Desde la Red de Salud Popular "Dr. Ramón Carrillo"
Cuestionan el proyecto del Ejecutivo para reformar la ley de biocidas
La institución consideró a la iniciativa en “abierta contradicción” frente a lo expresado por la población chaqueña en las dos audiencias públicas realizadas en el recinto de la Cámara de Diputados.
A pocos días de la presentación realizada por el Poder Ejecutivo provincial para modificar la Ley de Biocidas, la Red de Salud Popular “Doctor Ramón Carrillo” consideró a la iniciativa en “abierta contradicción” frente a lo expresado por la población chaqueña en las dos audiencias públicas realizadas en el recinto de la Cámara de Diputados. Es que allí, según resalta la organización, “la mayoría de los expositores denunció la falta de control por parte del Estado respecto al uso de agrotóxicos y las afecciones que sufren cultivos y la salud” de la gente.
Mediante un documento que lleva como título “Ley de Biocidas: señor gobernador, vuelva a ser senador”, la Red indicó que la propuesta remitida por el Ejecutivo a la Legislatura se contrapone con algunas iniciativas promovidas por el hoy mandatario chaqueño Jorge Capitanich en su época de senador nacional.
El texto lleva las firmas de María del Carmen Seveso (coordinadora Interior), Santiago Montaldo (coordinador provincial), Ana María Urbinatti (asesora técnica), Ana Clara Black (secretaria ejecutiva) Ana Lía Otaño (asesora técnica), Alejandra Gómez (asesora legal) y Alejandro Quiros (asesor técnico). Y contiene también el informe sobre el Chaco realizado por la Comisión Nacional de Investigaciones por Agroquímicos creada por el Decreto Nº 21/09, el Ministerio de Salud de la nación.
El 14 de marzo, el Poder Ejecutivo Provincial presentó en la Legislatura el Proyecto de Ley Nº 498 por el cual propicia la ley de Agroquímicos, modificatoria de la Ley 3378 de Biocidas. En tanto que el artículo 44 del proyecto establece la derogación de ley 3378.
“Este proyecto es similar al que obtuviera despacho de comisión el 13 de abril 2011, aunque incorpora unos artículos y algunas modificaciones. Así, el artículo 34 fija las distancias mínimas de aplicación de agroquímicos: 500 metros para las terrestres (no previstas en la normativa vigente) y 1.000 metros para las aéreas, igual a las que fija el decreto Nº 454/89 (reglamentario de la Ley de Biocidas). Las distancias estipuladas limitan su alcance a centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios. Por lo que la protección no incluye a los caseríos rurales, a parques nacionales, parques provinciales, fuentes y cursos de agua, riachos, lagunas, etcétera”, indica la Red Popular.
Contradicciones En ese contexto advierte que “lo propuesto por el Poder Ejecutivo evidencia una abierta contradicción frente a lo que efectivamente ha expresado el pueblo del Chaco en las dos audiencias públicas realizadas en el recinto de la Cámara de Diputados”. De allí resalta que “la mayoría de los expositores denunció la falta de control por parte del Estado respecto al uso de agrotóxicos en la provincia, las afecciones que sufren tanto en sus cultivos de subsistencia como en la salud y que la legislación actual no sólo no se cumple, sino que es insuficiente”.
Es más agrega el documento- como directa expresión del pueblo, muchos pobladores afectados han reclamado la prohibición total de las aplicaciones aéreas de agroquímicos en la provincia, coincidiendo la gran mayoría en que se deben fijar “zonas de resguardo ambiental”.
Asimismo, la organización indica como “curioso que tampoco se reparara en lo manifestado por el actual gobernador en el Senado de la Nación, al presentar la solicitud de informe al Poder Ejecutivo Nacional sobre la toxicidad del glifosato (S/617 año 2007). En la misma expresaba que “à una zona de exclusión de 500 metros es totalmente acertada y que, más aún, debería extenderse a un mínimo de 1.000 metros”.
En el mismo acto, el entonces senador Capitanich también hacía mención a los efectos del glifosato en el ambiente, lo que realizaba en los siguientes términos: “Si bien la Comisión Europea lo clasifica como tóxico para los organismos acuáticos y que puede acarrear efectos nefastos para el ambiente a largo plazo, un estudio realizado por el Centro Nacional de la Investigación Científica de la Universidad Pierre y Marie Curie, de Francia, sobre los efectos del glifosato da cuenta de que este producto provoca las primeras etapas de la cancerización en las células”.
“De los elementos relacionados hasta aquí se extrae que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial no sólo no recepciona lo reclamado por el pueblo en las audiencias del 14 de julio y 1 de agosto de 2011, sino que tampoco se condice con la propia posición fijada por el mismo Capitanich expuesta en los fundamentos de la solicitud cuando fuera senador nacional, la que se refiere al glifosato”, resume el texto difundido por la Red de Salud Popular.
¿Producción sin agroquímicos? En el mismo documento, la organización recuerda que “en la provincia se han constatado fumigaciones aéreas hasta con 2.4D en esta última campaña; y que se utilizan principios activos tales como Endosulfan (organoclorado - COPs), Metamidofos (organofosforado) y Acetoclor, en menor cantidad que el glifosato pero de efectos nocivos aún más graves e indiscutibles por lo que varios países han prohibido o restringido el uso de los mismos”.
Indica luego que, mientras que en la Unión Europea la Directiva Nº 128/09 establece que los Estados miembros deberán garantizar la prohibición de las pulverizaciones aéreas; aquí se alientan “las fumigaciones indiscriminadas” afectando no únicamente el presente sino también a las generaciones futuras, se alienta el uso indiscriminado de agrotóxicos por sobre la salud y la vida del pueblo.
En ese punto, la Red de Salud Popular cita el caso de las arroceras de La Leonesa y Las Palmas, para cuya actividad un juez estableció una distancia de 2000 y 1000 metros para las aplicaciones aéreas y terrestres, respectivamente, tomadas desde el Barrio La Ralera, escuelas rurales, lagos, lagunas, riachos y ríos; y, el Ministerio de Salud de la Nación ha propuesto “impedir la dispersión aérea de agroquímicos en un radio no inferior a 5.000 metros de todo lugar habitado, sea éste urbano o rural” y “extremar las medidas precautorias de la calidad de los cursos de agua”.
“Esperamos que el gobernador lea nuevamente los fundamentos que motivaran su solicitud en el año 2007, y considere que así como los vecinos de Las Petacas, a quienes invocara en aquella oportunidad, hoy vecinos de varias localidades de la provincia del Chaco han denunciado situaciones similares en la legislatura provincial; y así culmine obteniendo consagración legislativa lo que aquí se reclama en defensa de la salud, la vida, un ambiente sano y sustentable para las generaciones presentes y futuras”, concluye el documento.
Fuente: Diario Norte
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