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Juan Felipe Carrasco
Hace décadas que se viene permitiendo el uso de glifosato, un peligroso herbicida de la multinacional Monsanto (la de los PCBs, el agente naranja o los transgénicos … que está diseñando su futuro junto al gigante químico Bayer), para eliminar “malas hierbas” en los campos donde se cultivan nuestros alimentos, en las cunetas de nuestras carreteras, en las vías férreas, en las calles y en los parques de nuestras ciudades. Millones de personas se ven expuestos todos los años a esta sustancia tóxica: casi la mitad de la ciudadanía examinada presentaba este veneno tóxico en la orina.
En marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como “probablemente cancerígeno” tras la publicación por parte de la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) de un amplio estudio que demostraba que esta sustancia favorece la aparición de Linfoma No-Hodgkin en humanos y causa daños en el ADN, además de provocar cáncer en animales de laboratorio. En concreto, los estudios publicados por 17 expertos señalaban la relación de esta sustancia con 4 tipos de cáncer: hepático, riñón, páncreas y linfoma.
Además, este veneno está vinculado con otros efectos, tanto por su uso directo por parte de agricultores/as y operarios/as como por la exposición indirecta de la población: reproductivos (mayor frecuencia de abortos y defectos de nacimiento), neurológicos (mayor frecuencia de Parkinson) u hormonales (alteraciones endocrinas), entre otros. Por otra parte, los daños ambientales de esta sustancia, muy frecuentemente vinculada a los cultivos transgénicos, llevan siendo documentados desde hace dos décadas en aquellos países que han optado por su uso masivo.
En verano de 2016, después de una larga campaña impulsada por la ciudadanía, la Comisión Europea no consiguió renovar por diez años la licencia al glifosato … lo hizo “solamente” por 18 meses, es decir hasta finales del presente año. Todo un gran logro para la sociedad civil y el medio ambiente, teniendo en cuenta la intensa actividad “política” de los grupos de presión de la industria química
En junio de 2017, una coalición de más de 100 organizaciones presentó a la Comisión Europea más de un millón de firmas correspondientes a la Iniciativa Ciudadana Europea “StopGlifosato”, solicitando la no renovación de la autorización del glifosato (y de paso, la reforma del procedimiento de aprobación de plaguicidas y el establecimiento de objetivos de reducción del empleo de plaguicidas en toda la UE). Hay que reseñar que esto se obtuvo en menos de 5 meses, convirtiéndola en la Iniciativa de más rápido crecimiento desde que la UE introdujo esta herramienta en 2012. Esto demuestra que, si le dejan elegir, la ciudadanía europea no se deja engañar ni por los esfuerzos de la industria de los plaguicidas ni por la ciencia defectuosa que ésta está vendiendo.
Los próximos 5 y 6 de octubre se reúne un Comité de Expertos de los Estados miembros (Comité Permanente de Plantas, Animales , Alimentos y Piensos), en el seno del cual los estados miembros debatirán y votarán sobre esta re-autorización. Es una de las ultimas oportunidades que tienen los estados de la UE para retirar este peligro del mercado. Desde Europa nos llegan muchas noticias sobre la intensificación del debate previo a esta reunión:
Austria con toda probabilidad se opondrá a la re-autorización, según ha afirmado el canciller Christian Kern, aunque la decisión final del Parlamento tendrá lugar el 3 de octubre.
En Francia, Nicolas Hulot, el ministro de la Transición Ecológica, se ha comprometido a votar en contra del glifosato. Además, Christophe Castagnet, portavoz del gobierno, anunciaba el pasado 25 de septiembre que el glifosato “y todos los productos similares que amenazan la salud de los franceses” se prohibirían en Francia antes de que termine el actual mandato del presidente Emmanuel Macron, en 2022. El Gobierno ha pedido a los Ministerios de Agricultura y de Ecología la elaboración de un plan para dejar de utilizar ese herbicida en beneficio de las “alternativas disponibles”.
En Alemania, país que se abstuvo en la última reunión del Comité Permanente (el pasado mes de julio), a priori la canciller Merkel está a favor de la renovación de la autorización, pero la situación es compleja debido al reciente resultado electoral y el hecho de que el nuevo gobierno no se formará antes de final de año.
Desde Italia, uno de los estados donde la industria agroalimentaria es poderosa, nos llega la noticia de una muy probable oposición al glifosato. A finales de abril, el ministro de Agricultura de Bélgica anunció que prohibiría la venta de glifosato para uso privado, convirtiendo a Bélgica en último país en establecer restricciones a nivel nacional.
La Red Alemana de acción contra los Pesticidas (Pesticide Action Network, PAN) emitió hace unas semanas un comunicado acerca de las graves preocupaciones planteadas por el proceso de re-autorización del glifosato. Piden la divulgación del conjunto de los datos disponibles y la re-evaluación de los informes. Un análisis de los informes originales de la industria demuestra que el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) alemán consideró sólo el 20 por ciento de todos los efectos de generación de tumor en su evaluación original. Incluso en la evaluación final, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) obviaron ocho incidencias tumorales estadísticamente significativas. La conclusión más importante es que la EFSA claramente no ha examinado los datos en bruto, como ha afirmado. Si lo hubiera hecho, y hubiera aplicado un test estadístico no propuesto por la industria (pero utilizado por el IARC), habría encontrado mucho más aumento en los tumores tras exposición a glifosato.
Hay que recordar el reciente caso de los “Los Papeles de Monsanto”: la desclasificación hace unos meses de determinados documentos internos de Monsanto (relativos al caso de las personas con cáncer de sangre atribuido a su exposición al glifosato) demostró las manipulaciones llevadas a cabo por la firma agro-química y su participación directa en el trabajo de agencias que se suponían independientes. Esto ha desacreditado el trabajo y la credibilidad de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, organismo que ha dado el visto bueno a la re-autorización del glifosato.
Pese a todo, en España, mucho nos tememos que el gobierno apoyará la continuidad del uso de este tóxico en la UE. Nuestro país lleva décadas defendiendo los transgénicos y los intereses económicos de la agricultura tóxica e industrial. Sin embargo la ciudadanía no se queda con los brazos cruzados y existen iniciativas políticas interesantes. Por ejemplo, el pasado 28 de septiembre el coportavoz y portavoz adjunto de la comisión de Medioambiente del Congreso por Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, registró una pregunta para saber cuál sería la posición de España en la comisión de expertos y para preguntar qué medidas adoptará el gobierno para prevenir los daños derivados del uso de esta sustancia.
Debemos recordar una vez más que los transgénicos y los pesticidas no pueden mejorar la alimentación en el mundo sino todo lo contrario. Por una parte porque nadie ha demostrado que las cosechas modificadas genéticamente y tratadas con potentes herbicidas sean más productivas. Por otra, porque el empleo de sustancias tóxicas de síntesis no hace sino poner en peligro la salud de las personas y la biodiversidad, resultando en una menor resiliencia de los ecosistemas.
Además, la concentración de la riqueza, de los medios de producción y de la capacidad de comercialización deja cada vez en una situación de mayor vulnerabilidad a los más pobres del planeta, empezando por los pequeños agricultores y los campesinos, que nos alimentan desde hace miles de años y que son ahora además las primeras víctimas de los procesos de concentración y fusión.
La solución pasa por el desarrollo de la agricultura ecológica y de pequeña escala, por el libre intercambio de semillas campesinas (seleccionadas y mejoradas desde hace siglos), por la salida de la agricultura de los tratados de “libre” comercio y de la OMC, por los circuitos cortos de comercialización, por la evolución hacia unas dietas menos carnívoras y lácteas, por el cese inmediato de la deforestación, por la soberanía alimentaria de los pueblos, por el control estatal de las actividades de las grandes corporaciones, por la reducción de la dependencia del petróleo, etc
Considero que gran parte de los usos de los herbicidas tienen que ver con el modelo agro-ganadero al que nos lleva el actual modelo económico (y que nos lleva al desastre) en que prima la rentabilidad de los intermediarios y de las grandes centrales de compra y distribución, abocando al sector agrario a una forma de producción a menudo irracional y agresiva para la naturaleza.
Existen muchas alternativas a los herbicidas tóxicos. Las rotaciones de cultivo, los cultivos con mulching vivo, los policultivos, los barbechos semillados, la combinación planta-animal y la correcta gestión del pastoreo y de la materia orgánica. Además, muchas de las plantas adventicias o acompañantes que pretendemos eliminar con herbicidas son útiles e importantes en el ecosistema. Sobre todo con una buena gestión.
El glifosato no “se descompone”, eso es lo que quiere Monsanto que usted crea. Y lo que ha “comprado” el gobierno de España. La clase política española debe proteger a la ciudadanía y al medio ambiente, prohibiendo este peligroso herbicida y abriendo el camino hacia un futuro sin venenos.
Juan-Felipe Carrasco
Ingeniero Agrónomo.
Coordinador de la Iniciativa Ciudadana Europea “StopGlifosato” en España
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