Pasividad que mata
Un informe realizado por profesionales universitarios desnudó la gravedad de un problema al que, pese a que hace varios años que se ha incorporado al debate público, las autoridades le prestan escasa atención, a juzgar por la insuficiente regulación o control por parte del Estado.
Seis de cada diez frutas y verduras que se consumen en la ciudad de Buenos Aires contienen al menos un plaguicida, cuatro de cada diez exceden el límite permitido por la regulación actual o contiene agroquímicos prohibidos y un diez por ciento tiene al menos tres plaguicidas mezclados de distinto tipo. El trabajo fue presentado hace pocos días por la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, en conjunto con el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (Emisa) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y sus resultados pueden transferirse a cualquier ciudad de la Argentina donde se consumen frutas y verduras cultivadas de manera tradicional y no según los criterios de la agricultura orgánica, que evita el uso de los agrotóxicos.
Para completar informativamente los datos del estudio, es necesario recordar que son cada vez más los estudios científicos que demuestran que los agrotóxicos pueden causar cáncer, malformaciones, problemas neurológicos, respiratorios, infertilidad y abortos espontáneos, entre otros efectos sumamente perniciosos.
Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), considera que si en nuestro país no se prohíbe el glifosato y se promueve la agricultura ecológica “nos vamos a morir todos".
En 2015, la Organización Mundial de la Salud, que por su incidencia global suele ser bastante prudente en sus apreciaciones, se pronunció sobre este tema al señalar que el glifosato es "probablemente cancerígeno para los seres humanos".
No es mucho lo que las autoridades de gobierno han hecho al respecto en lo que va del siglo, lapso en el cuales ha disparado ostensiblemente el uso de los agroquímicos para todo tipo de cultivos. Incluso se han registrado algunos retrocesos en la caracterización del problema: por ejemplo, las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha dado la orden a sus profesionales de “abstenerse irrestrictamente” a utilizar el término “agrotóxico” en sus materiales.
En la Justicia hay medidas cautelares sin resolver para la suspensión del uso del agrotóxico glifosato para fumigaciones aéreas y el establecimiento de una zona de protección para la población de 5 kilómetros de ese herbicida en el caso de las fumigaciones terrestres.
El estudio mencionado al comienzo tiene el mérito de confirmar con contundencia que el problema de los agrotóxicos no es solo de quienes habitan en lugares donde se fumiga con esos químicos, sino de toda la población que consume los productos fumigados.
Los poderosos intereses comerciales son el principal factor que provoca la pasmosa pasividad de las autoridades para regular y controlar convenientemente el uso de los plaguicidas. Es de esperar que la contundencia de los resultados de estas investigaciones sirva para modificar esta lamentable actitud gubernamental.
Los poderosos intereses comerciales son el principal factor que provoca la pasividad de las autoridades para regular y controlar el uso de los plaguicidas.
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