Argentina acusa de evasión a las cerealeras multinacionales
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La soja ha convertido a la Argentina en un centro neurálgico agrícola global a la par de Brasil.
“Los agroexportadores han logrado las mayores ganancias de la economía aquí en los últimos años, y nuestra política es que aquellos que ganan más, deben pagar más", dijo Echegaray.
El administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, denunció los "delitos" de cuatro grandes comercializadoras de grano investigadas por presunta evasión fiscal. "Estas compañías se han metido en delitos y prácticas ilegales", afirmó Echegaray al diario británico The Guardian. La nota fue reproducida por prensa de la AFIP y difundida a los medios del interior. Aquí te la mostramos.
Las Pampas son tal como las describen los viejos libros de texto: amplias planicies que se extienden hasta lejanos horizontes, espigas de trigo de altas pasturas captando la luz otoñal. Una gran ruta vacía hace un surco desde Buenos Aires a través de milla por milla de tierras fértiles hacia los puertos de la gran hidrovía de Sudamérica, el río Paraná.
Pero lo que no se ve en las pampas hoy en día es el ganado vacuno argentino que supo ser sinónimo de esta región, que constituye una de las tierras de pastoreo más extensas del mundo.
Los mojones del camino ahora lo constituyen los silos, hangares para las máquinas agrícolas y carteles en casi cada campo que publicitan agroquímicos y semillas de soja genéticamente modificada.
De vez en cuando, el logo verde y naranja del pesticida glifosato de Monsanto da lugar a un poster electoral de la Presidente Peronista, Cristina Kirchner, o el cartel de un químico o compañía cerealera rival. Pero no hay duda de quién domina el paisaje aquí.
Menos visible al principio, y bastante poco familiar para los consumidores del Reino Unido, son los cuatro grandes exportadores que dominan la otra mitad del complejo sojero, las denominadas Grupo ABCD de las compañías: ADM, Bunge, Cargill y (Louis) Dreyfus.
Estas compañías reúnen el 75-90% del comercio global de granos, según estimaciones. Proveen el fertilizante para la soja y aquí, como en todos los demás lugares, dominan la industria del procesamiento que divide los porotos para aceite para la industria alimenticia y aquellos para proteína para alimento balanceado. Cuando se llega a los puertos de Rosario y San Lorenzo-San Martín, no pasan desapercibidos por las docenas de plantas trituradoras, refinerías de biodiesel, terminales cerealeras y elevadores de granos que se erigen sobre el río.Aquí es donde alrededor de 55 millones de toneladas anuales de soja, con un valor de $24 mil millones (£14.7bn) comienzan su camino desde los muelles hacia los importadores: China, India y Europa.
Y este es ahora el campo de batalla clave en la lucha por el sistema alimentario global. Ya que en Sudamérica, aquellos que controlan la cadena alimentaria, hacen dinero con ella y determinan qué comemos, están en el centro de un debate político feroz.
Las autoridades argentinas dieron el paso dramático de suspender a los cuatro mayores operadores internacionales de su registro de exportadores este año, acusándolos de evasión fiscal. El mes pasado, expulsó a Bunge del registro por completo.
En una entrevista exclusiva con The Guardian el mes pasado, Ricardo Echegaray, Administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la República Argentina, detalló los cargos contra estas empresas. Todas las compañías han negado las acusaciones y dijeron que se defenderán fuertemente. El complejo industrial sojero llegó a la Argentina desde América del Norte de manera exitosa cuando el gobierno aprobó por primera vez en 1996 que se planten cereales genéticamente modificados. Desde entonces, la producción de soja ha crecido de 1 millón de hectáreas (2,4 millones de acres) hasta 17 millones de hectáreas, y un 60% de la tierra productiva se dedica ahora al monocultivo.
Gran parte del ganado vacuno ha sido reducido a feed-lots del estilo de Estados Unidos para ser engordado a base de cereal en lugar de pasturas, y se han perdido 2,5 millones de hectáreas de bosques.
Pero la soja ha convertido a la Argentina en un centro neurálgico agrícola global a la par de Brasil. Estos dos países son, junto con los Estados Unidos, los mayores exportadores de soja en el mundo. Sin ellos, no hubiera industria avícola barata ni revolución ganadera global.
La soja plantada sobre la soja, sin pausa para labrar la tierra, ha ayudado a pagar las deudas agrícolas desde el colapso financiero de Argentina en el 2001. Pero según Echegaray, los operadores transnacionales están exportando no sólo soja, sino gran parte de sus vastas ganancias fuera de Argentina.
Hasta el 2007, dijo Echegaray, Bunge pagó aproximadamente $100 millones en concepto de impuesto a las ganancias en Argentina por año. “Luego decidió establecer una oficina en la zona franca de la capital de Uruguay, Montevideo. Desde esa fecha, repentinamente declaró no tener ganancias en la Argentina. Hicimos un cruzamiento de datos con Uruguay y descubrimos que no habían exportado nada desde Montevideo y casi no tenían personal allí”, declaró.
Echegaray, aliado cercano de Kirchner, dijo que tenía evidencia de que las cuatro compañías habían presentado declaraciones falsas de ventas y direccionado las ganancias a través de paraísos fiscales o sus casas matrices en contravención con la ley tributaria argentina. Además, dijo que habían declarado costos excesivos en Argentina para reducir las ganancias sujetas a impuesto allí. También las acusó de utilizar empresas fantasmas en ocasiones para comprar cereal.
"Estas compañías han descendido al delito”, dijo Echegaray. “Los agroexportadores han logrado las mayores ganancias de la economía aquí en los últimos años, y nuestra política es que aquellos que ganan más, deben pagar más. Hemos notado que las compañías con las mayores ventas demuestran las menores ganancias aquí. A pesar de que todo el trabajo se realiza aquí. La tierra es argentina, se cosecha con maquinaria argentina, se transporta a través de rutas argentinas y puertos argentinos. Se utilizan recursos y servicios argentinos, entonces, ¿por qué todas las ganancias obtenidas en Argentina aparecen en los papeles de otros países?”.
El consenso neoliberal de las últimas dos décadas y media, en el cual se ha alentado a las economías emergentes a abrir sus mercados agrícolas y exportar materia prima mientras que los Estados Unidos y la Unión Europea han mantenido sus subsidios agrícolas de $250 mil millones anuales, está siendo fuertemente desafiado en Sudamérica.
Gobiernos de izquierda, incluyendo el de Kirchner en Argentina, están reclamando soberanía alimentaria y una mayor participación en las ganancias. Parte de ello involucra asumir las grandes concentraciones de poder corporativo que caracteriza muchas partes del sistema alimentario global: los “intocables” como los definió un funcionario argentino.
Los operadores de granos niegan los cargos tributarios del gobierno.
Cargill dijo:”Todas las acusaciones hechas sobre Cargill son falsas. Cargill cumple con las todas regulaciones tributarias y aduaneras argentinas. Estamos defendiendo fuertemente varias fiscalizaciones y litigios aduaneros y tributarios. Un ejemplo reciente es un caso penal que involucra a ex presidente de Cargill Argentina y el ex gerente de la sucursal de Uruguay de Cargill, quienes están injustamente acusados en un caso penal presentado por las autoridades tributarias argentinas. Esa acusación fue anulada en febrero de 2011 por un Tribunal de apelación. La semana pasada un Tribunal de primera instancia desestimó los cargos contra ambos ex empleados de Cargill”.
La AFIP dijo que esta semana se lo otorgó un recurso de apelación contra esa desestimación y que otros cargos siguen en proceso.
Bunge fue muy categórico en que no había transgredido ninguna ley ni regulación tributaria y dijo: “Creemos que no hemos hecho nada malo y que nuestros pagos impositivos están completos. Este es un tema que no es privativo de Bunge, ni siquiera de nuestra industria. Seguiremos tomando los pasos legales apropiados para defendernos”.ADM sostuvo que “realiza negocios conforme a las leyes, incluso aquellas que regulan las obligaciones tributarias en los países en los que operamos. Estamos cooperando con la AFIP para resolver esta situación de manera exitosa”.
La asociación que representa a los exportadores de granos en Argentina confirmó que Dreyfus también negó los cargos.
Eduardo Barcesat, el abogado constitucionalista que está ayudando al gobierno en el borrador de ley para restringir la propiedad de tierra en Argentina por parte de extranjeros, dijo que los movimientos tributarios eran una decisión política. “Los grandes operadores de los Estados Unidos controlan la mayor parte del almacenaje y el precio” dijo. “Este es un movimiento para poner las cosas en orden: no más engaños. Argentina no está recibiendo suficiente del valor de sus recursos. Estamos colonizados y tenemos que estar libres”.
Fuente: AFIP y The Guardian
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