09 de diciembre de 2010
Política y economía
Más críticas a la sojización en Río Negro
El Dr. Rodrigo Garcia Spitzer -asesor legal de ONGs y movimientos ambientalistas patagónicos- asegura en este artículo -que se publica completo- que este cultivo "no sólo trajo consigo efectos perjudiciales a la salud de los habitantes de las zonas donde se cultiva la soja, sino que generó grandes transformaciones dentro del territorio nacional, como la pérdida de la diversidad productiva". El artículo.
La Soja, el glifosato, sus defensores, las consecuencias y el Sr. Gobernador.
La Soja y el Glifosato
En los últimos años el cultivo de soja ha aumentado considerablemente en los países del cono sur, entre ellos la Argentina, donde hoy representa más del 50% de toda la producción agraria.
El cultivo de soja proviene casi en su totalidad de semillas transgénicas, las cuales necesitan y soportan la aplicación del glifosato. Como la semilla de la soja es un OGM (Organismos Genéticamente Modificados) este organismo vegetal sufrió un cambio y una manipulación de su patrimonio genético, para darle nuevas propiedades que en este caso es el de poseer un gen que le permite resistir al poderoso glifosato.
En Argentina todo comienza en el año 1996, cuando la firma estadounidense Monsanto introdujo la famosa soja "Roundup Ready (RR)", a partir de entonces el cultivo de la soja RR tuvo un crecimiento de increíble expansión, que aun no ha finalizado y que fue ayudado por la falta de regulación y control por parte del estado argentino, la devaluación del peso, el interés de los mercados en este producto para alimentar ganado y por supuesto en la inserción que realizó la empresa Monsanto de estas semillas y el herbicida roundup a bajo costo. Todas estas variables hicieron que la Argentina se transformara hoy en el segundo productor mundial de OMG y de superficie ocupada con cultivos transgénicos.
Los Defensores
Ellos defienden este modelo de producción, exacerbando sus ventajas económicas, mencionando el incremento de fuentes de trabajo y el aumento de divisas que le generan al país. Estos defensores son los grandes productores, el gobierno Nacional que obtiene por retenciones (aprox. 10% del total de la recaudación), el mercado europeo y Chino que necesita alimentar su ganado a bajo costo y así de esta manera poder competir posteriormente en el mercado internacional con los países emergentes y por supuesto los grandes productores de estas semillas y herbicidas.
Pero nunca mencionan las consecuencias socio-económicas que se producen con la implementación de este cultivo, tampoco de los efectos ambientales como las talas, desaparición de especies, de la contaminación de napas y cursos de agua, ni de los efectos en contra de la salud humana que incluyen malformaciones, cáncer y alergias producidas por vivir en áreas cercanas donde se aplica glifosato.
A nivel local los defensores menos entrenados, argumentan más burdamente y con menos imaginación, que no es necesario preocuparse por la llegada de la soja y el glifosato, ya que si se vienen utilizando pesticidas en la zona del Alto Valle, entonces por qué preocuparnos de agregar otros cientos de miles de litros más de herbicidas a nuestro suelo y al agua del territorio rionegrino.
Las consecuencias:
Este cultivo no sólo trajo consigo efectos perjudiciales a la salud de los habitantes de las zonas donde se cultiva la soja, sino que generó grandes transformaciones dentro del territorio nacional, como la modificación ambiental de grandes áreas, la pérdida de la diversidad productiva, el control de grandes extensiones de las tierras cultivables por pooles de siembra, que generó la dependencia y pérdida de la capacidad de producir otros alimentos.
El glifosato hoy en el país es esparcido sobrepasando el límite de las parcelas fumigadas y afectando las zonas aledañas, matando plantas y animales de las cercanías que no son resistentes a éste y afectando a la población cuyas viviendas se hallan cercanas a los campos tratados.
Los recientes estudios del Dr. Andrés Carrasco, investigador del CONICET, muestran índices de aumentos, en las zonas donde se cultiva la soja y se aplica glifosato, de hasta el 300% en los últimos 10 años, de cáncer, malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, estudios que son ignorados o desmerecidos por aquellos que tienen intereses económicos en juego.
Lamentablemente tendremos que demostrar los rionegrinos, en una clara e ilegal inversión de la prueba, que los transgénicos y el glifosato son perjudiciales, sin que se respete el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente, que no es ni más ni menos que la obligación de suspender ante la ausencia de información o certeza científica todo proceso que pueda generar un daño grave o irreversible al medioambiente y a la salud pública.
Refiriéndonos específicamente al impacto medioambiental, debemos recordar que para adicionar nuevas tierras destinadas a la plantación sojera se transformó casi la mitad del Chaco salteño húmedo y el 60% de las selvas planas y si se mantiene esta tasa de deforestación, a fines del siglo XXI no quedarán más selvas planas en todo el Noroeste argentino. La tala de bosques y montes autóctonos modifica la fertilidad y humedad del suelo, genera erosión, afecta las fuentes de agua y puede modificar el clima con consecuencias imprevisibles para las personas y los cultivos, se está priorizando la rentabilidad a corto plazo sobre las consecuencias a futuro.
Rápidamente se nos ha llevado a una “sojización” del modelo agropecuario, eliminando muchos otros cultivos y adoptando la monocultura de la soja y como bien sabemos ningún sistema basado en una monocultura es sostenible ya que sacrifica la Soberanía Alimentaria, que es el derecho de una Nación a definir su propia política agraria, de empleo, de variedad de cultivos y por supuesto de tierras, para que sea ecológica, social, económica y culturalmente apropiada para sí y sus condiciones únicas.
Tampoco es cierto que este cultivo sea un gran generador de empleos ya que si bien más del 50% de los cultivos argentinos hoy corresponden a la soja y si las exportaciones de la agricultura representan el 10% del PBI argentino (la soja aprox. 4%) y todo este proceso emplea el 1% de la masa laboral del país, de la cual sabemos que la industria sojera utiliza en su mayoría maquinaria agrícola que minimiza la generación de empleo, podemos afirmar que este cultivo no genera una significativa masa de empleo. En comparación la industria genera el 35.8% del PBI y emplea al 21% de la fuerza laboral, los servicios en cambio (entre los que se incluye el turismo) generan el 53,7% del PBI y emplean el 78% de la mano de obra de activa de la Argentina i.
Las tareas de desmalezamiento ya no se realiza en forma manual y con la técnica de siembra directa casi no se emplean trabajadores, existen cálculos que estiman que se economiza entre un 28% a un 37% de mano de obra en las tareas de siembra. Se tiende a consolidar un modelo de “agricultura sin agricultores”, que incrementa fuertemente la dependencia de los productores –usuarios de los paquetes tecnológicos– y cercena progresivamente su capacidad de decisión autónoma sobre qué y cómo producir. Al mismo tiempo, las economías de escala derivadas de la mecanización de la agricultura y los métodos de siembra directa indujeron una fuerte concentración de las explotaciones que dejó afuera a una gran cantidad de pequeños agricultores. Según estimaciones de una encuesta privada realizada en casi toda la región pampeana, la cantidad de explotaciones se redujo un 31% en el período 1992-1997ii.
Este modelo expulsa a la población de las zonas agrarias, porque requiere menos trabajo y por tanto menos población, y por ello la población activa agropecuaria disminuyó notablemente en los últimos años de 1.600.000 a 900.000 trabajadores y continúa en descenso.
En Argentina, los datos disponibles, muestran también la importancia de las pequeñas explotaciones agropecuarias (PPA). Estas unidades de base agrícola familiar, a principios de los '90 aún aportaban el 27% de los cereales; 26% de oleaginosas; 13% de legumbres; 36% de hortalizas; 42% de aromáticas; 19% de frutales; 18% de bovinos; 42% de porcinos y 49% de caprinos, hoy el hambre de soja lleva a concentrar la tierra en grandes grupos que alquilan o comprar estas tierras a para la implementación del llamado “oro verde” disminuyendo la producción familiar a niveles mínimos iii.
El Gobernador
El convenio celebrado por el Sr. Gobernador, del que muy poco se sabe, no contó con el pertinente estudio de impacto ambiental y su posterior Audiencia Pública que exige la ley provincial 3266, ni con la realización de estudios socio-económicos necesarios previos a la implementación de una actividad que se desarrollará en una gran parte del territorio rionegrino y a gran escala.
Muchos creemos que con la misma rapidez y empeño que demostró al firmar los convenios en China se deberían fomentar y dar soluciones concretas a la agricultura familiar y la de los pequeños productores, que ya no pueden seguir produciendo debido a la imposibilidad de competir o generar algún tipo de ganancia. También se debería impulsar la producción de cultivos orgánicos y sustentables que tienen gran valor agregado y cuya demanda crece rápidamente por todo el mundoiv. Estas actividades sí implican una importante real movilidad de recursos económicos, no sólo para la provincia sino también para aquellos productores que este modelo viene desplazando.
Hoy Sr. Gobernador muchas voces en toda la provincia se alzan en contra de este cultivo y el modelo que ello trae consigo, escúchelas ya que está en sus manos tomar la decisión correcta, no sólo teniendo en cuenta la generación de rentabilidad a corto plazo, ni las demandas del mercado externo, sino pensando principalmente en ésta y en las futuras generaciones de rionegrinos que tienen el Derecho Constitucional a gozar de un ambiente sano y un modelo de producción que beneficie a todos.
* El autor es Abogado formado en la Universidad Nacional del Comahue, especialista en derecho Público y Privado por la Universidad del Litoral, asesor legal de ONGs y movimientos ambientalistas patagónicos.
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