Revive debate por eventuales daños generados por los campos electromagnéticos
La antena de la discordia
Un juez de Cali ordenó a Movistar y Avantel desmontar la estructura porque habría afectado la salud de un menor. Operadores alegan falta de información científica en la decisión.
Por: Óscar Güesguán Serpa
Hasta 250 días podría demorar el proceso de desmonte de este dispositivo en Cali, según Movistar./ 123rf
Sin mucho alboroto, un fallo de tutela a favor de la señora Amelia Daza Vidales, madre de Samuel González Daza, que padece una trombocitosis leve, enfermedad en la cual el alto número de plaquetas en la sangre hace que ésta se coagule, derivando en infartos o apoplejías, ordenó a la Sociedad de Telecomunicaciones Telefónica (Movistar) y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP - Avantel S.A. desmontar una antena de telefonía móvil celular en el barrio Champagnat del occidente de Cali.
Esta decisión, tomada en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, aunque es de carácter preventivo abre nuevamente el debate sobre si estos dispositivos, instalados por los operadores móviles para cumplir con la cobertura de comunicaciones de sus usuarios, son o no perjudiciales para la salud humana.
Alexánder González, padre del menor, asegura que la proximidad de la antena con su casa —unos cinco metros— ha sido una de las causantes de la enfermedad. “En pocas palabras, a mi hijo tenía que darle cáncer o leucemia para que ellos (Movistar y Avantel) levantaran la antena, porque no había evidencia científica que relacionara la enfermedad con la presencia de este dispositivo”, asegura.
Según la Agencia Nacional del Espectro, en Colombia se han realizado más de 15 millones de pruebas que certifican que la potencia de las ondas de estas antenas está por debajo de los valores exigidos por la Organización Mundial para la Salud para no generar ningún tipo de afectación a la salud, medida que fue adoptada por medio del decreto 195 de 2005.
Pero, basándose en las consideraciones del pediatra Carlos Idárraga —quien dijo que hacía “constar que en marzo 10 de 2014 estuvo en consulta médica (el menor agenciado) con dx. de trombocitosis y eczema en manos y pies. Dichos síntomas de aparición súbita sin causa determinada en la literatura médica se encuentra relación causa efecto con radiación electromagnética” (ver facsímil) —, una investigación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que identifica “los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posiblemente cancerígenos”, y una de la Corte Constitucional que dice que hay omisión en la regulación de los “límites de ubicación de las antenas de telefonía celular”, el juez, por prevención, determinó que la antena en esa zona no va más. La decisión tiene incómodos a los operadores del país.
Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), le dijo a El Espectador que “tenemos que hacer más divulgación para la ciudadanía y las autoridades que toman estas decisiones, porque en el caso Cali se pueden ver afectados más de 25.000 usuarios. Hoy, cuando el Gobierno ha generado una política de inclusión a las nuevas tecnologías, si no hay un acuerdo entre la sociedad y la posibilidad de generar el desarrollo a través de la conectividad vamos a tener un corto circuito. Esa es nuestra preocupación”.
Movistar, por su parte, ya está adelantando los trabajos respectivos para la remoción del dispositivo, pero aclaró que el proceso puede tardar hasta 250 días. Diana Rivera, gerente regional de la firma, aseguró que la medida perjudicará alrededor de 1.200 clientes de voz cada hora y 700 de datos. “Esta tutela es preventiva, pero no tiene la medición médico-científica que hemos pedido en los alegatos y no hemos recibido respuesta del juzgado sobre esta solicitud”.
A propósito del caso, Julio César Castañeda, subdirector de vigilancia y control de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), aseguró que el juez tomó argumentos de otras sentencias de la Corte Constitucional sobre casos similares y aplicó una medida preventiva, y agregó que “en esa tutela no intervenimos, nunca nos llamaron como autoridad técnica a prestar un peritaje. Es decir, no hay una prueba técnica por parte de la ANE para determinar si hay ondas que puedan estar más allá de los límites y causen algún daño a la salud”.
Dos sentencias antecedieron la actual. Una de ellas, la T-1077 de 2012, ordenó el desmonte de una estación base en Fresno, Tolima, argumentando que “no es posible constatar una relación directa entre las afecciones de salud y la radiación no ionizante, la clasificación de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posiblemente carcinógenos para los humanos, permite que las autoridades, en aplicación del principio de precaución, tomen medidas frente a la radiación”.
Sobre los alegatos de los operadores, el magistrado Jorge Pretelt, ponente de este fallo, asegura que “las sentencias proferidas por la Corte Constitucional han puesto en evidencia los estudios científicos existentes sobre los riesgos a la salud de las emisiones de radiaciones electromagnéticas, sobre todo en poblaciones vulnerables como las que se encuentran en las instituciones educativas, hospitales, hogares geriátricos, donde hay personas de la tercera edad, niños y niñas. Sin embargo, debe tenerse claro que los soportes científicos valorados por el juez constitucional presentan posiciones divergentes sobre los impactos en la salud y el ambiente”.
Por su parte, el presidente de Avantel, Jorge Andrés Palacios, considera que “lo único que existe son estudios de que no hay una relación directa entre la radiación de las torres y la salud de los usuarios. Por eso invitamos al Gobierno a tomar una posición mucho más constructiva, porque estamos en una etapa de despliegue de la tecnología y para construir estas estructuras estamos encontrando este tipo de cuellos de botella que limitan nuestra capacidad de llevar los beneficios a la gente”.
Mientras sobran los argumentos de lado y lado, González, convencido de que fueron las antenas las que deterioraron la salud de su hijo, manifiesta que “ahora quitan la antena y ya. El problema médico de mi hijo tendré que sortearlo yo. No me van a dar ninguna plata, pero en caso de que a mi hijo le pase algo, yo generaré una demanda penal”.
oguesguan@elespectador.com
@oscarguesguan
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