Réquiem
por la fruticultura
La actividad se desmorona a dramática velocidad. Productores están asfixiados y las firmas colapsan. Chacras y fruta son
abandonadas. Miles arriesgan su patrimonio o el empleo. ¿Pueden los gobiernos
estar impasibles frente a esta prioridad?
Por Julio Rajneri
abril 24, 2019 12:01 am
Maquinaria destartalada y yuyos por doquier. Postal del abandono que se
repite en muchas chacras del Alto Valle.
La reciente convocatoria de acreedores de una de las empresas líderes en
la exportación frutícola, ha puesto nuevamente en escena el oscuro panorama que
presenta la actividad y el riesgo de que se sumen nuevas deserciones en el ya
abrumador listado de bajas perdidas en acción. Existen pocas dudas de que se
está en un problema de magnitud hasta ahora desconocida, pero es posible que no
se advierta la intensidad del deterioro producido.
Hay muchos elementos objetivos para percibir la dimensión del desastre.
Una década atrás y durante casi un siglo de actividad, una hectárea de manzana
o pera tenía un valor que duplicaba y hasta triplicaba el de una hectárea de
trigo o maíz en la zona núcleo de la pampa húmeda. Hoy, el precio de una
hectárea en el Alto Valle no alcanza a la mitad del valor de la misma
superficie en la zona Pergamino.
En realidad, esta comparación no refleja en toda su intensidad el
derrumbe de su precio. En la actualidad el valor de una hectárea bajo
riego sin plantación es superior a una hectárea plantada por manzanas o peras
de la mayoría de las variedades que constituyen el grueso de la producción
frutícola de la región. Se ha vuelto al pasado y propietarios empobrecidos han
optado por retornar a cultivos pre frutícolas como la alfalfa o experiencias
dudosas como el maíz, en desventajosa competencia con la zona pampeana.
Solamente un reducido grupo de empresarios tiene capacidad financiera para
poder renovar sus plantaciones y competir en el exterior.
El aparato productivo está desmoronándose a una velocidad
desconcertante. La mayoría de las grandes empresas exportadoras ha colapsado.
La más reciente, Ecofrut, se suma a la larga lista de las que han desaparecido
por cierre o por absorción, encabezadas por la mayor compañía argentina,
Expofrut, acompañada de nombres rutilantes como Moño Azul, Liguori, Salentein,
Mc Donald y otras de menores pergaminos. No hay cifras disponibles de la
cantidad de explotaciones abandonadas, pero son visibles en cantidad creciente y
las estimaciones privadas calculan que no se va a detener hasta alcanzar a la
mitad de las existentes, que son las estrictamente necesarias para abastecer el
mercado interno y reducir la exportación a las que pudieron renovarse.
Aunque los problemas de modernización y competitividad empezaron con
anterioridad, el derrumbe de la actividad se produjo durante el decenio
kirchnerista. En ese período dos factores sacaron a la actividad de la pista en
la exportación hacia los mercados tradicionales. El atraso cambiario, por un
lado, y el alto costo de la mano de obra (medida en dólares) por el otro. En
ese lapso, además, se produjeron cambios notables en el mundo en la
productividad del cultivo y en las preferencias del consumidor, que
convirtieron a distintas variedades de pera y de manzana en mercancía
invendible. Aparecieron nuevos clones con variaciones notables y nuevos
jugadores en la competencia: los países del este y centro europeo y, en
especial, el gigante chino. Durante ese período Argentina desapareció de las
góndolas alemanas y debió buscar abrigo en mercados secundarios como el ruso,
menos exigente en calidad y menos confiable en precio y cumplimiento.
El actual gobierno pareció mejorar las perspectivas de la actividad con
la eliminación del cepo cambiario y (a su pesar) con el devalúo de la moneda,
pero anuló esas ventajas y aun llegó más lejos con el impuesto a la exportación
y la eliminación de los reintegros. Apeló a estas medidas extremas, no por
convencimiento sino por necesidad. Aunque un sector alineado ideológicamente
con el peronismo lo critique acerbamente, las medidas adoptadas por el
presidente Macri están apoyadas por el FMI, los gobernantes de los países
latinoamericanos exceptuando Cuba y el eje bolivariano, los europeos, Estados
Unidos, Canadá, la abrumadora mayoría de los economistas de todo el mundo y una
cantidad sorprendente de argentinos que, a pesar del momento difícil, mantienen
su adhesión. Esas personas no recomiendan esta política porque sean
despiadadamente crueles y disfruten con el sufrimiento argentino, sino porque
no existe un método alternativo para combatir la inflación. En otras palabras,
ésta solo cede cuando la economía cae en una recesión severa.
No ha pasado lo peor, como afirma Macri, sino que estamos en el momento
más difícil y todavía van a pasar varios meses antes de que la inflación
retroceda. Pero eso no significa que no haya errores que pueden causar daños
irreparables y que deban ser corregidos. Uno de los más urgidos es el de la
producción en áreas bajo riego.
Los precios internacionales colocaron a los cultivos tradicionales en
una etapa de esplendor en el gobierno de Kirchner y fueron letales para la
actividad frutícola. Ahora nuevamente el impacto del impuesto en la
fruticultura es muy diferente al que produce en los cultivos anuales. La
actividad frutícola es una actividad industrial de alto valor agregado. Las
diferencias con la soja, el maíz o el trigo son abismales. Por cada dólar que
se exporta en esos commodities, más del 80% del ingreso corresponde al valor
del producto agrícola. En cambio en la exportación frutícola la ecuación se
invierte y la menor parte corresponde a la materia prima. En la explotación
agrícola pampeana, el salario insume menos del 5% del valor de exportación. En
la fruticultura la mano de obra representa el 50% del costo de producción en el
predio y el 40% en el empaque. Cuando se exporta una caja de manzanas el
componente principal de la exportación no es la manzana sino la mano de obra.
El resto, fertilizantes y agroquímicos, frío, envases y fletes completan el
valor agregado de origen industrial.
En consecuencia el impacto del impuesto en uno u otro sector es muy
diferente. Explicado en la forma más sencilla posible, cuando se exporta soja,
el impuesto del 10% del valor FOB, se lleva el 12 o el 13% del valor que
percibe el agricultor. Cuando se trata de una caja de pera o manzana, el
impuesto se lleva desde la mitad hasta la totalidad del monto que debía ir al
productor. Buena parte de las exportaciones frutícolas se encuentra en esa
situación. Hay multitud de operaciones con precios distintos y los costos no
son iguales, de manera que es casi imposible establecer parámetros confiables.
Pero no hay duda de que en la mayoría de los casos, el impuesto se torna
confiscatorio.
La fruta muere en el árbol. Los costos de la cosecha son altos.
Años de desinversión. La sanidad de chacras vecinas, en riesgo.
La porción del territorio rionegrino ubicada al norte del río, contiene
dos tercios de la población total de la provincia y su principal actividad es
la agroindustria. Su decadencia debería ser el principal problema del gobierno
y de los ciudadanos votantes. Sin embargo, apenas fue un tema menor en las
últimas elecciones y los candidatos forzados a responder sobre el particular
contestaron con banalidades o recurrieron a propuestas fuera de escala.
Un ingrediente más del extraño escenario, es que, tal vez confundida con
la recesión nacional, no hay registro específico de la repercusión de la crisis
frutícola sobre el resto de la actividad económica, Es posible que el
descalabro no haya arrastrado todavía al resto de la economía, es decir
al comercio o a los servicios, porque la desocupación ha sido compensada
en parte con el fenomenal crecimiento del empleo público, que se ha
expandido con los mayores recursos que proceden de los impuestos nacionales
coparticipables y regalías petrolíferas y porque Vaca Muerta está
convirtiéndose en un imán de empleo bien remunerado, que desborda los límites
de Neuquén y repercute en la zona del Alto Valle. De esta manera se da el
curioso caso de que un gobierno, que se supone representa el capitalismo
moderno, privilegie al sector público de una provincia y deje que se arruine
una actividad privada que en su momento fue un modelo rutilante de prosperidad
en la economía nacional.
Si el gobierno nacional mantiene las retenciones, se desembocaría en una
pesadilla inimaginable. Sin razón aparente que lo justifique, un gobierno
partidario de la libre empresa condenaría a este sector económico a la
extinción y miles de personas perderían su patrimonio o su empleo. Es
cierto que aún cuando se anulara el impuesto, esto no sería suficiente por sí
para hacer rentable la producción. Reparar el daño producido en la última
década y reinsertarse en la competencia por los mercados exteriores exigirá un
esfuerzo gigantesco y dejará el tendal de heridos en el camino. Con el impuesto
vigente no hay destino posible para nadie.
Es posible que factores exteriores tal vez inevitables, además de las
políticas destructivas de los gobiernos pasados, estén en la raíz de algunos de
los problemas estructurales del sector. Pero no cabe dudas de que el gobierno
nacional con su impuesto y la falta de vigor en el reclamo del gobierno
provincial, están contribuyendo eficazmente a acelerar el proceso de
descomposición y cierran todo resquicio por donde se pueda filtrar
alguna expectativa de esperanza en el futuro.
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