Bruselas pone a los Estados contra las cuerdas
La Comisión Europea, difuminada en ese apelativo difuso que se da en llamar Bruselas, está cansada de sufrir todas las invectivas que se lanzan sobre la UE. Y ha decidido tomarse su pequeña venganza. El brazo ejecutivo del proyecto comunitario pondrá este martes contra las cuerdas a los Estados miembros con una propuesta que les obliga a retratarse en situaciones incómodas. Se trata de una reforma técnica con un trasfondo marcadamente político: que las capitales no dejen sola a Bruselas cuando hay que tomar decisiones sensibles como permitir o no cultivos transgénicos en suelo europeo.
La propuesta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, será respaldada por el colegio de comisarios en Estrasburgo. El origen deriva del malestar que acumula Comisión por las ocasiones en que los Estados se inhiben en asuntos delicados sobre los que Bruselas acaba decidiendo en solitario. La nueva regulación plantea que los Estados, que tantas veces plantan cara a Bruselas invocando su soberanía, estén obligados a dar una respuesta. Y que además esta se divulgue.
La iniciativa solo afecta a los llamados actos de ejecución, que deben ser aplicados de manera homogénea en el club comunitario y en los que Bruselas tiene el poder de adopción en solitario. La medida deja intacto el grueso del trabajo en la UE: leyes y reglamentos que deben ser pactados entre Comisión, Consejo y Parlamento. Para garantizar la legitimidad de esos actos ejecutivos, deben estar avalados por unos comités representativos de los Estados miembros. Por lejano que parezca, en ese marco se adoptan medidas de impacto directo para empresas y negocios como la aprobación de cultivos genéticamente modificados o la regulación sobre sustancias potencialmente tóxicas. “Aunque la Comisión tiene el poder para decidir en estos casos, debido a la particular sensibilidad de los asuntos en juego, los Estados miembros deberían asumir también su responsabilidad”, exige el texto.
Casos clave
Bruselas cita dos casos clave de inhibición de los Estados en asuntos alimentarios y de salud pública: el de los cultivos transgénicos y el del glifosato. En el primero, Bruselas reprocha a los gobernantes que cuando les pregunta si se debe autorizar o no un alimento o pienso modificado genéticamente, generalmente optan por no votar en el comité correspondiente, ni a favor ni en contra. De esa manera evitan manifestarse en un terreno pantanoso. Lo mismo ocurre con el glifosato, un compuesto químico controvertido, utilizado en herbicidas y sobre cuya toxicidad existen dudas. La Comisión decidió extender el año pasado la licencia, pero aunque en privado muchos Estados aplaudieron en la decisión, en el comité correspondiente rehusaron manifestarse. Bruselas, en definitiva, quiere evitar ser el blanco de todas las críticas de ONG y otros colectivos contrarios a este tipo de licencias.
Si la reforma de la Comisión prospera, las reglas habituales de la mayoría cualificada permitirán, en estos actos ejecutivos, restar a aquellos que no voten ni a favor ni en contra, de manera que sea más sencillo alcanzar los umbrales necesarios para dar por buena la decisión. También se podrán elevar los dosieres a un ámbito político superior (a los ministerios correspondientes de cada país, incluso pedir opinión a las reuniones de ministros del Consejo). La última medida consiste en lo que Bruselas denomina “elevar la transparencia de voto”. En plata: las decisiones de los países en esos comités podrán hacerse públicas, de forma que los ciudadanos conozcan claramente las posiciones de sus Gobiernos en asuntos controvertidos.
Los datos revelan que esos choques entre Bruselas y las capitales no constituyen precisamente el principal problema del bloque comunitario. Solo el 2% de las decisiones que se adoptan en estos comités acaban sin una postura clara. Pero esas situaciones “ocurren en áreas muy sensibles”, justifica Bruselas. Una pequeña venganza por la querencia de las capitales a nacionalizar los éxitos y europeizar los fracasos.
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