Las empresas Indaltec y Planobra, denunciadas en tres oportunidades ante diversos organismos por contaminar con glifosato los parques aledaños al Hospital Garrahan y la Casa Garrahan, fueron beneficiadas por la Ciudad de Buenos Aires con un contrato de casi 600 millones de pesos anuales, a cambio de realizar tareas de mantenimiento en los hospitales Santojanni, Penna y Muñiz.
Las denuncias habían sido impulsadas por trabajadores del Garrahan hace dos años, cuando advirtieron que personal identificado con ropa de las firmas pulverizaba con agroquímicos el predio delimitado por las calles Brasil, Pichincha, Garay y Combate de los Pozos, a metros de ambos centros de salud. “Es matayuyos”, se defendieron los aplicadores, consultados por los médicos. Y siguieron con su trabajo, sin protección.
Mercedes Méndez, enfermera del Garrahan, encabezó los pedidos de investigación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo de la Nación y en la Unidad Fiscal de Investigaciones Medioambientales (UFIMA).
Los cruces de información y la consulta a expertos determinaron que Indaltec y Planobra habían utilizado el herbicida marca Daargus, fabricado por Reopen SA. La actuación Nº 5832 de la Defensoría del Pueblo porteña incluye, además, el reconocimiento por parte de las empresas. "A fin de realizar el control de malezas en los senderos y caminos con baldosones del Predio, la UTE utiliza el herbicida marca 'Daargus' concentrado soluble fabricado por REOPEN SA. La composición del mencionado producto es la siguiente: i) Glifosato (sal amónica de la N-Fosfonometil ii) Inertes y coadyuvantes c.s.p.: 100ml", detallaron los contratistas. Pero deslindaron culpas, al explicar que "no representa un riesgo para la salud por ser un producto de baja toxicidad".
En la misma actuación, la Defensoría recomendó “al secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad, contador Eduardo Alberto Macchiavelli, tenga a bien suspender la aplicación de herbicidas a base de Glifosato” en el lugar. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, del cual depende Gestión Comunal, nunca respondió a esa recomendación hasta hoy, y nadie sabe si continúan tirando el veneno al aire.
De todos modos, ninguna de las investigaciones impidieron que los licenciatarios continuaran ganando concesiones de este lado de la General Paz.
El descargo de los privados, por otra parte, choca de frente con todo lo estudiado por el ambiente científico vinculado con este agroquímico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica como cancerígeno y con capacidad de producir daño en el material genético de los humanos. Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador del CONICET, comprobó el daño en su estudio Herbicidas a base de glifosato produce efectos teratogénicos en vertebrados, interfiriendo en el metabolismo del Acido Retinoico. La Defensoría del Pueblo de la Nación también recomendó en varias oportunidades no aplicar esta sustancia para el control de malezas en áreas urbanas, afirmando que no es inocua, como dicen las empresas contratadas ahora por el macrismo. El Informe Especial sobre Agrotóxicos y Discapacidad apunta en el mismo sentido, al igual que el Decreto Nacional Nº 21, de creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Para el Consejo Científico Interdisciplinario del CONICET, el glifosato está asociado a “efectos irritativos a nivel de piel y mucosas”, y a “reducción de fertilidad y abortos espontáneos”. El Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas concuerda que “los agroquímicos no son inocuos para la salud humana ni para el ambiente”. Y, por último, se destaca lo dicho por la Ley General del Ambiente 25.675 en su artículo 4: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.”

Dos del círculo íntimo
“Muchos de estos niños se encuentran con sus defensas al límite de lo aceptable o muy por debajo de lo saludable -sostiene la enfermera Méndez en su presentación ante la UFIMA-, lo que habitualmente se conoce como inmunocomprometidos”. Y agrega: “Cabe destacar que sobre la calle Pichincha se encuentra emplazada la Casa Garrahan, edificio que tiene como función primordial 'procurar un ámbito que propicie la recuperación de la salud para niños pacientes de este hospital, y también del Pedro Elizalde y Ricardo Gutiérrez, mientras cumplen tratamientos médicos ambulatorios o esperan diagnósticos de complejas enfermedades que no requieren internación'.”
Como se dijo, esta situación no frenó el trato entre las dos firmas y la administración porteña. Ocurre que tanto Planobra como Indaltec forman parte de una selecta decena de empresas que hace pocos meses el jefe de gobierno Mauricio Macri eligió para realizar trabajos de mantenimiento edilicio, limpieza y tratamiento de residuos patológicos en los principales hospitales públicos dependientes de su administración. El negocio global ronda casi los 2700 millones de pesos anuales.
Entre los grupos bendecidos por el alcalde hay casos variados. Uno pertenece Nicolás Caputo, un amigo de la infancia con el que compartió aulas en el Cardenal Newman. Otro está denunciado por sus trabajadores por evadir aportes laborales. También figura un denunciado por administración fraudulenta en concesiones anteriores; o aquel que alguna vez intoxicó a diez chicos al olvidarse de quitar bolsas con veneno para ratas de un establecimiento. A todos los une un punto en común: sus principales CEOS asistieron a la cena con la que en marzo de este año el PRO recaudó 125 millones de pesos para su campaña electoral 2015. Para los empresarios asistentes, haber pagado cada cubierto 50 mil pesos fue negocio redondo.
Los responsables de Planobra e Indaltec, las dos contaminadoras, fueron informados después de aquella cena que sus pliegos habían sido aprobados para manejar distintas adjudicaciones millonarias. El guiño también lo recibió Mantelectric ICISA, y todo quedó asentado el pasado 8 de abril en el Boletín Oficial de la Ciudad. Planobra fue designada para distintas tareas de mantenimiento en el hospital Elizalde a cambio de 159 millones de pesos anuales. Mientras que a Indaltec la Ciudad le reservó el Santojanni, el Penna y el Muñiz, por otros 439 millones.
Las maniobras motivaron que Macri fuera denunciado penalmente por tráfico de influencias, cohecho y violación de la Ley de Etica Pública por el médico y sanitarista Carlos Oviedo, ex director del Hospital Ramos Mejía (ver aparte). En una ampliación de denuncia ante la jueza Susana Castañera, Oviedo extendió la demanda a los entonces jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Ambiente y Espacio Público, Edgardo Cenzón; y la ministra de Salud, Graciela Reybaud.
Los otros del grupo selecto
Junto a Planobra e Indaltec, hay más firmas elegidas. Mejoramiento Hospitalario SA resultó nombrada para trabajos edilicios en el Borda, por 104 millones de pesos en un año, y en el Pirovano, donde recaudará 157 millones. Esta adjudicación tiene una particularidad: se produjo a sólo diez meses de que la empresa firma intoxicara a diez alumnos de una escuela de Villa Crespo, por no retirar a tiempo bolsas con cebos para ratas del comedor del establecimiento. Cuando ocurrió el hecho, hasta el subsecretario de Educación de la Ciudad, Carlos Regazzoni, calificó como “inadmisible” lo que había pasado.
Otro de los sellos que también consiguió renovar contratos en la Ciudad en esta última camada es Sehos SA. Pertenece a Benito Roggio, y se acaba de hacer cargo del mantenimiento del Hospital Argerich por 169 millones de pesos, y del Centro de Asistencia Primaria (CESAC) Grupo A por 38 millones. La relación del concesionario con el PRO data de mucho tiempo. Opera en los hospitales porteños Argerich, Zubizarreta, Vélez Sársfield y Ramón Sardá, además del Dr. Horacio Heller, ubicado en Neuquén. Se encarga de la puesta en valor de espacios verdes, y es un desprendimiento de los responsables de Metrovías SA, que controla el tráfico de los subterráneos.
Según la denuncia de Oviedo, Sehos SA, para aumentar las ganancias, terceriza tareas de limpieza a Pertenecer SRL, una de las siete firmas controladas por el Grupo Rhuo, encabezado por el joven de 34 años Patricio Farcuh, a quien el sanitarista atribuye una buena relación con Hugo Moyano. Oviedo agregó que Rhuo logró hacerse cargo de la limpieza de las estaciones del Metrobus 9 de Julio por 30 mil pesos mensuales cada parada.
SES SA es otra de las favorecidas. Obtuvo 391 millones de pesos en un año por tareas en los hospitales Ramos Mejía, Tornú, Moyano y el CESAC Grupo C. Por su parte, Lesko SA (162 millones de pesos por limpiar el Piñero) fue denunciada por el gremio de Maestranza por administración fraudulenta. La UTE Dalkia-Lanusse obtuvo 86 millones de pesos por encargarse del Álvarez. Está vinculada al grupo Techint, y sus contactos políticos incluyen a radicales macristas como Ernesto Sanz.
El mantenimiento del Durand quedó para la UTE Mantelectric ICISA-Riva SAIICFA, por 256 millones de pesos anuales. A los que deben sumarse otros 126 millones por trabajos en el Hospital Rivadavia. El grupo es comandado por Caputo. El año pasado, Mantelectric ICISA fue denunciada por la Obra Social del Personal de Maestranza y el Sindicato de Obreros de Maestranza, por irregularidades en los aportes laborales y facturas infladas. «


"Fumigan en todos lados"
"Sigo el tema de los agrotóxicos desde hace tiempo, estoy en contacto con la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y en el Garrahan siempre organizamos charlas sobre esta problemática", explicó la enfermera Mercedes Méndez. "Por casualidad, un compañero vio cómo estaban fumigando a pocos metros del hospital y de la Casa Garrahan, y cuando se acercó a preguntar, le contestaron que estaban tirando 'matayuyos'", relató Méndez. Esa fue la señal de alerta para que presentara una denuncia en la Defensoría del Pueblo.
Para la profesional de la salud, "es importante decir que esta cuestión es igual en todos lados. El envenenamiento con estas sustancias ocurre a nivel nacional".
En cuanto a la respuesta de las empresas denunciadas, que adujeron que el porcentaje de glifosato es de baja toxicidad, Méndez cita a la propia Organización Mundial de la Salud. "La OMS sostiene que tiene una toxicidad aguda en lo inmediato, y crónica en el tiempo. Con el agravante de los miles de pibes que pasan por el Garrahan, y los que ocupan lugares en la Casa, la mayoría inmuno comprometidos", señaló. "Lo dicho por las empresas -agregó- tiene que ver con la impunidad con que se manejan, y la manera de comprobar que la cuestión es nacional se demuestra en el universo que atendemos". En ese sentido, se refirió a niños que "ya vienen de lugares donde consumen y reciben venenos a través de la piel, el agua, la leche materna o la placenta".