Proponen prohibir por ley el uso de glifosato en Misiones
27/05 08:12
El objetivo de esta norma es evitar el contacto de las poblaciones con plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida que atenten contra la salud.
Tomó estado parlamentario en la sesión del pasado jueves, un proyecto de ley del diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social) que tiene como fin prohibir el uso y comercialización del glifosato en todo el territorio de la provincia de Misiones, como asimismo de todos los agrotóxicos prohibidos a nivel nacional e internacional.
En el proyecto se solicita iniciar una campaña masiva de concientización sobre los efectos nocivos a la salud y el ambiente; al mismo tiempo que se promueve la aplicación de la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica (Ley VIII-68) y se derogue la Ley XVI-31, conocida como Agrotóxicos.
La iniciativa había sido presentada ya en otras ocasiones pero no tuvo aprobación, por eso la insistencia con un nuevo proyecto.
El objetivo de esta norma es “evitar el contacto de las poblaciones de la ciudadanía con plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida que atenten contra su salud; prevenir patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso de plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida y proteger la flora y fauna de la región así como la biodiversidad de nuestros bosques, parques y reservas naturales existentes, incluyendo sus recursos hídricos”, indicó el autor.
El Ministerio de Ecología sería el organismo de aplicación y control, que deberá articular en caso de aprobarse el proyecto con el Ministerio del Agro y la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, el Ministerio de Salud Pública y la Vicegobernación de la provincia a fin de lograr el cumplimiento de la norma.
Entre los fundamentos, Sereno manifestó que se pretende “hacer un abordaje acerca de otros tipos biocidas que se utilizan a veces de manera más habitual de lo que corresponde y sin los cuidados o recaudos necesarios para su utilización, o que directamente por sus efectos nocivos para la salud humana debieran de prohibirse o plantearse controles mucho más estrictos para su utilización a fin de evitar dichas consecuencias nocivas”.
“El enorme número de vidas humanas perdidas por intoxicación por plaguicidas, lo que debe generarnos un alerta y una voluntad de legislar en favor de la protección de los derechos humanos de nuestras comunidades que puedan ser intoxicadas con el uso indebido de estas sustancias, ya sea por contacto directo, por darse fumigación con estas sustancias en cercanías de donde habitan, o por contaminación indirecta o derivada de productos de consumos, cursos de agua, etc”, agregó entre sus fundamentos.
Sostuvo, además, que “en lo que respecta a la protección de nuestro medio ambiente, cabe mencionar que la utilización de plaguicidas peligrosos tiene efectos devastadores desde la contaminación de ecosistemas circundantes a los cultivos fumigados hasta consecuencias ecológicas imprevisibles de la deriva de los residuos o los mismos plaguicidas por tierra, aire o agua. Producen desequilibrios biológicos entre especies predadoras y presas de la cadena alimenticia natural del ecosistema, hay una disminución sustancial en la biodiversidad de los suelos derivando en disminuciones importantes del rendimiento de las cosechas y nuevamente esto redunda en problemas de seguridad alimentaria”.
Expuso además el Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien afirmó que “la exposición a los plaguicidas puede tener repercusiones graves en el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a una alimentación adecuada y derecho a la salud. El derecho a la alimentación obliga a los Estados a aplicar medidas de protección y exigencias en materia de seguridad alimentaria para velar por la seguridad de los alimentos y por que estos estén libres de plaguicidas y resulten cualitativamente adecuados”.
Por su parte, el profesor Alejandro Borgmann del equipo de Agricultura Familiar, expresó la necesidad de que los conocimientos agronómicos que se transmiten en los centros de formación, contemplen toda la dimensión de la agricultura, incluyendo la agroecología, y no solo aquellos conocimientos necesarios para aplicación de paquetes tecnológicos.
Además, la secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, expresó que “el Presidente de la Legislatura tiene muy claro lo que queremos para Misiones, basta señalar la Ley de Agricultura Familiar (VIII-69) y la de Agroecología (VIII-68) donde se expresa que, para Misiones, la agricultura familiar es el modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental. Y que Misiones plantea una Agricultura con agricultores, desde prácticas que no pongan en riesgo la salud humana ni la del planeta”.
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