SÁBADO, 30 DE JULIO DE 2016
A continuación publico, en forma textual, la declaración de la Red de Organizaciones y Vecinos de la Cuenca del Río Luján y Delta del Paraná, que fue leía como cierre de la concentración en defensa de los humedales, ocurrida el 30 de julio, en la estación terminal de Tigre. Las fotografías adjuntas, corresponden a ese evento
¡SÍ A LOS HUMEDALES!
¡NO A LOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS QUE INUNDAN Y DESTRUYEN!
Frente al avance de emprendimientos inmobiliarios e industriales privados, asentados sobre humedales, planicies de inundación y costas en la cuenca del Rio Luján y Delta del Paraná, que provocan daños calamitosos a dichos ecosistemas y gravísimas inundaciones, afectando vidas y bienes, nos manifestamos por la detención definitiva de este Modelo de Desarrollo de Alto Impacto Socioambiental Negativo. Los humedales y planicies de inundación prestan valiosísimos servicios ambientales como la atenuación y regulación de crecidas, la recarga de acuíferos, la purificación de aguas, la liberación de oxígeno y la fijación de carbono; más de 17 millones de personas de CABA y Bs. As. nos abastecemos del agua potable proveniente de los humedales, y nos beneficiamos de los demás servicios que nos proveen. Es imperioso que se respete la ley vigente así como los derechos humanos fundamentales reconocidos y se brinde una protección definitiva de estos ambientes naturales; y se implemente inmediatamente un plan de remediación para recuperar dichos ecosistemas, bienes del dominio público natural de toda la sociedad y de las generaciones futuras, acorde lo establece el Art. 41 de la Constitución Nacional. Por lo tanto exigimos que el Estado Nacional, el Provincial y los Municipios respeten el marco jurídico vigente y se abstengan de autorizar emprendimientos que no lo cumplan y que de una vez por todas se fijen las líneas de ribera que establecen el límite del dominio privado del dominio público, avasallado una y otra vez por estas urbanizaciones privadas ante la ceguera de los funcionarios. Hemos asistido en estos últimos años a un agravamiento evidente de las inundaciones en numerosas localidades debido principalmente, entre otras causas, a la ocupación y al relleno que estos emprendimientos realizan en zonas naturalmente inundables. En estas zonas sólo se puede poblar apelando a técnicas constructivas como las palafíticas, tradicionales en el delta, que no alteran la hidrología, y se adaptan al medio naturalmente inundable. Lo que se levanta es la vivienda y no el suelo, y siempre en una densidad que no afecta la preservación del ecosistema natural que sirve de soporte. Por otro lado cabe mencionar que este proceso de desarrollo urbano guiado por los intereses de inversores inmobiliarios y no en función de las necesidades de toda la comunidad, conduce a una privatización de los paisajes que promueve la segregación y marginación social y la desigualdad, una de las fuentes que alimentan la violencia creciente en nuestra sociedad. Además en esta región se localizan numerosos sitios arqueológicos ancestrales con enterratorios de los pueblos originarios muchos de los cuales ya han sido arrasados por estos megaemprendimientos. Lamentablemente el Estado, tanto en sus niveles municipal, como provincial y nacional, no han jugado el papel que les corresponde, tratando de velar por el bien común y la aplicación de las leyes. Hoy vemos como la gran mayoría de estos emprendimientos
avanzan con permisos precarios muy irregulares y por hecho consumado; luego van llenando los huecos legales con autorizaciones ad hoc o modificaciones al uso de suelo a medida, que otorgan algunos funcionarios a espaldas de las comunidades afectadas, que en principio incurrirían en incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Numerosos vecinos, organizaciones sociales, etc. hemos venido denunciando desde hace muchos años y ante todos los medios y estamentos posibles estas problemáticas, inclusive en la justicia. Recientemente un fallo del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro y otro del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana han ordenado la paralización precautoria de todos estos emprendimientos y la prohibición de otorgar permisos para nuevos proyectos, convocando a expertos para un peritaje de impactos ambientales individuales y acumulativos para que se expidan sobre el tema. Pedimos que dicho Comité de Peritos funcione de cara a la sociedad y con puertas abiertas para escuchar las voces de los vecinos y especialmente los miles de damnificados por las inundaciones y expulsión y marginalización ocasionados por el desarrollo urbanístico privatizado. Requerimos que se estudie si se han cumplimentado todos los requisitos legales para la autorización de los emprendimientos privados en toda la Cuenca del Río Luján y Delta del Paraná. Se ha comprobado en Tigre, Escobar, Pilar, etc. casos de incumplimientos flagrantes. Los responsables de avanzar ilegalmente con obras, deberán ser procesados y juzgados como así también los funcionarios que los autorizaron u omitieron intervenir incumpliendo leyes vigentes y los debidos procedimientos. Una vez más, pedimos que se sancione cuanto antes la ley de Presupuestos Mínimos para reforzar la protección de Humedales que sigue sin ser tratada en el Parlamento, así como también la aprobación en los Concejos Deliberantes de Tigre, Escobar y Pilar de los distintos proyectos de ordenanza presentados los cuales se encuentran cajoneados. Exigimos por último, la detención definitiva de los emprendimientos sobre Humedales y las urbanizaciones cerradas sobre toda la cuenca del Río Luján y Delta del Paraná y en particular en las islas de las tres secciones del delta bonaerense.
Julio 2016
RED DE ORGANIZACIONES Y VECINOS DE LA CUENCA DEL RIÓ LUJAN Y DELTA DEL PARANA
VIERNES, 29 DE JULIO DE 2016
TIGRE – Incineradora PELCO – A menos de 7 días de su estallido, a la planta la ataron con alambre y reinició tareas.
A menos de 7 días del estallido producido en la Incineradora PELCO, ubicada en Saavedra 2875, Ricardo Rojas, Tigre, Pcia. de Buenos Aires, en un marco de total abandono e incumplimiento de sus obligaciones por parte de los funcionarios competentes, la empresa reinició tareas en la planta siniestrada.
En este punto corresponde recordar que el pasado 21 de julio de 2016, se produjo una violenta explosión en la Empresa en cuestión, la cual realiza entre sus tres plantas, la gestión de más de 80.000 toneladas anuales de residuos industriales peligrosos.
Según me informaron de prensa de PELCO, la explosión se produjo en el pozo del sector de tratamiento de líquidos acuosos, como consecuencia de un residuo mal categorizado por parte del generador. Siempre según la Empresa, el incidente no produjo heridos pero sí cuantiosos daños materiales en la planta y sus alrededores. A ello debe sumársele el estallido de la cisterna de un camión que se encontraba estacionado dentro de la empresa. Tres operarios que se encontraban en el lugar fueron atendidos precautoriamente en el Hospital de Pacheco.
Debemos tener en cuenta, que con motivo de la explosión, se desparramaron, se volatilizaron y se mezclaron residuos peligrosos sólidos y líquidos a lo que tenemos que sumar las cenizas producidas por la incineración. Todo este material quedó al aire libre y es posible que la lluvia haya empeorado la situación. Frente a este cuadro, según mi criterio, hubiera correspondido que la Autoridad Competente, clausure el sitio, realice una evaluación ambiental de la situación y ordene recomponer el lugar con cargo a la Empresa. Pero nada de todo esto ocurrió.
Por el contrario, a solo siete días de ocurrido el estallido, la empresa PELCO, al parecer sin que haya obrado la intervención de autoridad competente alguna, decidió per se, reiniciar las operaciones de la planta siniestrada. (Las fotografías expuestas fueron tomadas el día 29/07/2016 a las 12,30 horas)
De Ricardo Barbieri para “El Tigre Verde”.
Monsanto: imputaron a funcionarios y ediles que aprobaron el uso del suelo
Anticorrupción acusó de abuso de autoridad a Daniel Arzani, exintendente de Malvinas, y a Luis Bocco, el extitular de Ambiente. Señalan que la radicación se habilitó en terrenos no aptos para uso industrial, según la legislación.
El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al ex intendente de Malvinas Argentinas (Córdoba), Daniel Arzani, y al ex secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones, por haber autorizado en forma aparentemente irregular el uso del suelo en los terrenos donde luego comenzó a levantar su planta semillera, la firma Monsanto.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada en 2012, le achaca a Arzani el delito de abuso de autoridad, en calidad de partícipe necesario, y a Bocco el mismo delito, como autor.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.
Además de Arzani –actual secretario de Coordinación en la Municipalidad de Córdoba– también están imputados por abuso de autoridad el exjefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García (como autor), y los ex concejales radicales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa Martínez, María Ferreyra, Marta Castro y Ricardo Guzmán, todos ellos como coautores. La misma acusación recayó para la ex edil peronista Rosa Estela Castañares.
Por el lado de la Provincia, como quedó dicho, la imputación es para el mencionado Bocco, quien ahora se desempeña como asesor en el bloque de concejales capitalinos de Unión por Córdoba. Trascendió que cumple tareas de coordinación con la concejala Natalia de la Sota, hija del ex gobernador José Manuel de la Sota, durante cuyo mandato se registraron los hechos y se dio también la autorización para la polémica instalación de Monsanto.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que las imputaciones dispuestas nada tienen que ver con la discusión jurídica, también abierta, respecto de si la radicación de Monsanto va contra la Ley de Ambiente o si su actividad es contaminante.
El debate en este caso se ciñe, indicaron, a decisiones administrativas referentes al uso del suelo y a la habilitación de las obras.
En ese marco es que, por ejemplo, el fiscal desestimó un planteo de la defensa de Arzani, en el que señalaba que los hechos que se le imputan ya estarían subsumidos en otra sentencia judicial previa por otra causa, también referida a la radicación de Monsanto.
En detalle
La investigación del fiscal
Amayusco describe cinco hechos:
El primero está enfocado en la emisión del certificado de prefactibilidad del proyecto industrial.
El segundo hecho tiene que ver con la visación de los planos de subdivisión del terreno, bajo responsabilidad de García.
El tercer hecho alude a la sanción de la ordenanza 808/12 y el correspondiente decreto municipal, que autorizaron el inicio de tareas preliminares en el predio de Monsanto.
La cuarta mención refiere a la resolución N° 595 y dictámenes técnicos y legales, por los cuales se aprobó el aviso de proyecto.
En este caso, la responsabilidad recae sobre Bocco, en su calidad de exsecretario de Ambiente. También están imputados, como coautores de abuso de autoridad, los ex funcionarios provinciales Abel Anuzis, Duilio Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia, miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que entendía en el expediente.
Idéntica acusación recayó sobre los ex funcionarios Jorge Ferrari, ex director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, y María Belén Pistone, exjefa del área Dictámenes de la misma repartición provincial.
El quinto hecho alude al permiso de obra concedido.
La radicación de Monsanto en Malvinas agitó una fuerte reacción social y las obras están paradas desde 2014 por orden de la Justicia, que admitió un amparo presentado por ambientalistas.
En marzo pasado, los activistas que se oponen al montaje de la semillera (la inversión era de 1.600 millones de pesos) levantaron el acampe que realizaban en el lugar para impedir el avance de los trabajos. Sin embargo, la propia Monsanto le quitó luego prioridad a esa inversión en Córdoba.
MIÉRCOLES, 27 DE JULIO DE 2016
TIGRE – Venice Ciudad Navegable – Justicia rechazó recurso de reposición y concedió recurso de apelación.
En atención al incidente originado con motivo del recurso de reposición deducido por la defensa de Marcelo Rodolfo Gomez Prieto, en representación de “Marina Río Luján S.A. Dres. Martín Maschwitz y Esteban R. Vergara, contra la resolución del pasado 1° de julio, en la que se dispuso preventivamente la clausura de las instalaciones correspondientes al emprendimiento denominado “VENICE CIUDAD NAVEGABLE”, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, resolvió RECHAZAR el recurso de reposición interpuesto yCONCEDER el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por los citados letrados, conforme lo normado por el art. 450 C.P.P.N.
De Ricardo Barbieri para “El Tigre Verde”.
MARTES, 26 DE JULIO DE 2016
Primer juicio por homicidio con agrotóxicos de Argentina abrirá en noviembre de este año.
El Tribunal Oral Penal de la ciudad de Goya confirmó que el juicio por el homicidio con agrotóxicos, por intoxicación con el insecticida Endosulfan, el primero de su tipo en el país, abierto ante el deceso del niño Santiago Nicolás Arévalo en 2011, se desarrollará en su despacho entre el 21 y 25 de septiembre de este año. Citan a declarar a 19 testigos.
La fecha fue confirmada a mediados de este mes, julio, por el Tribunal Penal Oral de Goya a la familia querellante. El Tribunal confirmó que el juicio se llevará a cabo entre el 21 y 25 de noviembre de este año y convocó a declarar a 19 testigos del hecho que culminó con la muerte del niño Santiago Nicolás Arévalo el 4 de abril de 2011.
Santiago Nicolás Arévalo tenía 4 de años y falleció en el hospital Pediátrico “Juan Pablo II” a donde llegó en gravísimo estado derivado desde el Hospital zonal de Goya por fuertes dolores en todo el cuerpo y vómitos.
Era oriundo de Lavalle, pueblo de 3 mil habitantes situado a 10 kilómetros de Goya. La segunda ciudad en importancia de Corrientes. La zona rural llega hasta el frente de la casa la familia Arévalo, lindante con una chacra ubicada en el paraje Puerto Viejo. Nicolás presentó un cuadro de intoxicación que habría sido provocado por el uso indebido de un plaguicida altamente peligroso en una chacra ubicada en el Paraje Puerto Viejo. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue por intoxicación con el insecticida Endosulfan. Falleció el 4 de abril de 2011.
El veneno fue absorbido a través de la piel de sus pies y por inhalación, según el procesamiento dictado por el juez. Durante el procesamiento también se tratará por la intoxicación de la prima de Santiago Nicolás, Celeste Estévez, quien estuvo tres meses internada en el Hospital Garraham de Buenos Aires por la misma causa.
Para este juicio hay 19 testigos convocados, uno de ellos será Emilio Spataro, miembro fundador de Guardianes del Iberá, quien estuvo cerca de la familia desde un inicio. La carátula del expediente es: “Homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en concurso ideal.” Se trata del primer juicio a llevarse a cabo en Argentina por muerte por intoxicación con agrotóxicos.
En 2011, Emilio Spataro, integrante de la Campaña Salvemos al Iberá había señalado: “Inmediatamente la familia de Nicolás señaló a las fumigaciones de la plantación de tomates del lugar. Los nenes tomaron contacto con el veneno que había chorreado hacia la calle, al pisar unos charcos".
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