Procesaron a tres productores agrarios por contaminación con agroquímicos
Los agricultores desoyeron los alcances de la disposición de la Justicia federal que ordena una zona de exclusión de 1.095 metros en torno a la ciudad
Tres productores agropecuarios de Pergamino fueron imputados de contaminación por uso de agroquímicos en sus campos cercanos al centro urbano.
La medida la tomó el juez federal, Carlos Villafuerte Ruzo, en el marco de la causa penal iniciada por Sabrina Ortíz y las Madres de Barrios Fumigados de Pergamino por las aplicaciones con agroquímicos en cercanías de tres barrios de la ciudad.
El juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, dispuso el procesamiento, sin prisión preventiva, de tres productores imputados en la causa caratulada "Sobre Infracción al artículo Nº 55 de la ley Nº 24051 y 200 del Código Penal". Asimismo determinó el embargo de sus bienes por tres millones de pesos para cada uno de ellos, fijado en forma provisional para el pago de costas, la pena pecuniaria y efectividad de su responsabilidad civil y dictó la falta de mérito respecto de un cuarto imputado.El magistrado consideró en primera instancia a los productores como "coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)".
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Para la semana que viene, el juez federal dispuso la indagatoria del jefe y subjefe de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, área encargada del control de las fumigaciones. Ante esta citación, el intendente Javier Martínez decidió separar a los funcionarios de sus cargos y habría negado la colaboración municipal en el asesoramiento jurídico del veterinario y el ingeniero agrónomo llamados a indagatoria.
A principios de octubre, Villafuerte Ruzo, ordenó que se fijara un límite restrictivo y de exclusión total para aplicaciones de agroquímicos de 1.095 metros para las pulverizaciones terrestres y de tres mil metros para las aéreas en torno a toda la ciudad de Pergamino. De esta manera, la Justicia Federal amplió una medida anterior que sólo protegía a tres barrios de la ciudad.
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El procesamiento de los productores partió del pedido del fiscal federal Matías Di Lello quien había solicitado a Villafuerte Ruzo que investigue si había propietarios de campos que estaban en la zona de exclusión que, junto con los funcionarios municipales y el intendente, habían incurrido en el delito de desobediencia. En su argumentación, Di Lello indicó que posteriormente a que el Juzgado Federal dictó la suspensión parcial de las aplicaciones de plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agrotóxicos en la zona crítica de Pergamino, en el campo de uno de los imputados se habría realizado una pulverización con glifosato y dicamba, desoyendo la resolución judicial.
El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. "En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal", explicó el abogado Fernando Cabaleiro a La Capital.
En la valoración de los hechos y pruebas sobre la contaminación con agrotóxicos tanto en las personas como en el agua, debidamente acreditadas en la causa penal, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ponderó la información de carácter científico brindada por profesionales de diversas ramas de la ciencia.
Concretamente Villafuerte Ruzo basó su resolución en los estudios del ingeniero químico Marcos Tomassoni, especialista en derivas y agroecología; del doctor Rafael Lajmanovich investigador del Conicet y titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de Universidad Nacional del Litoral, la doctora Maria del Carmen Seveso, miembro del Comité Hospitalario de tica, Hospital 4 de Junio y coordinadora de la Fundación Red Salud Popular Ramón Carrillo, de Delia Aiassa, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora de la Universidad de Río Cuarto; de la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio del INTA Balcarce; de la doctora Stela Benítez Leite, titular de la Cátedra de Pediatría, Centro Materno Infantil (CMI), Facultad de Ciencias Médicas, UNA-Paraguay y los aportes de los doctores Medardo Avila Vázquez, especialista en pediatría y en neonatología, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y Damian Marino, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de la Plata.
"Se trata de un hito trascedental de la lucha judicial de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires y del país, es la primera vez que se logra procesar a productores agroindustriales, que violando normas de protección aplican agrotóxicos a metros de las viviendas de vecinos y vecinas. Los agrotóxicos son venenos pueden producir cáncer, daño genético, afectar el sistema hormonal y nervioso humano, no se biodegradan y contaminan el agua de consumo de la población", resaltó Cabaleiro.
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Patricia
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