Denuncian daños en la Amazonía por el glifosato
Daño social y ambiental del glifosato en la Amazonía
“La pobreza es un abuso a los derechos humanos que tiene responsables” Consejo de Derechos Humanos 27 de septiembre de 2012. Resolución 21/11. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Contra las políticas antidrogas que implementan la erradicación forzada manual con glifosato en el territorio colombiano. Por garantías a la protesta social y la justa lucha de los campesinos en su derecho a trabajar la tierra.
La Red de Derechos Humanos del Putumayo, la Baja Bota Caucana y Cofania Jardín de Sucumbíos de Ipiales- Nariño hace un llamado a la comunidad nacional e internacional, defensores de derechos humanos, a las instituciones garantes de los DDHH y el DIH, para que se activen estrategias solidarias entre las diferentes plataformas de unidad del movimiento social y popular para la prevención y protección de los derechos humanos, ambientales, permanencia en el territorio y los derechos que se vieren comprometidos en el ejercicio de la protesta social.
Las organizaciones sociales, líderes sociales, campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, mujeres, jóvenes y defensores del medio ambiente hoy manifiestan con gran preocupación las consecuencias nefastas y destructivas que traerá el otorgamiento por parte de la agencia nacional de licencias ambientales -ANLA- de la Licencia Ambiental Resolución 708 del 11 de julio de 2016 al Plan de Manejo Ambiental presentado por el Ministerio de Defensa para que la Fuerza Pública en sus operaciones de erradicación forzada y fumigación manual pueda usar glifosato contra los cultivos de uso ilícito, como la coca, como parte de las políticas antidrogas y de consolidación militar.
Cansados de la guerra y de las causas que lo generan, como defensores de derechos humanos no se ve con coherencia por parte del Gobierno Nacional y su gabinete ministerial que continué por encima de las normas internacionales y el bloque constitucional, directrices y políticas que autoricen a la fuerza pública, y en especial a las fuerzas militares, adelantar operaciones a todas luces violatorias del DIH, el derecho a la vida digna, la salud, el desarrollo rural, entre otras. Operaciones que además desconocen para la región del Putumayo, La Baja Bota Caucana y Jardín de Sucumbíos de Ipiales Nariño; los avances de los Diálogos entre el Gobierno Nacional y las Mesas Regionales de Organizaciones Sociales y la Cumbre Agraria Nacional en la respectiva Comisión de Sustitución de Cultivos, que entre otras propuestas tiene sobre la mesa, una propuesta construida desde las comunidades, con los principios de gradualidad, concertación e integralidad de la sustitución de cultivos, que respete los derechos humanos y las garantías de permanecer en el territorio. Cabe anotar que por una mala metodología aplicada desde los asesores del Gobierno Nacional, esta propuesta no ha avanzado por la ineficiencia administrativa y logística del Estado para los diálogos y la manipulación técnica de algunos funcionarios en los espacios, que en repetidas ocasiones desacreditan del conocimiento y saber del territorio de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.
La Organización Mundial de la Salud, Informes de la Defensoría del Pueblo, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sumado a diagnósticos médicos de hospitales municipales han alertado en anteriores ocasiones, las consecuencias nefastas e irreparables que trae para la salud de las comunidades, la fauna, la flora, los ríos y la diversidad ecológica, con el uso y la aspersión de glifosato. Este es un tóxico tan perjudicial para la salud física que su manipulación manual y directa es el equivalente a injerir directamente veneno o aplicar químicos ácidos, no sólo sobre los cultivos de coca, sino con efectos secundarios en quien manipula el glifosato y quien convive con el cultivo, los cuerpos de los campesinos se verán afectados por nuevas enfermedades, el uso manual del glifosato es el equivalente a la modernización de una tortura, y la continuación de factores que atenúan la impunidad por parte del Estado Colombiano contra su población.
Ad portas de cerrar el Acuerdo Final del proceso de paz con las FARC-EP, que incluye el punto de solución al problema de las drogas ilícitas y la sustitución de cultivos de uso ilícito, conjunto con las FARC-EP, el Gobierno Nacional y sus ministerios, y la sociedad civil, sean consecuentes las acciones y los compromisos con la Mesa de Organizaciones Sociales Regional, apliquen el enfoque territorial, el desarrollo sostenible, el enfoque étnico, diferencial y de género que ha desarrollado la política nacional e internacional en la búsqueda de la paz estable y duradera y la eliminación de las causas que la componen.
Por lo anterior, las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de la región, exigen la derogatoria de la Licencia Ambiental Resolución 708 del 11 de julio de 2016 que emitió la ANLA, la cual no aplica el principio de prevención y precaución ambiental, debe ser derogada en favor de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Las comunidades exigen la implementación de la propuesta de sustitución de cultivos de uso ilícito construida por las mismas comunidades, presentada el pasado mes de mayo ante el Gobierno Nacional con los principios de concertación, gradualidad e integralidad.
Mesa regional de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, juveniles de la Baja Bota Caucana, Jardines de Sucumbíos, Ipiales, Nariño y Putumayo
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