Por la doctora Graciela Vizcay Gómez, especial para NOVA
Se acercaría el final del Instituto de Evaluación de Riesgos alemán y por qué no decirlo, de poner un "colchón de aire fresco" al SENASA, ambas instituciones estériles, cuyas auditorías son razón suficiente para un descrédito palpable y un inexcusable cierre por ineptitud.
Si bien el Instituto depende del Ministerio Federal de Agricultura y Alimentación (BMEL), goza de independencia respecto de sus evaluaciones científicas y de investigación. Pero aquí vamos: ¿El Ministerio también es sobornado por Monsanto? Lo mismo cuenta para el SENASA, bajo la órbita de la cartera de Agricultura, que a su vez es apretado bajo el pulgar de otro Ministerio más poderoso como lo es el de Ciencia y Tecnología.
Las decisiones que nos preocupan están lejos de la Argentina, pero es la base firme para que se pongan a trabajar todos los gobiernos del mundo, siempre y cuando tengan interés legítimo en proteger la salud, la alimentación, el agua y a las generaciones futuras.
Lo que menos parece importarle al Instituto Federal de Evaluación de Riesgos es la evaluación e identificación de nuevos riesgos para la salud, que el mundo entero ya conoce, llamado Glifosato. Calificado como: 2A “probable cancerígeno para los seres humanos” significa que hay pruebas limitadas de efectos carcinógenos en humanos y pruebas suficientes en animales. ¿Tan difícil es entenderlo? ¿Cuántos más deberán morir para aplicar de una buena vez el Principio Precautorio?
El informe es lapidario en cuanto a los casos de Estados Unidos, Canadá y Suecia en personas con exposición ocupacional, motivo suficiente para prohibirlo.
No hay ni la hubo otra respuesta más evidente: el lobby y los sobornos de Monsanto están a la orden del día. El mandato es ignorar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) y a cuanto gobierno se interponga, en aras de extender diez años más el uso en Europa del veneno de mayor uso mundial en cultivos, jardines y alimentos, contaminando nuestra comida, agua y biodiversidad, que nos está matando en cámara lenta.
A fin de año es la fecha para extinguir o renovar su autorización, lamentablemente las leyes europeas ya fueron violadas en el año 2012, cuando debió tratarse el tema. Se arrojó la pelota hasta el 2015 y estando a escasos 90 días de la extinción del año en curso, la única novedad es que sabemos que el herbicida es probable carcinógeno, pero el instituto alemán está bajo sospechas claras: forrado de billetes provenientes de la multinacional, pondrá en riesgo a la Unión Europea y con ella a todo el planeta.
Es la materia de debate en el Bundestag, ya que Alemania es el responsable de la nueva evaluación, y hace escasas horas unos 6700 científicos presentaron un listado de firmas a los diputados, oponiéndose a la renovación, antes de que comience la audiencia.
Con la cara de piedra que los caracteriza el presidente del Instituto, Andreas Hensel, sigue sosteniendo que el proceso de aprobación actual aún no ha concluido. "Me llena de preocupación si se sospecha de que el Instituto es afectado por la economía o la política", sostuvo, recordando la independencia del organismo, pero se olvidó de las “donaciones” encubiertas.
El experto de la OMS, Ivan Rusyn, criticó el por qué algunos estudios realizados en animales no se incluyeron en la evaluación del organismo, que supuestamente ya envió su evaluación que se basa en los hallazgos de los estudios de la multinacional a Bruselas.
Es que la IARC ha evaluado muchos pesticidas durante los últimos 40 años bajo procedimientos muy rigurosos. Ello es ampliamente reconocido como la “evidencia científica más autorizada” para que las autoridades puedan crear una legislación protectora.
La Comisión Europea propuso una renovación de la autorización hasta fines de junio 2016, para dilatar una vez más, violando nuevamente, el Reglamento (CE) N°1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, que en su artículo 8 expresa que :“El objetivo del presente Reglamento es garantizar un alto grado de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente (…) Debe prestarse especial atención a la protección de grupos vulnerables de población como, por ejemplo, las mujeres embarazadas, los lactantes y los niños. Debe aplicarse el principio de cautela y el presente Reglamento ha de garantizar que la industria demuestra que las sustancias o productos producidos o comercializados no tienen efectos nocivos en la salud humana o animal ni efectos inaceptables en el medio ambiente”.
Conductas que tipifican claramente en el artículo N° 245 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea cuyo precepto es: “En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, el Tribunal de Justicia, (...) podrá, según los casos, declarar su cese en las condiciones previstas en el artículo 247 o la privación del derecho del interesado a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo”.
El Bundestag es claro que no fue ni será el último debate sobre el glifosato. Allí y aquí es una decisión política la que terminará con el asesino silencioso, y no los alquimistas, ni el Instituto, mucho menos el SENASA.
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