NEWSLETTER OET-OBSERVATORIO DE EMPRESAS TRANSNACIONALES OCTUBRE DE 2013
Director: Jorge carpio
Redacción de Newsletter: Hernán Medina
Edición: Agustina Carpio
Editorial: Con Ruggie no alcanza
Entre el 28 y el 30 de agosto de 2013 en Medellín, Colombia, se convocó por parte del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos, la Dirección Regional para América Latina y el Caribe (PNUD) junto al Gobierno de Colombia, al Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre Empresas y Derechos Humanos.
Allí, diversas comunidades y organizaciones latinoamericanas e internacionales denunciaron y exigieron justicia sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la contaminación, explotación y destrucción de nuestros territorios y patrimonio natural, perpetradas por corporaciones nacionales y transnacionales.
En el plenario se dejó bien en claro que las normas voluntarias como los Principios Rectores Ruggie de Naciones Unidas son insuficientes, no compatibles con el régimen de protección de derechos humanos y contribuyen a prevalecer la impunidad de dichas violaciones cometidas en el continente por las empresas con complicidad de los Estados.
En primer lugar las normas voluntarias descriptas en los Principios Ruggie no representan normas jurídicamente vinculantes para las empresas y carecen de incentivos reales para poner en práctica lo que ellos mismos recomiendan. Suponen que los derechos humanos son negociables por el sector empresarial.
En segundo lugar porque no puede promoverse solamente la responsabilidad social empresarial (RSE), como deber moral basado en expectativas sociales y no en obligaciones jurídicas y vinculantes a cargo de las empresas si se tiene en cuenta la gravedad de los crímenes que vienen cometiendo las corporaciones en el continente y el mundo.
En tercer lugar porque las corporaciones económicas poseen acceso privilegiado a los espacios de negociación y discusión multilaterales de las Naciones Unidas. Es tal el acceso, que muchos expertos en la materia al interior de ese organismo tienen vínculos con transnacionales señaladas por violar derechos humanos. El ejemplo más ilustrativo es el mismo John Ruggie quien en la actualidad se desempeña como consultor especial de la empresa minera canadiense Barrick Gold Corporation.
Ante esta situación, varias organizaciones, entre ellas FOCO-INPADE, firmaron un documento donde se exigen mecanismos reales de sanción a las empresas y sus directivos que cometan crímenes contra la población donde las víctimas puedan acceder a la justicia internacional y obtener solución efectiva. También se pidió la creación de un tribunal internacional de derechos humanos o una Corte Internacional Económica, que permita investigar y juzgar la responsabilidad internacional de actores económicos. Finalmente, se exige en este documento que los encargados del mandato del Grupo de Trabajo de la ONU sean totalmente independientes de cualquier operación de negocios.
Enhorabuena. Que ojalá esto sea el principio de un cambio real, de una política efectiva de control sobre las corporaciones transnacionales.
ARGENTINA
Clausura en Río Negro.
La empresa canadiense Petrolífera Petroleum American Limited detectó petróleo y gas en dos áreas ubicadas al norte de Roca, cerca de Casa de Piedra (Río Negro) y comenzó a explotarlo desde el año 2006. Se estimaba que el valor estimado de las reservas era 652 millones de dólares y que dejarían 250 millones de pesos para la provincia.
El jueves 23 de agosto la comunidad Ñanculeufú y la familia García bloquearon el ingreso a las instalaciones de la petrolera, generando el cese de la producción. Denunciaron a la empresa por la contaminación en el agua y la tierra, la mortandad de animales y la destrucción de la vegetación autóctona.
Finalmente, a mediados de septiembre, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, a través de su área de Prevención, Control y Fiscalización Ambiental, junto a representantes de la Secretaría de Hidrocarburos, del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) decidieron hacer una inspección en el área, la cual constató derrames de vieja data, cañerías obsoletas, con alto grado de corrosión, una pileta con enterramientos antiguos, alto riesgo de pinchaduras y un potencial mayor derrame de petróleo. Además se habría constatado que la batería en la que se aloja el petróleo que se extrae de los pozos circundantes adolece de toda medida de seguridad industrial y aunque hay muros de contención, el suelo no se encuentra impermeabilizado.
En el momento de la inspección técnica, se encontraban el lonco, Martín Ñanculeo, y referentes de la comunidad Ñanculeufu; Silverio García como integrante de la comunidad Quelu-leufu y el presidente de la Fundación Ambiental Acción Sustentable, Francisco Anaya.
En función de este operativo se decidió clausurar preventivamente el Área Puesto Morales Sur, en la zona de Sargento Ocón. Por otro lado, las familias Ñanculeo y García iniciaron acciones legales a Petroleum American Limited para que realicen la remediación ambiental correspondiente.
A un año del juicio contra las fumigaciones del barrio Ituzaingó.
El miércoles 21 de agosto se cumplió un año del histórico juicio contra las fumigaciones en barrio Ituzaingó, Córdoba Capital. Por eso, ese día se realizó una marcha organizada por las “Madres de Barrio Ituzaingó Anexo” junto a la Asamblea "Malvinas Lucha por la Vida" y organizaciones ambientales y sociales.
Además se reclamó sobre la instalación de una planta de Monsanto en esa provincia con todo el peligro socioambiental y sanitario que esto acarrea, sobre todo para los vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas y poblaciones cercanas.
Hay que recordar que si bien la Justicia ordenó frenar las obras, fue el mismo Tribunal Superior el que ordenó la continuidad de la construcción de la planta de procesamiento de semillas transgénicas sin Licencia social, ya que los vecinos continúan reclamando por una Consulta Popular que avale (o no) la instalación.
AMÉRICA LATINA
Correa llama a boicot mundial contra Chevron.
El martes 17 de septiembre Rafael Correa, presidente de Ecuador, acudió a la localidad de Agua Rica, en la provincia amazónica de Sucumbíos (norte), y hundió su mano en una de las piscinas de desechos del área en las cuales hay presencia de petróleo. Lo hizo en el marco del lanzamiento de una campaña a un boicot mundial contra Chevron, denunciándola por el daño ambiental en la Amazonía.
Hay que recordar que Texaco (adquirida por Chevron en 2001) operó entre 1964 y 1990. Luego de su salida del país, en 1990, comunidades indígenas demandaron a la primera por contaminación ambiental.
Finalmente en 2012, Chevron fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares, pero el fallo, considerado fraudulento por la empresa, todavía no fue ratificado por el máximo tribunal ecuatoriano.
Ante las nuevas declaraciones de Correa, la empresa, a través de un comunicado, lo acusa una vez más de interferir en el caso Chevron al ofrecer un relato distorsionado e incorrecto de la historia ya que según ellos la contaminación, y posterior limpieza de las piscinas de crudo en Agua Rica es responsabilidad de la petrolera estatal Petroecuador.
Ecuador espera que figuras de la música, el cine, reconocidos activistas ambientales entre otros visiten la Amazonía, y hundan las manos en las piscinas de desechos petroleros.
Reubicación por culpa de Barrick.
Wilfredo Acosta, cura párroco de la Iglesia San Isidro Labrador (República Dominicana), pidió nuevamente al presidente Danilo Medina, que reubique a los habitantes de las comunidades La Piñita, la Laguna, El Naranjo, El Nuevo Yagal y Los Cacao, aledañas a la mina Pueblo Viejo en Cotui (operada por Barrick Gold) debido a la contaminación ambiental provocada por la explotación del oro.
Según el párroco, esas localidades no poseen agua debido a que los ríos están secos o con aguas infectadas. Además, afirmó que en el ambiente se riega un polvillo proveniente de las instalaciones de la mina que hace arder los ojos y provoca erupciones en la piel.
Por último, Acosta dijo que esperan los resultados de unos análisis que el Ministerio de Salud Pública les realizó a 23 personas, en donde se sospecha que hay varias personas con cromo y aluminio en la sangre.
RESTO DEL MUNDO
Demanda a empresas petroleras por contaminación de acuíferos en Puerto Rico.
El 4 de septiembre, el Gobierno solicita al Tribunal Federal que le ordene a empresas a remediar los daños que han ocasionado a los acuíferos y abastos de agua potable, al presuntamente contaminar las aguas subterráneas con un aditivo que se usa en la gasolina. También exigió que se realicen pruebas a los tanques y practiquen monitoreos futuros.
Todo comenzó con la detección de la presencia del aditivo MTBE (Methyl tertiary butyl ether), el cual llegó probablemente a los acuíferos a través de estas industrias.
El MTBE se detecta por su sabor raro, parecido al plástico o alcohol.
Entre las empresas denunciadas se destacan la Sun Oil (Sunoco, Inc.), entidad que operó por más de tres décadas en Yabucoa y que vendió sus utilidades a la Shell Chemical que terminó incluída también en el pleito legal. Otras empresas mencionadas son: ExxonMobil Corp., Hess Corp., Texaco Petroleum Inc., Chevron Corp., Sunoco, Inc., Citgo Petroleum Corp., Lyondell Chemical Co., y TCP Group, Inc.
Descontento en Rumania contra minera canadiense.
Gold Corporation en cuyo paquete accionario tiene mayoría el grupo canadiense Gabriel Resources quiere construir la mayor mina aurífera de Europa en la zona noroccidental del condado de Alba, en las montañas Apusemi (Rumania), para extraer 300 toneladas de oro y casi 1.600 de plata en 17 años. Según una presentación del proyecto que la empresa entregó al Ministerio del Ambiente local se emplearían 12.000 toneladas de cianuro por año y se producirían 13 millones de toneladas anuales de residuos. La operación implicaría desmantelar tres aldeas y destruir cuatro montañas. Además la explotación de oro pondría en peligro el patrimonio cultural de Rosia Montana, zona minera que data de los tiempos del Imperio Romano.
El 27 de agosto el gobierno presentó un proyecto de ley para conceder facultades extraordinarias a la empresa. Las facultades implican que la compañía puede desplazar a habitantes cuyas viviendas estén en el perímetro de la mina y las autoridades estatales deben facilitar a la firma todos los permisos necesarios en plazos preestablecidos, sin considerar la legislación nacional, pronunciamientos judiciales o exigencias legales de audiencias públicas. Un gran avance para la empresa luego de 14 años de intentos infructuosos de obtener todos los permisos necesarios que incluyó la exhortación de la Academia Rumana de Ciencias a que se descartara el proyecto, pues sus costos ambientales y sociales superarían los beneficios económicos.
De las 3.000 personas que viven en el área, cientos de ellas llevan años de oposición al proyecto. Crearon la organización no gubernamental Alburnus Maior y litigaron con éxito a la empresa y a las autoridades. Sin embargo, luego del anuncio gubernamental las manifestaciones estallaron desde el 1º de septiembre siendo la del domingo 15 en Bucarest y otras ciudades una de las más importantes. Pese al cerco mediático de las corporaciones, los manifestantes logran mantener al público informado e interesado a través de Facebook.
Agricultores piden mejor supervisión de los transgénicos en Estados Unidos.
El miércoles 21 de agosto más de 150 organizaciones agrícolas y compañías alimenticias de ese país pidieron al Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) que fortalezca su supervisión de las pruebas de campo que realiza a cultivos transgénicos experimentales.
Como ejemplo de las debilidades en la supervisión marcaron el ejemplo del descubrimiento de una cepa de trigo transgénico no aprobada desarrollada por Monsanto en Oregon lo que provocó gran confusión en los mercados internacionales llevando a algunos compradores extranjeros a rechazar temporalmente ciertas variedades. Se temió que el trigo experimental hubiese contaminado los suministros de trigo comercial.
Ya a finales de julio el grupo había enviado una carta a Tom Vilsack, secretario del Departamento de Agricultura, donde se le pide que el USDA corrija la forma en que aprueba las cosechas mejoradas genéticamente mientras que las mejoras de las normas y la supervisión deberían comenzar en la etapa de pruebas en terreno. Además, la semana anterior se reunieron con él en Washington para discutir sus preocupaciones. Agricultores piden mejor supervisión de los transgénicos en Estados Unidos. Reunión que fue considerada productiva por Courtney Rowe, portavoz del USDA.
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