Ampliación del adelanto realizado este martes por InfoGEI:
En medio de una creciente preocupación acerca de la problemática de la contaminación de los agroquímicos, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires encargó a la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) la elaboración de un diagnóstico para conocer las características de uso de agroquímicos y su peligrosidad en áreas urbanas, periurbanas y rurales.
El informe denominado: “Análisis del uso de agroquímicos asociado a las actividades agropecuarias de la Provincia de Buenos Aires”, indica que “los monocultivos y la falta de regulación son las mayores causas de que esta problemática se siga extendiendo”.
El trabajo, que estuvo a cargo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, se encargó de elaborar un informe sobre dicha problemática a escala provincial, ya que hasta el momento sólo existían investigaciones aisladas sobre la temática.
De los resultados que el informe presenta, se ubica a las ciudades de Rojas, Salto, Junín, Arenales, Colon, Pergamino, Arrecifes, Ramallo y San Nicolás, en un estado “alarmante”, siendo estas ciudades del noroeste de la Provincia las que ostentan el mayor índice de agresividad de la actividad agropecuaria.
Según describe el trabajo, en estas localidades se encontró en suelo, aire y agua, gran cantidad y variedad de productos químicos, muy por encima de los parámetros "aceptables" aumentando en verano el porcentaje de plaguicida en aire en un 25% más, e incluso se identificó productos químicos que están prohibidos desde hace varios años en Argentina como el Endosulfan, DDT o Dieldrin. Cabe señalar también, que se pone de manifiesto la utilización irresponsable de los productos y sus envases lo que también causa graves peligros para la salud humana.
De los datos analizados se desprende que en las zonas donde se produce un mayor cultivo de soja, es donde más concentraciones químicas hay. Mientras que en lugares donde se siembra trigo y cebada se presenta un menor índice de agresividad.
En este contexto, es importante destacar que el año pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al glifosato como cancerígeno. En la Argentina se usan unos 300 millones de litros de glifosato en 28 millones de hectáreas, especialmente en las que se produce soja. El uso de este herbicida se ha “disparado” a partir del desarrollo de cosechas modificadas genéticamente para hacerlas precisamente resistentes al uso de este agente.
Como es notorio y sabido, la falta de control y sanciones por parte de los organismos competentes de los Estados, nacional y provincial, por un lado, y el cumplimiento de las normas vigentes por parte de las empresas, por el otro, colabora con que esta problemática se siga extendiendo por toda la Provincia.
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