TIGRE - DELTA - Denuncian la destrucción de la forma de vida isleña.
Isleños de la primera sección del Delta del Paraná, en el partido de Tigre, denunciaron que está en riesgo su particular forma de vida porque en los últimos años empresas con el aval del municipio atentan contra el trabajo de los que habitan esas tierras.
Los problemas comenzaron hace más de cuatro años, cuando fueron desalojados pobladores de la primera sección de las islas para construir el complejo de barrios privados Colony Park, planeado en el sector más próximo al continente, frente al puerto de frutos y a la estación fluvial del partido bonaerense de Tigre. "Esa estrategia quedó frenada en 2011 durante una audiencia pública en el Concejo Deliberante local, pero desde el 7 de marzo de este año una ordenanza prohibió el trabajo isleño, lo que impacta directamente en nosotros", dijo a Télam Diego Domínguez, integrante de la Cooperativa La Esperanza.
Domínguez se refiere al plan de manejo de las islas, presentado por el intendente de Tigre, Sergio Massa, aprobado por el Concejo Deliberante, que si bien "inhibe la avanzada del Colony Park" también prohíbe "la autoconstrucción de muelles, estacadas y casas y limita algunos materiales que hacen a nuestros usos y costumbres", explicó el cooperativista. "Cuestionamos ese plan porque si bien había incluido parte de la propuesta de la Asamblea del Delta y Rio de la Plata, que históricamente peleó por el isleño y sus derechos, lo que hizo también fue agregar algunas modificaciones que atentan contra nuestra forma de vida", sostuvo Domínguez, que es docente e isleño.
Además, la nueva ordenanza "habilita la superpoblación de las islas, y aunque contempla algunos criterios "ambientalistas", llamativamente no dedica ni un renglón a las escuelas, la frecuencia de lanchas o el servicio de ambulancias, temas que necesitan mejoras urgentes", dijo Domínguez. "Todo lo contrario: la ordenanza transforma en ilegal lo que el isleño sabe hacer y no contempla lo que necesita o es su derecho", resumió.
En 2008, los empresarios inmobiliarios desalojaron a las familias que vivían en el arroyo Anguilas y La Paloma, en la primera sección del Delta, para construir el complejo Colony Park, "y como no pudieron, ahora atentan contra el trabajo isleño a través de la nueva legislación", denunció Domínguez.
En rechazo a esa ordenanza, albañiles, carpinteros, barqueros, fleteros, comerciantes, gente relacionada al turismo, docentes, marineros, mimbreros, productores forestales y junqueros se concentraron en agosto frente al municipio preocupados por las clausuras y multas que vienen recibiendo cuando realizan las tareas propias de la isla.
Jorge Peimer, otro de los integrantes de la cooperativa La Esperanza, describió "al isleño como una persona que se vincula de una manera directa con la naturaleza. Hay que conocer ese vínculo para entender por qué sabe -y lo hace con total eficiencia- construir su propia casa. Nunca un isleño agrede a la naturaleza". Peimer reflexionó que "el rico quiere la isla para venir en auto, por eso necesita hacer caminos y puentes, lo que pone en riesgo la insularidad, que es lo que nosotros defendemos".
El Boletín Isleño, un medio de comunicación de los pobladores del Delta, denunció que "en el marco de esa nueva norma, el municipio ordena clausuras, multas, intimaciones y demás sanciones a las tareas y trabajos propios de la isla". Lo que en otras palabras significa que por esa legislación el isleño parecería estar "fuera de la ley". Un hombre que toda la vida vivió trabajando el junco, Juan Derganz, lamentó ser testigo de "cómo mienten los empresarios y los políticos, para ocultar lo que verdaderamente vienen a hacer". "Vienen, agrandan el arroyo y dicen que es para que podamos remar en un lugar más extenso. Sabemos que lo hacen para poder marcar bien los terrenos que van a vender", dijo Derganz. El isleño dijo que se siente "desprotegido" porque la justicia bonaerense a la que acudieron hace cuatro años dictó un fallo "que no contempló totalmente nuestra vida". "Si bien obligó a los empresarios de Colony Park a remediar los daños causados a los isleños (rellenos de arroyos y otras obras en función de los negocios que se habían iniciado en 2008), no falló en favor de los derechos posesorios de las familias que desalojaron en Anguilas y La Paloma", explicó Domínguez.
Referencia: Telam
Notas Relacionadas:
Los problemas comenzaron hace más de cuatro años, cuando fueron desalojados pobladores de la primera sección de las islas para construir el complejo de barrios privados Colony Park, planeado en el sector más próximo al continente, frente al puerto de frutos y a la estación fluvial del partido bonaerense de Tigre. "Esa estrategia quedó frenada en 2011 durante una audiencia pública en el Concejo Deliberante local, pero desde el 7 de marzo de este año una ordenanza prohibió el trabajo isleño, lo que impacta directamente en nosotros", dijo a Télam Diego Domínguez, integrante de la Cooperativa La Esperanza.
Domínguez se refiere al plan de manejo de las islas, presentado por el intendente de Tigre, Sergio Massa, aprobado por el Concejo Deliberante, que si bien "inhibe la avanzada del Colony Park" también prohíbe "la autoconstrucción de muelles, estacadas y casas y limita algunos materiales que hacen a nuestros usos y costumbres", explicó el cooperativista. "Cuestionamos ese plan porque si bien había incluido parte de la propuesta de la Asamblea del Delta y Rio de la Plata, que históricamente peleó por el isleño y sus derechos, lo que hizo también fue agregar algunas modificaciones que atentan contra nuestra forma de vida", sostuvo Domínguez, que es docente e isleño.
Además, la nueva ordenanza "habilita la superpoblación de las islas, y aunque contempla algunos criterios "ambientalistas", llamativamente no dedica ni un renglón a las escuelas, la frecuencia de lanchas o el servicio de ambulancias, temas que necesitan mejoras urgentes", dijo Domínguez. "Todo lo contrario: la ordenanza transforma en ilegal lo que el isleño sabe hacer y no contempla lo que necesita o es su derecho", resumió.
En 2008, los empresarios inmobiliarios desalojaron a las familias que vivían en el arroyo Anguilas y La Paloma, en la primera sección del Delta, para construir el complejo Colony Park, "y como no pudieron, ahora atentan contra el trabajo isleño a través de la nueva legislación", denunció Domínguez.
En rechazo a esa ordenanza, albañiles, carpinteros, barqueros, fleteros, comerciantes, gente relacionada al turismo, docentes, marineros, mimbreros, productores forestales y junqueros se concentraron en agosto frente al municipio preocupados por las clausuras y multas que vienen recibiendo cuando realizan las tareas propias de la isla.
Jorge Peimer, otro de los integrantes de la cooperativa La Esperanza, describió "al isleño como una persona que se vincula de una manera directa con la naturaleza. Hay que conocer ese vínculo para entender por qué sabe -y lo hace con total eficiencia- construir su propia casa. Nunca un isleño agrede a la naturaleza". Peimer reflexionó que "el rico quiere la isla para venir en auto, por eso necesita hacer caminos y puentes, lo que pone en riesgo la insularidad, que es lo que nosotros defendemos".
El Boletín Isleño, un medio de comunicación de los pobladores del Delta, denunció que "en el marco de esa nueva norma, el municipio ordena clausuras, multas, intimaciones y demás sanciones a las tareas y trabajos propios de la isla". Lo que en otras palabras significa que por esa legislación el isleño parecería estar "fuera de la ley". Un hombre que toda la vida vivió trabajando el junco, Juan Derganz, lamentó ser testigo de "cómo mienten los empresarios y los políticos, para ocultar lo que verdaderamente vienen a hacer". "Vienen, agrandan el arroyo y dicen que es para que podamos remar en un lugar más extenso. Sabemos que lo hacen para poder marcar bien los terrenos que van a vender", dijo Derganz. El isleño dijo que se siente "desprotegido" porque la justicia bonaerense a la que acudieron hace cuatro años dictó un fallo "que no contempló totalmente nuestra vida". "Si bien obligó a los empresarios de Colony Park a remediar los daños causados a los isleños (rellenos de arroyos y otras obras en función de los negocios que se habían iniciado en 2008), no falló en favor de los derechos posesorios de las familias que desalojaron en Anguilas y La Paloma", explicó Domínguez.
Referencia: Telam
Notas Relacionadas:
Tigre – Islas delDelta – Amparo contra la Provincia y el municipio de Tigre – Sentencia de laCámara.
VIERNES, 4 DE OCTUBRE DE 2013
Otro peritaje científico ratifica a la Justicia el daño que causa Minera Alumbrera.
La Justicia Federal cuenta con otro estudio surgido desde la órbita del Conicet y la UBA que confirma el impacto ambiental que causa Minera Alumbrera. "Gran negligencia en el tratamiento de efluentes".
El Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán cuenta con un nuevo estudio científico que ratifica el daño que ocasiona Minera Alumbrera en la cuenca Salí-Dulce. Se trata de nuevas pruebas que acercan a directivos de la empresa a su procesamiento en el marco de una causa impune que ya lleva 14 años.
El Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) - dependiente del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA)- remitió al juez federal, Fernando Luis Poviña, un informe en el que se asevera la contaminación con cobre en aguas del canal DP2, afluente de la cuenca Salí-Dulce.
El estudio, realizado por profesionales ecotoxicólogos, afirma que los valores de cobre detectados exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. “Los efectos negativos del cobre para la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que consumen la fauna acuática”.
El informe, cuya fecha es del 12 de agosto, también sostiene que las consecuencias negativas de la empresa del caso (Minera Alumbrera) “son marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de efluentes”. Por este motivo, la vicedirectora del IEGEBA, Ines O`Farrell, quien firma el estudio, aconsejó realizar un monitoreo de agua más detallado “para establecer en forma directa el efecto sobre la salud humana”.
La tercera prueba en un año que allana el camino a un posible juicio.
El informe al que se hace mención tiene su origen en el allanamiento realizado en septiembre de 2012 a la planta de secado ubicada en la localidad tucumana Cruz del Norte (Ranchillos, departamento Cruz Alta). Desde aquí se arrojan los efluentes aparentemente contaminantes al canal DP2, surgidos del mineraloducto que nace en la explotación de Bajo la Alumbrera, Catamarca.
En esa oportunidad, a partir de tomas de muestras, peritos de la UNT, corroboraron según pericias realizadas en el Instituto Nacional del Agua, la existencia de metales como selenio, mercurio y cobre en el agua. Estos elementos, son considerados en el Anexo II de la ley federal 24.051 (sobre residuos peligrosos) como “eco tóxicos”.
A estas pruebas, se le suma la consulta realizada en julio por Poviña a peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes manifestaron al magistrado que “no existen concentraciones mínimas seguras, ante la exposición de dichas sustancias”.
“Con todos estos elementos, exigimos como querellantes, el inmediato procesamiento de los directivos responsables de Minera Alumbrera y de autoridades de la Dirección de Minería de la provincia, por ser cómplices de este delito de lesa humanidad y ecocidio”, afirmó Alfredo Carbonel, de la ONG Pro-Eco, querellante en la causa.
“No hace falta que se pruebe que existe más de una sustancia que viole las normas vigentes. Pese a que se determinó que hay varios metales pesados contaminantes en el agua, sólo con la excedida presencia del cobre ratificada por el IEGEBA, ya se comprobó claramente que hay una afectación a la salud pública y, por ende, un delito”, agregó Iván Berkman de la organización Conciencia Solidaria.
Un dato no menor se desprendió a partir de esta suma de pruebas que comenzaron a apilarse en el despacho del Juzgado Federal Nº 2: semanas atrás Poviña a remitió oficios a la Dirección de Minería, al Registro Público de Comercio, a AFIP y a la Inspección de Persona Jurídica para que se le informe cuál es la composición societaria y nombres de los directivos de la minera desde el año 2000. También se requirió datos sobre en cuáles cargos se desempeñaban cada uno de los empresarios.
Se especula que esta medida apunta a determinar los responsables del delito de violación de la ley 24.051 para su citación a declaración indagatoria.
Más de una década en busca de Justicia.
La causa contra Minera Alumbrera fue iniciada en 1999 por el funcionario de la entonces Dirección de Medio Ambiente provincial, Juan Antonio González, por presunta contaminación a la cuenca Salí-Dulce con residuos peligrosos arrojados al canal DP2. La investigación fue impulsada por el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez.
En mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito a favor del vicepresidente de la firma, Julián Rooney, y dispuso su procesamiento sin prisión preventiva al encontrarlo presunto autor responsable de violar ley 24.051.
En septiembre de 2009 la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió anular la sentencia contra Rooney y ordenó que se propongan nuevas medidas de prueba en el marco de esta causa contra la minera que aún sigue vigente.
Oportunamente, desde Minera Alumbrera se afirmó que se cumple con la totalidad de los parámetros establecidos por resolución N° 030 del Siprosa (mucho más permisiva que la ley federal 24.051) en relación a la descarga de su planta de filtros ubicada en Ranchillos.
VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Analizan un proyecto de ley para prohibir la exportación de peces de agua dulce.
Una década después de que Argentina habilitara la exportación del sábalo, las consecuencias llevaron a que hoy en el Consejo Provincial Pesquero estén discutiendo un proyecto de ley que apunta a prohibir la extracción de peces de río con fines de comercio exterior. El debate comenzó con la ausencia de los representantes de quienes más resistirán la iniciativa, los frigoríficos de pescado, pero con la presencia y el acuerdo "prudente" de los propios pescadores, quienes admiten graves problemas en lo inmediato si se continúa sometiendo al río al ritmo que demanda el negocio exportador. "Nadie exporta sus peces de agua dulce, así vamos a agotar el recurso", planteó el diputado nacional Juan Carlos Zabalza, autor del proyecto de ley que apunta a cortar por lo sano.
La propuesta de ley declara de interés público la conservación del recurso ictícola de la cuenca paranoplatense, con epicentro en los ríos Paraná, Paraguay, la parte baja del Uruguay y Río de la Plata. Y prohíbe "la captura de peces de río destinado a la exportación" en toda la cuenca, sus afluentes y humedales. Su autor entiende que la extracción ictícola de características mineras "ni sirvió para mejorar la calidad de vida de los pescadores, ni tampoco representa un ingreso de divisas significativo para el país".
Números.
La exportación parte en un 93 por ciento desde los frigoríficos emplazados en Santa Fe --una docena-- y Entre Ríos, y en menor medida desde Buenos Aires. Los principales compradores son Colombia --por haber depredado un pez similar, el bocachico--, Bolivia, Brasil y Nigeria. Según datos de Aduana publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Argentina colocó el año pasado en el exterior 14.323 toneladas, lo que significó ingresos por 17,7 millones de dólares. Si bien el menú exportador contiene en pequeñas proporciones dorado, bagre, patí, carpa, tararira, boga y armado, el rey del negocio es el prochilodus lineatus, mejor conocido como sábalo. En 2012, las ventas al extranjero de esta especie sumaron 12.148 toneladas, por 14,8 millones de dólares. En el comienzo de la cadena, los frigoríficos hoy pagan no más de 7 pesos por kilo de pescado, y de ese precio, los acopiadores que intermedian se quedan con el 20 por ciento.
"Se ha pasado de un sistema extractivo con las tradicionales técnicas de la pesca de subsistencia, basada en la calidad de los ejemplares, especies y tamaños, a un sistema basado en la cantidad. Pocos acopiadores forman el precio y concentran la rentabilidad del mismo, marginando al sector acerca del cual el Estado debería tutelar con mayor firmeza, los pescadores, que en este nuevo esquema pierden absolutamente su capacidad de negociación", argumenta el proyecto.
Según el texto de Zabalza, la exportación se liberó en 2003, aunque desde la Asociación Civil de Pescadores El Espinillo, Escolástico Aguilar sostiene que eso empezó en 1998. Y en el río ya nada fue como antes. "Hasta que se abrió la exportación, el trabajo marchaba bien, no sobraba nada, pero la pesca no faltaba. Pero hoy en Entre Ríos hay casi 2.000 pescadores en 200 kilómetros, y pescan con mallas más chicas que las que nos permiten en Santa Fe. El año pasado empezaron pagando 3 pesos el kilo, y terminaron pagando 1,20.
Para este año, el cupo de exportación en la cuenca asciende a 15.000 toneladas, pero hubo años en los que se autorizó en demasía, como en 2004, cuando se pescaron 36.000 toneladas, o en 2007, cuando el cupo llegó a 40.000 toneladas, y aún habiéndose sancionado en Santa Fe la ley 12.212, con la que se pretende regular el recurso, observó el subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, Ricardo Biasatti. "Hay que reformular la estrategia, porque a este ritmo el que sufre es el eslabón más débil de la cadena. De 3.000 pescadores que hay en Santa Fe, 500 son los que proveen a frigoríficos, los demás no. Por eso hay que promover canales alternativos de venta directa mediante puertos de fiscalización, y que los frigoríficos cambien la lógica de pescar cantidad por calidad, y que agreguen valor de verdad. De lo contrario, el modelo no es sustentable", advirtió.
"Santa Fe puede regular, pero Entre Ríos está enfocada en la exportación, entonces el problema sigue estando. Hace falta una ley nacional", reforzó Zabalza.
JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Dictamen a favor de Chevron por el caso de contaminación en Ecuador.
Un panel arbitral en La Haya dio a la petrolera Chevron una victoria de procedimiento en su batalla legal contra una multa de 19.000 millones de dólares que Ecuador le impuso por contaminación de la región de la cuenca del Amazonas.
Washington.- La instancia dictaminó que la empresa estadounidense Chevron estaba protegida de acciones de demanda colectiva en el caso, debido a los acuerdos que el gobierno ecuatoriano había establecido con la ex Texaco, que presuntamente estaba detrás de la contaminación ambiental y de la cual la gigante norteamericana se hizo cargo en 2001.
En su fundamentación, el panel dijo que el acuerdo de 1995, en el que Texaco se comprometió a limpiar los residuos de sus operaciones de extracción de petróleo en la región de Lago Agrio, protege a Chevron de demandas colectivas.
Chevron argumenta que no se puede hacer responsable de los daños y perjuicios reclamados por las comunidades de Lago Agrio, debido a que el acuerdo de 1995 se produjo después de la presentación de las primeras denuncias sobre la contaminación, en 1993.
En febrero de 2011, sin embargo, un tribunal de Ecuador encontró a Chevron responsable en el caso y la condenó al pago de 9.500 millones de dólares por daños y perjuicios.
Posteriormente, otro tribunal de Ecuador duplicó la multa, en medio de acusaciones de Chevron de corrupción y fraude en el manejo del caso.
El martes, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, llamó a boicotear a Chevron.
El mandatario convocó a la prensa a uno de los lugares donde operó Texaco por casi 30 años y presentó "La mano sucia de Chevron", la campaña con la que busca hacer frente a la estrategia de "desprestigio" con la que, según el gobierno, la petrolera quiere desconocer el fallo judicial.
MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Identifican sustancias antibióticas en un arbusto de la Puna de Atacama.
Investigadores del CONICET usaron extractos vegetales de la tola para inhibir bacterias aisladas de infecciones de piel y partes blandas de pacientes de hospitales de San Miguel de Tucumán. El objetivo es reemplazar productos sintéticos que pueden tener efectos secundarios.
Las sociedades indígenas conservaron el uso de vegetales con efectos medicinales a través de los siglos. Considerando a las plantas como una verdadera “farmacia natural”, investigadores argentinos identificaron moléculas de alta potencia antibiótica en un arbusto espinoso que crece a más de 4.000 metros de altura en una de las regiones más áridas del planeta.
Según consta en la revista científica internacional Phytotherapy Research, un equipo de científicos del CONICET extrajo de la planta Baccharis incarum, conocida popularmente como tola, ingredientes denominados flavonoides. Y luego, con ellos, lograron eliminar in vitro bacterias Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis –resistentes a antibióticos convencionales- aisladas de infecciones de piel y partes blandas de pacientes de hospitales de San Miguel de Tucumán.
El grupo recolectó la tola en la región de Antofagasta de la Sierra (Catamarca), que pertenece a la Puna de Atacama. Las especies vegetales que viven en estos ecosistemas de altura desarrollan mecanismos de adaptación para sobrevivir. Por ejemplo, producen gran cantidad de resinas que las protegen de la acción desecante de los vientos y de las condiciones de aridez, bajas temperaturas e intensa radiación ultravioleta.
“Estudiamos las sustancias de ésta y otras plantas que permitan encontrar nuevos y novedosos fármacos útiles para el tratamiento de varias enfermedades de impacto social relevante”, indicó a la Agencia CyTA la autora principal del estudio, la doctora María Inés Isla, directora del Laboratorio de Investigaciones de Productos Naturales del Instituto de Química del Noroeste Argentino (INQUINOA), que depende del CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán.
La investigadora destacó que sus líneas de trabajo apuntan a la incorporación de alternativas terapéuticas a los productos sintéticos disponibles, que muchas veces resultan tóxicos o presentan efectos secundarios nocivos. Isla agregó que están elaborando protocolos para desarrollar geles antibióticos con flavonoides de tola, los cuales podrían ser producidos por laboratorios fitoterápicos locales.
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