Más problemas con Barrick Gold
Harán análisis de sangre a vecinos de Veladero para saber si se enfermaron
Además, el ministro de Ambiente Sergio Bergman pidió la suspensión de las actividades en la mina.
Desde que la empresa Barrick Gold abrió la mina Veladero en San Juan los problemas comenzaron a sucederse uno tras otro. En septiembre de 2015 se produjo el mayor desastre en la historia de la minería en el país, cuando se derramó de más de un millón de litros de solución cianurada que terminaron contaminando a cinco ríos. En septiembre de 2016 hubo un nuevo derrame y ahora, en marzo, otro más. Así, el gobierno nacional presentó un amparo para frenar las operaciones en el valle de lixiviación. El gobierno provincial también paró la actividad y pidió a la empresa que presente un nuevo plan de trabajo. Ayer, el juez local anunció que todos los habitantes que viven cerca de la mina deberán someterse a un análisis de sangre para ver si su salud está afectada. Pero los vecinos salieron a protestar por una razón muy simple: aseguran que todos los organismos encargados de realizar estos análisis dependen de la provincia y que el laboratorio es contratista de la Barrick.
Tras el tercer derrame en Veladero, el juez penal Pablo Oritja ordenó que el Ministerio de Salud provincial tome muestras de sangre a las 340 familias de las localidades de Angualasto, Malimán, Malimán de Arriba, Chinguillo y Buena Esperanza, del paraje La Isla, La Represa y el Dique Pachimoco. Quiere saber si en sus organismos hay manganeso, plomo, mercurio, cadmio, cobre, cromo, zinc, aluminio, bario y cianuro. Diego Seguí, abogado y miembro de la Asamblea "Jáchal no se toca", dice que “esta Justicia no garantiza independencia ni del gobierno ni de la Barrick, ya que el juez le pidió los informes al Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Hidráulica, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Recursos Hídricos, todos organismos provinciales, y el Laboratorio SGS, que es contratista de la propia empresa”. Asegura que “estos organismos no ofrecen ni garantizan imparcialidad: el Departamento de Hidráulica fue el que autorizó la construcción del valle de lixiviación, que es donde se producen los derrames. -y, por la medida solicitada, hoy se pide su evaluación”. Para Seguí es “un fraude judicial grave”.
Recordó que el juez Federal Sebastián Casanello -separado de la causa por la Corte Suprema por entender que la parte de los derrames no era un tema de Justicia Federal, sí sigue vinculado a la causa en la posible violación a la ley de glaciares- había pedido los mismos informes, entre otras inspecciones, pero a diferencia de Oritja, los había solicitado a la Universidad de Buenos Aires. Ayer, vecinos de Jáchal fueron a reclamarle al juez local que los estudios los haga la UBA. Oritja respondió que la Justicia local no tiene recursos para financiar esos análisis y los vecinos de la Asamblea recordaron que la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA habían ofrecido hacerlos sin costo.
Jorge Morales, un concejal local, presentó un escrito ante la Justicia para que los análisis los haga la UBA.
Desde la Barrick explicaron a Clarín que el laboratorio SGS “es un proveedor más de servicios” de la empresa, entre otros. También aseguraron que están por presentar el plan de reingeniería pedido por el gobierno local: “el objetivo del plan de reingeniería y mejoras es cumplir con las exigencias planteadas por las autoridades para recomenzar las operaciones, lo que están esperando todos los integrantes de la cadena de valor de provincia”.
“A Barrick debe ponérsele un límite claro y firme. Así como lo hacía, no podrá seguir operando”, dijo ayer el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, quien interpuso una medida cautelar solicitando la suspensión de las actividades hasta que la empresa presente un plan de adecuación y mejora de las instalaciones que garanticen la protección del ambiente y la salud de la población.
El Senador Jaime Linares presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo un informe sobre los proyectos mineros de la Barrick Gold: “Solicitamos información al Gobierno Nacional sobre qué medidas llevarán a cabo a partir del último siniestro, teniendo en cuenta que el Código de Minería establece que ‘en caso de TRES (3) infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento’ tras haberse producido un nuevo derrame el martes 28 de marzo de 2017”. “La justicia está analizando el cierre definitivo de la Mina Veladero. La sucesión de desastres contaminantes demuestra una vez más la negligencia y falta de interés por parte de la empresa y de los gobiernos nacionales y provinciales”, dijo Linares.
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