Derechos Humanos Niños indígenas, víctimas de fumigación con glifosato
por Mario Camilo García
http://www.voltairenet.org/article126227.html
Tres niños indígenas muertos, 16 enfermos, destrucción de cultivos de pan coger y una crisis humanitaria que pone en peligro una cultura entera, fueron el saldo de las fumigaciones con glifosato del mes de marzo en Bocas de Satinga, al norte del departamento de Nariño. Hablan los indígenas, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Departamental de Salud.
23 de junio de 2005DesdeBogotá (Colombia) Herramientas I
Es una mañana gris y lluviosa en las selvas del noroccidente del departamento de Nariño (suroccidente colombiano). Los indígenas de la etnia Eperara Siapidaara, en las poblaciones San José de Robles, Tórtola y Casa Grande del Resguardo Indígena de San José de Bacao, están rodeados por cultivos ilícitos, paramilitares y guerrilleros. Trabajan en sus cultivos de pancoger mientras los niños juegan en los claros.
Después de las 9:30 del 25 de marzo, la vida no volvería a ser la misma. Una avioneta fumigaba con glifosato sobre las cabezas de los 600 indígenas de esta comunidad asentada en la ribera del río Satinga.
Al día siguiente cerca de 20 niños empezaron a trasbocar y defecar continuamente. A varios les comenzaron a salir llagas en la piel en todas las zonas del cuerpo, les dio fiebre y algunos no podían respirar bien, ante la mirada impotente y angustiada de sus padres. Al mismo tiempo los cultivos, su única fuente de sustento, morían rápidamente. En medio de la consternación los pequeños fueron conducidos al Centro de Salud de Olaya Herrera, en un viaje de hora y media en lancha. Los más graves fueron remitidos al Hospital de Tumaco.
Tres niños murieron, 17 más resultaron afectados y algunos no se recuperan aún[1]. Según el censo de Aciesna, la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño, se perdieron 108.337 plantas de Plátano, banano, papa china, yuca, caña, chilma, limón, coco, zapote, naranja, chontaduro, chocolate y maderables. No se sabe cuánto tiempo tarde en recuperarse el suelo.
Según el Instituto Departamental de Salud de Nariño los diagnósticos de algunos de los niños son los siguientes:
Sandra Mesa Mejía, 5 años, residente en la Vereda Tórtola. La ficha describen como diagnóstico: Alza térmica continua, más lesiones en la piel (cianóticas, deposiciones diarréicas de color amarillo, en número de 10 y vómito posprandial inmediato. Colocan vía de exposición térmica y [nombre del producto], refieren contacto con órgano fosforado (herbicida), fallece.
Luis David Quintero Chiripúa, edad 7 meses, Vereda Tórtola. Diagnóstico: vómito posprandial inmediato, deposiciones diarréicas amarillentas incontables, que duraron 8 días, signos de deshidratación, llanto continuo, lesiones en la piel (ampollas) - vesículas. Fecha de exposición aparente: 1 de Abril de 2.005. Vía de exposición oral, presuntamente el seno de la madre tenía plaguicida y al succionar se intoxicó. Fallece.
Einer Javier Isabe Quintero, edad 3 meses, de la comunidad de Casa Grande, Diagnóstico inicial: Neumonía, se remite a Hospital Infantil de Pasto. Diagnóstico: Tos ferina, inicio de síntomas 23 de Abril de 2.005, fecha de consulta y hospitalización 7 de mayo de 2.005, sobrevivió. Fuentes del Instituto Departamental de Salud afirman que los procesos infecciosos del menor fueron acelerados por los síntomas resultantes de las fumigaciones
Hablan los Indígenas
Francisco González, presidente de Aciesna, manifiesta que “existe deficiencia en la prestación del servicio de salud, en el centro de salud de Olaya Herrera, que no existen medicamentos, la lejanía en que se encuentran las comunidades hacia la cabecera municipal, los indígenas no alcanzan a separar turnos para ser atendidos, esto quiere decir que el sistema de “fichos” no debe funcionar para casos de urgencia, por eso el número de pacientes para atender en el centro de salud, es muy limitado. No hay servicio de farmacia en la noche, ni los fines de semana”.
De la misma manera la ONIC en su comunicado de prensa del 19 de mayo de 2005, manifiesta que el Hospital de Tumaco carece de las herramientas y medicamentos para atender adecuadamente este tipo de situaciones.
Igualmente otros miembros de la comunidad, que por razones de seguridad prefieren permanecer en el anonimato, señalan que las fumigaciones afectaron los tanques de agua lluvia para consumo de los pobladores y no existen acueductos en estas comunidades.
La mayoría de los enfermos fueron atendidos inicialmente por los médicos tradicionales Eperara Siapidaara (Jaibanás, Yerbateros), los cuáles manifiestan que las fumigaciones han traído problemas a las comunidades, y que además de causar problemas de salud a los seres humanos, han causado un gran daño ecológico y afectado a las plantas medicinales de la región.
Hasta el momento se realizaron visitas a la región por parte la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, y la Organización Aciesna, que fue apoyada en las visitas a las comunidades por Acnur Nariño. La entidades respaldan y constatan la situación de los indígenas.
¿Qué dice la Defensoría del Pueblo?
La analista regional de Nariño de la Defensoría del Pueblo, Susana Marlés, dice que evidentemente se presentaron fumigaciones en la zona y que los químicos actuaron como detonante de las enfermedades que se presentaron. “De por sí la situación de salubridad y nutrición en las comunidades afectadas no es la mejor. La calidad del agua para su consumo no es la indicada y en términos generales la población presenta bajas defensas frente a diferentes tipos de enfermedades”, agrega la funcionaria.
Sin embargo en la región no se presentan antecedentes recientes de morbilidad infantil ni epidemias o similares, manifiestan voceros de la comunidad indígena. Marlés anunció una visita a la región para el jueves 23 de junio con el objeto de hacer un diagnóstico de la situación y realizar un informe se publicará el lunes 26 de junio.
Crisis humanitaria
Como consecuencia de sufrir desde hace años el conflicto armado, los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros, la proliferación de cultivos ilegales en su territorio, la pérdida paulatina del mismo, el abandono estatal, amenazas, presiones e intimidaciones entre otras situaciones, la ONIC catalogó los hechos relacionados con la reciente fumigación en los asentamientos poblados como una clara violación a los derechos humanos y colectivos aumentando en gran medida el grado de vulnerabilidad de las comunidades mencionadas. Agregó que la situación de las comunidades indígenas es crítica debido al estado de salud de los habitantes, la destrucción de los cultivos y el grave deterioro de los ecosistemas y la biodiversidad. Situaciones que obligaron a cerca de 300 de los 600 habitantes del resguardo a desplazarse a otras zonas y a buscar tierras no contaminadas para iniciar nuevos cultivos que permitan a la comunidad acceder a su alimentación básica.
Dentro de los acuerdos entre el gobierno y las comunidades en general se estipula que los métodos para la erradicación de cultivos ilícitos debe ser concertados con las comunidades. Sin embargo ninguna autoridad del sector dijo tener conocimiento o diálogos previos sobre la fumigación de las riberas del río Satinga. Hasta el momento no se ha hecho presente ningún organismo del estado para atender la situación de las familias afectadas y mitigar en algún aspecto las condiciones de salud y nutrición que se generaron a raíz de las fumigaciones.
“Esta es la hora en que no hemos recibido ayuda por parte de nadie, aquí los que se quedaron están aguantando hambre y los que se fueron también, yo espero que el gobierno, sea departamental, nacional o a través de algún instituto le de una mano nuestra gente ya que nuestra cultura está desapareciendo por culpa de las fumigaciones”, finaliza Francisco González.
Hasta la fecha ni funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad encargada de las fumigaciones, ni de la Gobernación de Nariño se pronuncian al respecto. La Casa de Nariño guarda el mismo silencio. La prensa nacional no hace eco de las voces de alerta de las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y agremiaciones indígenas sobre las consecuencias de las aspersiones aéreas que seguramente desatarían una nueva serie de reacciones, esta vez más enérgicas, en contra de las fumigaciones como política del estado colombiano con el respaldo y promoción de los Estados Unidos.
[1]
Murieron los menores: Evelio Chirimía, Yeison Chiripúa y Maria Sandra Mesa Mejía. Resultaron afectados los niños: Einer Javier Isabe Quintero, Adriana Quintero Mejía, Carmen Deisy Mejía, Cristian David Mejía Caicedo, Katerine Pertiaga Mejía, Juan Carlos Pertiaga, Felisa Mejía, Melisa Mejía, María Ángela Chiripúa, María Lucía Quintero, Luis Ernesto Quintero, Rafaelito Chiripúa, Gonzalo Chiripúa.
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por Mario Camilo García
http://www.voltairenet.org/article126227.html
Tres niños indígenas muertos, 16 enfermos, destrucción de cultivos de pan coger y una crisis humanitaria que pone en peligro una cultura entera, fueron el saldo de las fumigaciones con glifosato del mes de marzo en Bocas de Satinga, al norte del departamento de Nariño. Hablan los indígenas, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Departamental de Salud.
23 de junio de 2005DesdeBogotá (Colombia) Herramientas I
Es una mañana gris y lluviosa en las selvas del noroccidente del departamento de Nariño (suroccidente colombiano). Los indígenas de la etnia Eperara Siapidaara, en las poblaciones San José de Robles, Tórtola y Casa Grande del Resguardo Indígena de San José de Bacao, están rodeados por cultivos ilícitos, paramilitares y guerrilleros. Trabajan en sus cultivos de pancoger mientras los niños juegan en los claros.
Después de las 9:30 del 25 de marzo, la vida no volvería a ser la misma. Una avioneta fumigaba con glifosato sobre las cabezas de los 600 indígenas de esta comunidad asentada en la ribera del río Satinga.
Al día siguiente cerca de 20 niños empezaron a trasbocar y defecar continuamente. A varios les comenzaron a salir llagas en la piel en todas las zonas del cuerpo, les dio fiebre y algunos no podían respirar bien, ante la mirada impotente y angustiada de sus padres. Al mismo tiempo los cultivos, su única fuente de sustento, morían rápidamente. En medio de la consternación los pequeños fueron conducidos al Centro de Salud de Olaya Herrera, en un viaje de hora y media en lancha. Los más graves fueron remitidos al Hospital de Tumaco.
Tres niños murieron, 17 más resultaron afectados y algunos no se recuperan aún[1]. Según el censo de Aciesna, la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño, se perdieron 108.337 plantas de Plátano, banano, papa china, yuca, caña, chilma, limón, coco, zapote, naranja, chontaduro, chocolate y maderables. No se sabe cuánto tiempo tarde en recuperarse el suelo.
Según el Instituto Departamental de Salud de Nariño los diagnósticos de algunos de los niños son los siguientes:
Sandra Mesa Mejía, 5 años, residente en la Vereda Tórtola. La ficha describen como diagnóstico: Alza térmica continua, más lesiones en la piel (cianóticas, deposiciones diarréicas de color amarillo, en número de 10 y vómito posprandial inmediato. Colocan vía de exposición térmica y [nombre del producto], refieren contacto con órgano fosforado (herbicida), fallece.
Luis David Quintero Chiripúa, edad 7 meses, Vereda Tórtola. Diagnóstico: vómito posprandial inmediato, deposiciones diarréicas amarillentas incontables, que duraron 8 días, signos de deshidratación, llanto continuo, lesiones en la piel (ampollas) - vesículas. Fecha de exposición aparente: 1 de Abril de 2.005. Vía de exposición oral, presuntamente el seno de la madre tenía plaguicida y al succionar se intoxicó. Fallece.
Einer Javier Isabe Quintero, edad 3 meses, de la comunidad de Casa Grande, Diagnóstico inicial: Neumonía, se remite a Hospital Infantil de Pasto. Diagnóstico: Tos ferina, inicio de síntomas 23 de Abril de 2.005, fecha de consulta y hospitalización 7 de mayo de 2.005, sobrevivió. Fuentes del Instituto Departamental de Salud afirman que los procesos infecciosos del menor fueron acelerados por los síntomas resultantes de las fumigaciones
Hablan los Indígenas
Francisco González, presidente de Aciesna, manifiesta que “existe deficiencia en la prestación del servicio de salud, en el centro de salud de Olaya Herrera, que no existen medicamentos, la lejanía en que se encuentran las comunidades hacia la cabecera municipal, los indígenas no alcanzan a separar turnos para ser atendidos, esto quiere decir que el sistema de “fichos” no debe funcionar para casos de urgencia, por eso el número de pacientes para atender en el centro de salud, es muy limitado. No hay servicio de farmacia en la noche, ni los fines de semana”.
De la misma manera la ONIC en su comunicado de prensa del 19 de mayo de 2005, manifiesta que el Hospital de Tumaco carece de las herramientas y medicamentos para atender adecuadamente este tipo de situaciones.
Igualmente otros miembros de la comunidad, que por razones de seguridad prefieren permanecer en el anonimato, señalan que las fumigaciones afectaron los tanques de agua lluvia para consumo de los pobladores y no existen acueductos en estas comunidades.
La mayoría de los enfermos fueron atendidos inicialmente por los médicos tradicionales Eperara Siapidaara (Jaibanás, Yerbateros), los cuáles manifiestan que las fumigaciones han traído problemas a las comunidades, y que además de causar problemas de salud a los seres humanos, han causado un gran daño ecológico y afectado a las plantas medicinales de la región.
Hasta el momento se realizaron visitas a la región por parte la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, y la Organización Aciesna, que fue apoyada en las visitas a las comunidades por Acnur Nariño. La entidades respaldan y constatan la situación de los indígenas.
¿Qué dice la Defensoría del Pueblo?
La analista regional de Nariño de la Defensoría del Pueblo, Susana Marlés, dice que evidentemente se presentaron fumigaciones en la zona y que los químicos actuaron como detonante de las enfermedades que se presentaron. “De por sí la situación de salubridad y nutrición en las comunidades afectadas no es la mejor. La calidad del agua para su consumo no es la indicada y en términos generales la población presenta bajas defensas frente a diferentes tipos de enfermedades”, agrega la funcionaria.
Sin embargo en la región no se presentan antecedentes recientes de morbilidad infantil ni epidemias o similares, manifiestan voceros de la comunidad indígena. Marlés anunció una visita a la región para el jueves 23 de junio con el objeto de hacer un diagnóstico de la situación y realizar un informe se publicará el lunes 26 de junio.
Crisis humanitaria
Como consecuencia de sufrir desde hace años el conflicto armado, los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros, la proliferación de cultivos ilegales en su territorio, la pérdida paulatina del mismo, el abandono estatal, amenazas, presiones e intimidaciones entre otras situaciones, la ONIC catalogó los hechos relacionados con la reciente fumigación en los asentamientos poblados como una clara violación a los derechos humanos y colectivos aumentando en gran medida el grado de vulnerabilidad de las comunidades mencionadas. Agregó que la situación de las comunidades indígenas es crítica debido al estado de salud de los habitantes, la destrucción de los cultivos y el grave deterioro de los ecosistemas y la biodiversidad. Situaciones que obligaron a cerca de 300 de los 600 habitantes del resguardo a desplazarse a otras zonas y a buscar tierras no contaminadas para iniciar nuevos cultivos que permitan a la comunidad acceder a su alimentación básica.
Dentro de los acuerdos entre el gobierno y las comunidades en general se estipula que los métodos para la erradicación de cultivos ilícitos debe ser concertados con las comunidades. Sin embargo ninguna autoridad del sector dijo tener conocimiento o diálogos previos sobre la fumigación de las riberas del río Satinga. Hasta el momento no se ha hecho presente ningún organismo del estado para atender la situación de las familias afectadas y mitigar en algún aspecto las condiciones de salud y nutrición que se generaron a raíz de las fumigaciones.
“Esta es la hora en que no hemos recibido ayuda por parte de nadie, aquí los que se quedaron están aguantando hambre y los que se fueron también, yo espero que el gobierno, sea departamental, nacional o a través de algún instituto le de una mano nuestra gente ya que nuestra cultura está desapareciendo por culpa de las fumigaciones”, finaliza Francisco González.
Hasta la fecha ni funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad encargada de las fumigaciones, ni de la Gobernación de Nariño se pronuncian al respecto. La Casa de Nariño guarda el mismo silencio. La prensa nacional no hace eco de las voces de alerta de las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y agremiaciones indígenas sobre las consecuencias de las aspersiones aéreas que seguramente desatarían una nueva serie de reacciones, esta vez más enérgicas, en contra de las fumigaciones como política del estado colombiano con el respaldo y promoción de los Estados Unidos.
[1]
Murieron los menores: Evelio Chirimía, Yeison Chiripúa y Maria Sandra Mesa Mejía. Resultaron afectados los niños: Einer Javier Isabe Quintero, Adriana Quintero Mejía, Carmen Deisy Mejía, Cristian David Mejía Caicedo, Katerine Pertiaga Mejía, Juan Carlos Pertiaga, Felisa Mejía, Melisa Mejía, María Ángela Chiripúa, María Lucía Quintero, Luis Ernesto Quintero, Rafaelito Chiripúa, Gonzalo Chiripúa.
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