Alma de Nogal : Los Chalchaleros

jueves, 27 de diciembre de 2018

"El Municipio tomó muestras y detectó la presencia de glifosato". http://www.elpopular.com.ar

Política Arregui asegura que se usó el herbicida en el Arroyo

"El Municipio tomó muestras y detectó la presencia de glifosato"


Así lo asegura el bloque eseverrista a través de un comunicado. Los ediles habían elevado pedidos de informes en el HCD. "El Intendente Ezequiel Galli nunca cumplió con la requisitoria", dijo la concejal.
Imagen sólo ilustrativa Foto: Archivo / Carlos Ramírez
A través de un comunicado emitido por el bloque de concejales eseverristas, asegura que se "pudo confirmar que efectivamente fue utilizado glifosato en las barrancas del Arroyo Tapalqué".
El comunicado completo
"En reiteradas oportunidades, desde que se tomó conocimiento del presunto uso de glifosato, el bloque de concejales presentó una serie Pedidos de Informes que fueron aprobados por unanimidad en el Concejo Deliberante.
Se trata de los Pedidos de Informes 012/18 y 014/18 donde el bloque de concejales buscaba respuestas referidas al uso de herbicida en la zona mencionada. A estos se les sumó una Resolución, también aprobada por unanimidad, requiriendo al Intendente la respuesta a los pedidos de informes.

Desde la aprobación de estos instrumentos el Intendente Ezequiel Galli nunca cumplió con la requisitoria de este Concejo Deliberante como así tampoco concurrieron a este cuerpo el Director Municipal de Parques y Paseos, Pablo Ruiz Díaz y el Secretario de Obras y Servicios Públicos Julio Ferraro, citados por la comisión interna y permanente de Legislación.

La presidenta del bloque de Concejales del eseverrismo, Margarita Arregui tras conocer la confirmación del uso de glifosato explicó: "el Municipio tomó muestras en el Puente Belgrano y en el Puente Hornos y detectando en el Puente Belgrano la presencia de glifosato (0.319 mg/kg) y su metabolito de degradación AMPA (1.225 mg/kg) mientras que en el Puente Hornos se detectó la presencia de glifosato (1.007 mg/kg) y su metabolito de degradación AMPA (0.562 mg/kg)."

La concejal Arregui "el Municipio fue notificado del primer pedido de informes el día 18 de septiembre mediante nota 454/18 al tiempo que se notificó del segundo pedido de informes el 2 de octubre mediante la nota 494/18, durante esos días se mantuvieron en silencio y sin responder a este Concejo Deliberante aunque el 8 de octubre tomaron muestras en las barrancas del arroyo Tapalqué y el 26 de octubre hicieron los análisis".

"Ahora nos enteramos que el Municipio dispuso una multa económica y una sanción para la empresa que estaba encargada de prestar servicios en esa zona de la ciudad, pero en el Decreto no dicen absolutamente nada de la compra de sesenta litros de glifosato realizada por la Municipalidad de Olavarría al proveedor N° 916 , Rindes y Cultivos DAS", sostuvo la concejal Margarita Arregui,

Por esto Arregui se volvió a preguntar "para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué".

En este sentido el bloque de concejales eseverristas, tras confirmarse la aplicación y compra de glifosato, seguirá insistiendo con todos los elementos que tenga a su alcance para determinar quién y para qué compró esos sesenta litros de glifosato. "El Municipio ha hecho lo correcto aplicando sanciones económicas a la empresa, pero debe hacer responsable también de la compra del herbicida y del control de las tareas en tiempo y forma a las empresascontratistas. Si desde este Concejo no se hubiese observado la situación, nada hubiera pasado", dijo Arregui.

"No sólo incumplieron aspectos de los pliegos de licitación sino que además pusieron en riesgo la salud de personas que diario concurren al Parque Mitre", sostuvo la concejal.

Arregui cuestionó al Municipio: "lo llamativo es que el Decreto de sanción a la empresa el Intendente Galli disponía su suspensión, por un año, del Registro de Proveedores Municipales aunque días después el mismo Intendente Galli se arrepintió, levantó la suspensión y volvió contratar a la empresa el 5 de diciembre por casi 4 millones de pesos"

"Ocultan y mienten de manera sistemática, sobre este tema todavía quedan respuestas por dar", finalizó la concejal" en el comunicado oficial difundido en los medios de comunicación.

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Patricia

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miércoles, 26 de diciembre de 2018

Peligro en las mesas argentinas. Por Darío Aranda https://www.pagina12.com.ar/

El Gobierno aprobó papa y trigo transgénicos para consumo masivo
Peligro en las mesas argentinas
https://www.pagina12.com.ar/164186-peligro-en-las-mesas-argentinas
En base a estudios confidenciales, y luego del visto bueno de una comisión que tiene íntimos vínculos con las empresas que venden las semillas genéticamente modificadas para producirlos, el Estado dio vía libre a la comercialización de productos cuestionados.
La papa transgénica ya tiene allanado el camino a las verdulerías.
La papa transgénica ya tiene allanado el camino a las verdulerías. 
Los argentinos serán los primeros en comer papa y trigo transgénicos. Dos alimentos de consumo masivo que fueron aprobados por el Gobierno en base a estudios confidenciales y luego del visto bueno de una comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que venden las semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los transgénicos, el mayor uso de agrotóxicos y la profundización de un modelo a medida de las empresas. 
El 4 de noviembre la empresa Bioceres (que cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios argentinos) presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio, más cuestionado por su toxicidad que el famoso glifosato.
“No se metan con nuestro pan” había sido la consigna de una decena de organizaciones sociales que denuncia la nueva avanzada del agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios”, advirtieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca en el país 5,6 millones de hectáreas y es el principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países de la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia, entre otros.
Los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16 transgénicos (51 desde 1996).
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y en su tesis doctoral investigó la Conabia. “Los integrantes de la Conabia son juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”. 
Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores podrán ser obligados a pagar a las empresas.
El Gobierno también presentó la primera papa transgénica, ya liberada para su comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar. En el acto, el 10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia, Lino Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). La publicidad empresaria afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la papa modificada genéticamente. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la aprobación de la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia. 
El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006. Resaltó la “inestabilidad” del cultivo y alertó que “una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”. Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) afirmó que la papa transgénica no resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el virus PVY puede desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que es un “gran problema adicional” que esta papa se utilice para consumo humano directo.
Fernando Frank apuntó al fondo: “No pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
Si llegaste hasta acá…
Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. Página/12 tiene un compromiso de más de 30 años con ella y cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé la otra mirada. Defendé tu voz.
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viernes, 21 de diciembre de 2018

FELIZ NOCHEBUENA


La Coronación de la Virgen ( La Ciudad de la Pintura)

Giotto

Una Noche de Esperanza para todas las familias.

Les desea

NOGAL DE VIDA

¿REPARACION HISTORICA UNA ESTAFA PARA MILES DE JUBILADOS ?: Fallo de la Corte sobre Jubilados: Abarcará a 150 mil jubilados según Dr. Eugenio Semino. Mientras tanto los Jueces Multimillonarios no pagan ganancias.

 Radio Mitre Mitre Córdoba Política y sociedad

Fallo de la Corte sobre Jubilados: Abarcará a 150 mil jubilados


Así expresó Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, sobre el fallo de la Corte Suprema por jubilaciones.


Ayer, Corte Suprema ratificó la vigencia del índice de actualización de haberes Isbic, y declaró la inconstitucionalidad de resoluciones del ente previsional y pidió al Congreso que fije un indicador que sirva de referencia para calcular los haberes iniciales de los jubilados.
Al respecto, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, habló en Radio Mitre Córdoba y expresó: “Están alcanzados los 150 mil jubilados que están en juicio. Y el plazo que generó la controversia sobre la aplicación del índice es el período 1995-2008”.
En tanto, dijo que “la Corte declaró la inconstitucionalidad de esas resoluciones. La vigencia del Isbic. Y por otra parte, el indice con que se venían liquidando las sentencias tradicionalmente, casi 700 mil juicios ya se habían liquidado con ese criterio”.
Escuchá el audio: 

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NOGAL DE VIDA: Mientras tanto es una vergüenza que Jueces Multimillonarios Argentinos no pagan ganancias.

Veremos cuánto cobraran los pobres jubilados engañados con la REPARACION HISTORICA.

https://www.clarin.com/politica/gobierno-aclara-fallo-corte-voltea-reparacion-historica-asegura-pagaremos-corresponde_0_2AiuVnLao.html

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Estadística mensual de Nogal de Vida.

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Patricia

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lunes, 17 de diciembre de 2018

Se creó la Mesa de Certificación de Productos de la Agricultura Familiar de General José de San Martín

Se creó la Mesa de Certificación de Productos de la Agricultura Familiar de General José de San Martín

La venta de productos de la agricultura familiar se realiza por

diversos canales: venta a los comercios locales, puerta a puerta,
ferias francas, ofertas campesinas. Las ferias tienen una larga
historia, remontándose la primera de ellas hacia 1999, en tanto que la
oferta campesina comenzó hace poco más de un año, nucleando
aproximadamente a medio centenar de familias que proveen de alimentos
a los consumidores locales.



En el contexto provincial chaqueño, General José de San Martin y su
zona de influencia se constituyen en una de las regiones donde hay
mayor preponderancia de productores de agricultura familiar,
existiendo en el municipio un entramado institucional compuesto por
Consejo de Planificación de Políticas Públicas y Desarrollo Local,
Mesa de Organizaciones, Mesa de Técnicos, Consorcios de Servicios
Rurales, establecimientos técnicos educativos, entre otros, que
trabajan en conjunto en el fortalecimiento de este importante sector
social y productivo.

Con este fin, surgió como necesaria la constitución de una Mesa de
Certificación de Productos provenientes de la Agricultura Familiar
para su comercialización en mercados locales, trabajándose
interinstitucionalmente a lo largo del año 2018 en la elaboración de
un proyecto de ordenanza que diera forma a este ámbito, lográndose que
el martes 11 de diciembre el Concejo Deliberante de General José de
San Martin lo aprobara por unanimidad, en consonancia con lo expresado
en la Carta Orgánica Municipal, que en su artículo 27 establece:
“…Estimula a los emprendedores y la generación de productos y
servicios locales. El Municipio impulsa la creación del Mercado
Regional de Alimentos provenientes de la Agricultura Familiar.”; en el
artículo 28 establece: “El Municipio impulsará la agroecología, la
agricultura familiar urbana y periurbana para abastecer los mercados
locales con productos sanos y sin agrotóxicos”; por su parte, el plan
“San Martin 2030” considera a esta localidad como productora y
proveedora de alimentos.

La Mesa creada estará integrada por representantes de la Municipalidad
de General José de San Martin, organismos técnicos (Ministerio de la
Producción, IDRAF, INTA, Subsecretaría de Agricultura Familiar),
establecimientos educativos (EEA N° 8, EFA UEP N° 141), organismos de
Control Sanitario (SENASA), organismos de control y seguridad
(Gendarmería Nacional y Policía Rural de la Provincia del Chaco),
organizaciones de productores de la agricultura familiar (Consorcios
de Servicios Rurales y Ferias Francas) y representantes de los
consumidores.

Esta Mesa de Certificación deberá garantizar que los productos que se
comercializan sean provenientes de la agricultura familiar, elaborar
los protocolos de producción y transformación para las diferentes
actividades agropecuarias, promover, habilitar y regular los sitios de
ventas institucionales y espacios públicos donde participen los
productores de la agricultura familiar, realizar el seguimiento
técnico de los productores inscriptos y que comercialicen a nivel
local y elaborar un plan de capacitaciones y actividades a realizar
con las organizaciones y productores inscriptos.

Gerardo Roberto Martínez (TE 011 1560587694 – Correo electrónico:
Héctor Omar Ferrario (TE 011 1568052890 – Correo electrónico:
General José de San Martín; 17 de diciembre de 2018


Litio y espejos de colores. http://www.opsur.org.ar


Litio y espejos de colores


La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.

   Por Darío Aranda / Serie fotográfica: Vaca Bonsai
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998.  Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional  FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.

¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).

Lucha
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.

EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.

El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
"Se debe respetar la posición de las comunidades"
Entrevista a Ariel Slipak.

-¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?

-La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.

-¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?

-Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.

-Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, "menos contaminante". Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.

-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.

Serie de artículos “¿Qué transición energética?”
Esta publicación es financiada con recursos de la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de OPSur, y no refleja necesariamente una posición de la FRL.
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