¿Es mejor prevenir... que vacunar?
Escrito por Álvaro Sanabria Duque
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- Autor:Álvaro Sanabria Duque
- Edición:207
- Sección:Salud y negocios
- Fecha:Octubre 16 - noviembre 16 de 2014
El caso de la reacción en masa de cientos de niñas pobladoras del municipio del Carmen de Bolívar ante la aplicación de la vacuna contra el papiloma humano, la respuesta dada al mismo por el poder dominante en el país, y el negocio imperante con los medicamentos y de la biotecnología, resalta y coloca ante los ojos de todos que salud, política y negocios privados conforman un triángulo que la sociedad debe confrontar y evitar que marchen al unísono.
Las graves alteraciones de la salud que de forma casi simultánea fueron evidentes en no menos de cuatrocientas niñas y adolescentes del Carmen de Bolívar, municipio de la costa atlántica colombiana, situado por carretera a poco más de novecientos kilómetros de la capital del país, ilustra de forma clara los peligros del pensamiento y el accionar colonizado de los grupos gobernantes.
La explicación de los desmayos, fuertes dolores de cabeza, debilidad manifiesta y dificultades en la locomoción que experimentaron las menores, como consecuencia de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), según el criterio de sus familiares, era el único factor común no cotidiano al que habían estado expuestas conjuntamente las niñas. Pese al testimonio y a la fuerza del mismo, fue desechado sin miramientos con el diagnóstico sumario formulado por el ingeniero Alejandro Gaviria, quien funge como ministro de salud, y quien diagnosticó que lo presentado era un Síncope Psicogénico Masivo.
La conclusión perentoria fue, entonces, que tratándose de una vacuna que pretende proteger contra un riesgo que en buena medida proviene del inicio de una vida sexual activa, la reacción de las niñas derivó en histeria colectiva. De esa manera, esquivaban el hecho que la seguridad y la efectividad de la vacuna ha estado siempre envuelta en una fuerte polémica. Cuando el Ministerio de Salud colombiano anunció el programa de vacunación contra el VPH en 2012, el diario Portafolio del 5 de octubre de ese año preguntaba si ese programa no iba a poner en riesgo a 400 mil niñas y citaba el caso de España donde habían tenido que crear la Asociación de afectadas por la vacuna del Papiloma –Aavp, fundada en Valencia– para reclamar al Estado y las multinacionales por los daños causados, así como el de Estados Unidos donde el Vaccine adverse event reporting system (Vaers), la autoridad pública en farmacovigilancia de ese país tenía notificadas, para esa fecha, 119 muertes y 26.564 casos de reacciones adversas. Ese diario preguntaba en el mismo artículo, y con razón, si en tales condiciones era justificable invertir 26 millones de dólares en comprar tal vacuna.
Las inquietudes, sin embargo, no sólo debían provenir de esos hechos, pues el Premio Nobel de medicina de 2008, Harald Zur Hausen –compartido ese año por otros dos médicos– por descubrir la relación entre el VPH y el cáncer de cuello uterino, estuvo marcado por el escándalo, en razón que dos miembros del Comité Nobel del Instituto Karolinska, Bo Angelin y Bertil Fredholm, jurados del Premio, habían estado en la nómina de AstraZeneca, empresa que había adquirido en 2007 la compañía Medimmune, entre cuyas patentes figura la correspondiente a la técnica que permite obtener las partículas con las que se desarrollaron las dos primeras vacunas contra el mencionado virus, y de las que AstraZeneca obtiene ingresos por derechos de propiedad intelectual. Curiosamente, Zur Hausen visitó Colombia el pasado 6 de octubre, y dio una conferencia sobre el tema del VPH en la celebración de los cien años del Gimnasio Moderno, sin que nadie lo importunara preguntándole por el escándalo. Además, Japón, que en marzo de 2013 decidió añadir Gardasil y Cervarixa, las dos vacunas contra el VPH, a su calendario de vacunaciones recomendado, suspende en junio de ese año tal recomendación tras analizar 2.000 casos y encontrar 357 eventos adversos graves. Como si fuera poco, el eurodiputado Michèle Rivasi, vicepresidente de los Verdes en Francia, ha solicitado una moratoria de la vacuna del VPH a los países de la Unión Europea, por considerar que no es efectiva, ni segura, ni necesaria.
Ahora bien, si en agosto el viceministro de Salud Fernando Ruiz, declaraba que: "Según el estudio hecho a una de las niñas, lo que se determinó fue una importante presencia de plomo en el organismo de las menores, y muy dudosamente hace referencia al tema de la vacuna como tal", con ello se reconocía un problema de origen físico y no de histeria colectiva, contradicción sobre la que no se llamó la atención, pues al gobierno lo que parecía importarle era salvar los papeles y culpabilizar a los enemigos de la modernidad ("Globalmente la oposición a la vacuna contra el VPH ha venido de organizaciones religiosas y grupos anticientíficos", declaraba el ministro). Mientras, desde el lado de académicos y periodistas, la culpa se endosaba a la ignorancia y el atraso de las clases populares. La revista Semana, por ejemplo, consignaba las declaraciones de Carlos Francisco Fernández, al que identificó como ex-presidente de Sociedades Científicas, y quien allí explicaba el problema diciendo que "llegamos con una vacuna de altísima tecnología a un pueblo que no tiene acueducto", descargando, de esa manera, la emergencia del problema en los cuerpos de las receptoras de la vacuna, por incapaces de asimilar la sofisticación tecnológica de lo suministrado, en una muestra patética del nivel reflexivo de nuestros "hombres de ciencia".
Un cierto tufillo de clasismo y sexismo, poco disimulado por cierto, se deja ver entonces en las reacciones del establecimiento, pues la imagen de la histeria colectiva esgrimida en este caso, no deja de tener familiaridad con el mito machista surgido en la edad media, que relacionaba las reacciones colectivas de grupos de mujeres perseguidas y asustadas con la brujería y las posesiones demoniacas. Pero, ¿por qué tanto celo del Estado en convertirse en abogado de oficio de la vacuna? ¿Por qué no guardó prudencia y esperó los resultados de las pruebas? ¿Por qué, incluso, ha reprimido con violencia las protestas de los padres de las afectadas? Para acercarnos un poco más al problema es necesario mirar un hecho casi simultáneo: la firma por parte del Presidente de la República, el 17 de septiembre, del decreto que regula el mercado de los medicamentos biotecnológicos en el país.
Negocio, biotecnología, e incertidumbre
Luego de tres años de discusión, de tires y aflojes, entre las multinacionales del negocio, el gobierno norteamericano, las entidades multilaterales y la burocracia criolla, en la fecha antes indicada fue estampada la firma presidencial en el decreto que regula el mercado de los medicamentos biotecnológicos en el país (de los cuales el de las vacunas no es precisamente una parte pequeña). En las tensiones de las negociaciones, y hasta último momento, el gobierno norteamericano le recordó al colombiano, a través de una carta que el vicepresidente Joe Biden hizo pública el 14 de septiembre, las obligaciones desprendídas del TLC.
A finales de julio de 2014, el embajador nacional en Washington, el tristemente célebre ex-presidente de la Andi Luis Carlos Villegas, le envió una misiva al ministro de Salud Alejandro Gaviria en la que, cual mensajero de los laboratorios norteamericanos, le transmitía las inquietudes que esas empresas tenían sobre la posibilidad que en Colombia se estimulara la fabricación de Biosimilares (copias de los biotecnológicos originales) y sobre las pruebas que dichos biosimilares deberían cumplir para ser homologados y autorizados.
Gaviria, en respuesta a una carta enviada, a su vez, por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en la que ésta institución exponía al ministro las mismas inquietudes trasmitidas por el embajador desde Washington, aclaraba que si se consultó más a la organización Mundial del Comercio (OMC) que a la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue porque los acuerdos con la OMC son vinculantes mientras que los suscritos con la OMS no, con lo que dejó claro que en materia de medicamentos el negocio está primero. El ministro Gaviria acaba su carta tranquilizando a las farmacéuticas, diciéndoles que "Por esta razón la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social, han decidido expedir el decreto conservando sus contenidos e invitan a Afidro a participar en el diseño de una agenda conjunta de guías que deben ser expedidas para su aplicación (las cursivas no son del original), con participación de expertos nacionales e internacionales. Con lo que al poder incidir, con fuerza, en la reglamentación de la norma, la misión de Biden, Villegas, Afidro, la Organización de la Industria Biotecnológica, y otras más, puede considerarse cumplida.
El celo mostrado en la disputa por las diferentes partes obedece a que en la producción de medicamentos nos encontramos en una fase de transición en la que los productos resultantes de síntesis química comienzan a dejarle el espacio a los biológicos. Si bien los de origen inorgánico representan aún algo así como el 80%, sus ventas decrecen a un ritmo de 5% anual, mientras que las de los biológicos crecen 8% en igual periodo. Dado que entre los biológicos, los que más impulso reciben son los biotecnológicos (extraídos de un organismo vivo previamente manipulado) que son, además, los más costosos de producir y los más caros del mercado, hoy, la factura por el uso de este tipo de fármacos puede representar alrededor del 25% de la factura total en esta clase de gastos.
El crecimiento del mercado de estos productos ha sido vertiginoso en los últimos años: mientras que en 2008 tan sólo dos de los diez más vendidos era de origen biotecnológico, en la actualidad ya son la mitad. El sofosbuvir, conocido comercialmente como Sovaldi, desarrollado para curar la hepatitis, cuesta en Europa alrededor de 75.000 dólares para un tratamiento de tres meses; en EE.UU, ese mismo tratamiento puede costar 100.000 dólares (es decir, entre 150 y 200 millones de pesos para el caso de nuestro país). En Colombia, después del Dolex –el medicamento más vendido en nuestro territorio–, los tres que le siguen en la lista son de origen biotecnológico: rituximab, de Roche, utilizado para la leucemia; adalimumab, de Abbott, formulado para la artritis reumatoide y trastuzumab también de Roche, para el cáncer de mama. Se estima que entre 2008 y 2013 el país gastó 1.500 millones de dólares (aproximadamente 3 billones de pesos) en medicamentos biológicos.
El alto costo sesga en el mundo la investigación y la producción, favoreciendo a los más ricos. Tan sólo el 10% de los recursos es dedicado a la búsqueda de tratamiento para las enfermedades que afectan al 90% de la población (los más pobres), mientras que el 90% de la inversión tiene como destino la investigación de dolencias que afectan al 10% de los más privilegiados, en el famoso desbalance que Médicos Sin fronteras (MSF) ha denominado el "desequilibrio10/90". Esto implica que muchas enfermedades no sean investigadas, y entren en la categoría de Enfermedades Olvidadas. Entre 2000 y 2011, según MSF, sólo el 3,8% de los nuevos medicamentos aprobados, diferentes de las vacunas, se destinó para enfermedades desatendidas, Y tan sólo el 1,4% de alrededor de 150.000 ensayos clínicos, tuvo como objeto esos padecimientos. Ahora bien, tanto las vacunas, por su carácter masivo, como muchos de los medicamentos costosos empiezan a ser comercializados a través de los sistemas de seguridad social, con el fin de que las multinacionales cumplan con las metas de rentabilidad, por lo que la presión sobre los gobiernos, los médicos y también los pacientes a través de la publicidad, empieza a ser sofocante.
Otro detalle que no puede dejase pasar. Los medicamentos biotecnológicos, a diferencia de los farmaquímicos, pueden generar respuesta inmune y son estructuralmente más variables e inestables, dando lugar a reacciones mucho más diversas e inesperadas por efecto de su aplicación. La inmunogenicidad (respuesta inmune) es un tema que los expertos consideran está aún en una fase incipiente de exploración, por lo que debiera exigirse máxima precaución en el uso de medicamentos biotecnológicos y una veeduría social permanente. El desarrollo y comercialización de la vacuna contra el VPH ha estado inscrita en ese ambiente donde negocio, política e incertidumbre están tensando el entorno de la salud, de una forma desconocida hasta ahora. No es pues a una asimetría entre la complejidad tecnológica de la vacuna y el "atraso" de la población que la recibe (como creen nuestros "científicos") a la que obedecen las reacciones masivas adversas, sino a la naturaleza misma de un sistema sanitario mercantilizado que pretende hacer de los cuerpos espacios de valorización del capital.
Una industria oscura
La síntesis de los llamados principios activos de ciertos organismos, y su necesidad de producción en masa está en la base de las modernas industrias farmacéuticas. El ácido acetilsalicílico, que había sido sintetizado desde principios del siglo XIX, y cuyo proceso es perfeccionado y comercializado en los albores del siglo XX, bajo el nombre de Aspirina, por la firma Bayer, es quizá el primer fármaco de producción industrial globalizado.
Bayer, que se transformaría en 1925 en IG Farbenindustrie, el conglomerado industrial más grande de su época, luego de la fusión con compañías como Basf y Hoechst, entre otras, tendría un papel criminal en la Segunda Guerra Mundial, no sólo por el uso de los prisioneros de los campos de concentración como trabajadores esclavos, sino por la producción del gas Zyklon B con el que se mató a millones de detenidos, en las llamadas cámaras de gas. Con la invasión alemana a Polonia en 1939 y la instauración en ese país de campos de concentración y exterminio como Auschwitz, IG Farben crea la sociedad "IG Auschwitz", que utiliza prisioneros en los bioexperimentos del médico nazi Josef Mengele.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, a través de la Operación "Paperclip", el gobierno estadounidense reclutó cerca de 700 científicos nazis, expertos en armas químicas y experimentación médica, reforzando el centro de investigación biológica y de desarrollo de armas químicas conocido como Fort Detrick (que en los setenta cambió su nombre por el de Instalaciones Frederick para Investigación sobre el cáncer), ubicado en Maryland, y que se especializó en "ingeniería de la infección". El "Experimento Tuskegee" de la sífilis no tratada, que consistió en inocular y dejar desarrollar la enfermedad a un grupo de 400 aparceros negros en Alabama, para estudiar su evolución; la inoculación de enfermedades venéreas a 696 guatemaltecos entre 1946 y 1948, para probar antibióticos; los experimentos con radiación; la inyecciones de pequeñas dosis de plutonio y uranio a enfermos terminales de cáncer (estos últimos hechos dados a conocer en la investigación realizada por el Comité Asesor del presidente William Clinton en 1995), son una pequeña muestra de lo actuado en nombre del avance de la ciencia médica. Esto sin contar con los millones de animales torturados y sacrificados, y el reciente uso de cobayas humanos "voluntarios".
El caso del medicamento Vioxx, para el tratamiento de la artritis, es otro buen ejemplo del divorcio entre ética y ganancia, pues desde su comercialización en 1999 hasta 2003 se considera la causa de 27.785 muertes por ataque al corazón y de alrededor de 160.000 crisis cardíacas y ataques cerebrales, siendo retirado tan sólo del mercado hasta 2004, a pesar de conocerse sus efectos. Igualmente, Avandia (rosiglitazona), un medicamento contra la diabetes de Glaxo Smith Kline es sacado en 2010 del mercado europeo, y pese a las dudas que genera, también acerca de ser el desencadenante de ataques cardiacos, fue "rehabilitado" en Estados Unidos el año pasado, dejando en la incertidumbre a sus usuarios.
Pero, más allá de eso, y que también reclamen mirar los casos más exitosos como la penicilina o la vacuna contra la poliomielitis, por ejemplo, ¿la sola existencia del desequilibrio 10/90 no obliga a las sociedades a desprivatizar, por lo menos, la investigación y producción de medicamentos para las enfermedades de la pobreza? ¿El tránsito acelerado hacía los medicamentos biotecnológicos no exige una veeduría ciudadana fuerte sobre los protocolos de experimentación y aprobación?
La asignación de recursos a través del mercado no parece muy eficiente para los grupos subordinados en el caso de los medicamentos, y tampoco para la salud en general. Según el Nobel de Medicina de 1993, Richard J. Roberts, la industria farmacéutica prefiere producir medicamentos cronificadores, es decir aquellos que hacen desaparecer los síntomas mientras se consume el producto, y paraliza la investigación de aquellos que curan, es decir que erradican la causa. Curación significa perdida del "cliente", cronificación, en cambio, dependencia permanente de la medicación. La salud del 99% depende, entonces, de la apropiación y gestión socializada de centros de investigación, experimentación y producción de los medicamentos que requiere. Otra propuesta obligada de los movimientos que de verdad luchan por un mundo más amable.
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