23-05-13 | SOCIEDAD
La Defensoría denunció al menos 44 antenas de celulares sin autorización
Las empresas las instalan rápido, con irregularidades. Luego, evitan su retiro bajo el argumento que acarrea problemas en la comunicación. Una tendencia que crece
Crédito foto: Adrián Escandar
La Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades del Gobierno porteño que se investigue la regularización de más de 100 antenas para móviles celulares instaladas en edificios de la Ciudad.
De acuerdo al relevamiento realizado por el organismo, al menos 44 antenas de telefonía celular instaladas en edificios del distrito funcionan con irregularidades. Además, denunció al ejecutivo porteño por no tomar ninguna medida para que las empresas telefónicas cumplan la normativa vigente.
En la Defensoría hay registradas 108 denuncias elevadas por vecinos entre 2006 y 2012, donde solicitan saber si las transmisoras tienen los permisos correspondiente y si presentan riesgos para la salud.
En todos los casos, los informes confeccionados son negativos. "Al momento de la consulta, las instalaciones denunciadas carecían de por lo menos una de las tres autorizaciones exigibles, resultando que cuarenta y cuatro (44) de ellas carecían de las tres autorizaciones administrativas que exige la normativa", detalla el escrito presentado.
La defensora del Pueblo, Alicia Pierini, elevó a las tres oficinas del gobierno de la Ciudad que son competentes: la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), la Dirección General de Evaluación Técnica (DGET) y la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC).
El organismo autárquico diagnostica que esta tendencia viene produciéndose desde 2003 pero que "en el trienio 2010-2012 muestran un incremento en la cantidad de estaciones que no cuentan con autorizaciones".
Esta situación “fue y continúa siendo sistemáticamente aprovechada por las empresas operadoras, que frecuentemente se apresuran a instalar y operar sus instalacionessin contar aún con las licencias que la reglamentación vigente exige”.
Tras levantar las antenas, las empresas "pretenden justificar su accionar con excusas del tipo "aumento exponencial en la demanda de sus servicios" y “las excesivas demoras de la administración para el otorgamiento de permisos”. Ante cada intimación o incluso fallos judiciales adversos suelen anteponer recursos administrativos o jurídicos con el fin de impedir sanciones pecuniarias o eludir órdenes de desconexión y/o desmantelamiento”.
Por ello, Alicia Pierini le pidió a que el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, disponga que las reparticiones competentes regularicen los casos denunciados.
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