AGROTÓXICOS- AVANCE DE LA FONTERA AGRÍCOLA-SOJIZACIÓN- TRANSGÉNICOS-LEY DE SEMILLAS.
El temario que vamos a tratar hunde sus raíces primigenias en la llamada “revolución verde” que se inicia a finales de los años 50s y comienzos de los años 60s. Esta política ideada en las universidades de Estados Unidos hoy en día es tomada por todos los gobiernos, incluso los más progresistas como única forma de obtención de divisas. Ésta prometía una producción ilimitada, que sería capaz de acabar con el hambre mundial, ahorro de combustibles para la producción y mejor calidad de los cultivos. Hoy podemos afirmar claramente que esto no fue sino un gran negocio para las empresas transnacionales, habida cuenta de que el acceso a alimentos en cantidad y calidad necesaria es cada vez más difícil para las clases populares. A su vez, se basa en el uso indiscriminado de múltiples agroquímicos: fertilizantes, herbicidas, funguicidas, insecticidas y biocidas. Es en suma, una agricultura intensiva al extremo, exprimidora de las posibilidades del suelo, erosiva y generadora de procesos de desertificación, que hoy se revela con su verdadera faz de “extractivismo minero”. El problema es que no podemos aplicar recetas de infinito en un mundo finito, por lo cual intentarlo, lleva a este tipo de aberraciones con nuestra tierra y los pueblos que la habitan.
Aún así, semejante “desarrollo” que mostraba a las claras su fuerte esencia neocolonialista, recién se pudo arraigar en la Argentina a fines de los años 70s y comienzos de los 80s, cuando la destrucción impiadosa por parte de la dictadura de la industria nacional llevó a al país a recostar la posibilidad de entrada de divisas en los commodities agrícolas. A nivel mundial también se evidencia en la generación de economías dependientes y extranjerizadas en los países subdesarrollados.
Así es como pasamos de semillas de variedades ya adaptadas y seleccionadas por nuestros agricultores y cultivos tradicionales de acuerdo a la región, a un sinnúmero de semillas híbridas y por último, a mitad de los 90s, los transgénicos. Hemos llegado a un punto donde se maneja un paquete cerrado a base de semilla fiscalizada - transgénica en la mayoría de los casos, y generalmente resistente a agrotóxicos -, uso de agroquímicos y siembra directa. Ese paquete necesita de una determinada cantidad de hectáreas para que la ecuación económica cierre, por eso quedan fuera pequeños productores.
Es así que se pierde la diversificación de los cultivos y la verdadera producción de alimentos, ingresando a modelos de producción no sostenibles y absolutamente insumos-
Por otro lado se ve afectada notablemente la microbiología del suelo, con efectos graves sobre los microorganismos y la fertilidad del mismo; aumentan los procesos de erosión, las plagas y enfermedades y contaminación de los alimentos.
El glifosato no es el único agroquímicos utilizado en este proceso de sojización e intensificació
Las napas, acuíferos y cursos de agua reciben todos estos productos químicos que infiltran a través del suelo, lo que expone a peces, animales de crianza y seres humanos a intoxicaciones y atenta contra la disponibilidad de agua para consumo, tema no menor en la actualidad.
Las banquinas y las zonas cercanas al límite de la población urbana tampoco escapan de las pulverizaciones con agroquímicos. No existe control alguno con respecto a la compra, uso y aplicación de agroquímicos y residuos en los alimentos. Los organismos de control que deberían hace valer las escasas resoluciones legales al respecto, brillan por su ausencia. Las restricciones a pulverizaciones, aéreas o terrestres, en cuanto al metraje que se les intenta imponer, no tiene en cuenta a la población que trabaja en el campo o que directamente vive en el campo.
El agronegocio y el monocultivo de soja, también han llevado a un cambio formidable en el uso de la tierra y en la tenencia; aparecen los “pooles de siembra” de soja, capitales de especulación que medran por uno o dos lustros en tierras que por lo general son arrendadas, pagando muy bien al arrendador que con ese dinero se pone a salvo de deudas, pensado siempre en plazos más bien cortos. En esos pooles de siembra es muy poca la mano de obra que hay.
En algunos casos el impacto de dichas modalidades sobre la masa laboral es tremenda, al punto de provocar desplazamientos poblacionales de obreros rurales desocupados.
La necesidad de usar tierras con buena aptitud agropecuaria para solamente cultivar commodities ha hecho que se desarrolle el sistema de los feed-lots - engordes a corral de enormes cantidades de ganado – stressados, pasados de antibióticos y anabólicos - , que además trae un riesgo ambiental variado. Y así se desplaza la ganadería a zonas marginales o se extiende dicha modalidad.
En algunas regiones de la Argentina los monocultivos forestales reemplazan a los montes nativos; son cultivos que requieren mucho agua y mucho uso de pesticidas, y generalmente las semillas son de las mismas corporaciones que tiene las semillas de commodities. En algunas provincias tienen abiertamente programas de ese tipo de explotaciones para producir pulpa de celulosa, tal es el caso de Corrientes.
Sumamos a esta retahíla de malas noticias la falta de controles por parte del estado; desde la falta de receta agronómica en la gran mayoría de los casos, hasta la falta de estudios o la poca cantidad de ellos en cuanto a la contaminación de lo que comemos, y en cuanto a la población expuesta - sea rural o urbana - y a los controles de salud laboral y la situación sanitaria del obrero rural, quedan muchos baches. No existen controles de la tolerancia de plaguicidas en los alimentos o de efectos combinados entre tóxicos.
Respondiendo a los intereses de la multinacional Monsanto e impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, está circulando un proyecto para modificar la ley de semillas – coincidente con los convenios UPOV 78 - que busca privatizar y mercantilizar una práctica tan vieja como el hombre: seleccionar, mejorar, multiplicar e intercambiar semillas libremente. Esta propuesta es parte del modelo del agronegocio sustentado en los monocultivos, la alteración genética de las especies, el uso de agrotóxicos, el avance de la frontera agropecuaria y la concentración de la tierra.
El objetivo es desplazar la actual ley de semillas hacia los convenios UPOV 91. Incluso, los programas de comercio con los países de la Unión Europea en el área de recursos agrícolas recomiendan estar sujetos a ese convenio UPOV 91.
Las modificaciones realizadas que arrancaron hace 7 años, parecen hechas a medida de las grandes corporaciones de las semillas y los agrotóxicos como Monsanto quien a nivel mundial ha usurpado diversas variedades de semillas y concentra su control fomentando transgénicos y expansión de agroquímicos para su sostenibilidad.
Esta nueva ley propuesta - “Ley Monsanto” - no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y expropiación de los recursos genéticos y biodiversidad en la Argentina y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida. Legaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente.
A su vez fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, otorgando a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente, permitiendo el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley.
El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate.
La contaminación de cultivos convencionales por un transgénico no solamente va a implicar un demérito o rechazo en la cadena comercial - por ejemplo miel con polen OGM - sino el inicio de acciones legales por “uso indebido y sin permiso” de tecnología con derecho de propiedad intelectual.
Para agregar, recordemos que para realizar transgénesis se usa otro gen marcador, que es de resistencia a los antibióticos. Desde ya que no se ha respetado el principio de precaución habida cuenta de desarrollo de resistencias a antibióticos o alergias. Todo esto nos demuestra el maridaje y la complicidad gubernamental y académica con las multinacionales, condición indispensable para lograr el actual estado de la explotación agraria.
Esta economía dependiente de los commodities, mantenida por las sucesivas administraciones gubernamentales, atenta manifiestamente contra la soberanía alimentaria, económica y cultural del pueblo argentino. Entre otras cosas, ha hecho que lo que se exporta en carnes o frutas y verduras sea “delicatessen” y nosotros consumamos bazofia. Pasamos de ser el granero del mundo a ser proveedores de forrajes para Europa y principalmente China.
Y como si esto fuera poco, los cultivos de commodities servirán para combustibles de origen vegetal, bioetanol y biodiesel. Estaremos proveyendo de combustible líquido a los países altamente industrializados en desmedro de nuestros recursos y de nuestra necesidad de alimentos, otro desquicio por donde se lo mire.
Para modificar esta situación no alcanza con limitar el uso de agrotóxicos o modificar las leyes, aunque todo esto colabore. Es necesario un cambio profundo del paradigma de desarrollo, que solo podremos construir entre los pueblos afectados, articulando nuestras luchas regionales desde una perspectiva global, ya que global es el conflicto que enfrentamos.
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