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martes, 18 de febrero de 2020

El glifosato tiene fecha de caducidad. Por MARÍA CARNERO, DIARIO DE LEON.

AGRICULTURA

El glifosato tiene fecha de caducidad

Europa prohibirá en 2022 el uso de este herbicida, al que la OMS clasifica como «posible cancerígeno» En León sólo la Junta lo sigue utilizando para la limpieza de algunas carreteras






Este herbicida no selectivo se utiliza para eliminar la maleza de las cunetas de las carreteras. DL
 Este herbicida no selectivo se utiliza para eliminar la maleza de las cunetas de las carreteras. DL
Son ya muchas las administraciones públicas que han decidido dejar de utilizar el glifosato para controlar la vegetación que se acumula en los márgenes de las carreteras de su titularidad. Este potente herbicida de amplio espectro no selectivo, el más utilizado en la actualidad en mantenimiento viario, en agricultura y en jardinería, está actualmente en el punto de mira por sus efectos nocivos no solo para el medio ambiente, lo cual está ampliamente demostrado, sino también para la salud humana. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el glifosato como «probablemente cancerígeno para los seres humanos», basándose en una fuerte evidencia de que es cancerígeno para los animales. También se sospecha que actúa como un disruptor endocrino y que es tóxico para la reproducción.
La última administración pública que ha decidido desechar este producto en las labores de mantenimiento de sus carreteras es la Xunta de Galicia. Ha sido después de que el parlamento gallego aprobara por unanimidad una resolución en la que se insta a las administraciones a buscar alternativas al uso de herbicidas.
En León, que con 6.053 kilómetros es la segunda provincia de España con más kilómetros de vía, se sigue usando —en parte— este pesticida para limpiar las cunetas de maleza, pero sólo en las carreteras de titularidad autonómica, es decir, parte de los 1.786 kilómetros de carreteas competencia de la Junta de Castilla y León.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente reconoce que sí utiliza glifosato en las labores de mantenimiento de la red autonómica. «Es un producto cuya utilización está permitida, ya que no tiene pictogramas», aseguran desde la consejería que explican que «no siempre es factible usar medios mecánicos, en estas labores, por lo que se utilizan pesticidas si resulta posible —no siempre lo es— o la seguridad vial lo permite, ya que no todos los tramos de las carreteras son iguales».
Por su parte, la Diputación de León, con 3.310 kilómetros de carreteras a su cargo no utiliza ningún tipo de pesticida para combatir la maleza. Según el diputado de Infraestructuras, Luis Alberto Arias, «no se usa glifosato en ningún caso, solo se desbroza mecánicamente con desbrozadora de tractor o manual, o con persona con desbrozadora».
Según denuncia Greenpeace, además del daño para la salud humana de las personas que están más expuestas al glifosato, como pueden ser los trabajadores que lo utilizan, este pesticida tiene «graves impactos» en el medio ambiente, puesto que contamina los suelos y el agua y afecta a otros seres vivos, organismos acuáticos, peces y moluscos, pasando también por las ranas y sus renacuajos, y organismos del suelo, como las lombrices de tierra, fundamentales para mantener e incrementar la fertilidad del suelo. También resulta nefasto para los polinizadores.
En octubre de 2017, el Parlamento Europeo exigió una prohibición total de los herbicidas a base de glifosato para diciembre de 2022 y restricciones inmediatas sobre su uso no profesional.
Por eso, el Parlamento rechazó la propuesta de la Comisión Europea de renovar la licencia de uso del controvertido herbicida diez años más. Los eurodiputados reclaman medidas para la eliminación gradual de esta sustancia, empezando por una prohibición completa de su uso doméstico y por vetar su utilización en agricultura cuando otras alternativas ecológicas, como los «sistemas integrados de gestión de plagas, sean suficientes para el control necesario de las malas hierbas.
El uso del glifosato debería quedar totalmente prohibido en la UE a partir del 15 de diciembre de 2022, según los eurodiputados.

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