En el marco del Día Mundial de la Tierra, Greenpeace pidió al gobierno mexicano y al resto de países latinoamericanos, que decreten una prohibición inmediata al uso del glifosato en la región, luego de que este herbicida fuera catalogado como “posible cancerígeno para los seres humanos” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Es hora de avanzar hacia la eliminación de estas sustancias que dañan el suelo y la salud, y promover modelos de agricultura ecológica que garanticen una producción de alimentos sana para la tierra, para quienes los producen y para consumidores", señaló Sandra Laso, campañista de Comida Sana de Greenpeace México.
En 2014, cerca de 100 millones de hectáreas y pueblos latinoamericanos fueron rociados con este producto químico. En ese año, en Argentina se utilizaron más de 200 millones de litros de glifosato. En México, por cada mil hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de plaguicidas, siendo el glifosato uno de los más consumidos.
“Lamentablemente se desconoce con exactitud la cantidad de glifosato que se ha vertido en los campos mexicanos. Existe una falta de monitoreo y transparencia sobre el uso de plaguicidas en nuestro país y por lo tanto sus impactos al medio ambiente, a la salud de las personas que los utilizan y a los consumidores. El anuncio de la OMS sobre el riesgo de que el glifosato sea posible cancerígeno es una llamada de alerta para que Peña Nieto proteja la salud de la ciudadanía y prohíba este agroquímico en lugar de pugnar por la autorización de transgénicos, que aumentarían su uso”, añadió Sandra Laso.
Greenpeace invita a los mexicanos a sumarse a esta exigencia contra el glifosato  para que el presidente Enrique Peña Nieto decrete una prohibición de urgencia y promueva políticas públicas para transitar hacia una agricultura ecológica libre de agrotóxicos y transgénicos que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud de las personas. 
Greenpeace invita a los mexicanos a sumarse a esta exigencia contra el glifosato  para que el presidente Enrique Peña Nieto decrete una prohibición de urgencia y promueva políticas públicas para transitar hacia una agricultura ecológica libre de agrotóxicos y transgénicos que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud de las personas.