Se aprobó la Ley de Humedales a medida de los gobiernos provinciales.
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El Senado de la Nación finalmente le dio sanción a la Ley de Protección de Humedales. A pesar de tratarse de una legislación nacional de presupuestos mínimos de carácter federal, varios artículos fueron modificados incluso durante la misma votación para darle una mayor injerencia a las Provincias, con gobiernos que quieren continuar profundizando el modelo extractivo. Algunos senadores impusieron así la posibilidad de decidir las áreas que serán explotadas con fines productivos, con criterios laxos en el ordenamiento territorial de humedales, y sin moratoria.
La coyuntura no resultaba favorable. A pesar de que las organizaciones sociales y ambientales llevan trabajando tres años en la discusión específica de la Ley, algunos senadores expresaron hasta ayer mismo desconocer de qué se trata el proyecto. En ese marco, la semana pasada el recinto votó que se volviera a discutir en comisiones, a pesar que sólo restaba una sesión ordinaria. Algunas voces advirtieron que la Ley estaba "herida de muerte", pues corría grave peligro de perder estado parlamentario. En este contexto, debieron aceptarse negociaciones de último momento, que le restan poder a la iniciativa legislativa como herramienta para proteger los humedales.
Así, el futuro de estos ecosistemas que tienen gran responsabilidad en regular los ciclos hidrológicos, incluyendo la posibilidad de mitigar las inundaciones severas, estuvo signado por una dinámica parlamentaria particular. En el debate previo, el senador Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur) -autor principal del dictamen de mayoría- intentó enfatizar que "lo siento como un proyecto de todos". Aclaró que "promovimos un gran debate desde mayo", convocando a dos audiencias públicas. Aun así, "no fue suficiente" y a pedido de senadores "se hicieron 26 modificaciones", incluyendo cambios en 18 de los 20 artículos de lo que fuera presentado como el proyecto de consenso.
En esa instancia, como en los días previos fue el senador Alfredo De Angeli (PRO - Cambiemos) el encargado de sembrar dudas: "Nosotros estamos muy preocupados, porque tenemos que volver a las provincias y contarles a los productores por qué se votó la Ley de Humedales". También advirtió que con la Ley no se podrían realizar obras de infraestructura de defensa de las inundaciones porque se harían sobre humedales, cuando justamente son estos ecosistemas los que naturalmente previenen de las inundaciones severas. En los días previos, se conoció que el Ministro Rogelio Frigerio tiene interés en construir un barrio náutico en Villa Paranasito, sobre humedales entrerrianos. De Angeli se mostró preocupado porque "no se podrían construir caminos".
La letra achica
A la hora de la letra chica de la Ley de Humedales, sin embargo, fue la senadora Graciela De la Rosa (FpV), de Formosa, quien se encargó de corregir el llamado "proyecto de consenso", incorporando algunos cambios considerables con el argumento de defender a las provincias. Así por caso en la discusión del artículo 5°, la senadora incluyó la potestad de las provincias como "autoridades competentes" de la Ley, y extendió de dos a tres años el plazo para confeccionar el Inventario de Humedales. Este último punto ya había sido presentado por el propio gobierno nacional, cuando lanzó su iniciativa de hacer el Inventario, expresó que "tomará al menos tres años". Resulta un dato importante, porque recién luego de esta tarea, las Provincias tendrán dos años más para hacer su "Ordenamiento Territorial de Humedales", según el artículo 12.
Este punto se conecta con otra cuestión clave: el proyecto resultante de la negociación y el consenso no incluye una cláusula precisa de moratoria respecto al avance sobre los humedales hasta tanto no se cuente con el inventario y el ordenamiento. Resulta así una Ley sin poder de acción efectivo, porque habrá al menos 5 años (3 de Inventario nacional, 2 de Ordenamiento provincial) para que se negocie la ocupación extractiva sobre los humedales. La herramienta de la moratoria resultó fundamental en la Ley de Bosques, sancionada en 2006, como recuerda María Eugenia Testa, ex integrante de Greenpeace. Sin moratoria, hay riesgo de mayor "corrupción y el otorgamiento especulativo de permisos".
Otro aspecto regresivo del debate final en el recinto fue la exclusión explícita de los salares como ámbito de aplicación de la Ley, por pedido de la senadora Silvia Giacoppo (UCR) de Jujuy, con el fin confeso de no afectar los intereses de la minería de litio. Lo había intentado desde el principio la senadora Inés Blas (FpV), quien pidió alterar el objeto mismo de la Ley, pero en ese momento Pino Solanas logró que no se modificara. Sin embargo, con la excusa de que se incorporó un nuevo artículo más adelante, Giacoppo volvió a sacar el tema y se incluyó como artículo 14 -sin correlación alguna con los otros artículos- la excepción de los salares, agregando que "serán objeto de una regulación específica".
¿Una cuota de optimismo?
La sanción definitiva de la Ley de Humedales, no obstante todas las falencias señaladas, aún puede resultar una herramienta útil para el movimiento ambientalista. Si tomamos los casos de las Leyes de Bosques y de Glaciares, que son antecedentes directos, como señaló la senadora Magdalena Odarda -otra de las impulsoras de esta Ley-, entonces se debe aprender de estas experiencias. Ninguna de esas legislaciones tuvo una aplicación efectiva en toda su magnitud, porque tal vez se descuidó el seguimiento de la normativa luego de conseguida la sanción. En el caso de Bosques tuvo cierta incidencia, ayudada por la moratoria, aunque la pelea fue desigual en las distintas provincias que hicieron su ordenamiento. En el caso de Glaciares, la tarea del Inventario recayó en la Nación, pero todavía su avance es muy lento y sin seguir las prioridades pautadas.
También el año pasado, cuando la Ley de Humedales corría riesgo de no ser tratada en Diputados, existieron voces críticas desde algunas organizaciones ambientalistas porque la legislación no representaría ningún punto concreto. Pero otras organizaciones, sobre todo con base en el Litoral, argumentaron la importancia de que existiera una Ley, y en ese sentido aún en el peor de los casos obliga a los gobiernos provinciales a tener que tratar la cuestión. De aquí entonces se abre una agenda a mediano plazo que debe seguirse en cada territorio, además de solicitar el Inventario a nivel nacional, pidiendo también incluso que haya legislaciones provinciales, que algunos senadores expresaron como la solución.
Por cierto que los graves problemas ecológicos, y en particular con el caso de las inundaciones severas, no admiten tiempos dilatados en tomar medidas concretas. La realización efectiva del Inventario de Humedales, en este punto, debe ser también otra herramienta para seguir poniendo el tema en agenda, a la vez que recordando su importancia ante eventos concretos como las inundaciones. Y mientras que la Ley les dio un lugar relevante a los gobiernos provinciales -como puerta para seguir con el extractivismo- debe señalarse el carácter federal e incluso interjurisdiccional de muchos humedales. Con todo ello, los dirigentes ambientalistas -provenientes de ONGs- involucrados en el gobierno nacional también deberían tomar partido definitivo por los humedales en la reglamentación y aplicación de la Ley.
JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
Apuntan a Acero Cali por obras ilegales que generan destrozos en el Río Luján
Ecologistas denunciaron al excampeón de Kick Boxing y actual titular del Concejo Deliberante de Escobar por la presencia de excavadoras que provocaban destrozos y contaminación en un canal aliviador. Aseguran que patotas amenazaron a vecinos.
El excampeón de Kick Boxing devenido en Presidente del Concejo Deliberante de Escobar, Jorge Acero Cali, quedó en el foco de los cuestionamientos tras ser denunciado por encontrarse detrás de una serie de obras que estarían contaminando al Río Luján.
Como parte de una obra planteada desde el HCD, vecinos denunciaron que mediante excavadoras se está sacando tierra del canal aliviador que desemboca en el río Luján, lo que, además, estaría provocando contaminación en la zona.
Los camiones cargados trasladan el material hacia otros lugares para la construcción de una pista de motocross, otra de motos de agua y un lugar para practicar wakeboard. Dicho proyecto fue presentado por Cali y logró que en septiembre se aprobara pese a los impedimentos legales.
Cabe mencionar que la zona se encuentra protegida por una resolución de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que protege la cuenca del río Luján, y por una resolución provincial 29/09, que prohíbe la destrucción de los recursos naturales,
"Una caravana de pick-ups seguida de una grúa retroexcavadora. Les pregunté hacia donde iban y se bajaron tres hombres y me dijeron 'tomátelas de acá porque la vas a pasar mal'", afirma Eugenio Cruz, que denunció las amenazas ante la fiscalía de ese partido. Dichos sujetos fueron relacionados con el titular del HCD local.
Por su parte, Franco Seguesso de Greenpeace sostuvo que lejos de tratarse como proyectos individuales, se debe encarar el tema desde un enfoque sistémico: "Los humedales son grandes esponjas que cumplen una función de purificación y de reservorio de agua potable. Donde hay mucho caudal, evitan las inundaciones. Donde hay poca agua, la conservan. Es importante tomar dimensión de su importancia".
Tras tomar estado público a partir de un informe televisivo, la Municipalidad de Escobar informó que procedió a la clausura preventiva de los terrenos denunciados en zona de humedales y al secuestro de las máquinas que se encuentran en el lugar con el objetivo de impedir cualquier tarea e iniciar las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.
LUNES, 31 DE OCTUBRE DE 2016
LEY DE HUMEDALES: Denuncian que el PRO frena su tratamiento
Ambientalistas y organizaciones sociales advirtieron que el presidente del Senado, Federico Pinedo (PRO) violó el reglamento del alto cuerpo para frenar la Ley de Humedales. La iniciativa tiene el apoyo de los demás bloques, incluido el radicalismo, pero perderá estado parlamentario si no se trata en el recinto antes del 30 de noviembre. La ley protege ecosistemas fundamentales para mitigar el impacto de las inundaciones, pero mientras, los proyectos inmobiliarios continúan arrasando.
Un duro documento de la organización ecologista Greenpeace, recordó que el proyecto de Ley de Humedales había sido aprobado en las comisiones de Ambiente y de Agricultura, pero advirtió que en lugar haberlo girarlo al recinto para su tratamiento, el presidente provisional de la cámara alta, Federico Pinedo, adujo que al momento de la reunión debería haber estado presente el presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alfredo De Angeli (PRO, Entre Ríos), algo que no figura en el reglamento parlamentario, y lo envió nuevamente a comisiones.
Ahora, organizaciones sociales de todo el país exigen al gobierno nacional que no obstruya el debate y que apoye el proyecto de Ley de Humedales, y recuerdan que el presidente Mauricio Macri, se comprometió en febrero pasado a sancionar una Ley que proteja estos ecosistemas.
JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2016
TIGRE: Justicia procesó al Fiscal Julio Novo por encubrimiento al narcotráfico.
La Justicia procesó hoy al suspendido fiscal de San Isidro, Julio Novo, por encubrimiento al narcotráfico. La decisión la tomó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en una causa en la que Novo fue acusado de otorgar protección judicial a una banda de narcotraficantes colombianos que operaban en Argentina y está vinculada con los asesinatos cometidos en 2008 y 2009, el más paradigmático el del Unicenter.
La Justicia, también procesó a sus adjuntos, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani, y a sus secretarias Melisa Rey y Mariana Busse.
La causa abierta contra Novo es la 3468 y en esa se investigan la participación que el representante de Ministerio Público tuvo en casos resonantes como los crímenes de Unicenter, San Fernando y General Rodríguez, el tráfico de efedrina, la detención del narco colombiano “Mi Sangre” y el lavado de dinero en barrios privados de Tigre.
Efectivamente, en el año 2014, con el objeto de asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de bienes y dineros de las personas físicas y jurídicas investigadas, el juez Alberto Santa Marina decretó la inhibición general de los bienes de los colombianos Reymond Anthony Martínez Grajales y Mariela Grajales Gómez; y de los argentinos Juan Carlos Di Filippo; Walter Mosca y Diego Miguel Colombini, además de las firmas ODA Desarrollos SA; Fideicomisos Estudio de Bahía Grande y Complejo de Bahía Grande SA.
Walter Mosca, al parecer era el nexo argentino de la banda para la supuesta canalización del dinero del tráfico en inversiones inmobiliarias y empresas. El emblema de sus construcciones a través de la firma ODA es el Hotel Intercontinental que se instaló hace varios años dentro del barrio privado Nordelta.
Ese proceso se inició a raíz de una denuncia del fiscal de San Isidro Luis Angelini, quien investigaba las muertes de Unicenter, y de otro colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, registradas en 2009 frente a un local de venta de motos de agua, en San Fernando.
Lo preocupante del caso es que a pesar de la gravedad de los hechos que dichas causas involucran, considerando la evidente vinculación de dichos homicidios con el narcotráfico, la Fiscalía General, a cargo del Dr. Julio Alberto Novo, no sólo no brindó el apoyo mínimo necesario para el éxito de pesquisas de esa complejidad, ni impulsó los actos procesales de su competencia, sino que los fiscales a cargo de la investigación, sufrieron innumerables situaciones de abuso de poder y obstrucción de su labor, por parte de sus superiores jerárquicos. Lo que se tradujo en un grave perjuicio para la administración de la Justicia, y hace temer y presumir una conducta de encubrimiento por parte del propio funcionario titular de la Fiscalía General.
Un mes después, en noviembre, la Corte Suprema Bonaerense lo suspendió a raíz de esta causa en la que ahora se lo procesó.
MARTES, 11 DE OCTUBRE DE 2016
Sergio Bergman: Para el verano lo más útil que podemos hacer es rezar.
El ministro de Medio Ambiente de la Nación dijo que el gobierno nacional recortó los fondos de su área, pero que busca trabajar en conjunto con fuerzas armadas y las provincias para combatir los posibles incendios veraniegos.
El funcionario nacional visitó la ciudad de Bariloche, donde el sitio web El Cordillerano le preguntó sobre cómo se prepara su cartera para afrontar la temporada estival, época en que en esta región se suceden numerosos incendios. Fue contundente: “el gobierno nos redujo el presupuesto general y nosotros lo queríamos ampliar. Así que vamos a ver cómo hacemos para tener, por lo menos, las mismas herramientas del año pasado”.
“En el tema de los bosques el Ministerio de Medio Ambiente está involucrado. Pero que el Ministerio tenga cargado sobre su presupuesto, el Sistema Federal del Manejo del Fuego es de una desproporción sin escalas. Porque nosotros tenemos que coparticiparlo con un sistema federal, pero sin protocolos, donde las provincias tienen la jurisdicción y al mismo tiempo están las fuerzas de seguridad, que tiene otro equipamiento”, entendió.
“Lo lógico es hacer algo transversal, donde las provincias, las fuerzas de seguridad y el gobierno nacional pongan todos, todo el esfuerzo y salir del lugar donde estamos. Por eso trabajaremos con las provincias esta temporada y estará la posibilidad de hacer una combinación de recursos”, continuó.
“Pero estamos en un camino, donde no veo en el corto plazo que tengamos la envergadura, de lo que necesitamos en el próximo verano. Además, debemos trabajar de manera regional. No es lógico que no trabajemos con Brasil y con Chile. Podríamos tener una agencia de catástrofes compartida, más aun teniendo en cuenta que la última temporada le alquilamos aviones a Chile”, consideró el rabino.
Y agregó: “Con Chile debemos hacer un protocolo conjunto y debemos aplicar fondos internacionales juntos, que incluso nos van a ayudar mucho más si ven a dos países hermanos trabajando juntos, que cada uno pidiéndole lo mismo por separado. Todo ese sentido común que va a contramano de las prácticas de la política, es tratar de que ambas cosas vayan de la mano. Todo eso lleva mucho trabajo, sobretodo cambiar las inercias”.
“Yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones, aunque como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es rezar”, lamentó.
MARTES, 4 DE OCTUBRE DE 2016
ESCOBAR – Miembros de la Asamblea en Defensa del Humedal fueron agredidos por funcionario municipal.
El desfile de carrozas de la Fiesta de la Flor volvió a brillar como en sus mejores épocas. Sin embargo, su brillo fue opacado por un suceso aislado que se conoció horas más tarde: las amenazas y agresiones que militantes de la Asamblea en Defensa del Humedal aseguran haber sufrido a manos de un funcionario municipal cercano al intendente Ariel Sujarchuk.
El hecho ocurrió el sábado a la noche, cuando algunos integrantes de esa organización intentaban desplegar una bandera en la esquina de la avenida Tapia de Cruz y la calle Mitre, a 150 metros del palco de autoridades. Según la denuncia que dieron a conocer a través de un comunicado, el funcionario Javier Abalos se les acercó de manera prepotente para impedirles “colarse” en el tradicional desfile. “Amenazó y golpeó a dos compañeras”, afirmaron.
La situación originó un momentáneo tumulto, que fue parcialmente registrado por los militantes con sus celulares. En el video, que viralizaron por Facebook, se ve a una joven que increpa y acusa a Avalos de insultarla y haberle pegado una patada. También se advierte la presencia de efectivos policiales que intentan controlar la situación, ante la mirada atónita de los vecinos que presenciaban el espectáculo en esa céntrica esquina.
“Denunciamos el accionar de la patota municipal y repudiamos este tipo de actos, que no hacen más que revivir lo peor de nuestra historia y lo nefasto de ciertas prácticas mafiosas”, afirmaron los ambientalistas. A su vez, informaron que esa misma noche radicaron una denuncia formal en la comisaría 1ra.
El acusado es un hombre de confianza del jefe comunal, con quien empezó a trabajar cuando era subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En ese entonces fue su chofer y escolta; actualmente estaría a cargo de un área de Mantenimiento vinculada a las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC).
No es la primera vez que ocurren situaciones de esta índole durante un desfile de carrozas. Muchos probablemente recordarán que en 2010 un grupo de jóvenes militantes irrumpieron frente al palco para reclamar la construcción de una sede propia para la Universidad de Buenos Aires. Lo mismo hicieron al año siguiente, vestidos con guardapolvos blancos.
Aunque a los organizadores y especialmente al entonces intendente Sandro Guzmán no le hicieron mucha gracia, fueron protestas pacíficas y hasta pintorescas, iguales a la que los ambientalistas pretendían realizar este sábado. Nada que justificara un comportamiento como el que le atribuyen al funcionario, oriundo de Castelar y radicado en Escobar hace unos meses.
Desde la Asamblea en Defensa del Humedal exigieron que el intendente se pronuncie sobre este episodio, remueva de su cargo a Abalos y les conceda inmediatamente una audiencia. Pero aún no habría respondido a ninguna de las tres peticiones. Tampoco existió, al menos hasta ahora, una versión oficial que desmienta la denuncia.
Fuente: El Día de Escobar
MARTES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016
El Real Estado de Tigre.
El pasado lunes 26 de septiembre un colectivo conformado por ambientalistas, técnicos, profesionales, militantes políticos e instituciones intermedias, manifestaron su oposición a los objetivos de la edición 2016 del Salón inmobiliario de Tigre.
VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016
TIGRE – Vecinos de Tigre se reúnen para tratar situación ambiental de la Incineradora PELCO.
Vecinos de Ricardo Rojas, Tigre, se reúnen el sábado 24/9/2016 a las 16hs. en la plaza José María Paz, a fin de tratar la situación de la planta industrial dedicada al tratamiento de residuos peligrosos que opera bajo la responsabilidad del Grupo Pelco, ubicada en la calle Saavedra N° 2875.
Respecto a la situación ambiental generada por la empresa PELCO, dejo constancia que el pasado 1° de agosto del corriente año, quién suscribe, presentó una denuncia formal por ante el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) y otra relacionada con la existencia de 5 basurales clandestinos “oficiales” en la zona. Según información oficial las denuncias fueron caratuladas y enviadas al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (Exptes. 2439-329/2016 y 2439-328/2016).
La cuestionada planta de PELCO en Ricardo Rojas, opera sobre un terreno de 12.500 metros cuadrados, cuyo rubro es Centro de Tratamiento de Residuos y Efluentes (Industriales, patogénicos u otros) y Despacho de Residuos Patogénicos. En su planta realiza la termo destrucción de los residuos y funciona una planta de tratamiento físico-químico biológico para los residuos líquidos. Cuenta con una flota de camiones propios, habilitados para el transporte de residuos industriales y especiales.
La incineración, como tecnología de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, está siendo cuestionada cada vez más por la creciente evidencia científica que vincula algunas de sus emisiones, con graves efectos sobre la salud humana: defectos en el sistema inmunológico, malformaciones congénitas, distintos tipos de cáncer, problemas en el sistema nervioso, etcétera.
La planta en cuestión resulta particularmente peligrosa, dada su proximidad a una zona densamente poblada de los barrios Ricardo Rojas, Parque San Lorenzo y La Paloma. Efectivamente, Pelco se encuentra ubicada a escasos 120 metros de una zona densamente poblada. Los efectos de este incinerador sobre esta franja poblacional, nunca fueron analizados ni estudiados.
Como agravante de lo anterior, debo mencionar en este punto, el defectuoso e irregular funcionamiento de esta planta, lo cual agrava el permanente riesgo sanitario y ambiental que sufren los operarios de la planta, los operarios de las industrias circundantes y fundamentalmente la franja poblacional que ocupa la zona contigua. Efectivamente, según la información que figura en la página Web del OPDS, esta planta de la empresa PELCO, fue clausurada prácticamente todas las veces que fue inspeccionada.
La última de las clausuras de que tenemos conocimiento, ocurrió a fines de junio de 2015 por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, tras determinar que en sus instalaciones había graves anomalías en el tratamiento de residuos peligrosos y de alta toxicidad. La compañía presentó una medida cautelar ante el juez Luis Arias, quien la rechazó y reafirmó la clausura.
En la inspección, se detectaron residuos sin tratar de hacía más de tres años, los cuales figuraban como ya procesados; depósitos desbordados, residuos sin identificación de los cuales se desconoce su origen, lo cual incumplía toda la normativa que regula la actividad y generando un grave peligro para la salud de los vecinos, dado que en el material decomisado se encontró plomo, mercurio y residuos halogenados.
También se encontraron más de 130 toneladas de cenizas acumuladas de los residuos incinerados y documentación apócrifa sobre un supuesto de traslado de las mismas.
El 02/07/2015, es decir durante la jornada siguiente la empresa PELCO violó la clausura. Efectivamente, no obstante la gravedad e importancia de las medidas que se tomaron en su contra, la planta al otro día, se encontraba abierta y trabajando a full.
No obstante lo comentado, según la información de la página Web de PELCO, para asegurar la calidad de las operaciones, la salud de sus trabajadores y el cumplimiento de toda la reglamentación medioambiental, la empresa, que realiza entre sus tres plantas, la gestión de más de 80.000 toneladas anuales de residuos industriales, certificó su procedimientos de acuerdo a las normas ISO 9001, ISO 14000 y OHSAS 18.000.
No obstante todas estas cucardas, el pasado 21 de julio, aproximadamente a las 19 horas, se produjo en una fosa dedicada al tratamiento de residuos líquidos, una violenta explosión en el interior de la planta, que produjo la voladura de los techos de los galpones de la Empresa y la explosión de la cisterna de un camión tanque. Según la información de prensa de la empresa, tres operarios fueron internados en el Hospital de Pacheco en forma preventiva. La empresa quedó inoperante. La onda expansiva del estallido, afecto a más de cinco cuadras a la redonda de la industria siniestrada.
Debemos tener en cuenta, que con motivo de la explosión, se desparramaron, se volatilizaron y se mezclaron residuos peligrosos sólidos y líquidos a lo que tenemos que sumar las cenizas producidas por la incineración. Todo este material quedó al aire libre y es posible que la lluvia haya empeorado la situación. Frente a este cuadro, según mi criterio, hubiera correspondido que la Autoridad Competente, clausure el sitio, realice una evaluación ambiental de la situación y ordene recomponer el lugar con cargo a la Empresa. Pero nada de todo esto ocurrió.
Por el contrario, a solo siete días de ocurrido el estallido, la empresa PELCO, al parecer sin que haya obrado la intervención de autoridad competente alguna, decidió per se, reiniciar las operaciones de la planta siniestrada.
En definitiva, en el municipio de Tigre, estamos ante una amenaza muy grave, que afecta tanto al personal de la incineradora, a la población y el medio ambiente, frente a la cual la comunidad se encuentra totalmente inerme, desprotegida y desinformada.
La falta de control, el abandono, el incumplimiento de las normas vigentes, la desatención de las medidas de seguridad y el incumplimiento de sus obligaciones por parte de los funcionarios competentes, sitúan a los habitantes de una zona densamente poblada de Tigre, en un escenario de máxima emergencia sanitaria y ambiental.
La otra PELCO
Corresponde dejar aclarado en este punto que el Grupo Pelco, tal cual figura informado en su página Web, tiene a su cargo una segunda planta en el Distrito de Tigre, en la localidad de Benavidez. Según la Empresa, la planta fue montada en función un convenio suscrito con el Municipio de Tigre, para la contratación de mano de obra local y cooperativista a fin de llevar adelante la actividad llamada minería urbana.
La implementación de este centro de tratamiento de RAEE, permite la recuperación de metales y componentes metálicos, a partir del desarme y la clasificación de residuos, como teléfonos celulares o computadoras, para su posterior reutilización.
La planta en cuestión, opera en un predio de 11.000 m2, ubicado con frente a las calles Aristóbulo del Valle, Alfonsina Storni y Tirso de Molina de Benavídez. El predio fue tomado en posesión por el Municipio de Tigre, en el marco de los artículos 2351 y 2352, del Código Civil, a título de dueña por DECRETO 897/12 (EXPTE. 4112-50362/12) de fecha 05 de julio de 2012.
El 10 de julio de 2012, por RESOLUCIÓN 1372/12, el Municipio de Tigre, Designó a PELCO S.A. cuidador honorario de los inmuebles en cuestión, dejando constancia, que la designación, se la concede en nombre de la municipalidad, motivo por el cual no cuenta con un mayor o mejor derecho sobre el inmueble, no pudiendo construir ni hacer mejoras en el mismo.
En función de lo expuesto, en este punto estimo que existen elementos de juicio e indicios suficientes como para afirmar que nos encontramos frente a una planta de residuos peligrosos, creada en forma ilegal y en comandita entre el Municipio de Tigre y la empresa PELCO S.A. sobre un terreno apropiado por el Municipio a ese efecto, no apto para el funcionamiento para industrias de esa categoría.
En función de lo expuesto, y considerando que la incineradora Pelco, situada en la localidad de Ricardo Rojas, supuestamente cuenta con permiso de vuelco en el arroyo Darragueira, afluente del arroyo Las Tunas, el cual según lo informado por la Sra. Directora Ejecutiva del COMIREC, será considerado en el Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Reconquista, solicite:
- Se participe oficialmente de la presente elevación, al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y a la Autoridad del Agua.
- Se realice una inspección integral de la planta que la empresa PELCO S.A. posee en la localidad de Ricardo Rojas, Tigre, en la calle Saavedra N° 2875 (B1618ACN) a fin de proceder en caso de que corresponda, a su inmediata clausura.
- Se realice, si es posible en acción conjunta con el OPDS y la ADA, un diagnóstico ambiental, que sirva como base para el proceso de remediación ambiental del predio con cargo a la empresa PELCO S.A.
- Atento la amenaza ambiental y sanitaria que genera la planta en cuestión, solicito se considere su cierre definitivo y/o traslado.
- En caso de verificarse un daño ambiental, se inicien las acciones jurídicas que correspondan.
- Se determine por quién corresponda, si la planta de la Empresa PELCO S.A. ubicada con frente a las calles Aristóbulo del Valle, Alfonsina Storni y Tirso de Molina de Benavidez, cuenta con las certificaciones técnicas y administrativas para funcionar como tal.
- En caso de verificarse irregularidades relacionadas con la utilización del terreno, en el convenio suscrito con el Municipio de Tigre y/o en las certificaciones técnicas y administrativas se proceda a la inmediata clausura de la planta.
- En caso de determinarse que la Planta fue creada en forma ilegal y en comandita entre el Municipio de Tigre y la empresa PELCO S.A. sobre un terreno apropiado por el Municipio a ese efecto, no apto para el funcionamiento para industrias de esa categoría, solicito que por donde corresponda, se inicien las acciones jurídicas a fin de determinar las responsabilidades que pudieran caberles tanto a los directivos de la empresa PELCO como a los funcionarios públicos actuantes.
JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
EL REAL ESTADO DE TIGRE
Queremos nuestro Tigre. Y para que todos podamos vivir bien, la principal condición es que crezcamos equitativamente todos los tigrenses, decidiendo colectivamente el Tigre que queremos habitar.
Ante la próxima realización del evento “Salón Inmobiliario Real Estate”, en el que los desarrolladores inmobiliarios y funcionarios municipales y nacionales se juntan a definir su Tigre; queremos compartir con la comunidad el Real Estado de Tigre y nuestros deseos, que NO son los de convertir a nuestro distrito en tierra de negocios inmobiliarios exclusivos y excluyentes que degradan la calidad de vida y el ambiente de las mayorías y que al día de hoy ya se ha se han construido barrios cerrados en la mitad del suelo continental con la consiguiente pérdida de la soberanía territorial.
Tigre ha crecido pero de manera muy desigual y este es su Estado Real:
• La gestión municipal piensa más en el turismo y en los inversores inmobiliarios que en los vecinos y contribuyentes de Tigre.
• No existen políticas de planificación urbana que integren e incluyan a los tigrenses. Solo para generar negocios. Esto se observa al llegar al centro de Tigre que aparenta ser Miami y cuando recorremos el distrito la infraestructura urbana es deficiente e insuficiente para las necesidades sociales.
• No se usaron las partidas presupuestarias municipales para Mejoras Habitacionales ni para el cuidado del Ambiente. En su lugar se utiliza el presupuesto para propaganda política partidaria y para el financiamiento de una fuerza de seguridad municipal (COT) que realiza detenciones arbitrarias, discriminatorias y abusivas.
• No se concretan las obras de cloacas y agua potable prometidas y menos aún en las islas donde el 100% carece de ambos servicios.
• Avanzan los negocios inmobiliarios que generan daños y desmejoran las condiciones de vida de las familias de Tigre, y hasta las dejan sin tierra y vivienda, además de los pasivos ambientales por falta de planificación urbanística y ambiental.
• No hay solución para los vecinos que se inundan por efecto de los Barrios Cerrados Privados. No se realizan obras para minimizar los efectos de las lluvias intensas, ni existe un Plan Hidráulico de escurrimiento para el distrito. Más bien, la política ha sido permitir y facilitar el relleno del humedal, que justamente regula esos efectos.
• Los concejales del oficialismo se niegan a tratar desde el 2014 el proyecto de ordenanza presentado para prohibir los barrios privados en el distrito.
• Siguen manteniendo aislado, a partir de la destrucción del único puente de acceso, a Punta Querandí, declarado espacio de la memoria por el Concejo Deliberante y espacio cultural, arqueológico y sagrado por los pueblos originarios, codiciado por el empresario Jorge
O'Reilly. Continúan permitiendo la construcción de barrios privados en campos con enterratorios indígenas como es el proyecto Santa Ana de EIDICO. Así como en los '90 se permitió a Nordelta edificar sobre el cementerio ancestral 'Arroyo Sarandí.
• Los sectores productivos del Delta sufren persecución y abandono ante los avances de los negocios inmobiliarios. Incluso ataques y destrucción de propiedades. Tal es así que el mega emprendimiento Colony Park avanzó con las construcciones de manera ilegal. En el mes de agosto de 2016 los isleños de la Cooperativa Isla Esperanza que resisten a los embates de dicho emprendimiento sufrieron la quema de su galpón, sin recibir apoyo ni protección gubernamental.
• La gestión para mejorar las cuencas de los Ríos Reconquista y Luján, no ataca las cuestiones de fondo que tienen que ver con la contaminación industrial y el avance de los barrios cerrados, sino que son un maquillaje verde.
• La subsecretaria de medio ambiente municipal no recorre las islas, ni cuenta con embarcación para ejercer su función gubernamental de controlar a los emprendimientos que infringen las normativas y rompen las fajas de clausura. Tampoco realiza esa tarea en continente donde dispone de los medios necesarios.
• Existen más de 10 basurales clandestinos municipales. Hasta la separación de basuras es una falacia, ya que la misma se junta en el mismo lugar de destino.
• Vecinos de nuestra comunidad no están pudiendo acceder a sus viviendas adjudicadas del Programa PROCREAR.
• Se cerró el histórico Hospital de Tigre absolutamente necesario para la comunidad de Tigre centro, Rincón de Milberg y el Delta; no se invierte en Atención Primaria y colapsa el servicio de salud en el Hospital de Pacheco. (Único Hospital General para una población de más de 400 mil habitantes).
• Han nombrado como representante de la delegación municipal de islas al contratista de la recolección de basura, que además no reside en el Delta y cuya condición de contratista es incompatible con la función. Es evidente que su interés no es el del Isleño.
• No hay voluntad política gubernamental para solucionar el deficiente estado del Transporte fluvial del que dependen los habitantes del Delta para realizar sus actividades vitales. Siendo este monopólico, de altas tarifas para la población, ineficiente y generador de trabajo precario.
• No existen las instancias de participación ciudadana para poder debatir y decidir entre las personas del Pueblo y el gobierno qué Tigre y qué Delta queremos.
Tigre es la casa de todas y todos, debemos respetarla, disfrutarla y cuidarla. El crecimiento debe estar atado a las posibilidades de bienestar del conjunto de la comunidad y al cuidado de la naturaleza que es el mayor patrimonio de Tigre.
Invitamos a participar, compartir y debatir el próximo lunes 26 de septiembre desde las 15:30hs en la puerta del Museo de Arte de Tigre para repudiar a quienes vienen sólo a hacer negocios con nuestra tierra y para hacerle saber a los participantes del SIT el Estado Real de Tigre.
MÁS HUMEDALES, MENOS INUNDADOS
TIGRE CRECE SI CRECEMOS LOS TIGRENSES
POR UN TIGRE CON EQUIDAD PARA TODOS Y PENSADO Y ELEGIDO POR TODOS
ADHIEREN
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