Pluralidad de voces en la audiencia pública por el uso de agroquímicos
recinto del Concejo Deliberante, este miércoles, en plena audiencia pública. (Foto Diego Izquierdo)
Se reunieron vecinos, ONG’s, productores, asociaciones y funcionarios. Hubo una movilización en las puertas de la municipalidad y un rico debate en el Concejo Deliberante sobre la ordenanza que regula las fumigaciones, su aplicación y consecuencias de esta práctica
El encuentro promovido desde el Municipio para el tratamiento de las buenas prácticas agrícolas convocó a casi 60 oradores, con distintas perspectivas sobre el uso de agroquímicos y la ordenanza que regula las fumigaciones. En tanto, en la puerta del Palacio Municipal hubo una masiva manifestación donde convergieron los diferentes sectores, como los ambientalistas, vecinos y productores frutihortícolas, que mantuvieron cortado el tránsito durante el desarrollo de la audiencia que se extendió durante varias horas.El debate en el recinto tuvo dos grandes posturas contrapuestas y, en el medio, la búsqueda de un equilibrio para que los productores puedan desarrollar su labor de manera sustentable y los vecinos y trabajadores no se vean afectados en su salud.Así, hubo expositores que se manifestaron completamente a favor de la plena aplicación de la ordenanza 18740 y quienes se inclinaron por su derogación. La normativa en cuestión es la aprobada y promulgada en 2008 -modificada en 2009-, pero recién reglamentada hace aproximadamente un año atrás cuando la Comuna fue intimada a hacerlo por orden judicial.La misma prohíbe dentro del radio de mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales la utilización de cualquier plaguicida de síntesis y todo otro producto de carácter similar de aplicación agropecuaria o forestal.La idea de convocar a esta audiencia pública para abordar la temática surgió luego de que la Asociación Frutihortícula de Productores y Afines solicitara al Concejo Deliberante la suspensión o modificación de la legislación y el consecuente rechazo de esta pretensión por parte de los vecinos autoconvocados de la asamblea “Paren de fumigarnos”.A la cabeza de la reunión realizada en el recinto de sesiones se ubicó el presidente del Cuerpo, Ariel Ciano, junto al secretario de Desarrollo Productivo, Mariano Pérez Rojas; el titular de Salud,Alejandro Ferro y la directora de Gestión Ambiental, Claudia Baltar.El planteo de los funcionarios al presentar la jornada se basó en concientizar sobre las buenas prácticas agrícolas y avanzar hacia una transición agroecológica que convine una eficiente y sustentable producción con salud y condiciones sanitarias óptimas.Algunas posturas para destacar en el marco del extenso debate fueron aquellas que dejaron los extremismos de lado y se acercaron más a encontrar un equilibrio. Así, Gustavo Tito director del Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar de la región pampeana (Ipaf) del Inta, se mostró a favor de la producción alimentaria en sectores periurbanos de cualquier ciudad, así como de la instalación de “franjas agroecológicas”, a fin de que “un conflicto se transforme en políticas activas”.En esa línea, Yael Kemelmajer, de la subsecretaría de Agricultura Familiar, aseguró que estudios han evidenciado contaminación “indiscriminada y cada vez en dosis más altas” no sólo en el aie, suelo y agua, sino también en los trabajadores, vecinos y alimentos. Por lo tanto, la profesional se inclinó por recomendar un cambio hacia la agroecología para “mejorar la calidad de vida del agricultor y, por ende, de toda la comunidad”.Por otra parte, muchos expositores coincidieron en que la clave en el uso de agroquímicos en la producción agrícola es la capacitación. De esta forma, la abogada especialista en derecho ambientalAnalía Balbarani, bregó por “capacitar antes que prohibir” y por la puesta en marcha de un “programa integrado de acciones concretas para el control del manejo y aplicación de productos fitosanitarios”, para lograr así una agricultura sustentable.Avanzado el debate, lo que quedó bien en claro fue que la solución al mal uso de los agroquímicos, lo que vulnera derechos esenciales de los vecinos, se encuentra en la educación, la capacitación y el control por parte del Estado.POSICIONES ENFRENTADASUna posición un poco más radical fue la adoptada por los integrantes de la organización “Paren de fumigarnos”, conformada por vecinos que desde hace años denuncian los daños graves que ocasiona esta práctica en distintas zonas y la falta de inspecciones. De hecho fue este movimiento el que logró que finalmente el Municipio reglamentara la ordenanza en cuestión. Así, uno de sus miembros se quejó de que la normativa no debía “discutir”, sino “aplicar” y de la poca difusión institucional que había tenido la legislación en los medios masivos de comunicación.“No había voluntad política de trabajar en el tema”, sentenció Marcos, quien añadió que el gobierno comunal tuvo que hacerlo por que la Justicia lo obligó.En igual sentido, un vecino afectado del paraje La Peregrina recalcó que “no hay responsabilidad ni interés por la salud” y que la normativa que limita las fumigaciones “está vigente y hay que ponerla en práctica porque fue votada por unanimidad y la justicia ordenó su reglamentación hace un año”.Al finalizar, Jorge se quejó de que había sectores que pretendían “equiparar el derecho a producir con el derecho a la salud”.Por el contrario, desde la Asociación de Productores Frutihortícolas y Afines aseguraron que el texto original de la ordenanza hacía referencia al peligro del “mal uso” de los agroquímicos y no se pedía la prohibición. A esto, añadieron que en el expediente consta un informe del Inta que asegura que la norma “es inaplicable por las condiciones urbanísticas de la ciudad”. Desde la entidad bregaron entonces por un “uso racional” y dejar de lado la prohibición.Un abogado de esta misma institución, Amílcar Colla, fue un poco más allá y sentenció que la ordenanza “infringe los artículos 14, 31 y 41 de la Constitución nacional”, por que impedía trabajar a los productores. Opinó así que debía “suspenderse y modificarse, tras escuchar a todas las partes involucradas” para lograr una “correcta reglamentación”.La audiencia pública, que comenzó a las 11 y concluyó pasadas las 17, será desgrabada y a partir de las conclusiones a las que se arribe, dependerá del Cuerpo y el Ejecutivo el proponer o no modificaciones a la ordenanza vigente y de tomar las diferentes opiniones para una correcta aplicación de la norma en beneficio de las condiciones sanitarias de la población.Por Lucía Sánchez Lucero
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Ing. Agr. Pedro Aboitiz
Agente de Proyecto
Cambio Rural
INTA EEA AMBA
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