IRET dice un rotundo no al cultivo de alimentos transgénicos en CR
Fuente: Oriana Ortiz Vindas | 2013-05-17
San José, 17 may (elpais.cr) - El Consejo académico del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET), se pronunció en contra de la siembra de cultivos transgénicos en territorio nacional.
La mayoría de cultivos transgénicos tienen características de resistencia al herbicida glifosato y de producción propia de sustancias tóxicas como el Bacillus thuringiensis; esto induce al uso indiscriminado de herbicidas y a una constante exposición de plaguicidas a organismos no plaga, propios de la rica biodiversidad costarricense, destacó el IRET.
Por otra parte, el sistema de cultivo transgénico provoca una alta dependencia externa de los productores a insumos importados, e implica un sometimiento a las compañías productoras de semillas y dueñas de los genes. Al ser ilegal la conservación de semillas de la cosecha para sembrar el ciclo siguiente, se socavan los derechos fundamentales y ancestrales de los campesinos.
Desde el ámbito ambiental, los cultivos transgénicos son monocultivos donde se busca la reducción de la biodiversidad, la destrucción de plantas arvenses refugio y alimento de insectos benéficos, polinizadores, depredadores y parasitoides de plagas, y crean un desequilibrio en los agroecosistemas haciéndolos más dependientes a un alto uso de plaguicidas.
Las solicitudes recientes de la compañía Delta & Pine, filial local de la empresa multinacional Monsanto, pretenden liberar al ambiente en las localidades de Upala (Alajuela) y Cañas (Guanacaste), las siguientes variedades de maíz: MON-88017, MON-603 (= NK-603), MON 863, y MON 89034 con tolerancia al herbicida glifosato y a insectos de los órdenes Coleoptera y Lepidoptera.
Aunado a lo anterior, existen numerosos cuestionamientos sobre la inocuidad alimentaria de estas variedades de maíz transgénico, la toxicidad crónica del herbicida glifosato y la inevitable contaminación genética que se daría si se liberan al ambiente estas variedades de maíz genéticamente modificado, exhortó el Instituto.
Además, no existen a la fecha medidas de bioseguridad regulatorias efectivas para evitar el riesgo de este tipo de contaminación genética, ni maneras de corregir sus consecuencias negativas, especialmente en un cultivo como el maíz donde el polen puede viajar grandes distancias.
El maíz tiene polinización cruzada; esto provoca un flujo de genes entre plantas, cultivos y regiones; posibilita el paso descontrolado de genes modificados de una especie a otra, y pone en peligro la biodiversidad, fundamental para mantener una efectiva seguridad y soberanía alimentaria.
Desde la perspectiva cultural y patrimonial, el maíz, como otros cultivos y semillas, es un recurso de posesión y manejo ancestral que debe ser protegido y conservado. Su alteración y contaminación puede ocasionar pérdida de biodiversidad y afectación cultural de las poblaciones involucradas.
La decisión del 21 de enero de la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad de Costa Rica (CNTBiot), y del Servicio Fitosanitario del Estado, de permitir la siembra de maíz genéticamente alterado, omite el pronunciamiento de múltiples sectores de la sociedad costarricense e ignora las implicaciones y los riesgos potenciales sobre el ambiente y la población en general. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no ha realizado las consultas y los estudios necesarios en aras de fomentar y proteger la agrobiodiversidad nacional.
El IRET indicó que, las empresas dueñas de las semillas transgénicas no han demostrado la seguridad en cuanto al impacto ambiental, en salud, social y económico del cultivo de esas variedades, independientemente sean para producción de semilla, consumo animal o humano.
Relacionado con lo antes mencionado, no existe consenso científico sobre los riesgos e impactos en la salud humana; por tanto, es necesario apelar a la implementación del principio precautorio, de los artículos 21 y50 de nuestra Constitución Política, principios que deben privar cuando se pueda dar un posible daño al medio ambiente o a la salud pública.
El artículo 170 de la Constitución de la República reafirma la autonomía municipal, al 17 de mayo 55municipios del total de los cantones del país, se han declarado territorios libres del ingreso de cultivos transgénicos.
El artículo 50 de nuestra Carta Magna establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y Costa Rica ha firmado convenios internacionales comprometiéndose a la protección y conservación de la biodiversidad.
La misión del IRET es contribuir con el desarrollo sostenible y la calidad de vida de la región centroamericana, a través de la evaluación y la búsqueda de soluciones a los problemas asociados con el uso de sustancias tóxicas en el ambiente, la salud y el desarrollo. El Instituto investiga y apoya aquellas acciones que respondan a la seguridad social y ambiental en el campo y protejan la seguridad alimentaria de las poblaciones
La mayoría de cultivos transgénicos tienen características de resistencia al herbicida glifosato y de producción propia de sustancias tóxicas como el Bacillus thuringiensis; esto induce al uso indiscriminado de herbicidas y a una constante exposición de plaguicidas a organismos no plaga, propios de la rica biodiversidad costarricense, destacó el IRET.
Por otra parte, el sistema de cultivo transgénico provoca una alta dependencia externa de los productores a insumos importados, e implica un sometimiento a las compañías productoras de semillas y dueñas de los genes. Al ser ilegal la conservación de semillas de la cosecha para sembrar el ciclo siguiente, se socavan los derechos fundamentales y ancestrales de los campesinos.
Desde el ámbito ambiental, los cultivos transgénicos son monocultivos donde se busca la reducción de la biodiversidad, la destrucción de plantas arvenses refugio y alimento de insectos benéficos, polinizadores, depredadores y parasitoides de plagas, y crean un desequilibrio en los agroecosistemas haciéndolos más dependientes a un alto uso de plaguicidas.
Las solicitudes recientes de la compañía Delta & Pine, filial local de la empresa multinacional Monsanto, pretenden liberar al ambiente en las localidades de Upala (Alajuela) y Cañas (Guanacaste), las siguientes variedades de maíz: MON-88017, MON-603 (= NK-603), MON 863, y MON 89034 con tolerancia al herbicida glifosato y a insectos de los órdenes Coleoptera y Lepidoptera.
Aunado a lo anterior, existen numerosos cuestionamientos sobre la inocuidad alimentaria de estas variedades de maíz transgénico, la toxicidad crónica del herbicida glifosato y la inevitable contaminación genética que se daría si se liberan al ambiente estas variedades de maíz genéticamente modificado, exhortó el Instituto.
Además, no existen a la fecha medidas de bioseguridad regulatorias efectivas para evitar el riesgo de este tipo de contaminación genética, ni maneras de corregir sus consecuencias negativas, especialmente en un cultivo como el maíz donde el polen puede viajar grandes distancias.
El maíz tiene polinización cruzada; esto provoca un flujo de genes entre plantas, cultivos y regiones; posibilita el paso descontrolado de genes modificados de una especie a otra, y pone en peligro la biodiversidad, fundamental para mantener una efectiva seguridad y soberanía alimentaria.
Desde la perspectiva cultural y patrimonial, el maíz, como otros cultivos y semillas, es un recurso de posesión y manejo ancestral que debe ser protegido y conservado. Su alteración y contaminación puede ocasionar pérdida de biodiversidad y afectación cultural de las poblaciones involucradas.
La decisión del 21 de enero de la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad de Costa Rica (CNTBiot), y del Servicio Fitosanitario del Estado, de permitir la siembra de maíz genéticamente alterado, omite el pronunciamiento de múltiples sectores de la sociedad costarricense e ignora las implicaciones y los riesgos potenciales sobre el ambiente y la población en general. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no ha realizado las consultas y los estudios necesarios en aras de fomentar y proteger la agrobiodiversidad nacional.
El IRET indicó que, las empresas dueñas de las semillas transgénicas no han demostrado la seguridad en cuanto al impacto ambiental, en salud, social y económico del cultivo de esas variedades, independientemente sean para producción de semilla, consumo animal o humano.
Relacionado con lo antes mencionado, no existe consenso científico sobre los riesgos e impactos en la salud humana; por tanto, es necesario apelar a la implementación del principio precautorio, de los artículos 21 y50 de nuestra Constitución Política, principios que deben privar cuando se pueda dar un posible daño al medio ambiente o a la salud pública.
El artículo 170 de la Constitución de la República reafirma la autonomía municipal, al 17 de mayo 55municipios del total de los cantones del país, se han declarado territorios libres del ingreso de cultivos transgénicos.
El artículo 50 de nuestra Carta Magna establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y Costa Rica ha firmado convenios internacionales comprometiéndose a la protección y conservación de la biodiversidad.
La misión del IRET es contribuir con el desarrollo sostenible y la calidad de vida de la región centroamericana, a través de la evaluación y la búsqueda de soluciones a los problemas asociados con el uso de sustancias tóxicas en el ambiente, la salud y el desarrollo. El Instituto investiga y apoya aquellas acciones que respondan a la seguridad social y ambiental en el campo y protejan la seguridad alimentaria de las poblaciones
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