MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Un juez ordenó la clausura de la planta de Atanor de San Nicolás.
La medida preventiva la tomó el magistrado Facundo Puente, tras realizar un allanamiento con Gendarmería y Prefectura.
El juez Facundo Puente, titular del Juzgado de Ejecución del fuero penal de San Nicolás, ordenó clausurar la planta que la firma Atanor posee en esa ciudad luego de concretar un allanamiento, con el apoyo de efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
El juez Facundo Puente, titular del Juzgado de Ejecución del fuero penal de San Nicolás, ordenó clausurar la planta que la firma Atanor posee en esa ciudad luego de concretar un allanamiento, con el apoyo de efectivos de Gendarmería Nacional (GN) y Prefectura Naval Argentina (PNA), en el que confirmó que la empresa no cumplía con las restricciones impuestas por la Justicia para evitar el vuelco de aguas contaminadas al río Paraná y el uso de agua subterránea en grandes cantidades. Por tal razón ordenó la clausura de las instalaciones por considerar que ponen en riesgo la salud pública y el ambiente.
La medida es el corolario de una larga lucha de vecinos y organizaciones que reclamaron y denunciaron por más de 12 años por el impacto de la actividad de la compañía química en la salud de los pobladores, la contaminación del aire, el suelo y el cauce del río.
En el trámite judicial, , el juez dispuso la clausura provisoria de la planta de síntesis de atrazina de Atanor, medida que estará en vigencia hasta que por disposición judicial quede sin efecto.
También prohibió el ingreso a la planta de camiones que contengan sustancias de cualquier índole para ser vertidas en el conducto de efluentes. La empresa demandada deberá denunciar y solicitar autorización con antelación suficiente de todo vehículo de carga que pretenda ingresar o egresar de la planta, y además declarar los productos que se transporten.
Corroboraciones. En ese sentido, el juez ordenó librar oficios a PNA y GN a fin de corroborar el efectivo cese del vuelco de efluentes y la puesta fuera de servicio de la planta de atrazina. También pidió a la policía departamental que diariamente corrobore que se acata la clausura y en forma semanal que informe al Juzgado sobre el cabal cumplimiento de la medida.
El juez Puente confirmó que la anterior disposición cautelar, que impedía el volcado de aguas industriales y servidas al río y el uso de agua de napa a gran escala, no era cumplida por Atanor. Esa conducta pone en grave riesgo al ambiente y a la salud pública por lo que la clausura efectuada corresponde por derecho.
También sostuvo que el expediente se encontraba demorado por las intervenciones poco efectivas de los anteriores jueces que llevaron la causa. "Es loable la actitud de un magistrado que viene de otros pagos, y eso parece darle independencia de criterio, ajustada a derecho, nos permitió acceder a una resolución que concuerda con la actuación esperada de la administración de Justicia", indicó el secretario de la organización Protección Ambiental del Río Paraná, Walter Ibarra, un ex empleado de la compañía e impulsor de los reclamos.
"También se permitió que la población se siga enfermando y en algunos casos perdieron la vida. Todo por funcionarios cómplices de la ambición desmedida de los empresarios y sus patrocinadores. Tarde pero, de a poco, conseguimos algo de Justicia", dijo Ibarra, y añadió que "en este momento nos sentimos enormemente agradecidos con todos los que colaboraron con esta causa".
La planta de Atanor en San Nicolás es la única productora y formuladora de atrazinas del Mercosur. Permite satisfacer la demanda del mercado doméstico y genera saldos exportables. Las atrazinas son herbicidas de amplio espectro, usados para el control de malezas de hoja ancha como de gramíneas. En la década del 70 los usuarios y ciudadanos afectados de EEUU, Canadá y Europa lograron restricciones de uso preocupados por la rápida resistencia de algunas hierbas, la escorrentía y la contaminación de aguas subterráneas.
Antecedentes. Atanor registra hechos de conflictos por contaminación ambiental en esta y otras plantas ubicadas en otras regiones del país. En el caso de una sede emplazada en Vicente López la fábrica estuvo clausurada preventivamente por el municipio.
En 2014, la empresa fue denunciada por un episodio ocurrido en San José de la Esquina en el que el accidente y vuelco de un camión ocasionó el derrame de 18 mil litros de 2,4-D, un poderoso herbicida que Atanor sintetiza en la planta de Río Tercero.
Referencia: http://www.lacapital.com.ar/
VIERNES, 26 DE AGOSTO DE 2016
TIGRE – Con complicidad Municipal, continúan desarrollándose Mega emprendimientos inmobiliarios clandestinos en el Delta del Paraná.
En el Delta de Tigre las obras de megaemprendimientos no están frenadas. Avanzan con la impunidad empresarial y la complicidad municipal.
Saliendo del río Tigre, cruzando el Luján y entrando en el A° Gambado, justo en una curva que supo ser muy arbolada y daba la bienvenida a quién entrara en los ríos del Delta, está el Arroyo “Cruz del Gambado”. Más conocido como “Leber” apellido de su propietario. En esa hermosa confluencia con el Arroyo Gambado, a unos 10 minutos de Tigre continente, se lleva adelante un emprendimiento al estilo Colony Park.
Detrás de esa arboleda, en los últimos años, los vecinos, biólogos y naturalistas han avistado en el área la presencia de gran biodiversidad representada en más de 100 especies de aves deltaicas, lobitos de río, tortugas, cuises, nutrias... Todas especies de difícil observación en ámbitos tan cercanos al continente. Era un área de visita de muchos kayakistas y amantes del delta.
En Febrero de 2016, desembarcan allí dos máquinas retroexcavadoras que inician su trabajo rellenando la isla y los pajones del centro, tumbando especies de árboles, desalojando aves y al bichaje isleño. La Chata IMPACTO, con su pala mecánica abre un canal artificial clandestino. El desastre ambiental avanzó impunemente.
Los vecinos denuncian el emprendimiento clandestino, el 17 de febrero inspectores de la Municipalidad de Tigre desde la unidad ejecutora del “Plan de manejo del delta”, a cargo de Leticia Villalba CLAUSURAN LA OBRA e informan a vecinos que la única autorización que tienen de obra en la “Quinta Leber” es de DESMONTE SIN MÁQUINAS.
El 18 de Febrero de 2016, se viola la faja de clausura y comienzan los trabajos de las dos retroexcavadoras. Hoy solo queda una cortina de árboles que esconden el desastre ambiental que han decido hacer los pequeños emprendedores con aspiraciones a grandes proyectos rentables. Los socios del proyecto son German Leber y Martin Rivas, diseñador de la web turística “Welcome Tigre”: http://welcometigre.com
Este pequeño emprendimiento además de desmontar el área, rellenar el centro de isla y destruir el hábitat de infinidad de especies, no ha realizado los trámites legales acorde a su envergadura. Por ley (N° 11.723), en aquellos emprendimientos que realicen movimientos de suelos, canalizaciones y desmontes deben presentar el proyecto al OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable) con su debido Informe de Impacto ambiental. Para ser aprobado tienen que realizar una audiencia pública donde participe la comunidad, luego ser revisado por los organismos competentes, mientras hacer trámites en otras dependencias provinciales. Nada de esto se realizó. Razón que hizo que la obra sea clausurada por la municipalidad. Pero allí siguen las máquinas trabajando.
Desde entonces los vecinos venimos denunciando a la municipalidad que las obras avanzan pese a la clausura. Leticia Villalba nos respondió en marzo por mail y por teléfono que la obra estaba clausurada. En la primera semana de julio tuvimos audiencia con ella y representantes de otras organizaciones sociales donde nuevamente aseguró que estaba clausurada. Ante nuestras pruebas de que el emprendimiento avanzaba, nos contestó que eso ya está tramitado en la Secretaría de Obras Particulares y que debían clausurarla una cierta cantidad de veces para luego poder iniciar una causa legal por romper la faja de clausura. La secretaria aseguró que la municipalidad no cuenta con instrumentos legales para ejercer su poder de policía frente a estos hechos.
Sin embargo, los daños a los bienes de dominio público son argumento suficiente para iniciar causas legales y para la intervención municipal, que ahora, a partir del Fallo de la jueza Arroyo Salgado cuenta con la legitimidad legal para intervenir directamente.
Lo cierto es que esta “incapacidad” municipal es cómplice del desastre ya que mientras van y vienen los papeles de la clausura las obras van avanzando. Esto sucedió con Colony Park y con todos los barrios cerrados. La flexibilidad municipal y la política de hechos consumados de los megaemprendedores, van de la mano. Y si no hay dinero dando vueltas, hay un consenso en que el modelo de desarrollo es el del capital inmobiliario financiero, que depreda y desplaza a las poblaciones locales. Modelo de desarrollo inmobiliario que destruye el humedal y despoja a la comunidad isleña. Al destruir el humedal se destruye el modo de vida isleña.
Este no es el único emprendimiento en el Delta. A metros en el Canal Buenos Aires, en enero y febrero se desmontaron, canalizaron y rellenaron varias hectáreas con el objetivo de ser loteadas. En el A° Toro se vende en Facebook un loteo “Puertos del Toro” donde han canalizado y rellenado los lotes vendiéndose con la estética de un barrio cerrado. Todos han sido denunciados y L. Villalba asegura que todos están clausurados, pero las obras siguen y siguen…
En el marco de la causa penal contra todos los barrios cerrados de la Cuenca del Luján, la jueza Arroyo Salgado ha resuelto que la Municipalidad de Tigre sigue aprobando proyectos sin las condiciones debidas y ya no puede seguir haciéndolo, instando al municipio a que cumpla sus deberes de funcionarios públicos en efectivizar las clausuras. Qué esperan?
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