también exigiera mejoras a Trump. Por ejemplo, reducir la creciente demanda de cocaína entre su población, que ya llega a los dos millones de consumidores anuales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario