Protección a los páramos, prohibición del veneno
Daniel Samper Pizano
La misma semana en que la ONU anuncia una inminente catástrofe ambiental, se producen en Colombia varias noticias ecológicas buenas.
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No sé si fue una mera coincidencia o el fantasma macabro de miles de animales muertos en el Casanare, pero en los últimos días se ha producido una cosecha de buenas noticias sobre el medioambiente. Por una parte, el Gobierno optó por proteger los páramos, fuente de agua para millones de colombianos, y delimitó el de Santurbán (Santander) de modo que quedó excluida toda actividad minera y agrícola en 44.000 hectáreas. Santurbán motivó el año pasado nutridas manifestaciones contra las empresas que pretendían explotar su subsuelo. La Ministra de Ambiente anunció esta decisión que beneficiará a 33 páramos en varios departamentos del país.
No ha sido la única buena noticia ambiental de los últimos días. El Consejo de Estado, convertido en líder de la lucha ecológica, produjo tres recientes sentencias de importancia. Por una parte, una decisión sobre el río Bogotá, que obliga a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y a otras entidades a invertir cerca de 6 billones de pesos en la recuperación de esta corriente convertida en cloaca. Por otra, prohibió las aspersiones con glifosato en parques naturales. El químico ataca las matas de coca, pero también produce daños en los alrededores –seres humanos incluidos–, lo que, según el Consejo de Estado, “conlleva riesgos potenciales al medioambiente”. La Justicia habló: no más veneno en los parques, aunque lo ordene Washington.
Finalmente, otra decisión del tribunal condenó a la Nación a indemnizar a un agricultor huilense cuya plantación de lulo resultó afectada por el riego de herbicida desde aviones de la Policía. La corporación, apoyada en estudios especializados, concluyó que “la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato es considerada peligrosa”.
Ya tiene el Gobierno nuevas y poderosas razones para negarse a aplicar la sustancia que le costó a Colombia el pago de indemnizaciones a los campesinos de la frontera ecuatoriana y que las autoridades, presionadas por Estados Unidos, pretenden seguir regando en nuestras selvas.
Las buenas noticias, sin embargo, terminan ahí. El lunes, la comisión de la ONU que estudia el cambio climático emitió gritos de alarma y advirtió que el mundo se acerca a un colapso ambiental. Resume así The New York Times el documento, que contó con la colaboración y revisión de cientos de científicos: “Los casquetes polares se derriten, desaparece el hielo del Ártico, escasean las fuentes de agua, aumentan las olas de calor y los diluvios, mueren los corales, se extinguen o migran peces y otras criaturas hacia los polos, el nivel de los océanos sube y amenaza las comunidades costeras, las aguas se hacen más ácidas a medida que absorben el dióxido de carbono de los carros y las plantas de energía…”.
El resultado práctico de esta catástrofe es que en las próximas décadas los pobres se verán afectados por epidemias, escasez de comida y desplazamientos.
Advertencia final de la ONU: el cambio climático no es algo que vaya a pasar en el futuro: está ocurriendo ya. Pregúntenles a los chigüiros muertos, a los incendios en la Sierra Nevada, a las ciénagas resecas de Bolívar, y ellos les confirmarán.
ESQUIRLAS. Cada burgomaestre nuevo llega con su alcaldada. El que eligió hace poco Cartagena decidió expulsar las mesitas de los restaurantes instaladas al aire libre en muchos lugares donde no estorban y, por el contrario, alegran y prestan un servicio turístico indispensable. La noción del espacio público es sana, siempre y cuando se tenga en cuenta que el beneficiado debe ser, justamente, el público. Está bien proteger los andenes estrechos. Pero convertir ciertas plazas en monumentos al asfalto (donde llegarán un día los carros) atenta contra la vida normal de la ciudad. Convendría que el Alcalde –que viene precedido de un buen nombre– mire lo que ocurre con las mesitas en las calles de París, Venecia, Madrid, Roma...
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