La Corte le impidió a San Luis expropiar un parque nacional
13/10/10
Por Sibila Camps
LAS QUIJADAS. EL PARQUE NACIONAL DE SAN LUIS QUE ES MOTIVO DE DISPUTA.
El gobernador Alberto Rodríguez Saá había previsto una fecha simbólica como el 12 de octubre, para desalojar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas –el único de San Luis– y entregárselo a integrantes del pueblo huarpe que viven en la capital puntana. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación respondió a tiempo y le ordenó no innovar.
Situado en el noroeste de la provincia, el parque fue creado en 1991, para conservar ambientes representativos del Chaco árido y del monte, y para preservar sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Fue Adolfo Rodríguez Saá, entonces gobernador y hermano del actual, quien firmó la cesión de las 73.534 hectáreas, compradas a los particulares íntegramente con fondos de la Administración de Parques Nacionales (APN), tras la sanción de una ley nacional.
Pero el 28 de julio pasado, la Cámara de Diputados de San Luis votó la expropiación del parque , manteniéndolo como área protegida, para restituirlo “a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis”. Según la ley V-0721, el Estado nacional debía considerarse compensado con las deudas que mantendría con la provincia.
El 8 de agosto, APN solicitó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación . Y el 7 de octubre pidió la revocación del desalojo ante la Justicia Federal de San Luis.
APN mantiene una política de creciente integración con las comunidades indígenas que viven dentro o en la periferia de los parques nacionales. En el Lanín se estableció un comanejo con las comunidades mapuche, que administran varios servicios. Emprendimientos menores se comparten con los avá guaraní en Calilegua, y con los mbyá guaraní en Iguazú. Más aún: en Sierra de las Quijadas vive una comunidad huarpe, en Guanacache, aunque sin relación con el gobierno provincial.
Ayer, la Corte resolvió que la ley V-0721 no podrá ejecutarse. Además pidió al Juzgado Federal de San Luis remitirle las actuaciones, ya que la causa es de competencia originaria del Supremo Tribunal.
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