SOCIEDAD › RECLAMO DE UNA COMUNIDAD MAPUCHE
Derrame de petróleo
Por Darío Aranda
Una petrolera estadounidense en territorio mapuche, denuncias de contaminación y la judicialización de comunidades indígenas. Es la situación en Portezuelo Chico (Neuquén), donde la compañía Apache Corporation explota nueve pozos en territorio de la comunidad Winkul Newen y se produjo derrame de petróleo. “El Poder Judicial siempre ha estado a favor de la petrolera y del gobierno provincial, garantizando la explotación a costa de nuestras vidas, desconocen nuestros derechos”, afirmó Relmu Ñamku, integrante de la comunidad. A pesar de haber violado convenios internacionales y leyes nacionales que obligan a consultar a la comunidad, la jueza Ivonne San Martín autorizó el ingreso de la petrolera y procesó a dirigentes mapuches.
En octubre pasado, la comunidad Winkul Newen denunció un derrame petrolero de un ducto en Portezuelo Chico (a 25 kilómetros de Cutral-Có, donde Apache tiene nueve pozos). La comunidad cerró el ingreso a sus 3000 hectáreas y exigió una mesa de diálogo para la remediación ambiental y discutir el impacto social y cultural. “Hay incontables derrames en el yacimiento. Una mañana nos levantamos y había ‘llovido’ petróleo. La contaminación es una constante”, advirtió Ñamku.
El 28 de diciembre, la jueza de Zapala Ivonne San Martín ordenó que la comunidad liberara el paso a la petrolera. La comunidad resistió la medida en la tranquera y, pedrada mediante, la auxiliar de Justicia Verónica Pelayes sufrió rotura de tabique nasal y cinco puntos de sutura. Fueron detenidas tres autoridades mapuches.
Comenzó entonces una campaña mediática en Neuquén que hizo hincapié en la “violencia mapuche”. El abogado de Pelayes, Julián Alvarez, argumentó que la pedrada “fue un intento de homicidio” y llamó a los mapuches “delincuentes que viven en la ilegalidad”. Alvarez es abogado de la Sociedad Rural de Neuquén y defensor del ex juez de la dictadura militar Pedro Laurentino Duarte, acusado por organismos de derechos humanos de colaboracionista de la última dictadura militar.
El 26 de enero, el gobernador Jorge Sapag también denominó “violentos” a los integrantes de la comunidad Winkul Newen.
Organismos de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto: “Nos duele el rostro desfigurado de Verónica Pelayes y lo lamentamos profundamente. También nos duelen tantos rostros invisibilizados, anónimos, discriminados, olvidados que por siglos lucharon y luchan en la actualidad. ¿Será que los integrantes de las comunidades indígenas y campesinas deben estar presos porque defienden sus territorios de los avances ambiciosos de las empresas transnacionales y de los gobiernos?”. La nota lleva la firma de Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos de Zapala, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Asamblea Popular Zapala, la Pastoral Social local y el obispo emérito Marcelo Melani, entre otros.
El 14 de febrero, la empresa –con policías y seguridad privada– volvió al territorio mapuche e intentó ingresar. La comunidad denunció que estaba “sitiada” por la empresa y apuntó al papel del Poder Judicial. “Siempre ha estado a favor de la explotación petrolera, jamás se han preocupado por la falta de agua o la contaminación. Pero cuando bloqueamos el ingreso de la empresa, siempre los jueces mandan despliegues policiales increíbles. La jueza San Martín es un ejemplo de esa ‘Justicia’, es una jueza antimapuche”, acusó Ñamku y exigió el cumplimiento del derecho a consulta vigente en tratados internacionales a los que Argentina suscribió.
El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia desde hace cinco años la judicialización de la lucha del pueblo mapuche. Afirma que, sólo en Neuquén, hay 250 dirigentes indígenas judicializados por defender el territorio. En su informe anual 2010 “Los derechos humanos del pueblo mapuche” les dedican un apartado como “emblemas de discriminación” a las juezas Ivonne San Martín y Carina Alvarez: “Tienen una actitud ‘militante’ en contra del pueblo mapuche y un abierto desafío al cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales. Se han destacado por sus reiteradas y sistemáticas negativas a reconocer los derechos indígenas. Hacen una decidida utilización de la policía para desalojar y disciplinar las resistencias indígenas”.
La petrolera Apache Corporation tiene presencia en Australia, Estados Unidos, Egipto, Reino Unido, Canadá y Argentina. Apache –que no respondió los llamados de este diario– realizó en 2011, también en territorio mapuche y en las afueras de Zapala, la primera perforación en América latina con la técnica de “multifractura horizontal” (una de las formas de “fracking”, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión, que rompen la roca y extraen el hidrocarburo). Una técnica muy cuestionada por sus efectos socioambientales y prohibida en Irlanda del Norte, Bulgaria y Francia.
Relmu Ñamku remarcó que el conflicto se da en “un contexto en el que el gobierno nacional, provincial y empresas, entre ellas Apache, han firmado acuerdos para la explotación petrolera convencional y avance del fracking”. E insistió con la necesidad de una “mesa de diálogo”.
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