FUNAM INFORMA
Fundación para la defensa del ambiente
Córdoba (Argentina), 16 de octubre de 2013
Muy grave:
Documento sobre uso de plaguicidas distribuido por el Ministerio de Agricultura de la Nación promueve criterios que violan normas vigentes
en Argentina y aumentan riesgos sanitarios
En la redacción del documento participaron principalmente cámaras empresariales vinculadas a plaguicidas, colegios de ingenieros agrónomos y organismos públicos de agricultura
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo, denunció que el documento pretende reducir al mínimo el ancho de las franjas periurbanas libres de plaguicidas y evitar que se prohíba la aplicación aérea
Sostuvo además que el documento "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas. Ni siquiera consultaron a áreas de salud y ambiente"
"Es inaceptable que el Estado, que es de todos, favorezca tan descaradamente a las corporaciones productoras de plaguicidas, a quienes los aplican y a los grandes productores de cultivos genéticamente modificados", agregó
FUNAM lanzó un petitorio nacional para hacer que ese documento deje de tener el aval del Ministerio de Agricultura de la Nación y se proteja la salud de las personas y el ambiente, y "no la salud financiera de las grandes corporaciones y de los pool de siembra"
Córdoba (Argentina), 16 de octubre de 2013. La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, calificó de "muy grave" la distribución, por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación, de un documento sobre uso de plaguicidas "en el cual se promueven criterios que violan normas vigentes en Argentina".
El documento, presentado en el Parlamento Nacional, fue elaborado principalmente por cámaras empresariales vinculadas a plaguicidas y algunos organismos públicos de agricultura, como SENASA [1]. "Es como encargarle a un grupo de zorros que propongan las medidas para que un gallinero sea más seguro", ironizó FUNAM.
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la defensa del ambiente y premio Nóbel Alternativo, advirtió que el documento "fue claramente elaborado para frenar la creciente aprobación de leyes provinciales y ordenanzas municipales que prohíben la aplicación periurbana de plaguicidas en franjas con anchos superiores a los 500 metros. También es un intento desesperado para evitar que prospere la prohibición total de la aplicación aérea. No es casual que funcionarios de agricultura y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea hace ya cinco años que está prohibida la pulverización aérea de plaguicidas".
Agregó que la intención implícita en el propio documento "es lograr la aprobación de una ley nacional de presupuestos mínimos que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas pero en franjas insignificantes, así no se perjudica el redituable negocio de los cultivos transgénicos. Lo inaceptable es que fue elaborado con el visto bueno del Estado y difundido desde el Ministerio de Agricultura de la Nación sin que participaran especialistas en salud, ecología y ciencias sociales, y sin darle participación a las ONGs, investigadores independientes y grupos de personas afectadas por el uso de plaguicidas. Fue un trabajo de lobby disfrazado de buena práctica agrícola".
Sostuvo además que el documento "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas. Peor aún, considera solamente a los ingenieros agrónomos como profesionales capacitados para manejar el tema plaguicidas, cuando carecen de formación universitaria para proteger a las personas de las bajas dosis de plaguicidas, y de sus efectos sobre el sistema hormonal, endocrino y reproductivo. Los ingenieros agrónomos han sido capacitados para disminuir la posibilidad de intoxicaciones agudas, no para prevenir la exposición crónica".
"Es inaceptable que el Estado, que es de todos, favorezca tan descaradamente a las corporaciones productoras de plaguicidas, a quienes aplican esos venenos y a los grandes productores de cultivos genéticamente modificados", agregó.
Las malintencionadas conclusiones del documento
El Dr. Raúl Montenegro indicó que el trabajo "incluye una desactualizada lista de distancias de protección para algunos países, pero sin analizar las normas vigentes en Argentina. Omite decir, por ejemplo, que la Comunidad Europea prohibió hace cinco años toda aplicación aérea de plaguicidas" (Directiva 2009/128/EC).
"Tras sostener la necesidad de establecer distancias pequeñas, para lo cual menciona por ejemplo a España con sus distancias de seguridad de 20 a 50 metros, el documento llega a la conclusión, sin fundamento alguno, que en Argentina las distancias deben ser de hasta 100 metros para aplicación terrestre, y de hasta 200 metros para aplicación aérea. Pero no conformes con esta reducción, el informe indica que tales distancias 'se podrán reducir' a partir de la evaluación que realice el profesional actuante. De este modo el propio Estado convalida la violación del Principio de Precaución establecido en el Artículo 4° de la ley Nacional de Ambiente 25675", recalcó Montenegro.
Agregó que entre otros errores técnicos graves "el documento solo considera como fuente de plaguicidas la deriva, esto es, los plaguicidas que escapan de su blanco y llegan fuera de los cultivos exponiendo peligrosamente a las personas y el ambiente. Omite mencionar que las partículas de suelo contaminado también llegan a la personas, y que no se puede recetar la aplicación de plaguicidas en un cultivo cualquiera sin saber cuánto plaguicida ya acumula ese terreno como resultado de aplicaciones anteriores. Para el documento, las autoridades de agricultura y los ingenieros agrónomos el suelo empieza de cero cada año, como si no tuviera residuos de plaguicidas acumulados, lo cual es una barbaridad técnica".
"El documento no hace ningún análisis sobre los efectos de las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana, los ecosistemas y algunas actividades particularmente afectadas, como la apícola. Peor aún, da a entender, sin siquiera analizar el grave problema de las bajas dosis, que las buenas prácticas evitan riesgos sanitarios y ambientales. Tal omisión es mucho más grave cuando consideramos que las personas que van a ser potencialmente expuestas ya tienen residuos de plaguicidas en sus tejidos, producto de exposiciones anteriores. En el caso de madres embarazadas que tienen residuos de plaguicidas, una parte es transferida por vía sanguínea a sus embriones y fetos. Y en el caso de madres que amamantan, siguen transmitiendo plaguicidas a sus bebés a través de la leche materna".
FUNAM destacó que el documento "tiene una parte en que se tratan con escaso orden varios temas, de 10 páginas, y una larga bibliografía de 20 páginas referida casi exclusivamente a los aspectos tecnológicos de la aplicación de plaguicidas. No hay ninguna referencia sobre los efectos negativos de las bajas dosis de plaguicidas sobre la salud, ni sobre epidemiología en poblaciones expuestas".
"Para completar la improvisación y desatino con que se redactó, el documento incluye un anexo con sugerencias para el uso de 'barreras vivas' y así reducir el efecto negativo de los plaguicidas. Aconseja por ejemplo que tales barreras deberán tener un ancho mínimo de 5 metros, y propone establecerlas a una distancia mínima de 50 metros del perímetro externo del Ejido Municipal'. Más allá de la ignorancia legal-administrativa, pues una municipalidad no tiene jurisdicción 'fuera' de su Ejido, la escueta página dedicada a 'barreras vivas' parece más un panfleto que una propuesta seria".
Peleados, pero no en materia de transgénicos
Montenegro indicó que "algunas alianzas dejan al descubierto el inmoral doble discurso de los funcionarios. Mientras el gobernador José Manuel de la Sota y la presidenta Cristina de Kirchner se muestran públicamente como enemigos irreconciliables, sus respectivas áreas de agricultura coinciden en apoyar a las grandes corporaciones productoras de plaguicidas, a los aplicadores de veneno y a los grandes productores de soja y maíz transgénicos".
"Presidenta y gobernador no solo coincidieron en abrir las puertas de Argentina y de la ciudad de Malvinas Argentinas en Córdoba para que Monsanto pueda construir allí la más grande acondicionadora de semillas transgénicas del mundo. Los Ministerios de Agricultura de Córdoba y la Nación también suscribieron el documento sobre pautas para la aplicación de plaguicidas distribuido la semana pasada en Buenos Aires".
[1] Instituciones que elaboraron y consensuaron suscribieron el documento que está siendo distribuido desde el gobierno nacional: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (MAGyA) de la provincia de Córdoba, la Comisión Federal Fitosanitaria (CFF), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA), la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).
Para mayor información contactar a:
Prof. Dr. Raúl A. Montenegro
Presidente de FUNAM y Profesor Titular de Biología Evolutiva
(Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba)
Teléfono fijo: 03543-422236
Teléfono celular: 0351-155 125637
E-mail: biologomontenegro@gmail.com
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FUNAM
Fundación para la defensa del ambiente
Environment Defense Foundation
Casilla de Correo 83
Correo Central, (5000) Córdoba, Argentina.
FUNAM es una ONG fundada en 1982.
Tiene status consultivo en ECOSOC (Naciones Unidas, Nueva York).
FUNAM es Premio Global 500 de Naciones Unidas (1987).
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FUNAM is a NGO created in 1982.
FUNAM has consultative status at ECOSOC (United Nations, New York).Global 500 Award from United Nations (1987).
PETITORIO
El Ministerio de Agricultura de la Nación debe dejar de avalar y distribuír el documento "Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas" por ser técnicamente deficiente, por representar más a los intereses corporativos que a la protección de la salud y el ambiente, y por promover criterios que violan normas vigentes
Los gobiernos de la Nación, las provincias y las municipalidades deben alentar una política de Estado participativa y hecha con buena ciencia que le diga sí a la producción sustentable, al cuidado de la salud de las personas, a la protección de los ambientes nativos y a la soberanía alimentaria
Los abajo firmantes, miembros de ONGs, grupos de base, asambleas ciudadanas, autoconvocados, universidades, centros de investigación, otras instituciones de la sociedad civil, miembros de comunidades indígenas, ciudadanas y ciudadanos, rechazamos enfáticamente el documento elaborado por el Gobierno Nacional desde su Ministerio de Agricultura sobre uso de plaguicidas, habida cuenta que excluyó la participación de numerosos actores institucionales de la ciencia, la técnica, la sociedad civil y las comunidades afectadas.
Consideramos además inaceptables algunas de sus conclusiones, como la sugerencia de establecer zonas periurbanas libres de aplicación de plaguicidas de hasta 100 metros para aplicación terrestre y de hasta 200 metros para aplicaciones aéreas, lo cual contradice la buena ciencia y el Principio de Precaución (Ley Nacional de Ambiente 25675, Artículo 4°).
Sostenemos que el documento producido agravará los conflictos socio-ambientales por aplicación de plaguicidas, además de aumentar, indirectamente, la morbilidad y la mortalidad de poblaciones expuestas.
Alertamos además, como lo ha denunciado la Cátedra de Biología Evolutiva (Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba) que al creciente uso de plaguicidas químicos -317 millones de kilogramos solamente en 2012- se suma el acumulado en suelo de residuos de plaguicidas utilizados en campañas anteriores, el acumulado en masas de agua y sedimentos de ríos y lagos, y el acumulado en el organismo de personas y otros organismos vivos.
Por otra parte, no se está considerando que las plantas genéticamente modificadas introducen al ambiente las proteínas insecticidas que ellas mismas producen en base a genes incorporados (como el Cry1Ab o el Cry1Ac, Bt), con lo cual las personas, otros organismos vivos y el ambiente reciben la suma de plaguicidas químicos tradicionales y proteínas insecticidas.
Lamentablemente, los plaguicidas no solo afectan la salud de las personas y deterioran la calidad de las aguas, los suelos, el aire y los alimentos, sino que también reducen la biodiversidad de ecosistemas naturales y las poblaciones de especies nativas expuestas, un hecho extremadamente grave en Argentina, donde, solamente a nivel de bosques nativos, ya se destruyó más del 80% de su superficie original.
Ratificamos asimismo que los Ingenieros Agrónomos –reivindicados en el documento del Ministerio de Agricultura- carecen de formación profesional universitaria para proteger a las personas, al ambiente y a la biodiversidad de los efectos de las bajas dosis de plaguicidas, por cuanto sus carreras no los habilitan para conocer, evaluar y predecir los fenómenos de disrupción endocrina, depleción del sistema inmune, transferencia transgeneracional de residuos de plaguicidas y demás efectos sistémicos, resultado de la exposición de personas y ecosistemas a las citadas bajas dosis de plaguicidas.
Es cada vez más evidente que la masiva contaminación por plaguicidas y residuos de plaguicidas, su almacenamiento en ecosistemas y personas, y sus efectos múltiples sobre la salud humana y la integridad de los ecosistemas supera ampliamente las capacidades de una única profesión para prevenir efectos actuales y futuros.
Por todo lo anterior, además de rechazar la adopción de tal documento por parte del Estado, ratificamos la necesidad de que el gobierno y sus organismos aseguren la práctica de la buena ciencia, la participación de las personas y de las instituciones de la sociedad civil y la necesaria e impostergable necesidad de revisar, sobre una base participativa, la totalidad de los plaguicidas aprobados por el SENASA y la totalidad de los eventos transgénicos aprobados por la CONABIA.
Cuando un organismo nacional como el Ministerio de Agricultura privilegia en sus debates a los principales motores y beneficiarios de modelos de producción de alto impacto negativo, lo que está haciendo en realidad es favorecer y aceptar la contaminación que provocan los plaguicidas químicos y las proteínas insecticidas liberadas al ambiente por las plantas genéticamente modificadas, pero favoreciendo también la pérdida de salud, la mortalidad, la destrucción de ambientes nativos y cuencas hídricas, los desmontes, la merma acelerada de biodiversidad nativa, la exportación al exterior de nutrientes que no se renuevan y de agua virtual, y la pérdida de soberanía alimentaria.
Ratificamos asimismo que en Argentina debe formularse y aprobarse una ley nacional que establezca la obligatoriedad de realizar en forma continua y con base geográfica los registros de morbilidad y mortalidad por todas las causas, y que los resultados deben ser permanentemente expuestos en páginas Web. Al mismo tiempo, y dada la inclusión del mal de Parkinson en el listado de las enfermedades laborales asociadas a plaguicidas que reconoce Francia (Decreto 2012-665 del 4 de Mayo de 2012), al cual se agregaría el Linfoma Maligno no Hodgkins, también asociado a plaguicidas (Corte de Seguridad Social de Vaucluse, Francia, 11 de Abril de 2013), urge que Argentina tenga un listado actualizado de enfermedades laborales asociadas a plaguicidas.
Convocamos al Ministerio de Agricultura de la Nación, y a los organismos que participaron de su convocatoria, a dejar sin efecto el mencionado documento, y se proceda a un mecanismo abierto, democrático y científicamente impecable de consulta que pueda producir guías y sugerencias de producción basadas en sustentabilidad real, mínimo impacto sanitario y ambiental y sobre todo, en el necesario respeto por las personas que ya han enfermado y muerto debido al uso indiscriminado de plaguicidas.
De lo contrario, si el Ministerio y los acompañantes de su iniciativa persisten en hacer pasar por técnico un informe sesgado, incompleto y hecho sin buena ciencia y sin suficiente participación, asumiremos que los únicos objetivos que se perseguían era aumentar las ganancias de quienes usan a la Argentina y a su gente como país de descarte, incrementar las ganancias por retenciones que obtiene el gobierno nacional, y tratar de frenar, con mala ciencia y sin participación, los crecientes conflictos socio-ambientales por uso de plaguicidas, la irrefrenable definición de zonas de no aplicación de plaguicidas y el enjuiciamiento de productores, ingenieros agrónomos y funcionarios públicos.
Del Estado depende ahora enmendar sus actos, abriendo una instancia de autocrítica y diálogo, o ratificar que la salud económica de Monsanto, de Syngenta, de Bayer y de las otras corporaciones internacionales, y del actual modelo extractivo, son más importantes que la salud de los niños, de las mujeres embarazadas y de los adultos expuestos a plaguicidas.
Finalmente, además de ratificar el escaso nivel técnico del documento "Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas", exigimos que el Ministerio de Agricultura de la Nación cese su distribución y formalice la quita de su aval al citado informe.
Consideramos que los gobiernos de la Nación, de las provincias y de las municipalidades deben alentar la formulación de una política de Estado participativa y hecha con buena ciencia que promueva la producción sustentable (no la salud financiera de Monsanto, Syngenta y otras corporaciones), el cuidado de la salud de las personas (no su contaminación por plaguicidas), la protección de los ambientes nativos y las culturas campesinas (contra el desmonte y la expulsión de tenedores ancestrales) y la soberanía alimentaria (no la dedicación de la mayor parte del territorio nacional al cultivo hegemónico de especies transgénicas para exportación)
Siguen firmas, cada una acompañada de nombre y apellido, tipo y número de documento, institución a la que pertenece si corresponde, y lugar de residencia.
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Grave crisis en Córdoba:
Secretaría de Ambiente autorizó ilegalmente a Monsanto y otros emprendimientos que dañan la salud y el ambiente
El Secretario de Ambiente Luís Federico Bocco y su antecesor Raúl Costa fueron denunciados penalmente por FUNAM en la Justicia.
La presentación hecha por el Dr. Raúl Montenegro con el patrocinio letrado del Abogado Federico Macciocchi recayó en la
Fiscalía del Distrito II Turno 3°
Fue el resultado de una investigación realizada por FUNAM sobre un organismo clave de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental.
La CTI, además de no estar integrada como lo establece la ley, incluía a contratados y personal sin suficiente experiencia profesional. Venía actuando como una escribanía ambiental para que los proyectos apoyados por el gobierno "no sufrieran tropiezos"
El Dr. Raúl Montenegro destacó que en el caso de Monsanto "su aviso de proyecto fue aprobado por una CTI no solamente ilegal, sino que apenas tenía cuatro miembros, dos de planta y dos contratados, siendo que estaban evaluando el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de maíz transgénico más grande del mundo".
Próximamente FUNAM y grupos de vecinos afectados por las decisiones ilegales de la CTI harán presentaciones administrativas para pedir la nulidad de sus aprobaciones. FUNAM también ampliará la denuncia presentada contra el Secretario de Ambiente Luis Federico Bocco
Córdoba (Argentina), 15 de octubre de 2013. La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, denunció a nivel nacional e internacional que la Secretaría de Ambiente del gobierno de José Manuel de la Sota (Córdoba, Argentina) "aprobó ilegalmente la construcción de una planta de Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas y otros emprendimientos que dañan el ambiente y la salud".
El Secretario de Ambiente Luis Federico Bocco y su antecesor Raúl Costa fueron denunciados penalmente por FUNAM en la Justicia Provincial de Córdoba. La presentación hecha por el Dr. Raúl Montenegro con el patrocinio letrado del Abogado Federico Macciocchi recayó en la Fiscalía del Distrito II Turno 3° a cargo del Dr. Pedro Caballero. Estimaban que esta semana la denuncia se giraría al Fuero Penal Económico, un área de la justicia con escasos antecedentes de haber imputado a funcionarios del actual gobierno provincial.
La presentación fue el resultado de una investigación realizada por FUNAM sobre las autorizaciones que ha venido concediendo un organismo clave de Ambiente, la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI), encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental que presenta el propio gobierno para sus obras y las corporaciones privadas. "Originalmente la CTI estaba integrada con representantes designados por los distintos ministerios y organismos descentralizados del gobierno provincial, ello conforme a las Leyes Provinciales 8789 y 9156. De este modo se aseguraba un funcionamiento más plural y participativo. Pero a partir del año 2008, durante las gestiones de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota, su composición fue drásticamente cambiada en abierta violación a la ley. Desde entonces la CTI se integra solamente con personal de planta y contratados, en muchos casos sin suficiente experiencia profesional. Vino actuando así como una escribanía ambiental para que los proyectos apoyados por el gobierno no sufran tropiezos", sostuvo el Dr. Raúl Montenegro.
Las irregularidades tomaron estado público a través del programa de televisión ADN conducido por Tomás Mendez, en el cual FUNAM presentó los resultados de su investigación (Canal 10, Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, 9 de octubre de 2013). Este programa ya había mostrado casos de corrupción en el área de Auditorías Ambientales de la Secretaría de Ambiente.
Ver el programa de ADN sobre Monsanto en:
Entre los casos "más sorprendentes de autorización" Montenegro resaltó el de Monsanto "pues al aviso de proyecto lo aprobó una CTI no solamente ilegal, sino que apenas tenía cuatro miembros, dos de planta y dos contratados, siendo que estaban evaluando el proyecto de construcción de la procesadora de semillas de maíz transgénico más grande del mundo. Ninguno de ellos manejaba temas claves como salud o sociales".
Para FUNAM "la integración de personal laboralmente precarizado a la CTI debió facilitar la aprobación de casos que necesitaban tratamiento rápido y sin obstáculos. Cabría preguntarse sin embargo por qué solamente cuatro personas firmaron la autorización de Monsanto, pese a los pésimos antecedentes de la empresa y a la visibilidad pública que tendría su dictamen. Solo una larga lista de actos irregulares e impunidad pueden explicarlo".
En la presentación judicial hecha el 10 de octubre pasado "también solicitamos que se investiguen otros casos", recalcó Montenegro, y pasó a describir algunos de ellos.
Proyecto inmobiliario en Villa Candonga
"El 'Proyecto Inmobiliario de Villa Candonga' que presentó la empresa Ticupil S.A. (2010) fue aprobado por la CTI pese a hallarse ubicado en zona roja de bosque nativo, donde no puede haber desmonte. Peor aún, ni siquiera tuvo en cuenta la afectación de la Capilla Histórica de Candonga y la grave crisis hídrica".
Planta de tratamiento y vertedero de residuos en Calamuchita
"Otro caso emblemático, indicó Montenegro, es el 'Proyecto de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Vertedero Controlado de Calamuchita. En este caso la CTI aprobó el vertedero pese a que un dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario consideró que el sitio no era apto por ser inundable. Ignoró además la resolución 84/2010 de la Defensoría del Pueblo de la Nación cuyo Artículo 1° dice: 'Exhortar a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba a establecer un nuevo emplazamiento de la 'Planta de clasificación, procesamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos del Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba'. Irónicamente, este vertedero fue financiado por el gobierno de la provincia de Córdoba con fondos procedentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego, y Calamuchita –este año- fue una de las zonas que más sufrió los incendios forestales".
Planta de Transformación Eléctrica de Carlos Paz
"En el caso de la 'Planta de Transformación Eléctrica de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en San Antonio de Arredondo', contiguo a Villa Carlos Paz, la CTI aprobó el proyecto pese a que EPEC le introdujo, con posterioridad, importantes modificaciones que hacen caer automáticamente su autorización. Aún así la obra prosiguió sin que actuara la Secretaría de Ambiente".
Una ilegalidad que aceleraba la realización de obras y proyectos apoyados por el gobierno
El Abogado patrocinante de FUNAM, Federico Macciocchi, indicó: "hemos puesto en conocimiento del Sr. Fiscal de Instrucción los hechos que se habrían cometido en el seno de la Secretaría de Ambiente, precisamente por su titular, Luis Federico Bocco y su predecesor Raúl Costa, quienes habrían dictado resoluciones contrarias la ley que rige el funcionamiento de esa secretaría, en particular la norma que instituye la conformación de la Comisión Técnica Interdisciplinaria para la evaluación de impacto ambiental. Esta comisión, que dictamina para que el Secretario de Ambiente autorice -o no- un aviso de proyecto, debe integrarse con los representantes de los ministerios, por organismos dependientes del Poder Ejecutivo y entes autárquicos, pero en el caso de la autorización de la planta de Monsanto, y en muchas otras causas, esa Comisión Técnica Interdisciplinaria se integró sólo con empleados de la misma Secretaría de Ambiente. Resulta flagrante el funcionamiento al margen de la ley con el claro propósito de que emprendimientos de gran envergadura se puedan llevar adelante sorteando todo tipo de control o exigencia".
Montenegro por su parte indicó que "este procedimiento irregular e ilegal facilitó indudablemente la aprobación rápida de proyectos que deberían haber sido analizados de acuerdo a la ley y con la máxima capacidad profesional. Nuestra presentación es apenas la punta de un ovillo a investigar. Está claro que acontecimientos clave, como los Rally Dakar, también fueron aprobados con el mismo procedimiento ilegal y sesgado".
Pedidos de nulidad en cadena
El Abogado patrocinante de FUNAM, Federico Macciocchi, adelantó que el próximo paso "es hacer presentaciones administrativas para lograr la anulación de las aprobaciones concedidas a Monsanto y otros emprendimientos". También indicó que "las comunidades afectadas por malas actuaciones de la CTI irán haciendo sus propios planteos judiciales y administrativos. Esto se irá concretando en las semanas venideras".
FUNAM informó que había obtenido "nuevos elementos de prueba contra la Secretaría de Ambiente" y que serán presentados al Tribunal "que finalmente tenga a su cargo la causa".
Federico Macciocchi y Raúl Montenegro coincidieron en indicar que el proceso administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA, es una herramienta administrativa indispensable para proteger la salud de las personas y el ambiente antes de que se inicien obras, pero que lo sucedido en la Secretaría de Ambiente "no solo aumenta el descrédito del Estado provincial, sino que deja desprotegida a la sociedad frente a los caprichos de los gobernantes y el poder económico de las grandes corporaciones".
Para mayor información contactar a:
Prof. Dr. Raúl A. Montenegro
Presidente de FUNAM y Profesor Titular en la Universidad Nacional de Córdoba
Teléfono fijo: 03543-422236
Teléfono celular: 0351-155 125637
E-mail: biologomontenegro@gmail.com
Abogado Federico Macciocchi
Abogado patrocinante de FUNAM y Presidente de la Fundación "Club de Derecho".
Teléfono celular: 0351 – 155 140715
E-mail: fmacciocchi@clubdederecho.org.
Programa de televisión "ADN" sobre aprobación ilegal de Monsanto
Encargada de prensa:
Lic. Nayla Azzinnari
Teléfono celular: 011-155 460 9860
E-mail: nay_azz@hotmail.com
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