Conflicto en la comunidad mocoví de Recreo por la explotación de las tierras comunitarias por parte de una firma que cultiva soja. Pese a que la ley lo prohíbe, un sector minoritario de la comunidad Com Caia, encabezado por el cacique Pedro Coria, mantiene negocios con la semillería Denis Stamatti. Fuerte advertencia del Estado provincial.
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Por Ezequiel Nieva
Por Ezequiel Nieva
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La fiebre de la soja desplazó la frontera agrícola, modificó el modelo productivo, favoreció la concentración del negocio en cada vez menos manos y alteró el ambiente a tal punto que los productos químicos que se utilizan para proteger los cultivos han contaminado para siempre las fuentes subterráneas de agua. Y, como si fuera poco, también produjo un cisma al interior de las comunidades originarias que, en la provincia de Santa Fe y desde hace apenas dos años, gozan del beneficio de haber sido formalmente reconocidas como propietarias de un pequeño fragmento de tierra.
La división es patente en la vecina localidad de Recreo, en donde un pequeño grupo de la comunidad mocoví Com Caia –encabezado por el cacique Pedro Coria– mantiene negocios con la semillería Denis Stamatti, firma que explota en forma ilegal casi la totalidad de las 327 hectáreas que desde 2008 pertenecen a los mocovíes. La empresa viene obteniendo, con cada cosecha, rindes de 800 mil pesos. Los dueños legales de las tierras explotadas, nada (a excepción de Coria y los suyos, quienes de todos modos en comparación con la ganancia de la semillería reciben mucho menos que las sobras).
A fines de agosto de 2008, el gobierno provincial formalizó la adjudicación del lote a favor de la comunidad Com Caia (en castellano, “somos hermanos”). Fueron por décadas tierras fiscales muy codiciadas por el hecho de que, a pesar de estar ubicadas cerca del río Salado, poseen una altura que impide que se inunden. Las 327 hectáreas conocidas como “campo San José” están a la altura del kilómetro 491, sobre la ruta nacional 11. Pero los mocovíes ocupan apenas un rincón: el resto, antes y después de la adjudicación, es explotado por Denis Stamatti a partir del acuerdo que mantiene la firma con Coria.
Una ganancia millonaria: Ahora es un negocio ilegal: la ley de adjudicación 12.086 prohíbe que las tierras adjudicadas a los pueblos originarios –una de las aristas que se desprende de la última reforma de la Constitución Nacional, donde se reconoce la preexistencia de las culturas indígenas y sus derechos– sean alquiladas a terceros, sea cual fuere su destino. Pero por más de 20 años la empresa ocupó esos terrenos –valuados en siete millones de dólares– a partir de los sucesivos acuerdos entre Coria y el “cuidador ad honorem” del campo: “Coco” Alcober, tal como se lo conoce en Recreo. La diputada Nidia Goncebat dijo al periódico Cruz del Sur que durante los gobiernos de Jorge Obeid y Carlos Reutemann la firma “ganó millones de pesos” a partir de la explotación de las, por entonces, tierras fiscales.
La fiebre de la soja desplazó la frontera agrícola, modificó el modelo productivo, favoreció la concentración del negocio en cada vez menos manos y alteró el ambiente a tal punto que los productos químicos que se utilizan para proteger los cultivos han contaminado para siempre las fuentes subterráneas de agua. Y, como si fuera poco, también produjo un cisma al interior de las comunidades originarias que, en la provincia de Santa Fe y desde hace apenas dos años, gozan del beneficio de haber sido formalmente reconocidas como propietarias de un pequeño fragmento de tierra.
La división es patente en la vecina localidad de Recreo, en donde un pequeño grupo de la comunidad mocoví Com Caia –encabezado por el cacique Pedro Coria– mantiene negocios con la semillería Denis Stamatti, firma que explota en forma ilegal casi la totalidad de las 327 hectáreas que desde 2008 pertenecen a los mocovíes. La empresa viene obteniendo, con cada cosecha, rindes de 800 mil pesos. Los dueños legales de las tierras explotadas, nada (a excepción de Coria y los suyos, quienes de todos modos en comparación con la ganancia de la semillería reciben mucho menos que las sobras).
A fines de agosto de 2008, el gobierno provincial formalizó la adjudicación del lote a favor de la comunidad Com Caia (en castellano, “somos hermanos”). Fueron por décadas tierras fiscales muy codiciadas por el hecho de que, a pesar de estar ubicadas cerca del río Salado, poseen una altura que impide que se inunden. Las 327 hectáreas conocidas como “campo San José” están a la altura del kilómetro 491, sobre la ruta nacional 11. Pero los mocovíes ocupan apenas un rincón: el resto, antes y después de la adjudicación, es explotado por Denis Stamatti a partir del acuerdo que mantiene la firma con Coria.
Una ganancia millonaria: Ahora es un negocio ilegal: la ley de adjudicación 12.086 prohíbe que las tierras adjudicadas a los pueblos originarios –una de las aristas que se desprende de la última reforma de la Constitución Nacional, donde se reconoce la preexistencia de las culturas indígenas y sus derechos– sean alquiladas a terceros, sea cual fuere su destino. Pero por más de 20 años la empresa ocupó esos terrenos –valuados en siete millones de dólares– a partir de los sucesivos acuerdos entre Coria y el “cuidador ad honorem” del campo: “Coco” Alcober, tal como se lo conoce en Recreo. La diputada Nidia Goncebat dijo al periódico Cruz del Sur que durante los gobiernos de Jorge Obeid y Carlos Reutemann la firma “ganó millones de pesos” a partir de la explotación de las, por entonces, tierras fiscales.
El artículo 8 de la ley 12.086 dice: “Las tierras adjudicadas no podrán ser vendidas ni dadas en garantía y no podrán ser usadas, explotadas o alquiladas por personas que no sean aborígenes”.
Tras la firma del decreto 2.046 (de 2008), con el cual el gobierno provincial terminó de adjudicar el lote a favor de Com Caia, Alcober debió abandonar las tierras y cesar su explotación. Pero a casi dos años de aquella formalidad, nada cambió. Coria y el “cuidador ad honorem” continuaron sus negocios bajo el amparo de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que permite ese tipo de asociaciones de cooperación.
Pero el paso del tiempo dejó al descubierto la maniobra y, ahora, el grueso de la comunidad mocoví se alejó de su cacique. En paralelo, el Ejecutivo provincial estudia medidas para desalojar a la cerealera: a través de una resolución reciente, obligó a Denis Stamatti a presentar las cartas de porte de los últimos dos años para, a partir de esa documentación, establecer cuánta soja extrajeron de esos terrenos y por cuánto dinero. La resolución establece que el productor deberá compensar a la comunidad Com Caia con la mitad de las utilidades obtenidas. Además, la Dirección Provincial de Pueblos Originarios organizó un encuentro nacional de comunidades mocovíes –que se realizará en Santa Fe– para que determinen qué harán con el cacique Coria.
La propiedad comunitaria: El diputado Antonio Riestra, que trabajó junto a la comunidad mocoví asesorándolos, recordó en una entrevista con Pausa que las tierras estuvieron ocupadas por el Ejército hasta mediados de los 80. Cuando los militares se retiraron, comenzaron a ser explotadas por Denis Stamatti, que logró quedar como “cuidador” del campo. “Cuando se asignan las tierras a la comunidad Com Caia, se reproduce el esquema que venía teniendo Stamatti con el Estado”, explicó el legislador.
“A partir de allí surge un acuerdo de la empresa con el referente de la comunidad Com Caia, Coria. Ya van dos años y se han hecho más de dos cosechas por año, seguro. Lo que se reclama es una contabilidad sobre lo producido –que no es poco– y saber cuál fue el acuerdo que se estableció con la comunidad en términos de porcentaje. Pero fundamentalmente, lo que se reclama es que la tierra tenga la asignación específica para la cual fue entregada: esto es constitucional. No solamente no se puede alquilar; además hay que preservar la relación de los pueblos originarios con la tierra, que nunca revistió un carácter económico sino que tiene que ver con una cultura”, agregó Riestra.
Uno de los puntos más difíciles de resolver, sobre el que aún está trabajando la Fiscalía de Estado, es el de la propiedad comunitaria. La intención es dejar asentado, en términos legales y de forma tal que no pueda quedar sujeto a interpretaciones, que la tierra es de la comunidad y que no se puede utilizar según las necesidades del mercado. “No existía dentro del Código Civil una norma que se adecuara a esta forma de propiedad; había que diseñar una forma de propiedad que hablara de lo comunitario y que hablara de la no enajenación de la tierra”, explicó Riestra.
Próximos pasos: En diálogo con Pausa, la secretaria de Regiones, Municipios y Comunas, Mónica Bifarello, comentó que la adjudicación realizada en 2008 es el primer paso de un proceso que se completará con la escrituración de las tierras. Pero, antes, la comunidad Com Caia deberá inscribirse en un registro que se creó en el ámbito de la provincia, cosa que todavía no ocurrió. “Mientras tanto, siguió usufructuando la tierra una persona (Alcober, en nombre de la firma Denis Stamatti) que decía tener un título de cuidador que, en realidad, está caduco. Nosotros lo intimamos varias veces a que se retire”, recordó la funcionaria.
“Estos últimos pasos tratamos de hacerlos en un acuerdo con la comunidad. Lo último que elevamos a Fiscalía es un recurso sobre la necesidad de que esta persona no continúe cultivando la tierra; caso contrario, se le impedirá el ingreso. Como órgano encargado de la adjudicación le estamos solicitando a Fiscalía que esa persona cese de usufructuar el campo porque no tiene ningún título para hacerlo y la ley prohíbe expresamente que las tierras sean explotadas por alguna persona que no sea de la comunidad”, continuó Bifarello.
Advertencia: Para acelerar el registro de Com Caia, que les permitirá obtener la escritura del lote, trabajan en conjunto el gobierno provincial –a través de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas y de la Secretaría de Derechos Humanos– y la Defensoría del Pueblo. El objetivo, al mismo tiempo, es evitar que la cerealera, a través de Alcober, siga sembrando soja en tierras mocovíes. “Él ya lo sabe”, advirtió Bifarello. “Aparentemente ha dicho que se retiraría, pero nosotros queremos cerciorarnos porque tuvimos muchas promesas los años anteriores, pero la persona continuó realizando su actividad productiva”.
–¿Y si no acata la intimación?
–Entonces vamos a ir a la Justicia. Es como cuando en la casa de uno hay un intruso. Hay que resolverlo. Lo primero es tratar, de buenas maneras, que esa persona no continúe con su actividad; de lo contrario, iremos a la Justicia.
Espejos de oro: En Recreo hay malestar. Según publicó Cruz del Sur, un vecino del campo San José contó que le dieron un fajo de dinero “así de grande” (con las manos a una distancia de 20 centímetros entre sí) pero de billetes de dos y cinco pesos. Un familiar agregó que les llevan bolsas de harina y productos alimenticios. Otros integrantes de la comunidad revelaron que “los que están con Coria” recibieron “una motito”.
“Es inentendible que el Estado haya entregado las tierras (a los mocovíes) pero nunca se haya molestado en quitar al usurpador. Cómo es que cualquier empresa invierte miles de pesos para sembrar soja en un lugar que no le pertenece a sabiendas de que la pueden expulsar del lugar y perder toda la cosecha. Alguien tiene que dar explicaciones de qué se hizo con las ocho cosechas que salieron en los dos últimos años”, se quejó Mariana Maglianesi, quien desde el año pasado acompaña a los mocovíes de Recreo.
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Pero el paso del tiempo dejó al descubierto la maniobra y, ahora, el grueso de la comunidad mocoví se alejó de su cacique. En paralelo, el Ejecutivo provincial estudia medidas para desalojar a la cerealera: a través de una resolución reciente, obligó a Denis Stamatti a presentar las cartas de porte de los últimos dos años para, a partir de esa documentación, establecer cuánta soja extrajeron de esos terrenos y por cuánto dinero. La resolución establece que el productor deberá compensar a la comunidad Com Caia con la mitad de las utilidades obtenidas. Además, la Dirección Provincial de Pueblos Originarios organizó un encuentro nacional de comunidades mocovíes –que se realizará en Santa Fe– para que determinen qué harán con el cacique Coria.
La propiedad comunitaria: El diputado Antonio Riestra, que trabajó junto a la comunidad mocoví asesorándolos, recordó en una entrevista con Pausa que las tierras estuvieron ocupadas por el Ejército hasta mediados de los 80. Cuando los militares se retiraron, comenzaron a ser explotadas por Denis Stamatti, que logró quedar como “cuidador” del campo. “Cuando se asignan las tierras a la comunidad Com Caia, se reproduce el esquema que venía teniendo Stamatti con el Estado”, explicó el legislador.
“A partir de allí surge un acuerdo de la empresa con el referente de la comunidad Com Caia, Coria. Ya van dos años y se han hecho más de dos cosechas por año, seguro. Lo que se reclama es una contabilidad sobre lo producido –que no es poco– y saber cuál fue el acuerdo que se estableció con la comunidad en términos de porcentaje. Pero fundamentalmente, lo que se reclama es que la tierra tenga la asignación específica para la cual fue entregada: esto es constitucional. No solamente no se puede alquilar; además hay que preservar la relación de los pueblos originarios con la tierra, que nunca revistió un carácter económico sino que tiene que ver con una cultura”, agregó Riestra.
Uno de los puntos más difíciles de resolver, sobre el que aún está trabajando la Fiscalía de Estado, es el de la propiedad comunitaria. La intención es dejar asentado, en términos legales y de forma tal que no pueda quedar sujeto a interpretaciones, que la tierra es de la comunidad y que no se puede utilizar según las necesidades del mercado. “No existía dentro del Código Civil una norma que se adecuara a esta forma de propiedad; había que diseñar una forma de propiedad que hablara de lo comunitario y que hablara de la no enajenación de la tierra”, explicó Riestra.
Próximos pasos: En diálogo con Pausa, la secretaria de Regiones, Municipios y Comunas, Mónica Bifarello, comentó que la adjudicación realizada en 2008 es el primer paso de un proceso que se completará con la escrituración de las tierras. Pero, antes, la comunidad Com Caia deberá inscribirse en un registro que se creó en el ámbito de la provincia, cosa que todavía no ocurrió. “Mientras tanto, siguió usufructuando la tierra una persona (Alcober, en nombre de la firma Denis Stamatti) que decía tener un título de cuidador que, en realidad, está caduco. Nosotros lo intimamos varias veces a que se retire”, recordó la funcionaria.
“Estos últimos pasos tratamos de hacerlos en un acuerdo con la comunidad. Lo último que elevamos a Fiscalía es un recurso sobre la necesidad de que esta persona no continúe cultivando la tierra; caso contrario, se le impedirá el ingreso. Como órgano encargado de la adjudicación le estamos solicitando a Fiscalía que esa persona cese de usufructuar el campo porque no tiene ningún título para hacerlo y la ley prohíbe expresamente que las tierras sean explotadas por alguna persona que no sea de la comunidad”, continuó Bifarello.
Advertencia: Para acelerar el registro de Com Caia, que les permitirá obtener la escritura del lote, trabajan en conjunto el gobierno provincial –a través de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas y de la Secretaría de Derechos Humanos– y la Defensoría del Pueblo. El objetivo, al mismo tiempo, es evitar que la cerealera, a través de Alcober, siga sembrando soja en tierras mocovíes. “Él ya lo sabe”, advirtió Bifarello. “Aparentemente ha dicho que se retiraría, pero nosotros queremos cerciorarnos porque tuvimos muchas promesas los años anteriores, pero la persona continuó realizando su actividad productiva”.
–¿Y si no acata la intimación?
–Entonces vamos a ir a la Justicia. Es como cuando en la casa de uno hay un intruso. Hay que resolverlo. Lo primero es tratar, de buenas maneras, que esa persona no continúe con su actividad; de lo contrario, iremos a la Justicia.
Espejos de oro: En Recreo hay malestar. Según publicó Cruz del Sur, un vecino del campo San José contó que le dieron un fajo de dinero “así de grande” (con las manos a una distancia de 20 centímetros entre sí) pero de billetes de dos y cinco pesos. Un familiar agregó que les llevan bolsas de harina y productos alimenticios. Otros integrantes de la comunidad revelaron que “los que están con Coria” recibieron “una motito”.
“Es inentendible que el Estado haya entregado las tierras (a los mocovíes) pero nunca se haya molestado en quitar al usurpador. Cómo es que cualquier empresa invierte miles de pesos para sembrar soja en un lugar que no le pertenece a sabiendas de que la pueden expulsar del lugar y perder toda la cosecha. Alguien tiene que dar explicaciones de qué se hizo con las ocho cosechas que salieron en los dos últimos años”, se quejó Mariana Maglianesi, quien desde el año pasado acompaña a los mocovíes de Recreo.
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(*) Periódico Pausa Nº 56, Santa Fe, viernes 11 de junio de 2010.
Fuente: AsociacióN Argentina de Periodistas Ambientales (AAPA)-Medio&medio
Publicado por ECOS DE ROMANG estamos en facebook
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