La justicia chilena ordenó suspender el proyecto binacional Pascua Lama.
La Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó frenar la iniciativa minera de la canadiense Barrick Gold por infracciones ambientales denunciadas por Diaguitas.
La justicia chilena paralizó la construcción del proyecto Pascua Lama de la canadiense Barrick Gold en la frontera Chile y la Argentina, una de las más grandes minas de oro del mundo, al acoger un reclamo de comunidades indígenas que denunciaron infracciones medioambientales.
La Corte de Apelaciones de Copiapó, acogió un recurso judicial de las comunidades indígenas Diaguitas, que acusaba de graves irregularidades medioambientales al proyecto minero vinculadas a la destrucción de glaciares y a la contaminación de recursos hídricos.
"No hemos sido notificados por la Corte de esta medida, por lo que es imposible que comentemos su contenido o implicancias. Una vez que seamos notificados, la revisaremos en detalle y definiremos las acciones correspondientes", expresó Rodrigo Jiménez Castellanos, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Barrick Gold.
Por otro lado, el gobierno de Sebastián Piñera se mostró satisfecho por la resolución judicial.
"No nos extraña para nada y nos parece bien que se haya podido, a través de un organismo judicial, suspender faenas mientras Pascua Lama cumpla efectivamente con todos los cargos que la Superintendencia de Medioambiente ya le había hecho", dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick. "Mejor suspender y que ahora ellos se aboquen a reparar todas las situaciones que aún no han terminado en el proyecto Pascua Lama", agregó.
En caso de que efectivamente se suspendan las actividades por orden de la justicia chilena, Barrick Gold continuaría sus actividades del lado argentino, informaron fuentes cercanas al proyecto.
El proyecto, el más grande en marcha en el país después de la polémica por la minera brasileña Vale, representa una inversión total en torno a los 8000 millones de dólares por parte de la empresa canadiense Barrick Gold.
Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten Chile y Argentina, ubicada sobre la frontera cordillerana, entre Huasco, en Chile, y San Juan, en la Argentina. El proyecto contempla la construcción de una mina de oro a rajo abierto, ubicada a más de 4000 metros de altura, en la frontera de Chile con Argentina.
El proyecto de la mina fue controvertido desde un primer momento, al provocar protestas de ambientalistas en ambas naciones. En el país, además, Barrick Gold fue uno de los blancos por las protestas contra la ley del glaciares, aprobada en 2010, y por el que fue cuestionada la presidenta, Cristina Kirchner.
En octubre pasado, la corte de Atacama había acogido a tramitación un recurso de protección presentado por cinco comunidades indígenas del Valle del Huasco contra el proyecto. Las cinco asociaciones que participan del recurso agrupan a unos 500 descendientes de la etnia diaguita.
El abogado Lorenzo Soto, quien representa a las comunidades diaguitas, explicó que ante la corte se denunció "la destrucción de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, ubicados en las inmediaciones de la faena minera".
Soto destacó que además la contaminación "de los recursos hídricos, fruto del depósito de estériles sin que esté operativa la planta de drenajes de ácidos de roca que lo impediría".
Protestas
La suspensión se suma a los problemas de costos que ha enfrentado Barrick con el megaproyecto en las montañas entre Chile y Argentina.
La firma elevó el costo de Pascua Lama, situado en las alturas de los Andes sobre la frontera entre Chile y Argentina, entre 8000 millones y 8500 millones de dólares, desde un presupuesto previo de entre 7500 millones y 8000 millones de dólares.
Barrick ha estado desarrollando por más de una década Pascua Lama, el que requiere de un túnel de unos 4 kilómetros para transportar el mineral entre Chile y Argentina, cuyo avance sería de un 40 por ciento a febrero.
Pascua Lama está en la fase en que se saca la tierra superficial para crear el rajo que será explotado y el cronograma previsto apunta al inicio de la producción en el segundo semestre de 2014, pese a que en un momento estaba previsto para este semestre, con una producción anual de entre 750.000 y 800.000 onzas de oro durante los primeros cinco años de explotación.
Agencias AFP y Reuters.
Pcia. BUENOS AIRES - Revisarán códigos urbanos de los municipios para evitar inundaciones.
Las trágicas inundaciones en la ciudad de La Plata tendrán en, las próximas semanas, consecuencias políticas para las 135 comunas de la Provincia de Buenos Aires. La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, manifestó la necesidad de “revisar conjuntamente con los municipios los Códigos de Planeamiento Urbano (COU) para que sean compatibles con el cambio climático, que exige la re-adecuación de la infraestructura y las políticas”.
La funcionaria destacó que la medida dará lugar a la participación de “todos los sectores involucrados: la federación Argentina de Municipios (FAM), Universidades, ingenieros, para que podamos planificar herramientas y prevenir las consecuencias de los fenómenos meteorológicos, que afectan de manera creciente a la Provincia y al mundo”.
Álvarez Rodríguez recordó que “los municipios, según lo dispone el Decreto Ley Nº 8912/77, son los encargados de elaborar un COU para su jurisdicción, que luego debe contar con la aprobación del Concejo Deliberante por ordenanza y la misma ser convalidada por el Ejecutivo provincial”.
“En los últimos años se desarrollaron eventos naturales de magnitud, como fue la sequía y desertificación en Médanos, Bahía Blanca, el tornado ocurrido hace un año en el centro-norte del Conurbano y las intensas y extraordinarias precipitaciones que hace pocos días afectaron a La Plata”, describió la ministra.
En ese sentido, subrayó que “es oportuno instar a todas las jurisdicciones, a considerar la posibilidad de revaluar consignas o parámetros tenidos en cuenta oportunamente, ante estos fenómenos climáticos que superaron todas las previsiones y considerando que estas circunstancias pudieron no haber sido factibles de evaluar al momento de elaborar los códigos”.
Por su parte, tras las inundaciones que afectaron durante el 2012 a los barrios aledaños al río Luján, una investigación de la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del Luján, indicó que Pilar y alrededores es la zona de “máximo riesgo” de inundación, ya que la llanura de inundación del río –donde el agua “escurre”- se ha reducido casi a la mitad.
La Comisión Asesora está integrada por instituciones ambientalistas, académicas, de la industria y el comercio, etc. La entidad consideró “de extrema gravedad” los impactos relacionados “con cambios en el régimen hidrológico del río Luján debido a una serie de obras que han modificado, en muchos lugares, la topografía de la cuenca”.
Así, “los procesos de urbanización por especulación inmobiliaria son los principales responsables de estas modificaciones, que eludiendo las normativas existentes en materia de usos de suelos y loteos, han desarrollado barrios, countries y chacras cerradas ocupando crecientemente las márgenes de los ríos y arroyos (que son de dominio público), como así también humedales y tierras bajas por debajo de la cota mínima permitida”.
De eso, justamente, tratará la revisión de los códigos que encarará la Provincia.
Justicia suspendió obras de dragado en el Riachuelo.
El juez responsable de la causa del saneamiento del Riachuelo, Jorge Rodríguez, dictó una medida cautelar que frenó los trabajos de dragado en la desembocadura del Riachuelo. La misma se tomó por un recurso de amparo que indica que los barros extraídos, son arrojados al sector denominado Cuatro Bocas sin tratamiento alguno. Es sabido que desde la Universidad de Buenos Aires (UBA), existen variados informes que indican que los sedimentos están contaminados con metales pesados, y representan una amenaza a la salud de la población y que esos barros no pueden ser dragados y mucho menos volcados sin tratamiento alguno en aguas abiertas del río de la Plata.
Esta obra comenzó el 4 de marzo y se estaba realizando en Cuatro Bocas, que es el punto donde se conectan la desembocadura del Riachuelo, el Río de la Plata, Dock Sud y los diques de Puerto Madero. La encargó la terminal de contenedores Exolgan, con el objetivo de que puedan ingresar barcos de más de 300 metros de eslora. Para esto hace falta recortar una de las cabeceras y mover 1.300.000 metros cúbicos de sedimentos del lecho del Riachuelo. De esta manera, se duplicaría la profundidad actual del curso de agua, que es de apenas un metro. Pese a la magnitud de la tarea no se conocen estudios complementarios de los suelos a dragar.
Las empresas que impulsan la obra, son Exolgan S.A., Dyopsa S.A. y Trevi S.A. Según todas las normas internacionales que rigen en esta materia, las acciones en cuestión, se encuentran expresamente prohibidas.
El juez tomó en cuenta un informe realizado en febrero por la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Agronomía de la UBA, en base a muestras de sedimentos del fondo del cauce tomados en noviembre en cinco puntos de Cuatro Bocas. El mismo revela que tienen una contaminación entre moderada y alta de cobre, cromo y plomo, que ofrecen una altísima probabilidad de tener efectos tóxicos.
En función de ello, ordenó la inmediata detención de la obra de dragado que está realizando Exolgan. Además, le pidió a la ACUMAR que haga cumplir la medida y le ordenó que inspeccione el predio cada diez días, que verifique que la empresa haya realizado un informe de impacto ambiental, y que realice un informe sobre el estado del dragado junto al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Desde la ACUMAR ayer dijeron que acatarán el fallo.
De Ricardo Barbieri para el Tigre Verde.
No hay comentarios:
Publicar un comentario