Alma de Nogal : Los Chalchaleros

lunes, 23 de enero de 2017

GLIFOSATO: 2017, ANNO DECISIVO PER DIRE STOP ALL’ERBICIDA CANCEROGENO


GLIFOSATO: 2017, ANNO DECISIVO PER DIRE STOP ALL’ERBICIDA CANCEROGENO
i prossimi mesi.stop glifosato

https://www.greenme.it/informarsi/agricoltura/22694-glifosato-ice

Glifosato: 2017, anno decisivo per dire stop all’erbicida cancerogeno. Entro dicembre 2017, infatti, il Parlamento Europeo dovrà  esprimersi definitivamente sull’autorizzazione al suo utilizzo.
Contro l’uso di questa sostanza pericolosa per l’ambiente e la salute  sono nati in tutta Europa movimenti spontanei, alcuni dei quali si  sono messi in rete per lanciare un ICE (iniziativa dei cittadini  europei) che spinga il parlamento europeo a vietare l’uso del  glisofato, a modificare le procedure per le autorizzazioni all’uso dei  pesticidi, nell’ottica di costruire un futuro libero dai pesticidi e  più sostenibile.  In tutta Europa dovranno essere raccolte almeno un milione di firme.

Anche per questo, la Campagna Stop Glifosato, a cui anche GreenMe aderisce, sta fissando obiettivi ben precisi per i prossimi mesi.
Come sottolineano gli organizzatori, il 2017 sarà l’anno decisivo per quanto riguarda ilrinnovo dell’autorizzazione del glifosato a livello europeo prorogata alla fine del 2017in attesa del parere dell’ECHA, l'Agenzia Chimica Europea.
Nel mese di dicembre 2016, a seguito delladecisione molto importante della Regione Calabria, che per prima ha deciso di escludere dai premi del PSR le aziende che fanno uso di glifosato eliminandolo dai disciplinari di produzione integrata con delibera 461/2016 con il gruppo di coordinamento della coalizione abbiamo provveduto a scrivere una lettera a firma della portavoce della coalizione, a tutti i Presidenti di Regione e agli Assessori regionali all’agricoltura per chiedere di assumere analoghi provvedimenti nelle loro Regioni.
L’iniziativa della Calabria, di cui vi avevamo parlato alcune settimane fa, è infatti molto importante perché rappresenta proprio uno degli obiettivi che la Coalizione Stop Glfosato ha richiesto fin dall’inizio alle Regioni e rappresenta un passo concreto molto importante verso l’obiettivo “Glifosato Zero”. Per il momento comunque dalle Regioni la coalizione Stop Glifosato non ha ricevuto nessuna risposta.
Leggi anche: CALABRIA, LA REGIONE CHE HA VINTO LA BATTAGLIA CONTRO IL GLIFOSATOato accettato dalla Commissione europea e il prossimo 25 gennaio sarà ufficialmente  registrato. Da quel momento sarà tecnicamente possibile raccogliere le firme.
Continuate a seguirci per restare aggiornati.
Firma qui la petizione per dire stop al glifosato.
Marta Albè

Vecinos de Ranchillos denuncian la muerte de pollos y gallinas a causa de los agroquímicos. m.d24ar.com

Tucumán

Vecinos de Ranchillos denuncian la muerte de pollos y gallinas a causa de los agroquímicos

Aseguran además que fumigaron a 4 o 5 metros del barrio donde viven, poniendo en riesgo la salud de ellos y de sus animales. Los agrotóxicos son uno de los principales problemas ambientales que aquejan a nuestro país.
Vecinos de la localidad de Ranchillos -ubicada en el departamento de Cruz Alta- denuncian que sus animales murieron debido a los agroquímicos que utilizan los sojeros para fumigar en los campos aledaños a sus viviendas. También aseguran que el agua de la zona está contaminada.

"En Ranchillos fumigaron a 4 o 5 metros de distancia de nuestro barrio. El sembrado de soja está en el límite de nuestras viviendas. Ese veneno nos mata nuestros pollitos y gallinas, que son nuestro sustento", denunció Ariel Fernández, en referencia a los agroquímicos que se utilizan en el cultivo de la soja. "No tienen miramientos con nada", agregó en la publicación de Facebook, donde también muestra una foto con todas sus gallinas muertas.

La publicación se viralizó rápidamente y generó indignación en los usuarios de Facebook. Otros vecinos animaron a denunciar otras consecuencias que generan los agroquímicos en la zona, como la contaminación del agua. "Eso no es nada el agua está totalmente contaminada, trabajo a tres kilómetros de ranchillos, no podés tomar agua de los caños xk están contaminada, fumigan a metros de las escuelas y nadie puede decir nada", denunció Daniela Cardozo.

Un estudio realizado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), reveló que el consumo de agroquímicos y fertilizantes creció un 47,1% en el acumulado a noviembre del año 2016, respecto al mismo período del 2015. Al mismo tiempo, la producción tuvo un incremento del 10,5%.

Entre los agroquímicos usados en la producción de soja el más importante es el glifosato, que en Argentina se comercializa en bajo del nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto. El Observatorio Socioambiental de la Soja denuncia en su sitio observatoriosoja.org que actualmente en América del Sur se aplican, en promedio, 15 litros de glifosato por hectárea por año. En nuestro país, esa cifra es de 12 litros y en muchos casos “potenciados” con otros herbicidas como graminicidas u hormonales. 

"En el año 2009, dada la creciente preocupación por la extensión en la aplicación de glifosato, y en particular por las denuncias sobre intoxicaciones en Ituzaingó, Prov. de Córboba, se creó la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos (CNIA). Uno de los puntos más débiles de la legislación son los mecanismos de control, ya que en muchos casos los problemas se producen por el uso de sustancias autorizadas, pero de maneras no previstas por las regulaciones", aseguran desde el Observatorio Socioambiental de la Soja . 

Actualmente, están comprobados los graves efectos que tienen el uso de agroquímicos para la salud y la biodiversidad. La Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina (RAP-AL) asegura que "los plaguicidas se encuentran virtualmente en todos los hábitats naturales, incluyendo aquellos donde nunca se han aplicado. Tienen graves efectos negativos en la flora y la fauna, la biodiversidad, el agua, los recursos, el funcionamiento de los ecosistemas y el equilibrio de los sistemas agrícolas".

Algunos de los efectos que generan en la salud plaguicidas como el glifosato y endosulfán, según esta ONG, son deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias.

TUCUMÁN
En Ranchillos fumigaron a 4 o 5 metros de distancia de nuestro barrio. El sembrado de soja está en el límite de nuestras viviendas. Ese veneno nos mata nuestros pollitos y gallinas, que son nuestro sustento. No tienen miramientos con nada.

En Pereira matan árboles con glifosato. www.eldiario.com.co

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En Pereira matan árboles con glifosato
Publicado 22/01/2017

La capital risaraldense tiene un significativo déficit de árboles por cada habitante, problemática que se ha venido atacando con la siembra de estos seres vivos en varios sectores de la ciudad.


Sin embargo, la falta de árboles no se debe solo a inexistencia de estos, también por la inconciencia de algunas personas que al parecer no entienden la importancia de contar con estos seres y los matan.



Este es el caso de una acacia amarilla, ubicada en la carrera 7a. entre calles 26 y 27, que apareció seca hace algunos días cuando hace algunas semanas se encontraba florecida.



El director operativo de la dirección Parques y Arborización de Pereira, Gustavo Cardona, señaló que cuando se hizo la inspección al árbol, se encontró un recipiente que contenía glifosato, herbicida que seca estos seres vivos.



Estas es otra práctica en contra del medio ambiente que se detecta en la capital risaraldense, teniendo en cuenta que también se ha identificado que hay personas que están hurtando los árboles y otros que los talan sin ninguna autorización.



Hay que tener presente que en caso de que un árbol ponga en riesgo una vivienda o presente riesgo para los peatones, se puede solicitar la tala del mismo, pero no hacerlo uno mismo.



Los árboles en el área urbana no están solo para embellecer la ciudad, también cumplen un propósito ambiental, porque estos son los que transforman el CO2 que producimos los seres humanos.



Igualmente, en sitios como la carrera 7a. los árboles son vitales para disminuir la sensación de calor, ya que  proporcionan sombra a los miles de peatones que transitan por esa zona de la ciudad.


Siembra
La meta de la Alcaldía de Pereira es lograr la siembra de 40.000 árboles en el espacio público, teniendo en cuenta que en el 2016 se plantaron 10.000 de estos seres vivos como parte del programa ‘El que planta, encanta’.

En lo corrido del año ya se han llevado a cabo siembras en sectores como el Viaducto y Ciudad Boquía. Así mismo hay que destacar el seguimiento que se hace a estos seres vivos plantados bajo la iniciativa re-re.
 

Escándalo por agroquímicos: encuentran glifosato en vecinos y agua de Pergamino. http://infocielo.com/

Escándalo por agroquímicos: encuentran glifosato en vecinos y agua de Pergamino


Las Facultades de Agronomía y de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) hicieron análisis sobre 149 voluntarios. En los arroyos se encontró contaminación en bajos niveles.


El debate sobre la ley de agroquímicos en la Provincia puso sobre la mesa la problemática de la contaminación y la precarización de la vida de millones de bonaerenses. En un territorio con preponderancia agrícola, el uso de químicos para fumigación se vuelve una afección corriente en varios distritos del interior.
En Pergamino, por ejemplo, se detectó existencia de glifosato en personas y ríos, lo que prendió la luz de alarma en las organizaciones ambientalistas y el estado. Los datos fueron extraídos de un informe realizado por las Facultades de Agronomía y de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El muestreo constó en exámenes epidemiológicos y toxicológicos realizados a 149 voluntarios. Los estudios dieron constancia de restos de glifosato debido a la exposición a insecticidas asociada al uso doméstico de productos, al tiempo que reafirmaron que la población “no expuesta” es la que presenta mayores dificultades respiratorias.
La investigación fue llevada a cabo entre 2014 y 2015 a partir del financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
Según consigna El Federal, el ingeniero Eduardo Pagano, investigador responsable del proyecto, aseguró durante un debate en el Concejo Deliberante que el objetivo del trabajo fue “obtener una perspectiva que contribuya a la toma de decisiones para proteger la salud y el ambiente, a partir de la aplicación de buenas prácticas agrícolas para lograr que los productos alimentarios no afecten la salud ni la seguridad alimentaria de la población”.
Los análisis hídricos fueron realizados en la confluencia del Botija y el arroyo Pergamino hasta el puente de la ruta nacional Nº8. Además se tomaron muestras de una zona más al norte del Partido.
Los investigadores señalaron que se han encontrado dichos compuestos en algunas muestras de la red de agua potable, aunque aclararon que se daba en niveles bajos. Además aclararon que el arroyo Pergamino se encuentra más contaminado que el Botija.
“El 68% de los voluntarios del estudio comentaron padecer algún problema de salud. El 60% tenía diagnóstico y seguimiento médico; y entre las patologías prevalentes aparecieron la hipertensión, alergias y problemas respiratorios. El 75% de los voluntarios consume medicamentos en forma habitual y el 30 por ciento se automedica”, aseguró la doctora María Irigoyen, integrante del equipo.

Argentina - San Luis: Sorpresa por un proyecto de ley que endurece requisitos para aplicar agroquímicos. www.biodiversidadla.org

Argentina - San Luis: Sorpresa por un proyecto de ley que endurece requisitos para aplicar agroquímicos

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Agrotóxicos
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_-_San_Luis_Sorpresa_por_un_proyecto_de_ley_que_endurece_requisitos_para_aplicar_agroquimicos
"El proyecto ingreso al Senado de San Luis el 11 de noviembre, pero recién se conoció ayer a través de varios asesores agronómicos de grandes empresas agropecuarias de San Luis, molestos por la falta de difusión y porque sorpresivamente no se consultó a la Coprosave".
Con el mayor de los sigilos y sin consultar a la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave), el gobierno presentó hace casi un mes un proyecto de ley que establece la prohibición de la aplicación en cultivos de glifosato y “herbicidas equiparables y/o cualquier tipo de agroquímicos” en zonas ubicadas a una distancia menor de 1.500 metros del límite de los centros urbanos.
También prohíbe la aplicación de esos agroquímicos en zonas ubicadas a una distancia menor a 300 metros de toda casa o recinto habitado y ubicado en áreas rurales, mientras que establece que todo productor, propietario, usufructuario, aplicador y persona jurídicamente responsable de un inmueble en el cual se apliquen glifosato u otros herbicidas “será solidariamente responsable de los daños ocasionados por violación de la presente ley”.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, quien además será el responsable de elaborar la reglamentación de este proyecto en caso de convertirse en ley.
El proyecto ingreso al Senado de San Luis el 11 de noviembre, pero recién se conoció ayer a través de varios asesores agronómicos de grandes empresas agropecuarias de San Luis, molestos por la falta de difusión y porque sorpresivamente no se consultó a la Coprosave, un ente creado por el mismo gobierno presidido por la cartera ministerial e integrado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias; el Colegio de Ingenieros Agrónomos y las sociedades rurales de la provincia.
La iniciativa contempla duras sanciones para quienes incumplan la norma: entre el 10% y el 50% del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción; incautación definitiva de vehículos utilizados en ocasión de cometer la infracción; inhabilitación para gestionar trámites administrativos para transportar y vender el producto cosechado, entre otras multas que definirá la cartera que hoy conduce Cristian Moleker.
El proyecto del gobierno guarda similitudes con el que recientemente presento ante la Cámara de Diputados de la Nación Luis Lusquiños, legislador de Compromiso Federal por San Luis, cuyos fundamentos están cargados de conceptos erróneos, carentes de todo fundamento científico y de afirmaciones irresponsables, según coincidentes opiniones de expertos consultados por El Semiárido.
El legislador puntano propone subir de 200 a 500 metros el límite para fumigar por tierra cerca de centros urbanos y de mil metros si es por avión, además de obligar a municipios y productores a plantar costosísimas cortinas forestales.
Pero las objeciones están dirigidas mayormente a los argumentos, entre los que afirma que la deforestación y el monocultivo de soja “han transformado lo que antes era enormes hábitat de gran diversidad en terrenos baldíos saturados de agroquímicos, con plantas que sólo se sostienen por la actuación humana, hasta el momento de la cosecha”.
Un concepto vago y hasta temerario. A lo sumo habrá algunos lotes “saturados de agroquímicos”, que sin embargo su ubicación no está citada en el proyecto de ley. Terrenos baldíos saturados de agroquímicos, un término poco feliz, ya que debe explicar qué agroquímicos están presentes, en qué sitios y en qué concentración afectando suelo o agua, qué daños han hecho estas sustancias, no cita ninguna fuente, por lo cual esta afirmación carece de toda seriedad.
El proyecto vuelve sobre un debate que parecía superado: “La desertificación y el desmonte surgidos como consecuencia del cambio de uso de suelo para producción de soja, provocan, entre otros, desequilibrios en el sistema de absorción de agua de la tierra. Una de las principales y más visibles consecuencias son las inundaciones que están afectando gravemente a numerosas provincias del país”.
El siguiente es el texto completo de la iniciativa presentada en el Senado provincial:
FUNDAMENTOS
El objetivo del presente proyecto es proteger la salud y la vida humana y el medio ambiente, como asimismo contribuir a revertir el proceso de desertificación y deforestación que existe en el territorio provincial, al igual que en el resto del país, producido o agravado por la consolidación del modelo agrícola actual, comúnmente llamado “agronegocio”, en el cual la utilización de la soja genéticamente modificada (transgénica) reviste importancia superlativa. A tales fines resulta imperioso regular la distancia mínima, a contar desde los centros urbanos o recintos habitados en áreas rurales, para la aplicación de productos químicos naturales o sintéticos usados en la actividad agrícola (agroquímicos), como herbicidas (entre ellos, el glifosato), insecticidas, fungicidas, acaricidas, fertilizantes y fitohormonas, que este sistema demanda.-
Dicho modelo provoca un corrimiento de las tradicionales fronteras agrícolas, siendo la expansión del monocultivo de soja al mismo tiempo causa y efecto de ello, lo cual conlleva que se incremente el desmonte de bosques nativos, coadyuvando a la degradación de los suelos y provocando desequilibrios en el sistema de absorción de agua entre otras consecuencias, como resultó evidente en la Cuenca de El Morro en nuestra provincia, con implicancias negativas para el desarrollo de la vida humana y el medio ambiente, cuestiones que en definitiva dieron lugar a la reciente sanción de la Ley Nº IX-0939-2016 “Emergencia Pública en Materia Ambiental en el ámbito de la Cuenca El Morro y su Área de Influencia”.-
La agricultura utiliza una gran proporción de tierra, más que ninguna otra actividad humana. A su vez, esta se encuentra asociada con la utilización de paquetes tecnológicos que involucran la aplicación de gran variedad de compuestos y en cantidades cada vez más grandes de formulaciones comerciales de pesticidas, ya sea solos o combinados. Estos pesticidas agravan los impactos negativos de la deforestación y/o el mal manejo de los suelos ya que los herbicidas, por ejemplo, impiden el crecimiento de cualquier clase de plantaciones distintas de los transgénicos, que podrían absorber el agua en ausencia de los árboles de bosques nativos talados.-
Estudios científicos han establecido las dosis letales de los agroquímicos para distintos organismos; y en el análisis de efectos subletales producidos por exposiciones crónicas a los pesticidas se evidenciaron, entre otros, alteraciones metabólicas, irritaciones de vías respiratorias, dermatitis, afectaciones del sistema digestivo, alteraciones reproductivas, debilitación del sistema inmunológico.-
Ciertos pesticidas tienen potencial para alterar la acción de las hormonas tiroideas en los organismos. La exposición puede alterar su producción o descomposición o modular la función de la hormona llevando a alteraciones en procesos de desarrollo u homeostasis. Muchos pesticidas pueden permanecer por décadas luego de su exposición. Asimismo existen herbicidas que debido a su alta solubilidad y baja adsorción al suelo alcanzan rápidamente los cuerpos de agua mediante escorrentía superficial.-
Según un informe de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), en el año 2012 en la Argentina, el 64,26% de los pesticidas facturados fueron los herbicidas, y de ellos el glifosato tuvo un aumento del 24% en formulaciones sobre todo más concentradas.-
La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC es su sigla en inglés) evaluó la carcinogenicidad del glifosato, entre otros insecticidas y en marzo de 2015 lo reclasificó como “probablemente cancerígenos para los seres humanos”; este herbicida de amplio espectro, el más utilizado para el cultivo de soja, elimina toda planta que pueda competir con los transgénicos, los cuales están modificados genéticamente para ser resistentes al glifosato. Asimismo, el uso de glifosato en predios con mal manejo de suelos y/o con inadecuada rotación de cultivos contribuye a generar deterioro físico y químico del suelo, alteración del balance hídrico y desestabilización de cuencas.-
Cuando se analizan los desbalances hídricos, sus causas y las consecuencias que padecen las personas humanas, no puede soslayarse la incidencia gravitante que tiene el modelo agrícola imperante, como asimismo el uso en los cultivos del glifosato y/o herbicidas equivalentes y demás agroquímicos, con consecuencias negativas para la salud y el medio ambiente, como quedó evidenciado en la referida cuenca. Sin perjuicio de los ciclos naturales del planeta, no puede desconocerse la responsabilidad indelegable de la humanidad en la producción o agravamiento de estos desequilibrios, y en consecuencia el deber de adoptar medidas urgentes para paliar los daños derivados de los mismos y de promover el mayor grado de protección de la vida planetaria.-
El accionar del Estado Provincial y de los gobiernos locales en materias que involucran la vida humana y al medio ambiente debe considerar y asegurar el cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional y 47 de la Carta Magna Provincial. Al respecto cabe recordar que éste último, en su parte pertinente, consigna que “Los habitantes tienen derecho a un ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equilibrado y, el deber de conservarlo. Corresponde al Estado Provincial prevenir y controlar la contaminación y sus efectos y las formas perjudiciales de erosión; ordenar el espacio territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente equilibrados… El Estado debe promover la mejora progresiva de la calidad de vida de todos los habitantes de la Provincia”.-
Resulta menester mencionar que los actos y hechos que se realicen o acontezcan en el territorio provincial en relación a los cultivos de soja o semillas cuya utilización requieran la aplicación de glifosato y/o herbicidas equivalentes y/u otros agroquímicos y que impacten de cualquier manera en la salud de las personas humanas, los animales y/o el ambiente deben ajustarse al bloque normativo conformado básicamente por los Tratados de Derechos Humanos con rango constitucional, la Constitución Nacional y Provincial, las leyes nacionales N° 25.675 “Ley General del Ambiente”, Nº 24.051 “Residuos Peligrosos”, N° 26.331 “Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, Nº 22.428 “Fomento a la Conservación de los Suelos” y leyes provinciales Nº IX-0315-2004 “Ley de Protección y Conservación de Suelos”, Nº IX-0319-2004 “Ley de Actividad Forestal”, Nº IX-0335-2004 “Residuos Peligrosos. Adhesión a Ley Nacional Nº 24.051”, Nº IX-0320-2004 “Agroquímicos. Regulación de Uso”, Nº I-0648-2008 “Plan Estratégico de Visión Inteligente Territorial y Ambiental (Plan Evita), N° IX-0697-2009 “Bosques Nativos de la Provincia de San Luis”, Nº IX-0749-2010 Plan Maestro Ambiental: “Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente – Estrategia 2010-2020”, Nº IX-0876-2013 “Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” y demás normas complementarias y reglamentarias.-
Asimismo el presente proyecto se enmarca, en particular, en lo dispuesto por los Artículos 35 y 47 de la Constitución Provincial, por cuanto la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común; siendo obligación del Estado Provincial prevenir y controlar la contaminación y sus efectos y las formas perjudiciales de erosión, como asimismo ordenar el espacio territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente equilibrados.-
Dichos preceptos constitucionales deben interpretarse sistemática y armoniosamente con los tratados de Derechos Humanos incorporados en el art. 75 inciso 22 de la CN y con el nuevo artículo 240 del Código Civil y Comercial, resultando así que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes involucrados en la presente norma deben ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva -como el derecho a un ambiente humano de vida salubre y, ecológicamente equilibrado- y conformarse a las normas del derecho administrativo local dictadas en interés público y sin que afecten la salud humana o el medio amiente.-
La ley General del Ambiente supra aludida determina, entre otras cuestiones, los principios a partir de los cuales debe interpretarse y ejecutarse la política ambiental en Argentina, siendo éstos conceptualmente directivas que sirven de justificativo racional de todo el ordenamiento jurídico, como lo tiene dicho la CSJN, en voto de los doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco y Fayt (Fallos:333:1849) en ocasión de analizar la aplicación del principio precautorio, afirmando que “como principio jurídico de derecho sustantivo, es una guía de conducta”.-
Dicho principio precautorio nos indica que la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, cuando haya peligro de daño grave o irreversible de degradación del medio ambiente. Haciendo un aplicación del mismo, en el caso “Peralta, Viviana c. Municipalidad de San Jorge y otros s. amparo” (Expte. N° 208 – Año 2009), tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 11, en lo Civil, Comercial y Laboral de San Jorge, provincia de Santa Fe, se dispuso continuar con la prohibición de fumigación impuesta oportunamente destacándose que la “duda relevante” opera en tal sentido.-
Asimismo, el principio de “progresividad” consagrado en dicha ley General del Ambiente, implica gradualidad en el logro de los compromisos ambientales asumidos, es decir que deben cumplirse los objetivos de a poco pero de forma tal que el resultado sea perdurable. En tal inteligencia, no debe menguarse el grado de satisfacción alcanzado, lo que conlleva la consagración -en los hechos- de lo que se conoce en el mundo jurídico como principio de “no regresión”, el cual involucra una limitación sobre los poderes legislativo y ejecutivo, pues les impide la adopción de normas que disminuyan el nivel de protección del ambiente alcanzado.-
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires con fecha 24 de septiembre de 2014, en autos “Picorelli Jorge Omar y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Inconst. ord. Nº 21.296” ordenó la suspensión de una Ordenanza del municipio de General Pueyrredón, por la cual se eliminaba la zona de seguridad prevista en una norma anterior que establecía un radio de mil (1.000) metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales y en la totalidad de la planta urbana, en la que se prohibía la utilización de cualquier producto químico y/o biológico de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes.-
Si bien es cierto que en el país este último principio no se encuentra consagrado expresamente en una ley, también lo es que su existencia se reconoce sin lugar a dudas, habiéndose definido internacionalmente, sosteniéndose en definitiva que la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicase ir hacia atrás respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad.-
En la conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible llevada a cabo en el año 2012 en Rio de Janeiro, Brasil, conocida comúnmente como “Rio +20”, en atención al principio de no regresión, se reconoció que desde 1992 en algunos aspectos del desarrollo sostenible se han registrado contratiempos por lo que resulta esencial no dar marcha atrás en el compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.-
Sin perjuicio de lo expuesto y considerando lo normado en el artículo 2° del Código Civil y Comercial de la Nación, cabe destacar que el principio de no regresión resultaría aplicable en virtud de lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 5. 2 dice: “No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”.-
La provincia regula cuestiones atinentes a la aplicación de agroquímicos mediante la ley Nº IX-0320-2004 “Agroquímicos. Regulación de uso” y su Decreto reglamentario Nº 1962-MdelC-2014, considerándose agroquímicos a las sustancias y/o productos fitosanitarios de uso agrícola capaces de producir daño a la salud de las personas, al ambiente o a las instalaciones; remitiendo a las categorías definidas por la Organización Mundial de la Salud. En dicha reglamentación, al igual que en otras provincias, se definen distancias de aplicación considerando, entre otros factores, la clase toxicológica de los agroquímicos. No obstante la regulación de distancias de aplicación no se encuentra incorporada en la ley.-
Cabe destacar que las legislaciones de otras provincias contemplan diferentes distancias para la aplicación de agroquímicos, evidenciando la necesidad de establecer condiciones mínimas en protección de la salud y vida humana y del medio ambiente, sin limitar la posibilidad de ampliarlas en función del bien común.-
En este contexto deben adoptarse medidas que otorguen el máximo nivel de protección y goce de derechos constitucionales a todos los habitantes de la provincia, con clara pretensión de consagración de normas similares para todo el territorio nacional. Al respecto se estima oportuno fijar distancias mínimas para la aplicación de glifosato o cualquier herbicida equivalente y/o demás agroquímicos contemplados en normas existentes o que se dicten en el futuro, definiendo como parámetro su potencial incidencia sobre centros poblados y sobre los habitantes de zonas rurales, aportando elementos normativos para lograr un diálogo perdurable entre progreso y medio ambiente, sin comprometer la vida y el desarrollo humano y del resto de las especies animales y vegetales; es decir poniendo en el eje de la regulación a la persona humana y al medio ambiente. En tal sentido resulta también razonable fijar menores distancias de aplicación sobre zonas rurales, en la medida que se asegure la evacuación preventiva de sus habitantes y los controles posteriores que garanticen la permanencia de la personas en sus hogares sin riesgos potenciales para su salud, observando así el reconocimiento de derechos e interpretación del alcance de los principios legales efectuados por tribunales de nuestro país en reiterados pronunciamientos, en causas vinculadas con las materias aquí tratadas.-
Consecuentemente debe establecerse un régimen sancionatorio, con la finalidad de garantizar el acatamiento al orden normativo en pos de proteger la vida y la salud humana y el medio ambiente, determinándose la solidaridad de las personas responsables de los inmuebles donde se apliquen glifosato u otros herbicidas equiparables y/o cualquier tipo de agroquímicos. Ello asegurará el máximo nivel de compromiso y control social de dichas personas.-
En relación a la problemática planteada, debe destacarse que está previsto para finales de este año 2016, en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, el inicio del primer juicio oral en el país por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en concurso real, por el fallecimiento de un niño de cuatro (4) años, y el daño sufrido por una niña que al momento del hecho tenía seis (6) años, ambos intoxicados con un reconocido agroquímico.-
El presente proyecto contribuye a hacer efectivo el Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente antes citado, cuyo artículo 1º aprueba un decálogo de declaraciones y principios que resultan atendibles para su interpretación y aplicación así como en toda norma complementaria que se dicte y/o en las políticas que en consecuencia se implementen, recordándose que la declaración Segunda reza “2. La vida del hombre se nutre de los dones de la naturaleza. Su protección es un derecho”, la Tercera dice “3. La inteligencia del hombre y la lógica de la naturaleza deben entrar en diálogo y asociarse: Ésta es la Paz entre el derecho al progreso y el derecho a un ambiente sano”; y en la Novena y Décima se consagra “9. Con esta Paz recompondremos el ambiente dañado y haremos la prevención y la contención de catástrofes ambientales; 10 Bajo esta bandera de Paz los ciudadanos y los gobiernos educaremos a nuestros hijos y ordenaremos nuestras actividades. Conservaremos así un planeta habitable para las generaciones futuras”.-
Atento a las consideraciones vertidas, resulta necesario establecer distancias generales mínimas para el uso del glifosato o herbicidas equivalentes y/o de los agroquímicos contemplados en normas preexistentes, teniendo en cuenta sus efectos sobre la salud humana para no comprometer la vida de las personas ni agravar las condiciones del territorio productivo provincial y del medio ambiente, encaminándose hacia sistemas productivos sustentables que armonicen la tutela del ambiente y el desarrollo humano y económico, de manera que los recursos naturales puedan usufructuarse en el presente sin comprometer a las generaciones futuras.-
Por todo lo antes expuesto se solicita a los señores Legisladores que apoyen y aprueben el presente proyecto de Ley.-
EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY
DISTANCIAS MÍNIMAS PARA APLICACIÓN DE GLIFOSATO, HERBICIDAS EQUIPARABLES Y/O AGROQUÍMICOS EN TODO TIPO DE CULTIVOS PRODUCTIVOS
ARTÍCULO 1°.- Prohíbase la aplicación en cultivos productivos de glifosato y/o herbicidas equiparables y/o cualquier tipo de agroquímicos en zonas ubicadas a una distancia menor de mil quinientos metros (1.500 mts) del límite de los centros urbanos o desde la última línea de edificación de centros poblados o espacios públicos definidos por los Municipios. Ante la falta de delimitación municipal se considerará última línea de edificación a la última calle pública del trazado urbano.-
ARTÍCULO 2°.- Prohíbase la aplicación en cultivos productivos de glifosato y/o herbicidas equiparables y/o cualquier tipo de agroquímicos en zonas ubicadas a una distancia menor a trescientos metros (300 mts) de toda casa o recinto habitado y ubicado en áreas rurales. Establézcase que para efectuarse la aplicación de dichos productos o sustancias a una distancia mayor a la referida y hasta el límite mínimo previsto en el artículo anterior, deberá evacuarse preventivamente a sus habitantes por el tiempo que resulte necesario para evitar cualquier riesgo de contaminación o envenenamiento. La Autoridad de Aplicación reglamentará el mecanismo para realizar las evacuaciones de manera eficaz y eficiente, debiéndose garantizar en todos los casos, por las personas jurídicamente responsables de los inmuebles y/o cultivos donde se realizan las aplicaciones, el traslado y acceso sin costo a lugares de residencia transitoria.-
ARTÍCULO 3º.- Las distancias mínimas establecidas en los artículos anteriores podrán ampliarse por el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación y por los Municipios, conforme las respectivas competencias, de manera fundada y atendiendo a la protección de la vida humana y del medio ambiente.-
ARTÍCULO 4º.- Prohíbase la disminución de cualquier distancia o medida de restricción de uso o aplicación de glifosato u otros herbicidas equiparables y/o cualquier tipo de agroquímicos, establecida en la normativa vigente, como asimismo la regresión en cualquier estándar ambiental alcanzado en la provincia, debiendo la Autoridad de Aplicación armonizar las diferentes normas a través de sus reglamentaciones.-
ARTÍCULO 5º.- Todo productor, propietario, usufructuario, aplicador y/o persona jurídicamente responsable de un inmueble en el cual se apliquen glifosato u otros herbicidas equiparables y/o cualquier tipo de agroquímicos será solidariamente responsable de los daños ocasionados por violación de la presente Ley.-
ARTÍCULO 6º.- El incumplimiento de la Ley, su reglamentación y demás normas complementarias será sancionado con: a) apercibimiento; b) multa, que será determinada por la Autoridad de Aplicación, debiendo graduarse atendiendo a la gravedad de la infracción y al carácter de reincidente, entre el diez por ciento (10%) y cincuenta por ciento (50%) del valor fiscal del inmueble en el que se haya cometido la infracción; c) incautación definitiva de vehículos utilizados en ocasión de cometer la infracción; d) inhabilitación para gestionar trámites administrativos a los fines de transportar y/o vender el producto cosechado en el inmueble en el que se haya cometido la infracción, sin que ello afecte la exigibilidad del cumplimiento de obligaciones fiscales.-
ARTÍCULO 7º.- Las sanciones establecidas en el artículo anterior podrán aplicarse en forma simultánea, debiendo en todos los casos asegurarse el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo. La autoridad de Aplicación reglamentará el procedimiento correspondiente a dichos fines, resultando aplicable de manera subsidiaria lo normado en la Ley N° VI-0156-2004 de Procedimientos Administrativos.-
ARTICULO 8º.- Facúltese a la Autoridad de Aplicación a adoptar de oficio cualquier medida tendiente al cumplimiento de la presente ley, por cuenta y cargo de las personas mencionadas en el artículo 5º, ante la omisión o inobservancia de sus obligaciones. A dichos fines podrá valerse de la fuerza pública, debiendo dar intervención al juzgado competente para garantizar el acatamiento de la norma.-
ARTICULO 9°.- La resolución de infracción dictada por la Autoridad de Aplicación en el marco del procedimiento correspondiente, será considerada titulo ejecutivo suficiente para perseguir el cobro judicial de la multa aplicada.-
ARTÍCULO 10.- Toda persona que resultare afectada directa o indirectamente a causa de las acciones contempladas en los artículos precedentes, será considerada particular damnificado, a los efectos de su habilitación para efectuar la denuncia correspondiente ante la Autoridad de Aplicación, quien, en caso de acreditarse la infracción, destinará a aquella en su carácter de denunciante, el cinco por ciento (5%) del valor de la multa aplicada.-
ARTÍCULO 11.- Designase como Autoridad de Aplicación de la presente Ley al Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción o el órgano que en el futuro lo reemplace, pudiendo delegarse en órganos inferiores las facultades necesarias para aplicar las normas correspondientes de manera eficaz y eficiente, salvo en lo referido al régimen sancionatorio.-
ARTÍCULO 12.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y Judicial de la Provincia.-
ARTÍCULO 13.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro de los diez (10) días de su promulgación.-
ARTÍCULO 14.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, archívese.-
Fuente: El Semiárido

Argentina extractiva: el cambio era la profundización. cl.boell/es

Argentina extractiva: el cambio era la profundización

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Por Darío Aranda*. 
El primer año del nuevo gobierno mostró continuidad y profundización del modelo extractivo. Beneficios para el agronegocios y la megaminería. Desfinanciamiento, vulneración de derecho y criminalización para campesinos, indígenas y asambleas socioambientales.
Pergamino. Corazón de la pampa húmeda, las mejores tierras de Argentina. El presidente Mauricio Macri viajó junto a su gabinete y anunció el quite total a las retenciones (impuesto a las exportaciones) agropecuarias y rebaja de cinco puntos para la soja. San Juan, provincia cordillerana. El Presidente anunció el quite total a las retenciones a la megaminería (que eran de entre 5 y 10 por ciento). Las dos medidas fueron tomadas en el primero mes de gobierno.
Macri, que llegó al gobierno con las promesas de "cambio", mostró continuidad y profundización en las políticas extractivas.
Agronegocios
Al frente del Ministerio de Agricultura nombró a Ricardo Buryaile, propietario de estancias en Formosa, ex vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), una de las entidades  productoras de soja. Su primera medida fue rebautizar el ministerio: pasó a llamarse de Agroindustria. También nombró a Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola -Aacrea-), Néstor Roulet como secretario de Valor Agregado (de CRA), Ricardo Negri como secretario de Agricultura (Aacrea -asociación de empresarios del agro-), Beatriz "Pilu" Giraudo en la flamante Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación de Productores de Siembra Directa -Aapresid-).
Aacrea y Aapresid son engranaje fundamental del agronegocios, empresarios mentores ideológicos y de lobby transgénico. Nunca sus cúpulas habían formado parte del Gobierno.
A cinco días días de asumir la presidencia, Macri viajó a Pergamino y anunció el quite de retenciones para los productos agropecuarios. Un medida de 10.000 millones de pesos, según el gobierno. Sin embargo, desde el diario económico El Cronista estimaron, en base a la devaluación, un cifra distinta: 60.000 millones de pesos.
En un cambio con el gobierno kirchnerista (que estuvo enfrentado con sectores del campo, desde 2008), el macrismo estableció alianzas y amplió los beneficios para el agronegocio, que en Argentina toma forma de transgénicos (soja, maíz, algodón), uso masivo de agroquímicos y concentración de tierras en pocas manos.
Una muestra en ese sentido fue el envío de un proyecto para nueva ley de semillas. El sector empresario exige desde hace una década una nueva legislación, que limite el "uso propio" (práctica tan ancestral como la agricultura, que implica cosechar, guardar parte de esas semillas y volver a sembrar).
En 2012 el gobierno de Cristina Fernández intentó, en acuerdo con Monsanto, modificar la ley, pero tuvo resistencias incluso dentro del Frente para la Victoria (FPV) y no pudo tratarla en el Congreso Nacional.
En abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro Buryaile. Reclamó el cobro de regalías extendidas  (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Brett Begemann destacó que "fue una buena reunión, porque tenemos una visión común sobre el valor de las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de compartir la necesidad de contar con un sistema confiable para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías por cada uso de semillas con tecnologías patentadas”.
El 14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció: "El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso". Afirmó que se busca "garantizar la investigación, tecnología y productividad". El Ministerio remarcó que "desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas".
No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni de consumidores.
En el Congreso Nacional no se logró acuerdo para su tratamiento. Incluso organizaciones del agronegocios (como CRA y Sociedad Rural Argentina) rechazaron que las grandes semilleras quieran cobrar las regalías extendidas.
Se conformó la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. Se trata de medio centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas que cuestiona que el proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria "es producto de las negociaciones entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores".
En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la superficie con soja era de 12 millones de hectáreas. En 2015 fue de 20 millones, un crecimiento geométrico. La estimación oficial para 2017 marca un aumento a 20,6 millones. El maíz pasó de tres millones de hectáreas (2003) a 6,9 millones (2015). Para 2017 se aumentará a 7,3 millones. El trigo pasó de  6,3 millones en 2003 a (sojización mediante) 4,4 en 2015. Las proyecciones para 2017 es aumentar a 5 millones. En todos los casos hay uso masivo de agroquímicos y el aumento de la superficie ("corrimiento de la frontera agropecuaria") implica avance sobre campesinos, indígenas y desmontes masivos (en Argentina se desforestan un promedio de 32 hectáreas por hora). 
Campesinos
En la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF --área dedicada a la agricultura campesina e indígena--) fue nombrado Oscar Alloatti. Despidió 250 trabajadores en diez meses y realizó (bajo la órbita del ministro Buryaile) un ajuste económico que dejó el área sin financiamiento. Renunció en octubre. Y el área aún sigue acéfala.
"Hemos vivido un año durísimo y muy negativo por el embate continuo del sector empresarial hacia nuestros territorios, con mucha violencia e impunidad, notando mayor intensidad que años anteriores. Se nota el gran envalentonamiento a raíz del gran apoyo que sintieron del actual gobierno nacional, que ha respaldado al agronegonegocio y a la megaminería en desmedro del sector campesino-indígena", afirmó Roger Almaraz, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).
Ciencia
El Gobierno confirmó en sus cargos al ministro de Ciencia, Lino Barañao, y al director de Biotecnología, Martín Lema, hombre clave en la aprobación de transgénicos en el país. Barañao es reconocido promotor y aliados de las empresas de transgénicos y agroquímicos. Llegó a afirmar que el "el glifosato es como agua con sal" y, otra de sus máxima en defensa del herbicida, fue en diciembre pasado: "De acuerdo con el prospecto de los plaguicidas, no hay peligro".
Lema está al frente de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio fundamental para autorizar las nuevas semillas transgénicas (en base a estudios de las propias empresas). En 2016 aprobaron seis transgénicos de soja y maíz. Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.
Minería
Por decreto número 160/2015, el 21 de diciembre de 2015 el Presidente eliminó las retenciones a las exportaciones mineras. El diputado nacional del Pro Eduardo Cáceres, vicepresidente de la Comisión de Minería de Cámara de Diputados, había adelantado la medida luego de una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell): “Esto le abre la puerta de par en par a las inversiones mineras”. Y aclaró que entre los proyectos en carpeta sobresalen Agua Rica (Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).
Pero el mayor exponente público de la minería no provino del Ministerio de Energía (donde depende la actividad). "La minería es una actividad productiva que el gobierno nacional apoya y desarrolla. Las  posiciones extremas terminan politizando y desprestigiando actividades productivas que, cuando se hacen seriamente, traen bienestar para la comunidad", señaló el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.
Durante todo el primer semestre el Ministro de Ambiente visitó ciudades claves en el rechazo a la megaminería: Chubut (Esquel, Trelew, Rawson, Pirámides), Catamarca (Andalgalá), San Juan (Jáchal) y La Rioja (Famatina y Chilecito).
En todas las provincias Bergman repitió el mismo libreto. Propuso "debates serios, diálogo" sobre minería y señaló que el problema era la "falta de controles". Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, explicitó cómo se define a Bergman en las asambleas socioambientales: "Es un lobbista de las mineras".
En 2003, cuando el kirchnerismo llegó al poder, había en Argentina 40 proyectos mineros en estudio. En 2015, antes de dejar el gobierno, el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, celebró que existían 800 proyectos en estudio.
El nuevo Gobierno mantiene la misma línea e impulsa la puesta en marcha de una decena de proyectos mineros. De extracción de litio en Jujuy y Salta, Pascua Lama (San Juan), San Jorge y Potasio Río Colorado (Mendoza), Suyai y Navidad (Chubut), Agua Rica y Filo Colorado (Catamarca), entre otros. En todos los casos, existen rechazos de las comunidades locales.
"La política extractiva se mantiene. La minería es política de Estado. Los funcionarios siguen jugando para las mineras", resume Aldo Flores, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Hace veinte años que allí está instalada Minera Alumbrera y no ha cumplido con ninguna de las promesas (trabajo, desarrollo local, cuidado del ambiente). La población no quiere más minería y rechaza un nuevo proyecto (llamado Agua Rica), tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen las fuentes de agua.
En 2010 cerraron el paso a los camiones de Agua Rica. Una feroz represión cayó sobre los habitantes de Andalgalá y sobrevino una pueblada. Luego un juez local suspendió el proyecto minero y la causa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con dos acampes de los asambleístas en Buenos Aires, para que los jueces no duerman la causa). En septiembre pasado, el Concejo Deliberante de Andalgalá prohibió la megaminería en la localidad.
"Las mineras ahora tienen perfil bajo acá, saben que no son queridas, pero aparecen los políticos y dan la cara por ellos, son títeres adictos a la corrupción que les proponen las mineras. Ahí anda la gobernadora (Lucía Corpacci) diciendo que Agua Rica se hará sí o sí", cuestiona Flores, pero antes de terminar la llamada avisa: "Acá estamos decididos a defender el territorio. Nos van a reprimir, lo sabemos, pero no van a pasar".
En Esquel, lugar emblemático donde en 2003 el 80 por ciento de la población votó en contra de la actividad, y aún se mantiene en lucha. Corina Milán es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Esquel y de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, no tiene dudas del accionar del gobierno nacional en su primer año: "Muy negativa". Cuestionó la quita a las retenciones y destacó el "cambio de estrategia" al enviar al ministro de Ambiente, Bergman, "que repite slogans coucheados por publicistas, tratando de plantear que 'la minería es una actividad productiva'". Recordó que en Esquel llegó a reconocer que su objetivo era “sacarlos de la calle (a las asambleas)".
También cuestionó que el Gobierno incluyó en el presupuesto 2017 la construcción de una planta de uranio en Chubut, sin tener en cuenta que está vigente la ley 5001 que prohíbe esa actividad.
Pasteras
Una lucha socioambiental que marcó la última década se dio en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) y motivó un conflicto binacional. En febrero de 2005, el gobierno uruguayo autorizó  la construcción de una planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia (luego UPM) en el margen del río compartido con Argentina. La población entrerriana rechazó el emprendimiento, con numerosas pruebas de la contaminación de ese tipo de plantas. En enero de 2006, miles de entrerrianos desbordaron el puente General San Martín (que une los dos países). La marea de gente sorprendió a los propios vecinos de la tranquila Gualeguaychú. El “conflicto por las papeleras” encontró su punto alto en la agenda nacional y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú comenzó un corte en el puente.
El presidente Néstor Kirchner visitó Gualeguaychú el 5 de mayo de 2006. En el escenario del Corsódromo, ante unas 35.000 personas, el Presidente prometió: “Es una cuestión ambiental que atañe a todo el país”. Cuestionó a los países de primer mundo por trasladar sus industrias contaminantes: “No pueden traernos como solución a la pobreza la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental”.
El Gobierno fue tomando distancia del reclamo y pactó "controles" conjuntos con Uruguay. La Asamblea de Gualeguaychú cuestionó al Ejecutivo Nacional (primero a Néstor Kirchner, luego a Cristina Fernández) por haber negociado con Uruguay y los acusaron de darle la espalda a los entrerrianos.
En diciembre de 2011, la Asamblea de Gualeguaychú emitió el comunicado “1500 días de Botnia”. El subtítulo fue “con las emisiones tóxicas, se va confirmando lo anunciado”. Puntualizó doce ítems de contaminación, derrames, dioxinas, vertidos al Río Uruguay, emisiones de gas sulfhídrico, daños en flora y aumento de la temperatura de los efluentes, entre otros.
La última escalada gubernamental fue en 2013, cuando Uruguay autorizó a UPM-Botnia a aumentar la producción a 1,2 millones de toneladas anuales (cien mil toneladas más de pasta de celulosa al año). Argentina retrucó el mismo día. El canciller Héctor Timerman hizo público el informe de científicos que confirmaba la contaminación de la pastera en el Río Uruguay. Altas temperaturas de efluentes, exceso de fósforo en el agua (36 veces más de lo permitido), pesticidas, cromo y fenoles (400 por ciento más de lo establecido por ley). El estudio era responsabilidad de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos.
Con seis años de funcionamiento, el Gobierno aseguró que la pastera contaminó con fenoles, fósforo, níquel y cromo. Y precisó que volcó por día 61 millones de litros de efluentes que superan en un 60 por ciento la temperatura permitida (32 grados sobre los 20 grados del río). Y recordó lo insólito de la manera de controlar a Botnia: las autoridades deben avisar a la empresa y, recién diez días después, los científicos podían visitar la planta.
La asamblea de Gualeguaychú apuntó contra ambos gobiernos y UPM-Botnia. Cuestionó que se hayan ocultado durante cuatro años los estudios que confirman la contaminación.
El 6 de enero de 2016, Macri se reunió con su par uruguayo, Tabaré Vázquez y le propuso "dar vuelta la página" en el conflicto por las pasteras. Acordaron un “monitoreo medioambiental de ríos y espacios comunes”. Vázquez anunció “la creación de un laboratorio de última generación de control medioambiental”.
En julio, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez anunció la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en la zona del río Uruguay. Y en noviembre se dio a conocer un informe conjunto, entre Uruguay y Argentina (de la Comisión Administradora del Río Uruguay --CARU--) que confirma que Botnia-UPM contamina pero también señala que "Gualeguaychú contamina más". Así lo divulgó el discurso oficial (de ambos gobiernos) y así lo replicaron los grandes medios de comunicación de Buenos Aires.
Horacio Melo, ex delegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (entre 2005 y 2016), rechazó el informe por “inconsistente”. Explicó que el trabajo difundido "hizo “desaparecer el 90 por ciento de las exigencias” vigentes en materia de control ambiental y denunció que ambos gobiernos "utilizaron normas uruguayas dictadas exclusivamente para la empresa UPM-Botnia”.
Gustavo Rivollier, de la Asamblea de Gualeguaychú, anunció que la población está de pie para rechazar la nueva planta de celulosa y cuestionó el informe sobre contaminación: "La pulseada la ganó UPM (Botnia), qué a través de la delegación uruguaya impuso los parámetros más laxos, obviando las reglamentaciones impuestas por el Tratado del Río Uruguay, y asegurándose así un resultado fácil de dibujar por la prensa adicta, que sin ningún pudor pregonó 'UPM no contamina'”.
Denunció que la delegación del gobierno argentina (en la CARU) prestó acuerdo para archivar decenas de denuncias sobre emanaciones gaseosas contaminantes por parte de UPM,  que se tramitaron a través de la Comisión. "Desde Uruguay se insiste con anuncios en continuar el modelo extractivo con nuevas plantas celulósicas, y desde el gobierno argentino lo miran hasta con cierta envidia. La depredación nunca cesó, pero hoy muestra los dientes por la calle sin ninguna vergüenza", afirmó Rivollier.
Criminalización
Corina Milán, de la Asamblea de Esquel, destacó la preocupación por "el escenario de criminalización de la protesta social que se está planteando y que debe ser leído en sintonía con la avanzada extractivista que se promueve".
En el mismo sentido, un centenar de organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas emitió un comunicado conjunto en noviembre. "La lucha indígena no es delito. Estigmatización y persecución al pueblo mapuche", es el título del documento emitido por Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y organizaciones pueblos originarios.
Es una respuesta al Ministerio de Seguridad de la Nación, que en su informe de gestión acusó a los pueblos indígenas de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar pruebas).
"Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social", denunció el comunicado de los organismos de derechos humanos. También denunciaron la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (provincia de Neuquén), una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencional del mundo. "El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche", cuestionan Amnistía Internacional, APDH, la Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro, entre otras organizaciones.
El gobierno nacional había acusado a los mapuches de "armar comunidades indígenas y tomar tierras en zonas petroleras". El ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentan la "usurpación" que realizarían comunidades indígenas sobre campos de hidrocarburos.
"El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo", denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.
Luchas
La comunidad mapuche Campo Maripe lleva seis meses de bloqueo a YPF-Chevron en Vaca Muerta. En un contexto de criminalización (e invisibilización) exigen el cumplimiento de los derechos indígenas (consulta previa y consentimiento libre, previo e informado). El gobierno impulsa la llegada de nuevas empresas, donde viven más de veinte comunidades mapuches. Anuncio de mayor conflictividad para 2017.
Entre el 8 y el 11 de diciembre se realizó en La Rioja el 27 Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio que reúne a organizaciones de todos el país que luchan contra el extractivismo (muchas vinculadas a la megaminería, pero también contra el agronegocios, pasteras y contaminación urbana). “En el mundo se consolidan gobiernos de derecha que ya no ocultan la decisión de destruir y saquear nuestros bienes comunes como países periféricos, pero al mismo tiempo también avanza nuestra resistencia y nuestras propuestas para construir ese mundo que queremos. Nosotros nos constituimos como una alternativa a partir de otra manera de organizarnos”, explicó Cecilia Matta, integrante de la Asamblea Riojana Capital.
Participaron más de 300 asambleas y organizaciones sociales, remarcaron los logros de este año, entre ellos el sostenimiento de la Ley 7722, que protege el agua en Mendoza (y que las empresas extractivas intentaron dar de baja), el freno a las compañías mineras en La Rioja y la paralización del proyecto Agua Rica en Catamarca. El encuentro de la UAC, considerado una "asamblea de asambleas", finalizó con un documento que invita al optimismo: "Se potencia la construcción de una forma diferente de hacer política, impulsando la defensa del territorio y el derecho a decidir".
Quizá el mayor hito de las luchas de 2016 de Argentina provenga de la localidad de Malvinas Argentinas (en Córdoba). En 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado la llegada de Monsanto, con su mayor planta de maíz transgénico del continente. Los vecinos comenzaron a organizarse, nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida y rechazaron la instalación de Monsanto.
Fueron cuatro años de resistencia, medio docena de represiones, judicialización, amenazas y bloqueos al predio de treinta hectáreas de la empresa. Desde 2014 estaba suspendida por un fallo judicial (solicitado por los vecinos) y por el rechazo (por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba) del informe de impacto ambiental presentado por la compañía. Pero Monsanto insistía en el proyecto, con apoyo del Municipio, la Provincia y Nación.
En septiembre circularon versiones sobre la partida de la compañía. En noviembre, la intendenta, Silvina González, confirmó que la empresa AMG Obras Civiles había adquirido el predio de Monsanto.
El 4 de diciembre hubo festejos en Malvinas Argentinas. La invitación destacaba: "Luchamos, resistimos, triunfamos. Llegó el momento de celebrar". No es para menos. Los vecinos de la pequeña localidad cordobesa lograron lo que parecía imposible: derrotar a la mayor empresa del agronegocio del mundo.

Sobre el autor
Darío Aranda, periodista argentino especializado en extractivismo. Trabaja en el diario Página/12, la cooperativa de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche(Esquel), la Cooperativa La Brújula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu).
Colaboró con el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi).Escribe en el diario La Jornada de México (suplemento “Del Campo”) y es consultor de Amnistía Internacional.

Las opiniones vertidas en este artículo pertenecen exclusivamente a su autor.