Manuel Vicente Durango Osorio, quien por efectos de seguridad prefiere no ser retratado, es uno de los miles de campesinos afectados por la erradicación de cultivos ilícitos con el uso de glifosato. Trabajaba en la finca Vista Hermosa, ubicada en el municipio de San Pablo, en el sur del Bolívar, en la vereda Alto San Juan. Durango, al igual que un gran número de ambientalistas, defensores de derechos humanos y científicos, entre otros, se opone a la aspersión con glifosato al considerar que esta práctica es una manera inadecuada de combatir el narcotráfico, que genera más daños que beneficios, especialmente en términos de salud.
Manuel cuenta que, entre el 2009 y el 2010, sus seis hijos, su esposa y él presentaron síntomas de diarrea, vómito y brotes en la piel cuando el Gobierno implementó la aspersión con glifosato en el territorio donde habita. Aunque hoy no hay un dictamen final que determine que el glifosato es el causante de estas enfermedades, este campesino asegura que dicho químico es el culpable.
“Inicialmente pensamos que podían ser virales, pero después de que los niños se enfermaron tanto y tan gravemente, nos dimos cuenta de que era por el glifosato. Así algunos digan que no, este químico sí enferma a las personas y sobre todo a los niños”, comenta este hombre.
Manuel narra que al principio tuvo que llevar a una de sus hijas al centro médico de San Pablo, pero por la gravedad del estado de salud de ella, tuvo que acudir al Hospital Central de Cantagallo. Aunque en este centro asistencial no le atribuyeron al glifosato los síntomas que presentaba la menor, este campesino asegura que los periodos de aspersión coinciden con el momento en que su pequeña enfermó.
El debate parece haberle dado la razón a este hombre, después de que el pasado 14 de mayo el Consejo Nacional de Estupefacientes determinara la suspensión del uso del glifosato en las fumigaciones de narcocultivos, a solicitud del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien argumentó su postura basado en un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS), en la que se señala que las aspersiones con este químico pueden causar cáncer.
El funcionario también fundamentó su posición en un auto de la Corte Constitucional en el que se pide la aplicación inmediata del principio de precaución, ante la existencia de dudas sobre el impacto de esta sustancia en el medioambiente y la salud humana.
Por su parte, voces opositoras al Gobierno y a campesinos como Manuel afirman que la solicitud del ministro no es correcta. Para el procurador General de la República, Alejandro Ordóñez, sin aspersiones se corre el riesgo de que “la sociedad nade en coca en los próximos años”.
Así mismo, el expresidente Álvaro Uribe afirma: “El organismo técnico de la OEA dijo en varias ocasiones que el glifosato, adecuadamente utilizado, no es nocivo”.
El glifosato y el daño en los cultivos de los campesinos
En el 2007, Manuel hizo parte de un préstamo colectivo en el que se le adjudicaron cinco hectáreas de cacao, una hectárea y media de yuca y una de plátano, como parte de un proyecto del Gobierno en el que se busca incentivar el cultivo lícito y erradicar la coca.
Sin embargo, aunque estas iniciativas buscan fortalecer las condiciones para el desarrollo humano, territorial y socioeconómico de la región, los resultados se quedan cortos cuando los habitantes se tienen que enfrentar a este tipo de fumigaciones.
“Hace cinco o seis años se presentaron dos fumigaciones con glifosato, perdimos todos los cultivos que había en la finca Vista Hermosa. Los cultivos de cacao, plátano, yuca y hasta los árboles maderables quedaron totalmente destrozados”, comenta Durango.
Según él, el balance hecho por las fundaciones y entidades que respaldan a las víctimas y la erradicación con glifosato indica que le generó pérdidas que superan los 35 millones de pesos por hectárea cultivada de cacao, un valor mayor a los 185 millones si también se le suma la siembra de yuca, plátano y madera. Hasta el momento no ha recibido ninguna indemnización por parte del Gobierno, comenta Manuel.
Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo
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Este hombre considera que el uso del glifosato solo genera enfermedad y desigualdad, y prueba de ello es que a pesar de tener su propia finca, debe trabajar cultivando el terreno de otros y haciendo oficios varios para sobrevivir, pues en sus tierras nada crece luego de las aspersiones. “Todo es rastrojo”, relata.
Para Manuel, el uso de esta sustancia también genera un problema social que se refleja en el desplazamiento y en la siembra de más cultivos ilícitos, pues los ciudadanos se ven obligados a emigrar a los cascos urbanos o a retornar a la siembra de coca. Este hombre prefiere no se retratado por términos de seguridad.
“Esta sustancia es nociva para la siembra de productos agrícolas, la tierra afectada tarda entre 20 y 25 años para volver a ser fértil, mientras que para la coca se convierte en un ‘abono’ en el que a los tres meses se puede volver a cultivar el negocio de la muerte”, dice.
PAOLA AVENDAÑO S.
ELTIEMPO.COM
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