Minería o derechos humanos
Bajo la Alumbrera es el caso testigo de las promesas mineras incumplidas y, también, de la represión para imponer un modelo.
Por Darío Aranda
Octubre de 1994. Cine de la capital catamarqueña. El presidente Carlos Menem, el gobernador Arnoldo Castillo y el secretario de Minería, Angel Maza protagonizaron el lanzamiento de las obras del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera. “Esta es la Argentina que necesitamos, que se abre al mundo, que recibe inversiones, que promete un futuro”, afirmó Menem. Tres años después, el 31 de octubre de 1997, se iniciaba la etapa extractiva: una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde explosivos, 36 enormes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven 300.000 toneladas de roca por día. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica.
El yacimiento de oro y cobre están en manos de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold. Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro. Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, aún hoy, que emplea a 1800 personas del lugar y, de forma indirecta, creó 8200 puestos laborales. Los vecinos lo desmienten: afirman que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá.
A quince años del comienzo de las obras existe una decena de acusaciones: las familias de Juana Flores y de Manuel Casas vivían a dos kilómetros del dique de colas, a la vera del río Vis Vis. Tuvieron que abandonar sus tierras por la contaminación del agua y están en juicio con Alumbrera. El Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la Justicia de Tucumán acusan a la empresa de contaminar con metales pesados el río Salí-Dulce (que comparten ambas provincias). La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames tóxicos del mineraloducuto. Sólo un puñado de las acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera.
El fiscal general de Cámara de Tucumán, Antonio Gómez, denunció una catarata de excesos por parte de la empresa: valores de arsénico hasta veinte mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio.
Hubo al menos cuatro derrames del mineraloducto: el 17 de septiembre de 2004. El 10 de junio de 2006 y, dos días después, el 12 de junio. Los tres en Villa Vil. El cuarto y último: en diciembre de 2008 en el paraje de Ampujaco, límite entre Andalgalá y el departamento de Belén.
Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Tiene permiso para extraer hasta 69 millones de litro por día. Un informe interno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sede Andalgalá, fechado el 6 de septiembre de 2006, resalta dos cuestiones: el agua y el papel de la minería. “Se debe solicitar una reunión urgente con el Gobernador a los fines de debatir la gravísima situación de los sistemas hídricos existentes, que pone en serios riesgos el desarrollo económico sustentable y demás actividades humanas locales”. Y remarca que “los ejes estratégicos de desarrollo del INTA, basados en sustentabilidad, competitividad y equidad social se contradicen con una actividad económica meramente extractiva y contaminante (la minería)”.
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Alumbrera es el caso testigo de que las promesas mineras no se cumplen. Con un agravante: en 2009 el gobierno provincial dio luz verde a Agua Rica, un proyecto minero publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del centro urbano de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan a la región.
El pueblo de Andalgalá, Santa María y Belén (entre otros) ya no creen en las promesas mineras.
En diciembre de 2009 cortaron el camino de acceso a Agua Rica. El 15 de febrero de 2010 sufrieron una dura represión por parte de la policía provincial. Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo: que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica. El Poder Judicial frenó el proyecto.
En enero de este año, en paralelo a la pueblada riojana contra la megaminería, las asambleas catamarqueñas cortaron los caminos hacia Alumbrera.
El 26 de enero fueron detenidos cuatro asambleístas.
Al día siguiente, 27 de enero, hubo 18 detenidos y represión.
El 8 de febrero fue destruido el acampe de Belén y detenidas veinte personas (entre ellas un chico de 13 años).
Los cortes de rutas y caminos se mantuvieron.
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La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Aumentó la exploración un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Siempre según datos oficiales (del informe 2009 “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
El jueves 9, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.
El viernes 10, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.
El mismo día, a las 9 de la mañana, un centenar de efectivos reprimió violentamente a hombres, mujeres y niños. Todo registrado por el canal TN y relatado por Radio El Algarrobo (comunitaria de Andalgalá). Balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”.
Megaminería y agronegocios (con la soja como estandarte) son parte de un modelo extractivo. La ingeniería legal data de los 90. El geométrico avance territorial: a la última década. Nunca antes la soja y la megaminería habían avanzando tanto. Y, cuando existen resistencias, imponen la represión (privada y/o estatal).
Ningún funcionario de primera línea del gobierno nacional se refirió (al menos hoy) a la represión en Catamarca. Como tampoco sucedió cuando asesinaron al qom Roberto López en Formosa ni cuando asesinaron al campesino santiagueño Cristian Ferreyra. En Catamarca (por suerte) falló la puntería.
Sostener el modelo extractivo tiene costos ambientales, sociales y, sobre todo, humanos. Formosa, Santiago y, ahora, Catamarca, son sólo una muestra de los “daños colaterales” que los gobiernos están dispuestos a pagar.
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