Jueves, 22 de octubre de 2015 01:00 | La región
Piden la intervención internacional por el empleo de agrotóxicos
Piden que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conmine a la Argentina a que adopte con urgencia medidas para resguardar la salud.
Como corolario del Tercer Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado el fin de semana último en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los efectos de que se conmine al Estado argentino a que adopte de modo urgente medidas eficaces para poner a resguardo la salud y vida de niños, niñas y jóvenes que viven en el país ante la exposición directa e indirecta a los agrotóxicos. El pedido aprobado en el encuentro organizado por la Red Universitaria de Ambiente y Salud-Médicos de Pueblos Fumigados (Reduas), fue impulsado por su coordinador, el neonatólogo, Medardo Avila Vásquez y admitido por el organismo internacional, que ahora deberá expedirse sobre su procedencia.
Esto significa que cumple con los lineamientos formales y ahora se estudiará la fundamentación de la denuncia que narra el doble impacto sobre la población por las fumigaciones áreas y terrestres en los cultivos extensivos e intensivos en más de 30 millones de hectáreas del territorio argentino, y por el consumo de alimentos con residuos de plaguicidas.
En la presentación ante el organismo de derechos humanos, se adjuntan informes y pruebas contundentes que dan cuenta cómo el modelo de producción agropecuaria y de alimentos asociados al uso de agrotóxicos conlleva una situación de riesgo de daño grave e irreparable a la salud humana, del que se derivan consecuencias sanitarias como el aumento considerable de enfermedades graves como cáncer, leucemia, malformaciones, aborto espontáneo y lupus, entre otras que los médicos de distintas localidades y provincias del país denuncian hace años.
Reduas enuncia datos epidemiológicos que acreditan el aumento considerable de la tasa de cáncer en las localidades rurales, el crecimiento exponencial de la tasa de malformaciones congénitas en las provincias donde predomina el uso de paquetes agroindustriales compuestos por semillas genéticamente modificadas y agrotóxicos. Se advierte que en la actualidad se aplican y se usan en el proceso de producción de cultivos extensivos como intensivos más de 350 millones de litros de agrotóxicos, contra los 80 millones de litros de los años 90.
En Santa Fe. El tema de la distancia de las fumigaciones es un gran debate y quedó sobreexpuesto en la provincia de Santa Fe con la reciente sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de la legisladora Inés Bertero, considerado regresivo por la población afectada, a punto tal que desató reacciones tan inmediatas como opuestas en los sectores interesados en la normativa.
La situación se tensionó aún más tras las conclusiones de un estudio realizado por el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (Emisa) de la Universidad Nacional de La Plata, en el que se denunció que el ciento por ciento de los algodones y gasas estériles contienen glifosato (un herbicida potencialmente cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud).
En el Senado. La iniciativa de Bertero ahora deberá atravesar el análisis en la Cámara alta. Al respecto su titular, el vicegobernador Jorge Henn, dijo ayer a este diario que “el expediente debería haber ingresado la semana pasada” aunque no lo pudo ratificar ya que entonces estuvo a cargo del Ejecutivo por ausencia del gobernador.
“De haber voluntad política el proyecto podría ser tratado, incluso usando la herramienta de abordarlo como preferencia”, y señaló: “No hay peor límite que el que no se fija. Este es un avance aunque pudo haber sido mejor en cuanto a las restricciones. También tenía mayor expectativa en cuanto a la participación de un mayor poder de policía de la provincia, pero considero que no hay peor norma que la que no existe”.
“Tiene que haber una norma y hay que considerar que es de buena práctica legislativa que el diputado o senador se exprese. Aunque sean temas difíciles como este, en el que confluyen la necesidad de una profunda toma de conciencia y el interés económico, es saludable que exista un pronunciamiento desde el sector legislativo”, enfatizó.
Mientras tanto los ambientalistas se mostraron pesimistas respecto de la voluntad política de los senadores para abordar el tema. “Hay grandes posibilidades que el tratamiento de este proyecto pase para el año próximo”, dijeron.
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