Por el cáncer y otras dolencias discuten ley de fumigaciones
Por primera vez desde que estalló el monocultivo de soja y la aplicación intensiva de glifosato el sector político comenzó a debatir argumentos para establecer un marco de regulación. Los bloques con presencia en Diputados convocaron a actores del agronegocio y especialistas en salud y alimentación. Detalles del drama sanitario.
Por insólito que suene, la Argentina del monocultivo de soja y la utilización a mansalva de cócteles químicos que se aplican bajo la prácticas de las fumigaciones avanza, por primera vez, hacia la discusión real de una ley que regulará las aplicaciones que hoy afectan la salud de las poblaciones linderas a los campos productivos.
Tuvieron que pasar más de dos décadas desde la introducción de la primera semilla transgénica que detonó principalmente el consumo del herbicida glifosato para que, como nunca antes, el sector político con alcance nacional comience a coordinar los lineamientos iniciales para la posterior concreción de un proyecto de ley orientado a controlar las fumigaciones.
De la iniciativa toman parte representantes de todos los sectores políticos que, hasta el próximo 13 de septiembre, alentarán exposiciones en la Cámara de Diputados de la Nación con vistas a reunir información científica y sanitaria para el desarrollo del marco.
Si bien de estas actividades toman parte con presencia abrumadora los impulsores del modelo de producción atado a la pulverización con plaguicidas como CASAFE -cámara que integran fabricantes como Monsanto o Dow- hasta CONINAGRO, pasando por el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología herencia del kirchnerismo, lo particular de la convocatoria radica en que, también por primera vez, tienen su espacio médicos, especialistas en nutrición e —incluso— periodistas.
Esta participación no es casual: la acumulación de denuncias por contaminación de ambiente y personas, sumado a la continua aparición de estudios científicos que exponen los efectos nocivos derivados de los agroquímicos, ha generado una presión social sobre todo en el interior de la Argentina que ahora resuena con fuerza en los pasillos de los funcionarios.
“Sabemos que hay un problema de salud en ascenso por la cuestión de las fumigaciones. Pero también llegamos con un desconocimiento importante al tema. Por eso estas reuniones.Queremos que estén todas las voces. Igual será un trabajo arduo y hay que ver qué pasa luego en Senadores. Pero de acá saldrá un proyecto único lo más específico posible”, confió a Adelanto 24 un legislador de Cambiemos.
Los campos de nuestro país hoy son pulverizados con más de 300 millones de litros de plaguicidas por año, y prácticamente la mitad de la cifra es propiedad del glifosato, el herbicida que la multinacional Monsanto creó a principios de la década del 70.
Hasta el desembarco de la soja transgénica en 1996, la aplicación de este producto no superaba los 3 litros por hectárea. En la actualidad, la cifra por unidad de producción supera con comodidad los 12 litros.
La discusión en cuanto a sus efectos por fuera del trabajo agronómico ganó potencia el año pasado cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), expuso que existe evidencia científica para vincular al químico con la proliferación de, precisamente, el cáncer.
IARC no se detuvo sólo en el glifosato: también en el mismo período incluyó en la nómina al 2,4-D, otro de los herbicidas más utilizados en la Argentina, y con pasado bélico.
Desarrollado por Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial para extinguir los campos de papas y remolachas de la Alemania nazi, el 2,4-D luego fue incluido en la fórmula del Agente Naranja que Estados Unidos fumigó sobre los arrozales de Vietnam en el conflicto que se extendió en ese país entre 1955 y 1975.
Junto con la atrazina, tanto el 2,4-D como el glifosato lideran con comodidad las estadísticas de venta de herbicidas a nivel local. Pero la incidencia negativa de estos componentes ha sido tal que, como expuso en exclusiva Adelanto 24 en julio pasado, hoy la totalidad de la cuenca del río Paraná se encuentra contaminada con el químico desarrollado en su momento por Monsanto.
Distintos monitoreos del CONICET también certifican la presencia de atrazina en los cuerpos de agua de buena parte del país, mientras que el 2,4-D ha sido detectado producto de relevamientos efectuados por la Universidad del Litoral incluso en la zona céntrica de ciudades bonaerenses como Trenque Lauquen.
Consultado por Adelanto 24, Medardo Ávila Vázquez, neonatólogo y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), reconoció que en los pueblos de producción agrícola intensiva las tasas de enfermos y muertes por cáncer triplican las estadísticas del resto de los territorios.El especialista no duda en afirmar que desde 1996 hasta estos días la utilización de agroquímicos aumentó alrededor de un 1.000 por ciento.
Ávila Vázquez fue un especialista clave para determinar, por citar un caso, el grado de contaminación que hoy doblega a la población de localidades cordobesas como Monte Maíz. En ese punto mediterráneo un monitoreo concretado por la UNC ubicó, además de una auténtica epidemia de cáncer, tasas elevadas de malformaciones, abortos espontáneos y diferentes neumopatías.
“En Monte Maíz detectamos glifosato en el 100 por ciento de las muestras de suelo y una proporción similar en las partículas de granos en el aire. Constatamos la presencia de 2,4-D y atrazina en el 50 por ciento de las muestras al igual que insecticida clorpirifos”, detalló.
Otro lugar donde imperan las enfermedades producto de las fumigaciones sin control es San Salvador, en la provincia de Entre Ríos.
En esa ciudad, los tumores malignos provocan el 39,7 por ciento de las muertes, mientras que la segunda causa (enfermedades cardiovasculares) no representa ni la mitad del indicador mencionado. En San Salvador predominan los tipos de cáncer de colon, mama, pulmón, próstata, encéfalo y páncreas.
Un monitoreo ordenado por la Municipalidad de ese distrito reveló este año que todo el suelo de esa área de Entre Ríos se encuentra contaminado con glifosato y AMPA, su degradación. La experiencia también ubicó residuos de atrazina. Ya en las fuentes de agua de la ciudad se constató la presencia de insecticidas como el clorpirifos o el endosulfan, prohibido en la Argentina desde hace tres años.
Relevamientos del mismo tenor tuvieron lugar en los últimos años en distintas zonas de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.
A eso hay que agregarles experimentos científicos adicionales: en 2015, la Universidad de La Plata constató que de 10 muestras de frutas y verduras compradas en verdulerías de esa ciudad, 8 dieron positivo en residuos de los insecticidas clorpirifos y endosulfan.
El tenor de los efectos de las fumigaciones es tal que en el Chaco el genetista Horacio Lucero, contactado por Adelanto 24, no tuvo reparos en enfatizar que sólo en una década esa provincia pasó de contar con 12 escuelas especiales a las actuales 70.
Los químicos que se utilizan para producir algodón, y que tocan de lleno a las madres embarazadas sobre todo en las zonas rurales, han hecho explotar las estadísticas de menores nacidos con problemas cognitivos en dicho territorio.
Otra cuestión sobre la que ahora se desayunan buena parte de los funcionarios nacionales refiere a las escuelas fumigadas, una problemática en ascenso en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos.
En este último caso, el monitoreo de la situación corrió por cuenta del gremio docente AGMER dado que ninguna autoridad provincial tomó en cuenta el reclamo elevado por los docentes sobre todo en los últimos tres años. De 82 escuelas relevadas en Entre Ríos, el 80% recibe hasta 8 fumigaciones al año junto a sus predios. Trasladado al alumnado, esto implica que alrededor de 2.400 menores hoy ven comprometida su salud por este régimen de producción.
Sobre todo este descalabro es que, desde hace poco más de una semana, comenzó por fin la carrera por regular la utilización de agroquímicos que hoy tiene lugar en la Argentina. La decisión de Diputados es cerrar un marco consensuado para su posterior envío al ámbito de Senadores.
Aunque se da por descontado que habrá presiones por parte de los actores del agronegocio, lo relevante es que por primera vez se consolida la decisión de acabar con un vacío legal que ha derivado en un drama ambiental en expansión.
El Estado, para esperanza de quienes hoy son el “lado B” de la Argentina agrícola, parece camino a asumir el protagonismo que reclaman quienes pagan con salud el costo de una productividad tantas veces celebrada.
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